10A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Este cambio supone un viraje cultural en la forma de concebir la administración de justicia. El juez se convierte en un director activo del proceso: impulsa, ordena y decide con una visión más dinámica y participativa. Las partes, por su parte, deben contribuir al esclarecimiento de los hechos de forma activa, sin recurrir a astucias procesales. Este nuevo rol exige mayor preparación de todos los actores, pero también proporciona herramientas para ejercer una justicia más equilibrada y eficaz. Ahora bien, la primera pregunta que surge es: ¿realmente necesitábamos un cambio? No se requieren largas explicaciones para responderla. Bajo el régimen anterior, por razones que no son objeto de este artículo, los procesos duraban hasta cuatro veces más de lo razonable. La reforma se sostiene en una idea sencilla: el tiempo importa. Por eso, el Código fija plazos máximos: hasta un año para resolver en primera instancia y seis meses en segunda. No son aspiraciones; son límites claros, cuyo incumplimiento genera consecuencias, tales como la pérdida de competencia y sanciones disciplinarias. La misma lógica ordena las etapas críticas del proceso. La notificación deja de ser un laberinto: mediante herramientas electrónicas verificables y nuevos mecanismos, como la notificación con asistencia del notario público, el proceso ya no se detiene por estrategias de evasión; al contrario, convieLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Miseria intelectual Convivencia “¿Pero cómo se le ha ocurrido eso?” Una parte de la población se hace esta pregunta varias veces al día ante las actuaciones de quienes, desafiando a Descartes, parecen existir sin pensar. En calles, centros comerciales o instituciones, no hay espacio libre de conductas aberrantes: desde quien arroja basura al suelo hasta quien ocupa estacionamientos reservados. Son discapacidades morales, no físicas, que reflejan una alarmante carencia de valores. La estupidez, que además de molesta es peligrosa, se ha normalizado: manejo en contravía, autos sobre aceras y videos que retratan la decadencia de una inteligencia colectiva reducida. Esta miseria intelectual —la incapacidad de pensar y razonar— es la base de otras miserias que aquejan al país. La miseria física se manifiesta en la falta de alimentos, invisible a las autoridades que presumen de crecimiento mientras la gente muere de hambre. La miseria moral, por su parte, se evidencia en la complicidad entre una justicia sin credibilidad y los delincuentes con dinero, mientras el pobre que caza una iguana sí es castigado. Lo necesario moral da crédito a un país ante el mundo, pero en Panamá ese crédito está en ruinas. Toda miseria es perniciosa, pero la intelectual las origina a todas. Surge cuando el ciudadano, por pereza o desinterés, entrega sus responsabilidades a quienes, aprovechando esa pasividad, llegan al poder. Así se perpetúan gobiernos ineficientes, endeudados y corruptos que prometen resolver crisis que ellos mismos crean. El ciudadano culpa a los gobernantes, pero olvida que los elige. Sin votos no hay funcionarios, y estos llegan al poder sobre “cabezas vacías” y bajo leyes absurdas que permiten gobernar con mínimos porcentajes de apoyo. Queremos soluciones, pero que otros las ejecuten. Sin embargo, el funcionario honesto que denuncia irregularidades suele ser castigado, lo que refuerza la deshumanización de hacer lo correcto. Ceder el pensamiento es mutilar la gestión ciudadana. Cuanto menos se involucra la gente en los asuntos públicos, menos libre es, porque ha delegado su destino a quienes viven ajenos a las miserias comunes. Cuando incluso el clero advierte sobre la gestión del país y el gobierno responde atacando, la señal es clara: retrocedemos. Volvemos a la lógica del miedo: “al amigo, plata; al indeciso, palo; al enemigo, plomo”. El principio de igualdad ante las jubilaciones especiales Justicia sada para el dinero de todos los panameños, creando una diferencia enorme e injusta con respecto a lo que recibe un jubilado del sistema común. En resumen: una cosa es darle una herramienta especial a un trabajador para hacer un trabajo difícil, y otra muy distinta es regalarle un beneficio tan grande que lo debamos pagar entre todos, afectando al resto. La idea es compensar, no privilegiar. 