6A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 El clientelismo que marcó al distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, entre 2020 y 2023, impulsado por la polémica descentralización paralela, dejó secuelas: hoy, ocho ediles se encuentran bajo la lupa de las autoridades judiciales, investigados por haber recibido millones de dólares provenientes de este controvertido programa. En el distrito de Capira hay 13 juntas comunales y, al menos, 11 de ellas recibieron fondos de la descentralización paralela. Sin embargo, cerca de ocho están bajo investigación por no poder sustentar el uso de esos recursos. En total, estos gobiernos locales recibieron entre 2020 y 2023 unos $4,479,500 a través del controvertido programa. Este esquema, diseñado supuestamente para fortalecer la gestión local, fue eliminado por la actual administración debido a la falta de transparencia y control en la asignación y el uso de los fondos, lo que abrió la puerta a posibles irregularidades en la administración de recursos públicos. De las 11 juntas comunales beneficiadas, ocho están vinculadas al partido Cambio Democrático (CD), liderado por la exdiputada Yanibel Ábrego. La parlamentaria ha sido señalada por sus vínculos políticos con los representantes de estos corregimientos, lo que ha generado suspicacias sobre la posible utilización de los recursos con fines clientelistas y electorales, especialmente durante períodos clave de competencia política dentro del partido. El mayor desembolso fue para la Junta Comunal de Capira, bajo la representación de Héctor León Chang (CD), que recibió $2,070,000. Otros corregimientos con fuerte presencia de Cambio Democrático también fueron beneficiados: Cirí Grande recibió $795,000, Villa Rosario $395,000, Cermeño y Cirí de Los Sotos alrededor de $220,000 cada uno, y Ollas Arriba y Lídice sumaron $90,000 y $220,000, respectivamente. Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos. En el caso de Capira, se ha solicitado, de momento, la Descentralización paralela: las secuelas del clientelismo en Capira FONDOS PÚBLICOS ubicación de quienes fueron representantes entre 2019 y 2024 de Lídice, La Trinidad, Villa Rosario, Cirí Grande, Cirí de Los Sotos y Campana. Solo el mes pasado, el Tribunal Superior de Apelaciones levantó la medida cautelar de depósito domiciliario aplicada al exrepresentante de Villa Rosario, Capira, Carlos Alberto Montenoir, y a la extesorera Doris Alonso, ambos imputados por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización paralela, y dispuso la prohibición de acercarse a los beneficiarios de los cheques de la descentralización. La mayor cantidad de órdenes emitidas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) coincidió con los momentos más calientes del calendario electoral de las elecciones internas de Cambio Democrático: marzo de 2023 acumuló cinco veces más fondos que los meses anteriores, superando ampliamente a junio de 2021 y abril de 2022, que apenas llegaron a los $500 mil. En el tercer puesto del ranking se encuentra mayo de 2023, un mes de intensa actividad proselitista, cuando se aprobaron $400 mil en apenas dos días, el 3 y 4 de mayo, evidenciando la estrecha relación entre los fondos de la descentralización y los picos de movilización política en CD. Ábrego se disputó la candidatura presidencial de CD con Rómulo Roux, entonces presidente del partido, en las primarias celebradas el 11 de julio de 2023. Finalmente, Roux se impuso sobre Ábrego en aquel torneo, quien, paradójicamente, es ahora la presidenta de CD. La mayor parte de esos gobiernos locales estaba controlada por representantes de corregimiento que respondían a la línea política de Ábrego. También en este grupo destacaba la figura del exalcalde de Capira, Jorge Ramos, primo de Ábrego y quien le apoyaba en la contienda electoral. Movimiento de rocas y tierra en el área de Amador el pasado viernes Cortesía La AMP aún no concluye revisión de concesión a Amador Marina Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Hace ocho meses, el presidente José Raúl Mulino ordenó revisar y rescindir las concesiones de Amador Marina en la isla Flamenco. Ocho meses después, el proceso sigue inconcluso, mientras la empresa continúa con trabajos visibles. Hace ocho meses, el presidente José Raúl Mulino ordenó públicamente revisar —y eventualmente rescindir— las concesiones otorgadas a Amador Marina, S.A., en la isla Flamenco, en la entrada del Canal de Panamá. Sin embargo, poco se ha avanzado en ese proceso, lo que ha permitido que la empresa inicie trabajos de campo en la zona. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que desconoce en qué consisten estas labores, las cuales La Prensa pudo constatar el pasado viernes. El proyecto está vinculado al estadounidense Louis Sola, expresidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hasta junio pasado, y quien fue cuestionado por el propio presidente Mulino, tras afirmar ante el Senado estadounidense que había un presunto control de China en las operaciones del Canal. En febrero pasado, un mes después de la audiencia en el Senado en la que participó Sola, Mulijo dijo que su gobierno no le daría “concesiones importantes” con “alguien que nos ataca miserable y falsamente”, en alusión a Sola. “Que vaya viendo dónde va a hacer negocios”, agregó el presidente aquella vez. Sin embargo, la revisión ordenada por el mandatario sigue inconclusa. