4A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MILLONADA. Si la restauración de la villa diplomática requiere $7.1 millones, ¿cuánto costará su funcionamiento? Seguramente necesitará personal permanente: cocineros, jardineros, seguridad y hasta un mayordomo para atender a los diplomáticos que supuestamente se hospedarán allí. La Presidencia tendrá que añadir un renglón en su presupuesto para mantener todo eso. ¿Por qué mejor no le dan directamente un cheque al arquitecto y a la diseñadora, para que se queden quietos? Saldría todo más barato. BURLA. Si se sale con la suya, la propuesta de Bolota para conceder hasta 60 días de huelgas pagadas a los docentes tendría efectos retroactivos, por ser “de orden público e interés social”. ¿Qué será lo próximo que inventará este diputado? ¿Una ley que les conceda el derecho a robar al Estado? CAVA. La semana pasada, los expresidentes Martín Torrijos y Juan Carlos Varela coincidieron en la recepción ofrecida por la embajada de España. No debe sorprender que los invitaran, ya que ese país nunca tuvo problemas con ellos. Martinelli no estaba allí, por razones obvias, y lo obvio no es que está en Colombia, sino que tiene serios asuntos judiciales pendientes al otro lado del Atlántico. ¡AUXILIO! El pasado viernes debía celebrarse la imputación a un grupo de auxiliados del Ifarhu, pero la audiencia no pudo llevarse a cabo porque la Oficina Judicial no había reservado la sala ni había asignado un juez. Por tanto, se pospuso para el 11 de noviembre, que es el mismo día en que inicia el juicio por los sobornos de Odebrecht. ¿Cómo sucede algo así? ¿Acaso estas coincidencias pasan a cada rato? PASADO. El diputado Jorge Herrera no se ha postulado todavía, aunque todo Advierten que propuesta podría criminalizar la profesión médica. iStock Mala praxis en Panamá: propuesta de ley podría llevar a médicos a la cárcel Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD El anteproyecto de ley que tipifica homicidio culposo y lesiones por mala praxis en Panamá genera oposición del Colegio Médico, que advierte sobre criminalización del acto médico. El anteproyecto de ley que se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, con el objetivo de tipificar de manera específica el homicidio culposo y las lesiones derivadas de la mala prestación de servicios de salud en Panamá, ha generado oposición de los gremios médicos del país. La iniciativa contempla sanciones proporcionales que incluyen privación de libertad e inhabilitación profesional para quienes incurran en negligencia médica. El Colegio Médico de Panamá ha expresado su rechazo, argumentando que la propuesta criminaliza el acto médico y contradice los principios fundamentales de la profesión: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Según el gremio, la iniciativa trata a los médicos como posibles criminales, sin diferenciar entre eventos adversos inevitables de la práctica clínica y casos reales de negligencia, impericia o inobservancia de normas, ya contemplados en la legislación vigente. En una carta enviada el 24 de septiembre de 2025 al presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Edwin Vergara, la presidenta del Colegio Médico, Raquel Gutiérrez de Mock, señaló que no han tenido comunicación con la diputada independiente Yamireliz Chong, proponente de la iniciativa, lo que genera preocupación por la falta de diálogo previo con los profesionales afectados. Asimismo, Gutiérrez de Mock solicitó a Chong copias de las notas enviadas al gremio sobre el tema de mala praxis y le extendió una invitación a sumarse a un diálogo constructivo en torno al proyecto de seguridad del paciente y calidad de la atención, que el Colegio Médico tiene previsto presentar próximamente a la Asamblea Nacional. La presidenta del gremio advirtió que la aprobación del anteproyecto podría generar un ambiente hostil en los servicios de salud, desmotivar a los profesionales a continuar ejerciendo en el país y poner en riesgo la confianza de la población en la atención médica. “El efecto sería devastador para la relación médico-paciente y podría derivar en una fuga de talento que afecte directamente la calidad del sistema sanitario”, enfatizó Gutiérrez de Mock. Chong respalda iniciativa Por su parte, la diputada independiente Yamireliz Chong defiende la iniciativa como un mecanismo necesario para proteger la vida, la dignidad y los derechos de los pacientes. “Hoy nos convertimos en puente de las voces de ciudadanos que han sufrido pérdidas irreparables debido a errores evitables en la atención médica. Esta iniciativa busca garantizar justicia y seguridad en los servicios de salud”, afirmó Chong. La diputada aclaró que el Código Penal panameño contempla delitos culposos de manera general, pero carece de una tipificación específica para los casos de mala prestación de servicios de salud. Este vacío legal, señaló, dificulta la sanción justa de conductas negligentes y genera inseguridad jurídica tanto para pacientes como para sus familias. Chong enfatizó que la ley no busca responsabilizar a un médico por la falta de equipo o recursos en un hospital. “Si un médico actúa dentro de la Lex Artis Médica, no debe ser castigado. La iniciativa solo pretende sancionar a quienes incurrieron