1A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 12 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15167 Hoy por hoy El peso del abuso sexual se carga, muchas veces, en silencio. Las cifras del Ministerio Público muestran una leve disminución en las denuncias, pero detrás de esos números se ocultan historias de miedo, vergüenza y desconfianza en las instituciones. La creación de un registro público de ofensores sexuales es un paso importante, pero insuficiente si el país sigue sin enfrentar la raíz del problema: la falta de una política pública de educación sexual integral. Sin educación, los niños y adolescentes permanecen vulnerables, sin herramientas para reconocer y denunciar el abuso. La sociedad tampoco aprende a prevenir ni a acompañar a las víctimas. Urge que el Estado impulse programas educativos desde las escuelas y refuerce la atención psicológica, legal y social a quienes han sufrido violencia. El problema debe abordarse sin sesgos ideológicos ni religiosos, pues es una realidad que trasciende cualquier postura o creencia religiosa. Solo con conocimiento, empatía y acción conjunta será posible romper el silencio que por décadas ha protegido a los agresores. Ellas.pa Fiódor Dostoyevski, un legado ruso en Occidente 5B Lo bueno, lo oportuno, lo bello y lo esperanzador 1B Deportes Panorama Sin éxito, amparo de la fiscalía en caso de la AIG 5A Análisis El grito global de la Generación Z y su eco en América Latina 6A Dos recursos contra resolución de la Contraloría Juan Manuel Díaz [email protected] REGLAMENTO La Resolución No.3126-2025 recurrida, faculta al contralor Anel Flores a secuestrar bienes y suspender salarios. Una advertencia y una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No.31262025, emitida el 23 de septiembre de 2025, que permite al contralor general, Anel Flores, decretar secuestros y suspender salarios como medidas cautelares, fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Los recursos fueron interpuestos por el abogado Ángel Álvarez, quien sostiene que la resolución vulnera varios postulados de la Constitución. La advertencia se fundamenta en el artículo 2558 del Código Judicial, que obliga a elevar a la Corte cualquier disposición considerada inconstitucional, mientras que la demanda quedó radicada en el despacho del magistrado Panamá atrae 100 mil búsquedas turísticas El turismo en Panamá registra un auge digital, con al menos 100,000 búsquedas en internet de actividades, hoteles y tours en septiembre, principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y Reino Unido. “Qué hacer en Panamá”, “hoteles” y “tours”, destacaron las búsquedas, con interés por el Canal y playas. VEA 7A Regulación de empresas SEM cumple 18 años Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La Ley 41, que creó el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá, cumple 18 años con 186 empresas operando desde el país, con unos 15 mil millones de dólares en inversiones y 13 mil empleos directos. En 2025 se incorporaron cinco nuevas compañías provenientes de Estados Unidos, Italia, México, Venezuela y China. El régimen exige activos mínimos de 200 millones de dólares o prestación de servicios a siete filiales, y ha permitido que más del 70% de los proveedores sean panameños, con lo cual, según las autoridades, se fortalece la economía local. VEA 7A Panameños celebran en Nueva York Desfile en Brooklyn Hoy domingo 12 de octubre, continúan las actividades culturales y recreativas en diferentes puntos de Nueva York, organizadas por la comunidad panameña residente en esa ciudad en colaboración con el Ministerio de Cultura de Panamá. Ayer, un desfile de bandas de música y el vestido típico panameño engalanó las calles de Brooklyn en el 30º aniversario del Panamanian Day Parade. Cortesía Carlos Vásquez. El reglamento cuestionado amplía las facultades del contralor según la Ley 351 de 2022, permitiéndole adoptar medidas cautelares sobre bienes y salarios de funcionarios. Expertos y exmagistrados han señalado que estas acciones exceden sus atribuciones y podrían vulnerar derechos fundamentales, al ignorar controles judiciales existentes. VEA 2A La denuncia de abusos es clave para registrar a los ofensores sexuales Las estadísticas del Ministerio Público muestran que hasta agosto de 2025 se registraron 4,072 denuncias contra ofensores sexuales, frente a 4,377 en el mismo periodo de 2024. Los impulsores de la ley de registro público de ofensores sexuales alegan que esta baja en las estadísticas evidencia que muchas víctimas aún no se atreven a denunciar. Destacan que solo con la denuncia las autoridades pueden incluir a los ofensores sexuales en el registro público, un paso crucial que permitirá hacer público el listado previsto en el proyecto de ley 176, que reforma la Ley 244 de 2021. VEA 2A Medicamentos consumen el 80% de los de los ingresos en familias de escasos recursos Las familias panameñas de bajos recursos con niños con diabetes tipo 1 destinan hasta el 80% de sus ingresos para comprar insulina y tiras reactivas. La CSS reconoce que en ocasiones los retrasos en los procesos de compra limitan la entrega regular de medicamentos a las familias. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 La diputada Paulette Thomas afirma que desde que fue aprobada esta ley, la han llamado y le han escrito muchas personas que han atravesado por este tipo de situaciones cuando eran niños y, en su gran mayoría, no se atrevieron a denunciar. iStock Del silencio al escrutinio: Ley haría público el nombre de los agresores Mario De Gracia [email protected] DELITOS SEXUALES Hasta agosto de 2025, unas 4,072 denuncias por delitos sexuales fueron interpuestas, una cifra que contrasta con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 4,377, según registros del MP. El peso de sufrir un abuso sexual se carga, muchas veces, en silencio. Las más recientes estadísticas del Ministerio Público (MP) revelan que se han registrado menos denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta agosto, en comparación con 2024. La denuncia será crucial para el registro de ofensores sexuales, un listado que haría público el proyecto de ley 176, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional el 2 de octubre. Hasta agosto de 2025, unas 4,072 denuncias por delitos sexuales fueron interpuestas, una cifra que contrasta con el mismo periodo del año previo, cuando se registraron 4,377, según estadísticas del MP. Dentro de los delitos sexuales están la violación, actos libidinosos, acoso sexual, corrupción de menores de edad, explotación sexual, exhibicionismo, entre otros. “Tenemos que denunciar, ese paso es importante”, dice la diputada Paulette Thomas, proponente del proyecto que busca “recuperar el espíritu” de la Ley 244 de 2021, que ya establece el registro de ofensores sexuales, pero que mantiene sus nombres en privado. La nueva norma reforma la Ley 244 para hacer público el registro de ofensores sexuales, al tiempo que encarga a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la tarea de colocarlos en una plataforma accesible a la ciudadanía. El texto aprobado por el Legislativo —con 42 votos a favor y cero en contra— define la herramienta como el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la DIJ. Pero el proyecto espera la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tiene alrededor de 30 días para realizarla. Si ese paso se cumple, la DIJ quedará mandatada para hacer público el registro existente. “Las personas contenidas en esta lista son aquellas, hombres o mujeres, que sean culpables; que se hayan dado los elementos de juicio para que, en un momento dado, un juez los declarara culpables y tengan sentencias ejecutoriadas”, explicó Thomas al respecto. Pero los delitos sexuales, en muchas ocasiones, son guardados bajo el peso del silencio. Thomas lo reconoce: “Desde que fue aprobada esta ley, me han llamado y escrito cualquier cantidad de personas que han atravesado por este tipo de tristes situaciones y que, en su gran mayoría, ni siquiera se atrevieron a denunciar, siendo niños, niñas, ni siquiera a su mamá (...). Han guardado ese dolor, esa angustia que les ha acompañado a lo largo de toda la vida, hasta ahora, la vida adulta. Son más de los que yo remotamente pudiera haber pensado”, apunta la diputada, con la franqueza de quien ha escuchado testimonios cargados de dolor. Organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Unidos por la Niñez, estiman que solo el 10% de los casos de abuso sexual contra menores de edad son denunciados. Esta cruda realidad plantea otro escenario: los desafíos que podría enfrentar la iniciativa legislativa. Thomas los reconoce, por eso celebra la herramienta, pero sabe que aún queda una labor titánica por delante desde otras entidades del Estado. El apoyo Para la diputada Thomas, la intervención requiere mucho apoyo de las instituciones del Estado para hacer frente a las secuelas que deja sobre quien ha sido violentado. “Esto es algo muy difícil”, reconoció. Al mismo tiempo, se habló de las entidades del Estado que a veces atienden casos en primera instancia. Thomas expone como ejemplo la falta de personal que hay en el Ministerio de la Mujer o en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). “No tenemos en el Ministerio de la Mujer [por ejemplo] la cantidad de psicólogos, de abogados y demás profesiones que se necesitan. Eso es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo: necesitamos apoyo”, explicó. Consultada por este medio, la ministra de la Mujer, Niurka Palacios explicó que, ante los recortes presupuestarios que el Ejecutivo ha adelantado para la vigencia 2026, suele afectarse directamente “el funcionamiento de albergues”, centros donde pueden refugiarse mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, incluida la sexual. Desde el Ejecutivo se ha planteado reducir el Ministerio de la Mujer a una Secretaría dentro del aparato del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La complicada situación presupuestaria y de personal se repite en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que también mantiene albergues, en este caso, para menores de edad. No obstante, esta institución se vio fuertemente cuestionada en el año 2021, cuando se destapó un escándalo por abusos sexuales a