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, dijo a La Prensa que la institución está analizando más de 8,600 concesiones marítimas activas en todo el país, entre las que está la de Amador Marina. “No nos estamos enfocandoenunasola.Estamos revisando todas las concesiones que hemos otorgado. Si hay irregularidades, se atenderán”, dijo Roquebert cuando La Prensa le mostró fotos y videos de los trabajos que Amador Marina inició en isla Flamenco. Roquebert agregó que el expediente continúa en análisis y que no puede anticipar si la concesión será revocada. “Lo que deseo es que todo se maneje de forma transparente y apegado a la ley. No creo que podamos revocar, porque podríamos tener problemas legales. Pero si al final hay que hacerlo, se hará”, aseguró. El administrador no definió plazos ni criterios claros para concluir la revisión. “En Amador, esa es un área que tuvo un boom muy rápido, de mucho apetito, y que ahora mismo no solo esa concesión de Amador Marina estamos revisando, sino todas las otras”, resaltó. — Entonces, ¿la orden del presidente Mulino hecha hace ocho meses no se ha completado? —cuestionó La Prensa. “Bueno, él [Mulino] nos pidió revocar. Eso significa revisar”, respondió Roquebert. Amador Marina obtuvo en 2023, por parte de la AMP, una concesión sobre 11.3 hectáreas de fondo marino, donde pretende construir una marina privada para yates y, eventualmente, un puerto para cruceros. Antes, en 2021, recibió de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) otras 2.7 hectáreas en tierra firme para edificar ahí una plaza comercial y oficinas. Durante esta administración, el Ministerio de Ambiente aprobó un estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, a favor de la marina. Esta zona es ampliamente conocido por Mulino, ya que en el espacio que ahora ocupa Amador Marina se suponía que se construiría una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). El Senan cedió ese espacio a Amador Marina. Aquello ocurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando Mulino era ministro de Seguridad Pública. Trabajos a toda máquina Aunque la solicitud presidencial sigue pendiente, Amador Marina mantiene operaciones visibles. El pasado viernes por la mañana, La Prensa observó que se realizan trabajos de remoción con una retroexcavadora, que no dejó de operar ni siquiera cuando empezó a llover. También había varias embarcaciones fondeando frente a la concesión y una carpa azul. Roquebert dijo que no sabe qué ocurre en el lugar; tampoco si hay algún tipo de actividad comercial, ya que este medio aprecio que un sujeto que estaba en una carpa azul descendió una llanta para una de las embarcaciones, que se acercó al lugar. “No me han reportado esas actividades. Vamos a programar inspecciones y revisiones más frecuentes. Vamos a ver si la próxima semana ya estaremos viendo esos temas más puntuales”, dijo. Aun así, justificó la falta de acciones inmediatas. “Así como este caso, surgen otros en todo el país”, añadió, sin detallar. Al menos dos embarcaciones arribaron y su tripulación se acercó a la carpa, en busca de insumos. No se logró determinar qué se entregó a una de las más grandes —identificada como Miss Electra Supply—, pero sí a una más pequeña (la llanta ya mencionada). Frente a la tolda azul había una cerca metálica movible, que fue ligeramente apartada para permitir el paso de la maquinaria. En el área trabajaban unas seis personas y uno de los encargados se retiró poco después del mediodía. Tensiones con Sola Antes de dejar la presidencia de la FMC —organismo que regula el comercio marítimo internacional de Estados Unidos—, Sola, tras sus declaraciones sobre el Canal y el supuesto control chino, promovió la creación de un fondo soberano estadounidense para invertir en Panamá, con el argumento de contrarrestar la influencia china. No se sabe si aquella idea del fondo se concretó. Antes de la renuncia de Sola, la FMC anunció la apertura de un proceso de consulta pública para evaluar si el Canal de Panamá ha impuesto regulaciones que afecten el comercio internacional, lo que podría servir de base para futuras sanciones contra el país. La Prensa envió un breve cuestionario a Carolyn Sola, hija de Sola que preside de Amador Marina, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Louis Sola fue apoderado de la sociedad hasta 2018. Mientras fue comisionado de la FMC, realizó visitas oficiales a Panamá y, al menos en uno de esos viajes, aprovechó para participar en una reunión convocada por la ACP con los responsables de Amador Marina, para examinar la compatibilidad de ese proyecto con las operaciones del Canal. Los mayores desembolsos a las juntas comunales de Capira coincidieron con las elecciones internas de CD. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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