1A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 13 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15168 Hoy por hoy Este lunes 13 de octubre de 2025 entra en vigor el nuevo Código Procesal Civil de Panamá, un cambio histórico que moderniza la administración de justicia civil. Por primera vez en este siglo, se adopta un sistema que permite abordar desde disputas vecinales hasta el incumplimiento de contratos entre particulares, con un enfoque en la oralidad, la inmediación y la concentración de los procesos. Este Código no solo establece plazos claros y específicos para resolver los casos, sino que también ofrece un modelo más ágil, eficiente y accesible. La implementación de audiencias orales permitirá a los jueces tomar decisiones de manera más rápida y cercana a las partes involucradas, sin los formalismos y dilaciones que suelen retrasar la justicia.Teóricamente la reforma garantiza que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de manera justa y en tiempos razonables, reduciendo la burocracia y haciendo el sistema judicial más transparente. Es, sin duda, un paso hacia una justicia más moderna y equitativa para todos. Atardecer rosa: moda con propósito 7B Ellas.pa Bajando el Magdalena vendiendo cemento en el verano de 1970 8A Economía ATP plantea incentivos para el turismo 3B Amador Marina avanza sin frenos a pesar de la orden presidencial de rescindir la concesión Aunque el propio presidente de la República solicitó rescindir la concesión, los trabajos de Amador Marina en Isla Flamenco continúan. La Autoridad Marítima aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto. VEA 6A AN ignora fallo de la CSJ al emplanillar a suplentes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Asamblea Nacional (AN) continúa pagando salarios a diputados suplentes, a pesar de los fallos de la Corte Suprema de INSTITUCIONALIDAD Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, justificó el pago a suplentes argumentando que la figura no está dentro del organigrama oficial. Justicia (CSJ) que prohíben esta práctica. En contradicción con el mandato judicial, el actual presidente del Legislativo, Jorge Herrera, ha mantenido a los suplentes en la planilla, disfrazándolos como “asistentes técnicos parlamentarios” o “asesores”. De los 71 suplentes, un 73.2% aparece en la nómina de la Asamblea, con algunos casos que incluso recibieron aumentos salariales entre marzo y octubre de 2025. Esta situación persiste, a pesar de que la CSJ dictaminó en 2017 que los suplentes solo deberían recibir sueldos cuando ocupen la curul. Herrera defendió la inclusión de suplentes, justificándola como una figura de apoyo dentro del organigrama institucional, pero evitando pronunciarse sobre si esto viola el fallo. VEA 2A Partido Panamá-Surinam Con la mira puesta en la clasificación al Mundial La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, se prepara para el partido de mañana contra Surinam. En rueda de prensa, el mediocampista Adalberto Carrasquilla recordó ayer que una victoria sobre los dirigidos por Stanley Menzo colocaría a la selección canalera cerca de sellar su clasificación al Mundial de 2026, con la posibilidad de concretarlo en noviembre, cuando visiten a Guatemala. VEA 6B Cortesía Olmedo Arrocha Archivo Con la promesa de optimizar la justicia civil y garantizar una resolución más ágil y transparente, se inicia hoy 13 de octubre de 2025 la implementación del nuevo Código Procesal Civil. El Órgano Judicial inauguró el viernes el edificio sede del Sistema Oral de la Jurisdicción Civil, ubicado en Carrasquilla, donde se procesará más del 60% de las demandas civiles del país. Durante la inauguración, Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte, destacó la importancia de este cambio para ofrecer procesos más ágiles y resoluciones más rápidas. Destacó que este cambio transformará la cultura judicialdePanamá,priorizando la oralidad y la inmediación para lograr decisiones más rápidas y eficientes VEA 2A ‘CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ Una apertura del mercado de combustible para barcos Gremios médicos se oponen a la ley de mala praxis La justicia civil entra hoy en una nueva etapa La AMP se plantea la apertura del mercado de suministro de combustible para barcos, con el objetivo de promover la competencia, la renovación de la flota y la sostenibilidad en el sector marítimo.VEA 1B El Colegio Médico de Panamá se opone al anteproyecto de ley que criminaliza la negligencia médica, argumentando que afecta los principios fundamentales de la profesión. VEA 4A INDUSTRIA MARÍTIMA PRONUNCIAMIENTO Quiénes fueron los millones de europeos que emigraron a América Latina tras la Independencia www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 A partir de este lunes 13 de octubre dará inicio la implementación formal del nuevo Código Procesal Civil de Panamá, el cual busca optimizar el servicio de administración de justicia en materia civil. A través de la Ley 402 del 9 de octubre de 2023 se adoptó el Código Procesal Civil, que consta de 809 artículos. En el artículo 9 de la citada ley se establece que la jurisdicción civil es la facultad del Estado de administrar justicia en las causas de naturaleza civil y comercial, ejercida por los juzgados y tribunales constituidos y organizados conforme a la Constitución Política y a la ley. El pasado 10 de octubre, el Órgano Judicial inauguró el edificio sede del Sistema Oral de la Jurisdicción Civil, ubicado en la calle Enrique J. Arce, Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. Este recinto albergará la operación judicial bajo el modelo de gestión en oralidad para el Primer Circuito Judicial. Durante el acto, el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinador general de la modernización del proceso civil, destacó que en esta sede se procesará y atenderá más del 60% de todas las demandas civiles del país, lo que representa el 30% del total de los casos del sistema judicial panameño. Arrocha expresó su confianza en el compromiso y la vocación del equipo humano del Órgano Judicial “para seguir ejecutando este cambio y ofrecer procesos ágiles, transparentes y accesibles, donde la tecnología, la eficiencia, la eficacia y la efectividad se pongan al servicio de las personas, elevando la capacidad de respuesta para emitir decisiones en tiempo razonable”. Por su parte, la magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias, resaltó que “la oralidad, piedra angular de este nuevo sistema, nos convoca a audiencias vivas, inmediatas, cara a cara, en las que el juez escucha, analiza y decide con prontitud y claridad. Este paso no solo representa un cambio de procedimiento; simboliza una nueva cultura judicial donde la verdad procesal se construye en tiempo real y la justicia se aproxima con mayor celeridad a quienes la reclaman”. López Arias subrayó que el compromiso del Órgano Judicial es garantizar que cada persona, sin distinción, encuentre una respuesta justa, clara y oportuna. “La meta es reducir los tiempos en primera y segunda instancia, para