2. Lo que la Corte decidió hace años Esto no es algo que se esté inventando ahora. Hace muchos años, después de la invasión, Panamá estaba casi en la quiebra. No había dinero para casi nada. En ese momento, el gobierno se dio cuenta de que algunas jubilaciones especiales eran altísimas y decidió ponerles un límite para poder usar ese dinero en cosas más urgentes para el país. Como era de esperarse, los que recibían esas jubilaciones altas se quejaron y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que es el árbitro más importante de las leyes en Panamá. ¿Y qué decidió la Corte? En 1991, los magistrados dijeron algo muy claro: el gobierno actuó correctamente. La Corte explicó que, en una crisis, el bienestar de todo el país es más importante que el beneficio de unas pocas personas. Ponerle un límite a esas jubilaciones altísimas no era injusto; al contrario, era un acto de justicia para todos, necesario para asegurar que el país pudiera salir adelante. Esa decisión de la Corte es como una luz que nos guía hoy. Nos recuerda que el Estado tiene el poder y, más importante aún, el deber de intervenir cuando un beneficio especial se convierte en un privilegio exagerado que perjudica a la mayoría. 3. Un presupuesto atado de manos por la deuda y los privilegios Hoy, la situación de Panamá se parece mucho a la de aquel tiempo. El problema se llama deuda pública, y ya supera los 50 mil millones de dólares. Esta deuda es como una bola de nieve que crece sin parar, aliEdgardo Molino Mola Un nuevo horizonte para la justicia civil en Panamá Código Procesal Civll Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, entra en vigor el nuevo sistema de enjuiciamiento civil, sustentado en la tutela judicial efectiva, la oralidad estratégica, la inmediación y la concentración. La promulgación del Código Procesal Civil no es una simple actualización normativa: implica un cambio de paradigma. Tras dos años de preparación, este modelo moderniza la justicia civil con mecanismos más ágiles, transparentes y cercanos al ciudadano, superando los desafíos acumulados durante casi cuatro décadas. El nuevo procedimiento se apoya en directrices claras: la constitucionalización y convencionalización del proceso, un modelo de gestión que sitúa la oralidad en el centro, y un estándar de tutela judicial efectiva que exige decisiones motivadas en tiempo razonable. Se propone, así, una justicia civil que no solo resuelva conflictos, sino que lo haga con eficacia y previsibilidad. Este enfoque es clave en una sociedad que demanda soluciones rápidas y confiables, sin sacrificar las garantías del debido proceso. ne comparecer. La prueba se concentra en la audiencia preliminar: presentación, objeción y admisión se deciden cara a cara, delimitando el objeto del proceso y los puntos controvertidos. Lo que antes promediaba más de 400 días se resuelve ahora en alrededor de una hora efectiva. Finalmente, el juez puede dictar sentencia oral en el acto o emitirla dentro de los cinco días siguientes. Estas novedades buscan algo más que eficiencia: buscan confianza. La inmediación acerca a quien decide; la oralidad estratégica ordena la conversación jurídica; y la economía procesal evita formalismos innecesarios. Con reglas claras y plazos ciertos, la sociedad entera gana: se desincentiva la litigiosidad excesiva, se promueven los acuerdos y se favorece la actividad económica. ¿Habrá dificultades? Sí, forman parte natural de la curva de aprendizaje. La implementación exige paciencia, colaboración y entrenamiento: es un proceso nuevo para todos. Habrá dudas, temores y equivocaciones, pero, poco a poco, veremos sus beneficios. El objetivo es claro: que el proceso deje de ser una carrera de astucias y se convierta en un verdadero espacio de debate, donde el derecho y la justicia se encuentren. El Código Procesal Civil armoniza el derecho panameño con las tendencias regionales, en las que la oralidad y la digitalización ya son estándar. Es un momento histórico para evaluar, desaprender, aprender y adaptarse. La pregunta no es si estamos listos para el cambio, sino cómo asumiremos el desafío de construir una justicia más ágil, moderna y cercana. Cambiar cuesta. No cambiar cuesta más. Hoy