2A La Prensa Panamá, martes 14 de octubre de 2025 Gisela del Carmen Agurto Ayala durante su comparecencia ante la Comisión de Credenciales. Tomada de X @asambleapa Credenciales recomienda ratificar a Agurto y Villalobos para la Corte Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Gisela Agurto fue designada para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en reemplazo de Cecilio Cedalise, y Carlos Villalobos sustituirá a Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil. En una jornada que combinó tensión y expectativa, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional emitió ayer su recomendación al pleno para ratificar a Gisela Agurto y a Carlos Villalobos en la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Villalobos, quien sustituirá a la magistrada Ángela Russo, en la Sala Primera de lo Civil. Los diputados comenzaron a formular preguntas que iban desde la ética judicial hasta los beneficios salariales, mientras los designados respondían conscientes de que cada palabra sería examinada con lupa. En el ambiente flotaba la sensación de estar ante dos de los nombramientos más trascendentes del quinquenio 2024–2029, decisiones que marcarán el rumbo de la Corte Suprema de Justicia y, con ella, buena parte del equilibrio institucional del país. El primero en intervenir fue el diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, quien dirigió una serie de preguntas a Agurto, propuesta para ocupar un cargo en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó interrogando si la jurista había identificado las principales necesidades de la Sala Tercera. Tecnología y mora judicial La magistrada respondió que su prioridad sería avanzar en la digitalización de los procesos judiciales, a fin de optimizar la atención y reducir los tiempos procesales. “Es fundamental incorporar la tecnología dentro de la Sala Contencioso Administrativa para mejorar la gestión y facilitar el acceso a la justicia”, expresó Agurto. Posteriormente, Palacios abordó uno de los temas más sensibles del sistema judicial: la mora procesal, que afecta a miles de ciudadanos. “La justicia no puede ser tardía; de lo contrario, deja de ser justicia”, dijo. Agurto admitió que los expedientes ingresados a la Sala Tercera superan los resueltos. De enero a julio de 2025, informó, se registraron 679 casos ingresados y 501 resueltos, además de 93 recursos en casación laboral, de los cuales solo 33 fueron despachados. Palacios complementó la información señalando que en 2024 se recibieron 1,043 casos, equivalentes al 22% del total de expedientes que entraron a las cuatro salas de la Corte Suprema, dejando un arrastre de al menos 1,300 causas pendientes. Al ser consultada sobre las medidas para reducir esa mora, Agurto insistió en la digitalización integral de los expedientes y en la implementación de buenas prácticas entre jueces, abogados y auxiliares judiciales. Jubilaciones especiales Palacios continuó con un giro hacia temas éticos y de gestión interna. Preguntó a la magistrada su posición sobre el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, mediante el cual el Pleno de la Corte aprobó un fondo de retiro complementario que garantiza jubilaciones especiales del 100 % del salario a jueces y magistrados. El diputado calificó la medida, que luego fue dejada sin efecto tras las críticas, como inoportuna y contraria a la empatía que debe existir con las finanzas del Estado. La magistrada designada respondió con cautela. Dijo que no participó en esa decisión y que, de encontrarse en una situación similar en el futuro, actuaría “conforme a la ley y a los principios que han guiado” sus casi 40 años de servicio público dentro del Órgano Judicial. Añadió que cada caso debe evaluarse “en su contexto y conforme al momento”, pero no se comprometió con una postura específica sobre futuras decisiones de esa naturaleza. Finalmente, Palacios abordó la independencia judicial y la relación entre los designados y el Ejecutivo. “¿Cuál es su vínculo con el presidente de la República y cómo garantizará su autonomía?”, preguntó el diputado. Agurto aseguró no tener amistad con el mandatario y explicó que solo coincidieron académicamente en una maestría en Derecho Marítimo en la Universidad de Tulane, en New Orleans. “Mi carta de presentación es la independencia judicial que he mantenido durante 39 años y medio de servicio”, respondió. Salarios Por su parte, la también diputada de Vamos, Yamireliz Chong, centró sus preguntas en tres ejes: la equidad salarial en el sistema judicial, las jubilaciones especiales para magistrados y la transparencia en la gestión pública. Con tono firme, Chong inició su intervención recordando que “solo el 14% de la población panameña gana más de mil dólares al mes” y planteó una interrogante directa sobre la justicia del salario que recibiría Agurto como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que será de $14,000. Este ajuste para los nueve magistrados de la Corte, aprobado este año, fue duramente cuestionado. Agurto evitó emitir una valoración sobre el tema salarial. Respondió que desconocía los motivos por los cuales el