que la resolución de los procesos civiles no tome cuatro o cinco años”, añadió. El edificio sede del Sistema Oral cuenta con equipamiento tecnológico en las salas de audiencias, oficinas para jueces orales y adjuntos, alguaciles ejecutores, la Primera Oficina Judicial, ventanilla de atención al usuario, el Centro de Información y Atención al Ciudadano, la oficina del Registro Único de Entrada (RUE) y el Centro de Custodia de Expedientes Vigentes. También dispone de salas de métodos alternos de resolución de conflictos y facilidades para personas con discapacidad, como rampas, baños adaptados, ascensores y sistema Braille. La propuesta para actualizar la justicia civil fue presentada en enero de 2023 por la magistrada presidenta López Arias ante la Asamblea Nacional, luego de tres años de trabajo conjunto entre el Órgano Judicial, abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. La iniciativa fue sancionada en octubre de ese año por el entonces presidente Laurentino Cortizo y el exministro de Gobierno, Roger Tejada. El nuevo Código Procesal Civil busca ofrecer una justicia más pronta, transparente y cercana al ciudadano, garantizando una tutela judicial efectiva y resoluciones de calidad. Asimismo, adopta los principios de economía procesal, simplificación de trámites y ausencia de formalismos innecesarios, con el fin de reducir la duración de los procesos y asegurar la igualdad de condiciones entre las partes. Nueva justicia civil: agilizar procesos y reducir tiempos ‘CÓDIGO PROCESAL CIVIL’ Pleno de la Asamblea Nacional. Cortesía El costoso y prolongado desafío al mandato de la Corte Suprema Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Getzalette Reyes [email protected] INSTITUCIONALIDAD En contravención a un fallo judicial, la administración legislativa ha seguido emplanillando a los suplentes, e incluso ha otorgado aumentos salariales a algunos de ellos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ha adoptado la misma postura que su antecesora, Dana Castañeda, al mantener el pago de salarios a diputados suplentes, pese a los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo prohíben. En abierta contradicción con el mandato judicial, la actual administración legislativa ha continuado emplanillando suplentes incluso después de las revelaciones publicadas por La Prensa en marzo pasado, que expusieron cómo esta práctica se ha convertido en una forma sistemática de evadir la ley dentro del propio órgano encargado de crearla. Una revisión del medio a la planilla de la Asamblea encontró que al menos 52 de los 71 diputados suplentes del periodo 2024-2029 — un 73,2 % de todas las bancadas— fueron nombrados como asistente técnico parlamentario, asistente administrativo o asesor, todos con estatus de funcionario “eventual”. La práctica de incluir diputados suplentes se mantiene de manera generalizada entre todas las bancadas. De los 19 diputados de la bancada Vamos, 14 figuran en la planilla; en Realizando Metas, 8 de 15; del Partido Revolucionario Democrático, 8 de 12; y en Cambio Democrático, 7 de 8. Todos los suplentes de la bancada Panameñista y de la Bancada Mixta (Alianza, Molirena, Partido Popular e Independientes) también figuran en la planilla. Por su parte, de los cuatro diputados suplentes de la bancada Seguimos (Independiente y Movimiento Otro Camino), 2 están registrados como empleados. Nombramientos y aumentos Actualmente, hay dos diputados suplentes menos que en marzo pasado, cuando aún Castañeda presidía el legislativo y aparecían 54 suplentes en la planilla de la Asamblea. Sin embargo, la lista también incluye dos suplentes nuevos. Por ejemplo, figuran Kareen García, suplente de Alexandra Brenes, y Lidia Caballero, suplente de Eduardo Gaitán. Además, otros casos no solo permanecieron en la planilla, sino que recibieron aumentos salariales. Tal es el caso de Tatiana Morales, suplente de Carlos Saldaña, quien pasó de $2,300 a $3,000. En esa lista también están Grettel Garrido, suplente de Luis Duke, de $2,650 a $2,850; Iveet Vargas, suplente de Jorge González, de $1,800 a $2,000; y Margareth Pimentel, suplente de Lenin Ulate, de $3,000 a $3,500. Todos estos incrementos se registraron entre marzo y octubre de este año. También se constató que varios suplentes que aparecían en la planilla en marzo ya no figuran en los registros más recientes. Entre ellos están Carlos Ho, suplente de Walkiria Chandler; Edilberto Guerrero, suplente de Paulette Thomas; y Roberto Barsallo, suplente de Ernesto Cedeño. Tampoco aparecen los suplentes de Yuzaida Marín (Abdiel Núñez) y Betserai Richards (Maylin Prince). La defensa de Herrera En entrevista con este medio, Jorge Herrera defendió la permanencia de los diputados suplentes en la planilla institucional. “Esta figura, como tal, no está dentro de la estructura, pero sí puede ser un funcionario dentro de la Asamblea de Diputados”, explicó. Herrera reconoció que la Corte fue “muy enfática” al señalar que la figura del diputado suplente no debe aparecer dentro del organigrama institucional. Sin embargo, sostuvo que existe un margen para su contratación bajo otras denominaciones: “El fallo manifiesta que el diputado suplente, tipificado dentro del organigrama, no puede aparecer. Pero al final, el suplente es una figura que durante un proceso electoral acompaña al principal”. El presidente legislativo justificó además la presencia de su propio suplente en la planilla: “Nosotros tenemos un suplente que está dentro de la Asamblea, cumple más de ocho horas de labores, participa en las comisiones y trabaja en proyectos comunitarios en el distrito de Aguadulce”, dijo. Agregó que esta figura cumple un rol de apoyo político y operativo. “El suplente es un complemento dentro del organigrama de una estructura política electa en las elecciones respectivas”, afirmó Herrera, quien evitó pronunciarse sobre si la práctica podría contradecir el fallo vigente. El desafío Se trata de una práctica de vieja data. En el quinquenio pasado (2019-2024), de los 71 diputados suplentes, 66 estaban en la planilla del Legislativo, cada uno con un salario de $2,000 al mes como “asistente técnico parlamentario”, su supuesto cargo. La Corte, a través de un fallo emitido el 10 de mayo de 2017, advirtió que los emolumentos de esos funcionarios solo serían otorgados cuando ocuparan la curul, durante las sesiones ordinarias o extraordinarias. Durante la discusión en la Comisión de Credenciales el mes pasado sobre futuras modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, un grupo de diputados suplentes solicitó que se incluyera la posibilidad de percibir un salario, debido al limbo jurídico en el que se encontraban tras el fallo de la Corte. A pesar de que se trató el tema, la entonces presidenta de la Comisión, Dana Castañeda, y el grupo de asesores legales decidieron no incluir el salario de los suplentes en los cambios al reglamento, debido al precedente legal que lo prohibía. Sin embargo, tanto Castañeda durante su gestión (2024-2025) como el actual presidente Herrera han hecho oído sordos