empezamos a caminar distinto. Opinión EL AUTOR es ingeniero civil y escritor. LA AUTORA es miembro de la Fundación Libertad. EL AUTOR es exmagistrado de la Corte. Jorge Samaniego mentada no solo por las jubilaciones especiales, sino también por otros gastos fijos y privilegios: beneficios para diputados y altos funcionarios, aumentos de sueldo automáticos establecidos por ley y subsidios que son una carga permanente. Esto significa que, antes de que el gobierno pueda siquiera pensar en las necesidades urgentes del año —arreglar una calle, equipar un hospital o comprar medicinas—, una enorme parte del presupuesto ya está comprometida. Ya tiene dueño. Esta falta de flexibilidad asfixia al país. Mientras la “alcancía” de la Caja de Seguro Social está casi vacía para la mayoría, seguimos pagando unos pocos beneficios altísimos con dinero que no tenemos, e incluso pidiendo más prestado. Esto es injusto para los jubilados de hoy, que reciben poco, y sobre todo para nuestros hijos y nietos, a quienes les heredamos esta carga. La lección es simple: la salud financiera de la familia Panamá es más importante que mantener un sistema de privilegios para unos pocos. Conclusión: poner la casa en orden con justicia Entonces, ¿cuál es la solución? Nadie está diciendo que hay que eliminar las jubilaciones especiales. Reconocer el trabajo duro de nuestros policías, bomberos y maestros con un retiro más temprano es justo y necesario. El verdadero debate es otro: ¿qué tan especial debe ser el beneficio? Es justo que se jubilen antes por su gran esfuerzo; lo que no es justo es que reciban una pensión tan exageradamente alta que ponga en riesgo la salud económica de todo el país. El Estado tiene la tarea, como un buen padre de familia, de poner orden. Tenemos el pronunciamiento guía de la Corte y la obligación impuesta por la gran deuda que cargamos. Se trata de ajustar esos beneficios para que sean justos, pero no desproporcionados. Que quede muy claro: no se trata de quitarle un derecho a nadie, sino de corregir un exceso. Es simplemente un acto de responsabilidad y de justicia para todos los panameños, porque el bienestar de la gran familia panameña siempre debe ser lo primero. En Panamá, el debate sobre las jubilaciones ha puesto en el centro del escenario el principio de igualdad, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Por un lado, quienes pertenecen al régimen general de la Caja de Seguro Social invocan este principio para cuestionar los beneficios que reciben ciertos grupos, considerándolos privilegios injustificados. Por otro, los beneficiarios de regímenes especiales defienden este trato diferenciado, justificándolo en la naturaleza única, el riesgo y el desgaste de su trabajo. Aunque ambas posturas parten de una lógica comprensible, la discusión a menudo se desvía hacia una falacia. Se olvida que la verdadera justicia no consiste en la uniformidad absoluta, sino en la equidad: tratar igual a los iguales y de manera distinta a quienes se encuentran en circunstancias objetivamente diferentes. El problema no es la existencia de un trato especial, sino cuando este se vuelve desproporcionado y amenaza la sostenibilidad y la justicia social de toda la nación. 1. ¿Compensación justa o privilegio exagerado? Pensemos en esto de forma sencilla. Todos sabemos que el trabajo de un policía que enfrenta el peligro, un bombero que entra a un incendio o un maestro que forma a 40 niños no es igual al de una persona que trabaja en una oficina. Esos oficios exigen más esfuerzo físico y emocional. Por esa razón, la ley en Panamá les da una forma especial de jubilarse, permitiéndoles hacerlo un poco antes que los demás. La idea original es buena y justa: es una forma de compensarlos por ese esfuerzo extra que hacen por todos nosotros. El problema no es que se jubilen de forma especial; el verdadero problema aparece cuando la cantidad de dinero que reciben resulta desproporcionada. Cuando su pensión es tan alta que se convierte en una carga muy peAlexis Martínez Scigliani El problema no es que se jubilen de forma especial; el verdadero problema aparece cuando la cantidad de dinero que reciben resulta desproporcionada. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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