2A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 A partir de este lunes 13 de octubre dará inicio la implementación formal del nuevo Código Procesal Civil de Panamá, el cual busca optimizar el servicio de administración de justicia en materia civil. A través de la Ley 402 del 9 de octubre de 2023 se adoptó el Código Procesal Civil, que consta de 809 artículos. En el artículo 9 de la citada ley se establece que la jurisdicción civil es la facultad del Estado de administrar justicia en las causas de naturaleza civil y comercial, ejercida por los juzgados y tribunales constituidos y organizados conforme a la Constitución Política y a la ley. El pasado 10 de octubre, el Órgano Judicial inauguró el edificio sede del Sistema Oral de la Jurisdicción Civil, ubicado en la calle Enrique J. Arce, Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. Este recinto albergará la operación judicial bajo el modelo de gestión en oralidad para el Primer Circuito Judicial. Durante el acto, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinador general de la modernización del proceso civil, destacó que en esta sede se procesará y atenderá más del 60% de todas las demandas civiles del país, lo que representa el 30% del total de los casos del sistema judicial panameño. Arrocha expresó su confianza en el compromiso y la vocación del equipo humano del Órgano Judicial “para seguir ejecutando este cambio y ofrecer procesos ágiles, transparentes y accesibles, donde la tecnología, la eficiencia, la eficacia y la efectividad se pongan al servicio de las personas, elevando la capacidad de respuesta para emitir decisiones en tiempo razonable”. Por su parte, la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias, resaltó que “la oralidad, piedra angular de este nuevo sistema, nos convoca a audiencias vivas, inmediatas, cara a cara, en las que el juez escucha, analiza y decide con prontitud y claridad. Este paso no solo representa un cambio de procedimiento; simboliza una nueva cultura judicial donde la verdad procesal se construye en tiempo real y la justicia se aproxima con mayor celeridad a quienes la reclaman”. López Arias subrayó que el compromiso del Órgano Judicial es garantizar que cada persona, sin distinción, encuentre una respuesta justa, clara y oportuna. “La meta es reducir los tiempos en primera y segunda instancia, para que la resolución de los procesos civiles no tome cuatro o cinco años”, añadió. El edificio sede del Sistema Oral cuenta con equipamiento tecnológico en las salas de audiencias, oficinas para jueces orales y adjuntos, alguaciles ejecutores, la Primera Oficina Judicial, ventanilla de atención al usuario, el Centro de Información y Atención al Ciudadano, la oficina del Registro Único de Entrada (RUE) y el Centro de Custodia de Expedientes Vigentes. También dispone de salas de métodos alternos de resolución de conflictos y facilidades para personas con discapacidad, como rampas, baños adaptados, ascensores y sistema Braille. La propuesta para actualizar la justicia civil fue presentada en enero de 2023 por la magistrada presidenta López Arias ante la Asamblea Nacional, luego de tres años de trabajo conjunto entre el Órgano Judicial, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. La iniciativa fue sancionada en octubre de ese año por el entonces presidente Laurentino Cortizo y el exministro de Gobierno, Roger Tejada. El nuevo Código Procesal Civil busca ofrecer una justicia más pronta, transparente y cercana al ciudadano, garantizando una tutela judicial efectiva y resoluciones de calidad. Asimismo, adopta los principios de economía procesal, simplificación de trámites y ausencia de formalismos innecesarios, con el fin de reducir la duración de los procesos y asegurar la igualdad de condiciones entre las partes. Nueva justicia civil: agilizar procesos y reducir tiempos ‘CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ Pleno de la Asamblea Nacional. Cortesía El costoso y prolongado desafío al mandato de la Corte Suprema Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Getzalette Reyes [email protected] INSTITUCIONALIDAD En contravención a un fallo judicial, la administración legislativa ha seguido emplanillando a los suplentes, e incluso ha otorgado aumentos salariales a algunos de ellos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ha adoptado la misma postura que su antecesora, Dana Castañeda, al mantener el pago de salarios a diputados suplentes, pese a los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo prohíben. En abierta contradicción con el mandato judicial, la actual administración legislativa ha continuado emplanillando suplentes incluso después de las revelaciones publicadas por La Prensa en marzo pasado, que expusieron cómo esta práctica se ha convertido en una forma sistemática de evadir la ley dentro del propio órgano encargado