al pronunciamiento de la Corte de manera sostenida. El Órgano Judicial inauguró el pasado viernes el edificio sede del Sistema Oral de la jurisdicción Civil. Cortesía Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MILLONADA. Si la restauración de la villa diplomática requiere $7.1 millones, ¿cuánto costará su funcionamiento? Seguramente necesitará personal permanente: cocineros, jardineros, seguridad y hasta un mayordomo para atender a los diplomáticos que supuestamente se hospedarán allí. La Presidencia tendrá que añadir un renglón en su presupuesto para mantener todo eso. ¿Por qué mejor no le dan directamente un cheque al arquitecto y a la diseñadora, para que se queden quietos? Saldría todo más barato. BURLA. Si se sale con la suya, la propuesta de Bolota para conceder hasta 60 días de huelgas pagadas a los docentes tendría efectos retroactivos, por ser “de orden público e interés social”. ¿Qué será lo próximo que inventará este diputado? ¿Una ley que les conceda el derecho a robar al Estado? CAVA. La semana pasada, los expresidentes Martín Torrijos y Juan Carlos Varela coincidieron en la recepción ofrecida por la embajada de España. No debe sorprender que los invitaran, ya que ese país nunca tuvo problemas con ellos. Martinelli no estaba allí, por razones obvias, y lo obvio no es que está en Colombia, sino que tiene serios asuntos judiciales pendientes al otro lado del Atlántico. ¡AUXILIO! El pasado viernes debía celebrarse la imputación a un grupo de auxiliados del Ifarhu, pero la audiencia no pudo llevarse a cabo porque la Oficina Judicial no había reservado la sala ni había asignado un juez. Por tanto, se pospuso para el 11 de noviembre, que es el mismo día en que inicia el juicio por los sobornos de Odebrecht. ¿Cómo sucede algo así? ¿Acaso estas coincidencias pasan a cada rato? PASADO. El diputado Jorge Herrera no se ha postulado todavía, aunque todo Advierten que propuesta podría criminalizar la profesión médica. iStock Mala praxis en Panamá: propuesta de ley podría llevar a médicos a la cárcel Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD El anteproyecto de ley que tipifica homicidio culposo y lesiones por mala praxis en Panamá genera oposición del Colegio Médico, que advierte sobre criminalización del acto médico. El anteproyecto de ley que se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional, con el objetivo de tipificar de manera específica el homicidio culposo y las lesiones derivadas de la mala prestación de servicios de salud en Panamá, ha generado oposición de los gremios médicos del país. La iniciativa contempla sanciones proporcionales que incluyen privación de libertad e inhabilitación profesional para quienes incurran en negligencia médica. El Colegio Médico de Panamá ha expresado su rechazo, argumentando que la propuesta criminaliza el acto médico y contradice los principios fundamentales de la profesión: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Según el gremio, la iniciativa trata a los médicos como posibles criminales, sin diferenciar entre eventos adversos inevitables de la práctica clínica y casos reales de negligencia, impericia o inobservancia de normas, ya contemplados en la legislación vigente. En una carta enviada el 24 de septiembre de 2025 al presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Edwin Vergara, la presidenta del Colegio Médico, Raquel Gutiérrez de Mock, señaló que no han tenido comunicación con la diputada independiente Yamireliz Chong, proponente de la iniciativa, lo que genera preocupación por la falta de diálogo previo con los profesionales afectados. Asimismo, Gutiérrez de Mock solicitó a Chong copias de las notas enviadas al gremio sobre el tema de mala praxis y le extendió una invitación a sumarse a un diálogo constructivo en torno al proyecto de seguridad del paciente y calidad de la atención, que el Colegio Médico tiene previsto presentar próximamente a la Asamblea Nacional. La presidenta del gremio advirtió que la aprobación del anteproyecto podría generar un ambiente hostil en los servicios de salud, desmotivar a los profesionales a continuar ejerciendo en el país y poner en riesgo la confianza de la población en la atención médica. “El efecto sería devastador para la relación médico-paciente y podría derivar en una fuga de talento que afecte directamente la calidad del sistema sanitario”, enfatizó Gutiérrez de Mock. Chong respalda iniciativa Por su parte, la diputada independiente Yamireliz Chong defiende la iniciativa como un mecanismo necesario para proteger la vida, la dignidad y los derechos de los pacientes. “Hoy nos convertimos en puente de las voces de ciudadanos que han sufrido pérdidas irreparables debido a errores evitables en la atención médica. Esta iniciativa busca garantizar justicia y seguridad en los servicios de salud”, afirmó Chong. La diputada aclaró que el Código Penal panameño contempla delitos culposos de manera general, pero carece de una tipificación específica para los casos de mala prestación de servicios de salud. Este vacío legal, señaló, dificulta la sanción justa de conductas negligentes y genera inseguridad jurídica tanto para pacientes como para sus familias. Chong enfatizó que la ley no busca responsabilizar a un médico por la falta de equipo o recursos en un hospital. “Si un médico actúa dentro de la Lex Artis Médica, no debe ser castigado. La iniciativa solo pretende sancionar a quienes incurrieron en negligencia, impericia o descuido evitable”, explicó. Destacó que la mala prestación de servicios de salud tiene consecuencias graves e irreparables: pérdida de vidas humanas, lesiones permanentes y un deterioro significativo de la confianza ciudadana en el sistema sanitario. Por ello, considera necesaria una norma específica que reconozca la gravedad de los daños ocasionados por negligencia médica y que establezca sanciones proporcionales, incluyendo la inhabilitación profesional durante el mismo término de la pena. Actualmente, el Código Penal sanciona de manera general los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, sin distinguir entre hechos de distinta naturaleza y trascendencia social. Este enfoque, según Chong, genera impunidad y dificulta acreditar la responsabilidad penal de profesionales o instituciones de salud. El anteproyecto también busca ofrecer un marco normativo más claro y seguro para la atención de pacientes, promoviendo una cultura de seguridad y ética profesional. En este contexto, Chong presentó cifras que evidencian la magnitud del problema: en 2023 se registraron 54 casos de mala praxis, mientras que en 2024 se realizaron 62 reuniones para evaluar denuncias ante el Consejo Médico Forense. Del total de afectados, un 55% eran mujeres y un 34% adultos jóvenes. La propuesta ha generado un intenso debate en los ámbitos académico y profesional, enfrentando dos visiones: la de los gremios médicos, que advierten sobre un posible impacto negativo en la motivación y ejercicio de la profesión, y la de quienes defienden el proyecto como un paso necesario para garantizar la protección