en negligencia, impericia o descuido evitable”, explicó. Destacó que la mala prestación de servicios de salud tiene consecuencias graves e irreparables: pérdida de vidas humanas, lesiones permanentes y un deterioro significativo de la confianza ciudadana en el sistema sanitario. Por ello, considera necesaria una norma específica que reconozca la gravedad de los daños ocasionados por negligencia médica y que establezca sanciones proporcionales, incluyendo la inhabilitación profesional durante el mismo término de la pena. Actualmente, el Código Penal sanciona de manera general los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, sin distinguir entre hechos de distinta naturaleza y trascendencia social. Este enfoque, según Chong, genera impunidad y dificulta acreditar la responsabilidad penal de profesionales o instituciones de salud. El anteproyecto también busca ofrecer un marco normativo más claro y seguro para la atención de pacientes, promoviendo una cultura de seguridad y ética profesional. En este contexto, Chong presentó cifras que evidencian la magnitud del problema: en 2023 se registraron 54 casos de mala praxis, mientras que en 2024 se realizaron 62 reuniones para evaluar denuncias ante el Consejo Médico Forense. Del total de afectados, un 55% eran mujeres y un 34% adultos jóvenes. La propuesta ha generado un intenso debate en los ámbitos académico y profesional, enfrentando dos visiones: la de los gremios médicos, que advierten sobre un posible impacto negativo en la motivación y ejercicio de la profesión, y la de quienes defienden el proyecto como un paso necesario para garantizar la protección de los pacientes y la justicia frente a errores evitables. Chong sostiene que aprobar la iniciativa sería un avance para consolidar un sistema de salud más seguro, ético y responsable, asegurando sanciones proporcionales y justas para quienes violen normas de atención médica. Al mismo tiempo, busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema sanitario y en la justicia penal, enviando un mensaje claro: la vida y la salud son bienes jurídicos supremos cuya protección requiere medidas concretas frente a conductas culposas. Este medio buscó la opinión de Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. Aleida Samaniego [email protected] María del Carmen Terrientes de Benavides Archivo Terrientes ataca proceso disciplinario que intenta expulsarla de Coneaupa EDUCACIÓN SUPERIOR La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, presentó un escrito formal ante la Comisión de Investigación que adelanta el proceso en su contra, solicitando la nulidad del procedimiento administrativo iniciado por presuntas faltas administrativas y éticas. Terrientes de Benavides argumenta que el proceso presenta vicios legales graves y violaciones a sus derechos fundamentales, lo que invalidaría las actuaciones desde su origen. Uno de sus principales argumentos es que el proceso disciplinario está prescrito según la Ley 9 de 1994, ya que los hechos investigados ocurrieron en períodos previos y la acción disciplinaria debió iniciarse dentro de los plazos legales establecidos. Además, cuestionó la creación de la comisión de investigación, argumentando que su conformación contraviene la Resolución No. 4 de 2020, que establece que solo el Comité de Ética tiene competencia para tratar casos disciplinarios en Coneaupa. La comisión, según Terrientes de Benavides, ha usurpado funciones y no ha cumplido con los procedimientos legales, lo que la hace nula de pleno derecho. Terrientes de Benavides también denunció la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de documentación en el expediente y la restricción de su derecho a examinar las pruebas presentadas en su contra. Además, afirmó que no se le formularon cargos de manera clara ni se le permitió contar con asistencia técnica, lo que vulnera principios fundamentales del debido proceso, como la contradicción y la imparcialidad. La secretaria ejecutiva fundamentó sus observaciones en diversas normativas legales y constitucionales, como la Ley 38 de 2000 y la Ley 9 de 1994, y resaltó que su superior jerárquico es el Pleno del Consejo de Coneaupa, no la ministra de Educación. Por lo tanto, cualquier proceso disciplinario debería emanar de una decisión formal del órgano colegiado, no de una autoridad individual. El Ministerio de Educación (Meduca) ordenó la creación de una comisión de investigación en septiembre de 2025, en respuesta a cartas enviadas por universidades que cuestionaban decisiones tomadas en procesos de acreditación dentro del Coneaupa. Esta comisión, que tendrá un plazo de 30 días para presentar resultados, está integrada por representantes de diversos sectores, incluida la Asamblea Nacional y universidades. indica que podría competir contra Carlos Raúl Piad por la presidencia del Panameñista. Por si acaso, Piad empezó a enfilar sus dardos y dijo que no cree en aquellos copartidarios que portan “tres y cuatro sombreros” a la vez. ¿Eso cuándo le ha importado? Hubo una época en que su mentora, Mireya Moscoso, era la presidenta (de la República y del Panameñista) y movía el dedo que ungía las candidaturas, pero nunca se escuchó a Piad quejarse de eso.
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