de crearla. Una revisión del medio a la planilla de la Asamblea encontró que al menos 52 de los 71 diputados suplentes del periodo 2024-2029 — un 73,2 % de todas las bancadas— fueron nombrados como asistente técnico parlamentario, asistente administrativo o asesor, todos con estatus de funcionario “eventual”. La práctica de incluir diputados suplentes se mantiene de manera generalizada entre todas las bancadas. De los 19 diputados de la bancada Vamos, 14 figuran en la planilla; en Realizando Metas, 8 de 15; del Partido Revolucionario Democrático, 8 de 12; y en Cambio Democrático, 7 de 8. Todos los suplentes de la bancada Panameñista y de la Bancada Mixta (Alianza, Molirena, Partido Popular e Independientes) también figuran en la planilla. Por su parte, de los cuatro diputados suplentes de la bancada Seguimos (Independiente y Movimiento Otro Camino), 2 están registrados como empleados. Nombramientos y aumentos Actualmente, hay dos diputados suplentes menos que en marzo pasado, cuando aún Castañeda presidía el legislativo y aparecían 54 suplentes en la planilla de la Asamblea. Sin embargo, la lista también incluye dos suplentes nuevos. Por ejemplo, figuran Kareen García, suplente de Alexandra Brenes, y Lidia Caballero, suplente de Eduardo Gaitán. Además, otros casos no solo permanecieron en la planilla, sino que recibieron aumentos salariales. Tal es el caso de Tatiana Morales, suplente de Carlos Saldaña, quien pasó de $2,300 a $3,000. En esa lista también están Grettel Garrido, suplente de Luis Duke, de $2,650 a $2,850; Iveet Vargas, suplente de Jorge González, de $1,800 a $2,000; y Margareth Pimentel, suplente de Lenin Ulate, de $3,000 a $3,500. Todos estos incrementos se registraron entre marzo y octubre de este año. También se constató que varios suplentes que aparecían en la planilla en marzo ya no figuran en los registros más recientes. Entre ellos están Carlos Ho, suplente de Walkiria Chandler; Edilberto Guerrero, suplente de Paulette Thomas; y Roberto Barsallo, suplente de Ernesto Cedeño. Tampoco aparecen los suplentes de Yuzaida Marín (Abdiel Núñez) y Betserai Richards (Maylin Prince). La defensa de Herrera En entrevista con este medio, Jorge Herrera defendió la permanencia de los diputados suplentes en la planilla institucional. “Esta figura, como tal, no está dentro de la estructura, pero sí puede ser un funcionario dentro de la Asamblea de Diputados”, explicó. Herrera reconoció que la Corte fue “muy enfática” al señalar que la figura del diputado suplente no debe aparecer dentro del organigrama institucional. Sin embargo, sostuvo que existe un margen para su contratación bajo otras denominaciones: “El fallo manifiesta que el diputado suplente, tipificado dentro del organigrama, no puede aparecer. Pero al final, el suplente es una figura que durante un proceso electoral acompaña al principal”. El presidente legislativo justificó además la presencia de su propio suplente en la planilla: “Nosotros tenemos un suplente que está dentro de la Asamblea, cumple más de ocho horas de labores, participa en las comisiones y trabaja en proyectos comunitarios en el distrito de Aguadulce”, dijo. Agregó que esta figura cumple un rol de apoyo político y operativo. “El suplente es un complemento dentro del organigrama de una estructura política electa en las elecciones respectivas”, afirmó Herrera, quien evitó pronunciarse sobre si la práctica podría contradecir el fallo vigente. El desafío Se trata de una práctica de vieja data. En el quinquenio pasado (2019-2024), de los 71 diputados suplentes, 66 estaban en la planilla del Legislativo, cada uno con un salario de $2,000 al mes como “asistente técnico parlamentario”, su supuesto cargo. La Corte, a través de un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, advirtió que los emolumentos de esos funcionarios solo serían otorgados cuando ocuparan la curul, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias. Durante la discusión en la Comisión de Credenciales el mes pasado sobre futuras modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, un grupo de diputados suplentes solicitó que se incluyera la posibilidad de percibir un salario, debido al limbo jurídico en el que se encontraban tras el fallo de la Corte. A pesar de que se trató el tema, la entonces presidenta de la Comisión, Dana Castañeda, y el grupo de asesores legales decidieron no incluir el salario de los suplentes en los cambios al reglamento, debido al precedente legal que lo prohibía. Sin embargo, tanto Castañeda durante su gestión (2024-2025) como el actual presidente Herrera han hecho oído sordos al pronunciamiento de la Corte de manera sostenida. El Órgano Judicial inauguró el pasado viernes el edificio sede del Sistema Oral de la jurisdicción Civil. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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