de los pacientes y la justicia frente a errores evitables. Chong sostiene que aprobar la iniciativa sería un avance para consolidar un sistema de salud más seguro, ético y responsable, asegurando sanciones proporcionales y justas para quienes violen normas de atención médica. Al mismo tiempo, busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema sanitario y en la justicia penal, enviando un mensaje claro: la vida y la salud son bienes jurídicos supremos cuya protección requiere medidas concretas frente a conductas culposas. Este medio buscó la opinión de Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. Aleida Samaniego [email protected] María del Carmen Terrientes de Benavides Archivo Terrientes ataca proceso disciplinario que intenta expulsarla de Coneaupa EDUCACIÓN SUPERIOR La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, presentó un escrito formal ante la Comisión de Investigación que adelanta el proceso en su contra, solicitando la nulidad del procedimiento administrativo iniciado por presuntas faltas administrativas y éticas. Terrientes de Benavides argumenta que el proceso presenta vicios legales graves y violaciones a sus derechos fundamentales, lo que invalidaría las actuaciones desde su origen. Uno de sus principales argumentos es que el proceso disciplinario está prescrito según la Ley 9 de 1994, ya que los hechos investigados ocurrieron en períodos previos y la acción disciplinaria debió iniciarse dentro de los plazos legales establecidos. Además, cuestionó la creación de la comisión de investigación, argumentando que su conformación contraviene la Resolución No. 4 de 2020, que establece que solo el Comité de Ética tiene competencia para tratar casos disciplinarios en Coneaupa. La comisión, según Terrientes de Benavides, ha usurpado funciones y no ha cumplido con los procedimientos legales, lo que la hace nula de pleno derecho. Terrientes de Benavides también denunció la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de documentación en el expediente y la restricción de su derecho a examinar las pruebas presentadas en su contra. Además, afirmó que no se le formularon cargos de manera clara ni se le permitió contar con asistencia técnica, lo que vulnera principios fundamentales del debido proceso, como la contradicción y la imparcialidad. La secretaria ejecutiva fundamentó sus observaciones en diversas normativas legales y constitucionales, como la Ley 38 de 2000 y la Ley 9 de 1994, y resaltó que su superior jerárquico es el Pleno del Consejo de Coneaupa, no la ministra de Educación. Por lo tanto, cualquier proceso disciplinario debería emanar de una decisión formal del órgano colegiado, no de una autoridad individual. El Ministerio de Educación (Meduca) ordenó la creación de una comisión de investigación en septiembre de 2025, en respuesta a cartas enviadas por universidades que cuestionaban decisiones tomadas en procesos de acreditación dentro del Coneaupa. Esta comisión, que tendrá un plazo de 30 días para presentar resultados, está integrada por representantes de diversos sectores, incluida la Asamblea Nacional y universidades. indica que podría competir contra Carlos Raúl Piad por la presidencia del Panameñista. Por si acaso, Piad empezó a enfilar sus dardos y dijo que no cree en aquellos copartidarios que portan “tres y cuatro sombreros” a la vez. ¿Eso cuándo le ha importado? Hubo una época en que su mentora, Mireya Moscoso, era la presidenta (de la República y del Panameñista) y movía el dedo que ungía las candidaturas, pero nunca se escuchó a Piad quejarse de eso.
5A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025
6A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 El clientelismo que marcó al distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, entre 2020 y 2023, impulsado por la polémica descentralización paralela, dejó secuelas: hoy, ocho ediles se encuentran bajo la lupa de las autoridades judiciales, investigados por haber recibido millones de dólares provenientes de este controvertido programa. En el distrito de Capira hay 13 juntas comunales y, al menos, 11 de ellas recibieron fondos de la descentralización paralela. Sin embargo, cerca de ocho están bajo investigación por no poder sustentar el uso de esos recursos. En total, estos gobiernos locales recibieron entre 2020 y 2023 unos $4,479,500 a través del controvertido programa. Este esquema, diseñado supuestamente para fortalecer la gestión local, fue eliminado por la actual administración debido a la falta de transparencia y control en la asignación y el uso de los fondos, lo que abrió la puerta a posibles irregularidades en la administración de recursos públicos. De las 11 juntas comunales beneficiadas, ocho están vinculadas al partido Cambio Democrático (CD), liderado por la exdiputada Yanibel Ábrego. La parlamentaria ha sido señalada por sus vínculos políticos con los representantes de estos corregimientos, lo que ha generado suspicacias sobre la posible utilización de los recursos con fines clientelistas y electorales, especialmente durante períodos clave de competencia política dentro del partido. El mayor desembolso fue para la Junta Comunal de Capira, bajo la representación de Héctor León Chang (CD), que recibió $2,070,000. Otros corregimientos con fuerte presencia de Cambio Democrático también fueron beneficiados: Cirí Grande recibió $795,000, Villa Rosario $395,000, Cermeño y Cirí de Los Sotos alrededor de $220,000 cada uno, y Ollas Arriba y Lídice sumaron $90,000 y $220,000, respectivamente. Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos. En el caso de Capira, se ha solicitado, de momento, la Descentralización paralela: las secuelas del clientelismo en Capira FONDOS PÚBLICOS ubicación de quienes fueron representantes entre 2019 y 2024 de Lídice, La Trinidad, Villa Rosario, Cirí Grande, Cirí de Los Sotos y Campana. Solo el mes pasado, el Tribunal Superior de Apelaciones levantó la medida cautelar de depósito domiciliario aplicada al exrepresentante de Villa Rosario, Capira, Carlos Alberto Montenoir, y a la extesorera Doris Alonso, ambos imputados por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización paralela, y dispuso la prohibición de acercarse a los beneficiarios de los cheques de la descentralización. La mayor cantidad de órdenes emitidas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) coincidió con los momentos más calientes del calendario electoral de las elecciones internas de Cambio Democrático: marzo de 2023 acumuló cinco veces más fondos que los meses anteriores, superando ampliamente a junio de 2021 y abril de 2022, que apenas llegaron a los $500 mil. En el tercer puesto del ranking se encuentra mayo de 2023, un mes de intensa actividad proselitista, cuando se aprobaron $400 mil en apenas dos días, el 3 y 4 de mayo, evidenciando la estrecha relación entre los fondos de la descentralización y los picos de movilización política en CD. Ábrego se disputó la candidatura presidencial de CD con Rómulo Roux, entonces presidente del partido, en las primarias celebradas el 11 de