Pleno de la Corte fijó las remuneraciones y citó el artículo 2 del Código Judicial, que prohíbe a los funcionarios cuestionar las decisiones de sus superiores jerárquicos. A diferencia de la diputada de Vamos, su colega del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, defendió los salarios de los magistrados. “Yo pienso que deben ganar $25,000 y más que cualquier embajador de Panamá”, puntualizó el polémico diputado de Bocas del Toro. Otros diputados, como José Luis Varela, del Partido Panameñista, se refirieron al tema de la mora judicial. “Este es uno de los principales desafíos del sistema de justicia”, concluyó. Sala Primera de lo Civil Cuando se interrogó a Villalobos, diputados como Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, le consultaron sobre las cifras concretas de la justicia, detallando los casos pendientes y resueltos entre 2022 y 2024, así como los recursos en casación, conflictos de competencia y apelaciones que saturan la Sala Primera. Cedeño preguntó cómo podría minimizarse esta acumulación de expedientes y acelerar los procesos sin sacrificar la calidad judicial. La pregunta subrayó la urgencia de soluciones prácticas ante una justicia que, según los datos, mantiene un rezago de 561 casos al cierre del período señalado. Villalobos respondió con una propuesta pragmática centrada en la aplicación estricta de las leyes existentes y en la supervisión de los funcionarios judiciales. Señaló que la demora persiste en algunas unidades porque no se aplican sanciones correctas o no se corrigen errores menores de manera inmediata, lo que genera procedimientos innecesarios, como apelaciones por cuestiones triviales. Entre sus ideas, planteó la creación de un personal no jurisdiccional —un oídor— que revise errores administrativos y evite que el sistema se sature con recursos improcedentes. El diputado de Vamos, Augusto Palacios, también puso especial atención en la mora judicial y en los tiempos de resolución de los procesos. Palacios recordó que, según el World Justice Project 2023-2024, Panamá ocupa la posición 87 de 142 países en materia de justicia civil, reflejando deficiencias en el acceso a la justicia, la ejecución de sentencias y la confianza ciudadana. Asimismo, solicitó al magistrado designado que expusiera un plan de trabajo concreto, similar al que presentan los embajadores al asumir sus funciones. Villalobos detalló su intención de capacitar al personal, homogeneizar la interpretación del derecho procesal civil y fortalecer la coherencia en la resolución de casos, subrayando la importancia de una justicia rápida pero consistente. Además dijo estar de acuerdo con el salario de $14,000. De ser ratificados por el pleno de la Asamblea, tanto Villalobos como Agurto asumirán sus cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de 2026. El Consejo de Gabinete aprobó sus designaciones el 9 de septiembre de 2025. El Consejo de Gabinete aprobó este lunes 13 de octubre las modificaciones al proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, explicó que, tras recibir las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo las analizó y decidió acoger “una parte importante” de dichas sugerencias. Según Chapman, se mantiene el monto original del presupuesto, que asciende a $34,900 millones, así como la meta fiscal de 3.5% y la proyección de alcanzar un superávit primario, algo que no ocurre desde hace más de una década. El ministro detalló que se realizaron reasignaciones en los sectores de salud, educación y agro, con el objetivo de reforzar áreas prioritarias. “Para la adquisición de medicamentos se destinará un adicional de $319.5 millones, y $95 millones más para instrumentos médicos”, indicó Chapman. Agregó que el ajuste consiste en trasladar fondos del renglón de funcionamiento de algunas entidades hacia el de inversiones, para optimizar el uso de los recursos públicos. En educación, se reasignan $104 millones para infraestructura y proyectos escolares. En el sector agropecuario, se suman $31.5 millones para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria. Ejecutivo acoge gran parte de las recomendaciones de la Asamblea PRESUPUESTO Chapman adelantó que el proyecto regresará este martes a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Presupuesto deberá aprobarlo en primer debate. La comisión había recomendado reasignaciones por un total de $1,485 millones, con énfasis en fortalecer instituciones como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el Ministerio de Salud (Minsa), entidades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre otras. En materia de educación, la comisión propuso una reasignación de $104.1 millones, que saldría del renglón de inversión del Ministerio de Educación (Meduca) para aumentar el presupuesto de universidades oficiales como la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el ITSE, la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI). José González Pinilla [email protected] Felipe Chapman. Cortesía Presidencia de la República Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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