julio de 2023. Finalmente, Roux se impuso sobre Ábrego en aquel torneo, quien, paradójicamente, es ahora la presidenta de CD. La mayor parte de esos gobiernos locales estaba controlada por representantes de corregimiento que respondían a la línea política de Ábrego. También en este grupo destacaba la figura del exalcalde de Capira, Jorge Ramos, primo de Ábrego y quien le apoyaba en la contienda electoral. Movimiento de rocas y tierra en el área de Amador el pasado viernes Cortesía La AMP aún no concluye revisión de concesión a Amador Marina Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Hace ocho meses, el presidente José Raúl Mulino ordenó revisar y rescindir las concesiones de Amador Marina en la isla Flamenco. Ocho meses después, el proceso sigue inconcluso, mientras la empresa continúa con trabajos visibles. Hace ocho meses, el presidente José Raúl Mulino ordenó públicamente revisar —y eventualmente rescindir— las concesiones otorgadas a Amador Marina, S.A., en la isla Flamenco, en la entrada del Canal de Panamá. Sin embargo, poco se ha avanzado en ese proceso, lo que ha permitido que la empresa inicie trabajos de campo en la zona. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que desconoce en qué consisten estas labores, las cuales La Prensa pudo constatar el pasado viernes. El proyecto está vinculado al estadounidense Louis Sola, expresidente de la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hasta junio pasado, y quien fue cuestionado por el propio presidente Mulino, tras afirmar ante el Senado estadounidense que había un presunto control de China en las operaciones del Canal. En febrero pasado, un mes después de la audiencia en el Senado en la que participó Sola, Mulijo dijo que su gobierno no le daría “concesiones importantes” con “alguien que nos ataca miserable y falsamente”, en alusión a Sola. “Que vaya viendo dónde va a hacer negocios”, agregó el presidente aquella vez. Sin embargo, la revisión ordenada por el mandatario sigue inconclusa. El administrador de la AMP, Luis Roquebert, dijo a La Prensa que la institución está analizando más de 8,600 concesiones marítimas activas en todo el país, entre las que está la de Amador Marina. “No nos estamos enfocandoenunasola.Estamos revisando todas las concesiones que hemos otorgado. Si hay irregularidades, se atenderán”, dijo Roquebert cuando La Prensa le mostró fotos y videos de los trabajos que Amador Marina inició en isla Flamenco. Roquebert agregó que el expediente continúa en análisis y que no puede anticipar si la concesión será revocada. “Lo que deseo es que todo se maneje de forma transparente y apegado a la ley. No creo que podamos revocar, porque podríamos tener problemas legales. Pero si al final hay que hacerlo, se hará”, aseguró. El administrador no definió plazos ni criterios claros para concluir la revisión. “En Amador, esa es un área que tuvo un boom muy rápido, de mucho apetito, y que ahora mismo no solo esa concesión de Amador Marina estamos revisando, sino todas las otras”, resaltó. — Entonces, ¿la orden del presidente Mulino hecha hace ocho meses no se ha completado? —cuestionó La Prensa. “Bueno, él [Mulino] nos pidió revocar. Eso significa revisar”, respondió Roquebert. Amador Marina obtuvo en 2023, por parte de la AMP, una concesión sobre 11.3 hectáreas de fondo marino, donde pretende construir una marina privada para yates y, eventualmente, un puerto para cruceros. Antes, en 2021, recibió de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) otras 2.7 hectáreas en tierra firme para edificar ahí una plaza comercial y oficinas. Durante esta administración, el Ministerio de Ambiente aprobó un estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, a favor de la marina. Esta zona es ampliamente conocido por Mulino, ya que en el espacio que ahora ocupa Amador Marina se suponía que se construiría una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). El Senan cedió ese espacio a Amador Marina. Aquello ocurrió durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando Mulino era ministro de Seguridad Pública. Trabajos a toda máquina Aunque la solicitud presidencial sigue pendiente, Amador Marina mantiene operaciones visibles. El pasado viernes por la mañana, La Prensa observó que se realizan trabajos de remoción con una retroexcavadora, que no dejó de operar ni siquiera cuando empezó a llover. También había varias embarcaciones fondeando frente a la concesión y una carpa azul. Roquebert dijo que no sabe qué ocurre en el lugar; tampoco si hay algún tipo de actividad comercial, ya que este medio aprecio que un sujeto que estaba en una carpa azul descendió una llanta para una de las embarcaciones, que se acercó al lugar. “No me han reportado esas actividades. Vamos a programar inspecciones y revisiones más frecuentes. Vamos a ver si la próxima semana ya estaremos viendo esos temas más puntuales”, dijo. Aun así, justificó la falta de acciones inmediatas. “Así como este caso, surgen otros en todo el país”, añadió, sin detallar. Al menos dos embarcaciones arribaron y su tripulación se acercó a la carpa, en busca de insumos. No se logró determinar qué se entregó a una de las más grandes —identificada como Miss Electra Supply—, pero sí a una más pequeña (la llanta ya mencionada). Frente a la tolda azul había una cerca metálica movible, que fue ligeramente apartada para permitir el paso de la maquinaria. En el área trabajaban unas seis personas y uno de los encargados se retiró poco después del mediodía. Tensiones con Sola Antes de dejar la presidencia de la FMC —organismo que regula el comercio marítimo internacional de Estados Unidos—, Sola, tras sus declaraciones sobre el Canal y el supuesto control chino, promovió la creación de un fondo soberano estadounidense para invertir en Panamá, con el argumento de contrarrestar la influencia china. No se sabe si aquella idea del fondo se concretó. Antes de la renuncia de Sola, la FMC anunció la apertura de un proceso de consulta pública para evaluar si el Canal de Panamá ha impuesto regulaciones que afecten el comercio internacional, lo que podría servir de base para futuras sanciones contra el país. La Prensa envió un breve cuestionario a Carolyn Sola, hija de Sola que preside de Amador Marina, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Louis Sola fue apoderado de la sociedad hasta 2018. Mientras fue comisionado de la FMC, realizó visitas oficiales a Panamá y, al menos en uno de esos viajes, aprovechó para participar en una reunión convocada por la ACP con los responsables de Amador Marina, para examinar la compatibilidad de ese proyecto con las operaciones del Canal. Los mayores desembolsos a las juntas comunales de Capira coincidieron con las elecciones internas de CD. Archivo UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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8A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 El remolcador San Roque en el río Magdalena con sus barcazas o lanchones de poco calado acarreando sacos de cemento, tapados con lonas. Foto, Stanley Heckadon. 1970 Aventuras a lo largo del Magdalena Stanley Heckadon-Moreno Especial para La Prensa [email protected] MEMORIAS En su travesía por el río, el autor narra su viaje de puerto en puerto, vendiendo sacos de cemento, mientras explora los pueblos y la historia compartida entre el Magdalena y el Istmo de Panamá. En el verano de 1970 me gradué de antropólogo en la Universidad de Los Andes, Bogotá. A Panamá envié, vía aérea, mis libros comprados en las excelentes librerías de esta gran ciudad. Ahora debía concretar un plan que venía madurado. Bajar el río Magdalena hasta Barranquilla. En Cartagena abordaría una canoa del comercio costanero con San Blas, donde tomaría una avioneta a ciudad de Panamá. Tras una década de ausencia regresaría a casa. Ansiaba conocer la histórica puerta de entrada al Nuevo Reino de Granada sobre la que había leído en las obras de Fray Bartolomé de Las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Antonio Cuervo, Juan Friede y Fray Pedro Simón. Cuánta historia compartida entre este río y el Istmo. El interés se acentuó durante mi trabajo de campo en las Islas de San Bernardo, a 60 millas náuticas al oeste de Cartagena, al estudiar a sus pescadores, muchos de los cuales fueron marineros en el comercio del coco con la llamada Costa del Indio, es decir, San Blas. En Bogotá, a quienes me decían conocer el río, les pedía contarme lo que sabían sobre sus pueblos y gentes, incluyendo el tema de la seguridad. En mi clase de Psicología del Mundo Obrero, dictada por Gerard Van Rossier, un cura belga fumador empedernido, me hizo leer y escribir un informe sobre el libro La Violencia en Colombia, publicado en 1962. Obra de monseñor Germán Guzmán Campos, el sociólogo Orlando Fals Borda y el penalista Eduardo Umaña Luna. Dramática narrativa cuando el país y el Magdalena se tiñeron de sangre tras el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Viajaría con poca plata y ligero. Regalé la ropa gruesa, incluyendo una parka que traje de California. En la mochila, llevaba dos mudas de ropa, una bolsita impermeable que flotaba con mi camarita Kowa, comprada en la plaza 5 de Mayo en Panamá, y una libreta de notas. Mi vestimenta consistía en pantalones cortos, una camisa de mangas largas de algodón y guaraches de cuero comprados en Oaxaca, México. Inicié mi diario el domingo 29 de marzo de 1970. Era pleno verano. El río estaría bajo de aguas: La Dorada Tras unos tragos la noche del sábado 28 de marzo con Alvaro Salcedo, estudiante de Los Andes, tomé un bus de la Flota Magdalena, que por 16 pesos me llevó a La Dorada, viaje de cinco horas vía Honda. La carretera sigue el curso del río. Los cantiles pegados al río que corre por la margen derecha. La tierra se ve muy fértil y según se baja de las montañas su valle se van ampliando y el terreno es más plano y amplio. La Dorada, a 890 kilómetros de la desembocadura del río, tiene unos 50,000 habitantes. Actualmente, está en una depresión económica debido a que el Ferrocarril del Magdalena, inaugurado hace unos diez años, asestó un duro golpe a todas las poblaciones a orillas del río. La navegación del alto y el bajo Magdalena Al llegar al río conversé con los braceros que cargan y descargan las embarcaciones, los que quedan, siendo viejos en su mayoría, indicador que los jóvenes ya no quieren dedicarse a este trabajo. Había antes unos 300 braceros aquí, ahora quizás solo quedan unos 100. La navegación en el río se hace en dos tramos. La navegación del bajo Magdalena que llega hasta aquí y la del alto Magdalena de aquí hacia Honda y Girardot. La navegación del alto Magdalena ha cesado por completo. Todos los braceros de Honda, Girardot, etc. quedaron sin trabajo, lo mismo que los de Puerto Salgar que está frente a La Dorada. Aquí llegaba la carga dirigida, más que todo, hacia el Tolima y Antioquia. A Puerto Salgar llegaba la que iba hacia Cundinamarca. Las dos terceras parte de esa mercancía ahora va por el ferrocarril, aunque este último es más caro que por el río. A 16 centavos por tonelada por kilómetro versus 4 centavos por tonelada por kilómetro por el río. Ahora la navegación del bajo Magdalena es hasta Puerto Berrío y Barranca Barrancabermeja y la de arriba es hasta aquí. Hasta La Dorada solo suben los remolcadores con barcazas que pueden llevar hasta 300 toneladas de carga. Las del bajo río pueden llevar hasta 1000 toneladas. La San Roque Al bajarme del bus en La Dorada comencé a preguntar qué nave iba hasta Barranquilla, pero todas iban a puertos intermedios. Me sugirieron probar suerte en un viejo remolcador pintado de verde y aseado, la San Roque. Su capitán tenía fama de gran conocer del río. Fui y le expliqué mi plan. Dijo que tampoco llegaría a Barranquilla. Al comentarle mi hondo deseo de conocer el río y sus pueblos sonrió y dijo que conocía a otro capitán cuya nave sí iba y hablaría con él más adelante. Me apuré a embarcarme, ya que el viaje sería lento, pues iríamos de puerto en puerto vendiendo sacos de cemento. Esto me alegró, pues también quería conocer pueblos famosos por sus canciones, como Plato, cuna de Se va el Caimán, que se va para Barranquilla; o Tamalameque, donde salía La Llorona Loca. Aliviado, abordé con mi mochila, libreta de notas y cámara fotográfica, listo para observar cuanto pudiese. (En la próxima entrega, abordaremos la llegada a Barrancabermeja, el pueblo más caliente del río Magdalena). Gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) manifestaron este domingo 12 de octubre su respaldo a varios proyectos de ley anticorrupción que permanecen estancados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Los dirigentes de estas organizaciones hicieron un llamado a los diputados a avanzar con estas iniciativas, señalando que su aprobación es clave para fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones públicas, en un momento en que la opinión pública exige medidas contundentes contra la corrupción. En su carta semanal al país, la CCIAP resaltó que se llevan años hablando de corrupción, pero que esta no se enfrenta con la firmeza adecuada. “Hace una década, este problema apenas figuraba entre las últimas preoGremios empresariales respaldan proyectos anticorrupción PRONUNCIAMIENTOS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] cupaciones de los panameños; en 2019, ya escalaba posiciones; hoy ocupa los primeros lugares en la lista de inquietudes ciudadanas, seguido del desempleo. Ambas preocupaciones están directamente conectadas: la corrupción erosiona la confianza, frena la inversión local y extranjera, impide la creación de empleos y resquebraja las oportunidades de desarrollo que tanto necesitamos”, destacó el gremio empresarial. El gremio recordó que actualmente existen 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley en materia de anticorrupción que permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. El Procurador General de la Nación, Luis Gómez, presentó dos de estos proyectos ante la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas. De acuerdo con la CCIAP, estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de la sociedad panameña. Crece el respaldo También Apede manifestó su respaldo a la iniciativa anticorrupción presentada por el procurador general, orientada a fortalecer al Ministerio Público en el combate de los delitos contra la administración pública. En un comunicado, Apede resaltó que la lucha contra la corrupción no puede esperar y que el Proyecto de Ley 291 —Ley General Anticorrupción—, presentado por el procurador Gómez, marca un punto de inflexión para el país. “No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece el rol y refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos, todo bajo control judicial, garantizando el debido proceso y los derechos de los investigados”, afirmó Apede en su nota. Vale recordar que el proyecto presentado por el procurador busca evitar que las investigaciones penales dependan únicamente de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. Sobre esta propuesta, el presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró que no le gusta. No obstante, el gremio empresarial destacó que respalda la propuesta del procurador general “porque sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza”.
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10A La Prensa Panamá, lunes 13 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Este cambio supone un viraje cultural en la forma de concebir la administración de justicia. El juez se convierte en un director activo del proceso: impulsa, ordena y decide con una visión más dinámica y participativa. Las partes, por su parte, deben contribuir al esclarecimiento de los hechos de forma activa, sin recurrir a astucias procesales. Este nuevo rol exige mayor preparación de todos los actores, pero también proporciona herramientas para ejercer una justicia más equilibrada y eficaz. Ahora bien, la primera pregunta que surge es: ¿realmente necesitábamos un cambio? No se requieren largas explicaciones para responderla. Bajo el régimen anterior, por razones que no son objeto de este artículo, los procesos duraban hasta cuatro veces más de lo razonable. La reforma se sostiene en una idea sencilla: el tiempo importa. Por eso, el Código fija plazos máximos: hasta un año para resolver en primera instancia y seis meses en segunda. No son aspiraciones; son límites claros, cuyo incumplimiento genera consecuencias, tales como la pérdida de competencia y sanciones disciplinarias. La misma lógica ordena las etapas críticas del proceso. La notificación deja de ser un laberinto: mediante herramientas electrónicas verificables y nuevos mecanismos, como la notificación con asistencia del notario público, el proceso ya no se detiene por estrategias de evasión; al contrario, convieLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Miseria intelectual Convivencia “¿Pero cómo se le ha ocurrido eso?” Una parte de la población se hace esta pregunta varias veces al día ante las actuaciones de quienes, desafiando a Descartes, parecen existir sin pensar. En calles, centros comerciales o instituciones, no hay espacio libre de conductas aberrantes: desde quien arroja basura al suelo hasta quien ocupa estacionamientos reservados. Son discapacidades morales, no físicas, que reflejan una alarmante carencia de valores. La estupidez, que además de molesta es peligrosa, se ha normalizado: manejo en contravía, autos sobre aceras y videos que retratan la decadencia de una inteligencia colectiva reducida. Esta miseria intelectual —la incapacidad de pensar y razonar— es la base de otras miserias que aquejan al país. La miseria física se manifiesta en la falta de alimentos, invisible a las autoridades que presumen de crecimiento mientras la gente muere de hambre. La miseria moral, por su parte, se evidencia en la complicidad entre una justicia sin credibilidad y los delincuentes con dinero, mientras el pobre que caza una iguana sí es castigado. Lo necesario moral da crédito a un país ante el mundo, pero en Panamá ese crédito está en ruinas. Toda miseria es perniciosa, pero la intelectual las origina a todas. Surge cuando el ciudadano, por pereza o desinterés, entrega sus responsabilidades a quienes, aprovechando esa pasividad, llegan al poder. Así se perpetúan gobiernos ineficientes, endeudados y corruptos que prometen resolver crisis que ellos mismos crean. El ciudadano culpa a los gobernantes, pero olvida que los elige. Sin votos no hay funcionarios, y estos llegan al poder sobre “cabezas vacías” y bajo leyes absurdas que permiten gobernar con mínimos porcentajes de apoyo. Queremos soluciones, pero que otros las ejecuten. Sin embargo, el funcionario honesto que denuncia irregularidades suele ser castigado, lo que refuerza la deshumanización de hacer lo correcto. Ceder el pensamiento es mutilar la gestión ciudadana. Cuanto menos se involucra la gente en los asuntos públicos, menos libre es, porque ha delegado su destino a quienes viven ajenos a las miserias comunes. Cuando incluso el clero advierte sobre la gestión del país y el gobierno responde atacando, la señal es clara: retrocedemos. Volvemos a la lógica del miedo: “al amigo, plata; al indeciso, palo; al enemigo, plomo”. El principio de igualdad ante las jubilaciones especiales Justicia sada para el dinero de todos los panameños, creando una diferencia enorme e injusta con respecto a lo que recibe un jubilado del sistema común. En resumen: una cosa es darle una herramienta especial a un trabajador para hacer un trabajo difícil, y otra muy distinta es regalarle un beneficio tan grande que lo debamos pagar entre todos, afectando al resto. La idea es compensar, no privilegiar. 2. Lo que la Corte decidió hace años Esto no es algo que se esté inventando ahora. Hace muchos años, después de la invasión, Panamá estaba casi en la quiebra. No había dinero para casi nada. En ese momento, el gobierno se dio cuenta de que algunas jubilaciones especiales eran altísimas y decidió ponerles un límite para poder usar ese dinero en cosas más urgentes para el país. Como era de esperarse, los que recibían esas jubilaciones altas se quejaron y llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que es el árbitro más importante de las leyes en Panamá. ¿Y qué decidió la Corte? En 1991, los magistrados dijeron algo muy claro: el gobierno actuó correctamente. La Corte explicó que, en una crisis, el bienestar de todo el país es más importante que el beneficio de unas pocas personas. Ponerle un límite a esas jubilaciones altísimas no era injusto; al contrario, era un acto de justicia para todos, necesario para asegurar que el país pudiera salir adelante. Esa decisión de la Corte es como una luz que nos guía hoy. Nos recuerda que el Estado tiene el poder y, más importante aún, el deber de intervenir cuando un beneficio especial se convierte en un privilegio exagerado que perjudica a la mayoría. 3. Un presupuesto atado de manos por la deuda y los privilegios Hoy, la situación de Panamá se parece mucho a la de aquel tiempo. El problema se llama deuda pública, y ya supera los 50 mil millones de dólares. Esta deuda es como una bola de nieve que crece sin parar, aliEdgardo Molino Mola Un nuevo horizonte para la justicia civil en Panamá Código Procesal Civll Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, entra en vigor el nuevo sistema de enjuiciamiento civil, sustentado en la tutela judicial efectiva, la oralidad estratégica, la inmediación y la concentración. La promulgación del Código Procesal Civil no es una simple actualización normativa: implica un cambio de paradigma. Tras dos años de preparación, este modelo moderniza la justicia civil con mecanismos más ágiles, transparentes y cercanos al ciudadano, superando los desafíos acumulados durante casi cuatro décadas. El nuevo procedimiento se apoya en directrices claras: la constitucionalización y convencionalización del proceso, un modelo de gestión que sitúa la oralidad en el centro, y un estándar de tutela judicial efectiva que exige decisiones motivadas en tiempo razonable. Se propone, así, una justicia civil que no solo resuelva conflictos, sino que lo haga con eficacia y previsibilidad. Este enfoque es clave en una sociedad que demanda soluciones rápidas y confiables, sin sacrificar las garantías del debido proceso. ne comparecer. La prueba se concentra en la audiencia preliminar: presentación, objeción y admisión se deciden cara a cara, delimitando el objeto del proceso y los puntos controvertidos. Lo que antes promediaba más de 400 días se resuelve ahora en alrededor de una hora efectiva. Finalmente, el juez puede dictar sentencia oral en el acto o emitirla dentro de los cinco días siguientes. Estas novedades buscan algo más que eficiencia: buscan confianza. La inmediación acerca a quien decide; la oralidad estratégica ordena la conversación jurídica; y la economía procesal evita formalismos innecesarios. Con reglas claras y plazos ciertos, la sociedad entera gana: se desincentiva la litigiosidad excesiva, se promueven los acuerdos y se favorece la actividad económica. ¿Habrá dificultades? Sí, forman parte natural de la curva de aprendizaje. La implementación exige paciencia, colaboración y entrenamiento: es un proceso nuevo para todos. Habrá dudas, temores y equivocaciones, pero, poco a poco, veremos sus beneficios. El objetivo es claro: que el proceso deje de ser una carrera de astucias y se convierta en un verdadero espacio de debate, donde el derecho y la justicia se encuentren. El Código Procesal Civil armoniza el derecho panameño con las tendencias regionales, en las que la oralidad y la digitalización ya son estándar. Es un momento histórico para evaluar, desaprender, aprender y adaptarse. La pregunta no es si estamos listos para el cambio, sino cómo asumiremos el desafío de construir una justicia más ágil, moderna y cercana. Cambiar cuesta. No cambiar cuesta más. Hoy empezamos a caminar distinto. Opinión EL AUTOR es ingeniero civil y escritor. LA AUTORA es miembro de la Fundación Libertad. EL AUTOR es exmagistrado de la Corte. Jorge Samaniego mentada no solo por las jubilaciones especiales, sino también por otros gastos fijos y privilegios: beneficios para diputados y altos funcionarios, aumentos de sueldo automáticos establecidos por ley y subsidios que son una carga permanente. Esto significa que, antes de que el gobierno pueda siquiera pensar en las necesidades urgentes del año —arreglar una calle, equipar un hospital o comprar medicinas—, una enorme parte del presupuesto ya está comprometida. Ya tiene dueño. Esta falta de flexibilidad asfixia al país. Mientras la “alcancía” de la Caja de Seguro Social está casi vacía para la mayoría, seguimos pagando unos pocos beneficios altísimos con dinero que no tenemos, e incluso pidiendo más prestado. Esto es injusto para los jubilados de hoy, que reciben poco, y sobre todo para nuestros hijos y nietos, a quienes les heredamos esta carga. La lección es simple: la salud financiera de la familia Panamá es más importante que mantener un sistema de privilegios para unos pocos. Conclusión: poner la casa en orden con justicia Entonces, ¿cuál es la solución? Nadie está diciendo que hay que eliminar las jubilaciones especiales. Reconocer el trabajo duro de nuestros policías, bomberos y maestros con un retiro más temprano es justo y necesario. El verdadero debate es otro: ¿qué tan especial debe ser el beneficio? Es justo que se jubilen antes por su gran esfuerzo; lo que no es justo es que reciban una pensión tan exageradamente alta que ponga en riesgo la salud económica de todo el país. El Estado tiene la tarea, como un buen padre de familia, de poner orden. Tenemos el pronunciamiento guía de la Corte y la obligación impuesta por la gran deuda que cargamos. Se trata de ajustar esos beneficios para que sean justos, pero no desproporcionados. Que quede muy claro: no se trata de quitarle un derecho a nadie, sino de corregir un exceso. Es simplemente un acto de responsabilidad y de justicia para todos los panameños, porque el bienestar de la gran familia panameña siempre debe ser lo primero. En Panamá, el debate sobre las jubilaciones ha puesto en el centro del escenario el principio de igualdad, consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Por un lado, quienes pertenecen al régimen general de la Caja de Seguro Social invocan este principio para cuestionar los beneficios que reciben ciertos grupos, considerándolos privilegios injustificados. Por otro, los beneficiarios de regímenes especiales defienden este trato diferenciado, justificándolo en la naturaleza única, el riesgo y el desgaste de su trabajo. Aunque ambas posturas parten de una lógica comprensible, la discusión a menudo se desvía hacia una falacia. Se olvida que la verdadera justicia no consiste en la uniformidad absoluta, sino en la equidad: tratar igual a los iguales y de manera distinta a quienes se encuentran en circunstancias objetivamente diferentes. El problema no es la existencia de un trato especial, sino cuando este se vuelve desproporcionado y amenaza la sostenibilidad y la justicia social de toda la nación. 1. ¿Compensación justa o privilegio exagerado? Pensemos en esto de forma sencilla. Todos sabemos que el trabajo de un policía que enfrenta el peligro, un bombero que entra a un incendio o un maestro que forma a 40 niños no es igual al de una persona que trabaja en una oficina. Esos oficios exigen más esfuerzo físico y emocional. Por esa razón, la ley en Panamá les da una forma especial de jubilarse, permitiéndoles hacerlo un poco antes que los demás. La idea original es buena y justa: es una forma de compensarlos por ese esfuerzo extra que hacen por todos nosotros. El problema no es que se jubilen de forma especial; el verdadero problema aparece cuando la cantidad de dinero que reciben resulta desproporcionada. Cuando su pensión es tan alta que se convierte en una carga muy peAlexis Martínez Scigliani El problema no es que se jubilen de forma especial; el verdadero problema aparece cuando la cantidad de dinero que reciben resulta desproporcionada. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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