lo interno de los propios albergues. La Asamblea Nacional elaboró un informe aquel año en el que se registraron decenas de casos. Hasta 2023, cerca de ocho personas fueron aprehendidas en las investigaciones, y por un caso derivado, dos exfuncionarias de mando medio en Senniaf fueron condenadas. El presupuesto recomendado a la Senniaf para 2026 es de $7.6 millones, apenas un poco más que el monto destinado a la remodelación de la villa diplomática de Ancón, un proyecto liderado por la Presidencia. Senniaf solicitó $2.2 millones adicionales a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para ser sumados a su presupuesto de 2026, mismos que irían destinados a “135 posiciones urgentes”, según detalla la Resolución No.35 sobre modificaciones al presupuesto. “Sin embargo, allí se detalla que solo se considerarían $1 millón adicionales”. “A ellos hay que destinarles más presupuesto”, apuntó Thomas, y mencionó que existe otra iniciativa que aumenta las penas por violaciones a menores de edad, ya convertida en ley de la República: la Ley No.474 de 24 de junio de 2025. A pesar de que las iniciativas Legislativas buscan endurecer tanto las sanciones penales como las sociales y morales para prevenir la comisión de delitos sexuales, quedan desafíos por superar: traer a la luz historias de abuso que se sufren, muchas veces, en silencio. Una advertencia y una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No.3126-2025 del 23 de septiembre de 2025 que permite al contralor general de la República, Anel Flores, la aplicación de medidas cautelares, entre las que se encuentran decretar secuestros y suspender salarios, fueron presentadas, el viernes 10 de octubre de 2025, ante la Corte Suprema de Justicia. Los recursos fueron interpuestos por el abogado Ángel Álvarez, quien alega que en este caso la citada resolución colisiona con varios postulados de la Constitución Política de Panamá y que la Corte debe entrar a resolver este aspecto. La advertencia de inconstitucionalidad se fundamenta en el artículo 2558 del Código Judicial que señala: “Cuando algunas de las partes en un proceso advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en el término de dos días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia [...]”. En cuanto a la demanda de inconstitucionalidad contra la citada resolución de la Contraloría General de la República, quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez. El 30 de septiembre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento de la Contraloría, a través del cual el contralor podrá ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Ya el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola cuestionó el nuevo reglamento emitido por la Contraloría General de la República, que faculta al contralor Anel Flores no solo a suspender salarios, sino también a ejeNuevos poderes del contralor Anel Flores, bajo escrutinio de la Corte CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA cutar secuestros. También la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño señaló que el contralor tiene facultades para investigar, auditar y remitir a las autoridades competentes posibles delitos cometidos por funcionarios o empresas contratistas del Estado, mas no para decretar medidas cautelares como el secuestro de bienes. La jurista coincidió con lo expresado por el exprocurador de la Administración Rigoberto González, quien sostuvo que ni siquiera los fiscales pueden ordenar secuestros por sí mismos. En el Sistema Penal Acusatorio, insistió, se reforzó el control judicial precisamente para evitar abusos de poder. “El juez de garantías tiene el deber de justificar jurídicamente cualquier medida que afecte derechos fundamentales”, remarcó. González explicó que la ley de la Contraloría sí contempla la suspensión de salarios a funcionarios en situaciones muy específicas, pero que no autoriza el secuestro de bienes. En medio de los cuestionamientos, el contralor Flores anunció el 9 de octubre, en rueda de prensa, que ya se adelantan unos 40 procesos en los que se aplica la nueva reglamentación y que ya se ha notificado al Registro Público y a algunos bancos sobre estas acciones. Flores advirtió que la celeridad en la actuación es clave para garantizar la recuperación del patrimonio del Estado: “No podemos quedarnos esperando. Si esperamos, cuando llegue la sentencia, muchos recursos ya habrán sido transferidos o desaparecidos”. Juan Manuel Díaz [email protected] Anel Flores, contralor general. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 Panorama Existen varios tipos de diabetes, pero las más comunes son las tipo 1 y tipo 2. Ambas formas pueden ocurrir a cualquier edad, pero un niño tiene más probabilidad de recibir un diagnóstico de diabetes tipo 1. iStock Tener un niño con diabetes tipo 1 absorbe un 36% del ingreso familiar Yaritza Mojica [email protected] ENCUESTA Pilar Gómez, de Diabetes Latam, explicó que la encuesta incluyó a unas 700 personas en Panamá y determinó que las familias gastan en promedio $151.95 al mes en insulina y $186.50 en suministros para el autocontrol de la glucosa. María Lourdes Alzamora recuerda con claridad el día en que la vida de su familia cambió para siempre. Su hijo menor, Diego, un adolescente activo y apasionado por el fútbol americano, comenzó a mostrar signos que en ese momento parecían inofensivos: sed constante, cansancio extremo y pérdida repentina de peso. Una llamada a la pediatra fue el primer paso para descubrir lo que ocurría. “Nos mandó un examen de sangre y nos quedamos sin palabras. Tenía 400 de glicemia. Nos fuimos directo a urgencias”, recuerda María Lourdes. Ese día, Diego fue diagnosticado con diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento de por vida. Desde ese momento, la familia inició un proceso intenso de aprendizaje. “No sabíamos nada de diabetes tipo 1, ni que esos eran los síntomas”, confiesa. Con la orientación de la endocrinóloga y un nutricionista, comenzaron a transformar su hogar, adoptando nuevos hábitos alimenticios y eliminando productos con alto contenido de azúcar. “Queríamos que Diego sintiera que esto era algo que íbamos a enfrentar todos juntos como familia”, destacó Alzamora. Otro reto importante que asumió la familia fue el costo del tratamiento. “Diego usa un sensor de monitoreo continuo que cuesta 80 dólares y debe cambiarse cada 15 días, además de insulinas que suman cerca de 300 dólares mensuales, sin contar la alimentación especial, laboratorios y citas médicas. A veces me preguntaba qué haríamos si un día perdiéramos el trabajo. Esto es una carga económica fuerte para cualquier familia”, admite. A pesar de las dificultades, Diego nunca dejó de luchar. Hoy, con 16 años, es selección nacional de flag fútbol (fútbol bandera) y juega nuevamente fútbol americano, continúa sus estudios en el Colegio Javier y se prepara para graduarse. Su historia, marcada por el diagnóstico y la resiliencia, demuestra que con apoyo, educación y esperanza, vivir con diabetes tipo 1 no es el fin, sino el comienzo de una nueva forma de vida. La historia de Diego y su familia refleja la situación de al menos 3,925 familias en el país que tienen un hijo diagnosticado con diabetes tipo 1 y ahora luchan por una nueva forma de vida. 36% del ingreso familiar se destina a medicinas Una encuesta internacional realizada en cinco países, por la ONG británica T1 International, denominada “Gastos de bolsillo y racionamiento de insulina y suministros para la diabetes”, reveló que en Panamá las familias destinan en promedio el 36% de sus ingresos a la compra de insulina y tiras reactivas para medir el azúcar. Pilar Gómez, fundadora y directora de la organización Diabetes Latam, explicó que la encuesta incluyó a unas 700 personas en Panamá y determinó que las familias gastan en promedio $151.95 al mes en insulina y $186.50 en suministros para el autocontrol de la glucosa, sumando un total de $338.45. El ingreso promedio mensual es de $938.67, lo que significa que las personas con diabetes tipo 1 destinan aproximadamente el 36% de sus ingresos únicamente a estos insumos. La situación se agrava en los hogares de menor nivel socioeconómico, que pueden gastar hasta el 80% de su ingreso familiar en tratamiento. En los hogares con ingresos bajos (0-50% del Ingreso Nacional Bruto) se destina en promedio $244.82 en medicina e insumos. Este costo en muchos de los casos no incluye la alimentación del menor y su familia, que también es importante para enfrentar esta condición. Otro dato preocupante es que no menos del 50% de los encuestados han tenido que racionar la insulina y el monitoreo de glucosa, práctica que pone en riesgo la salud y limita el desarrollo económico de las familias. En el último año, el 58.85% ha tenido que racionar estos suministros, y un 93.75% ha ajustado su presupuesto familiar para adquirirlos. Gómez advirtió que, aunque la encuesta midió únicamente insulina y monitoreo, el costo total de la diabetes es mucho mayor, incluyendo exámenes médicos, atención especializada y alimentación saludable. Además, evidencia la insuficiencia de especialistas y recursos. “Estos niños con diabetes tipo 1 serán adultos con diabetes tipo 1; es una condición que requiere atención continua”, agregó. La fundación Diabetes Latam ofrece apoyo a las familias mediante programas de educación, acompañamiento emocional y donación de insulina e insumos, beneficiando actualmente a 300 personas. Gómez hizo un llamado a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (Minsa) para trabajar de manera preventiva y garantizar el acceso a tratamientos, evitando que los pacientes enfrenten complicaciones costosas que comprometan su salud a largo plazo. “La encuesta ha visibilizado un problema grave, pero queremos trabajar junto al gobierno para integrar servicios de manera eficiente, de modo que los pacientes no tengan que recorrer múltiples centros de salud y farmacias privadas para obtener sus insumos”, enfatizó Gómez. La CSS atiende a 400 niños que tienen diabetes tipo 1 Se estima que en Panamá hay alrededor de 400 niños con diabetes tipo 1, de los cuales unos 250 reciben atención a través de la CSS, y los 150 restantes, en las instalaciones del Minsa. La enfermedad puede desarrollarse desde los seis meses de edad hasta la adolescencia, siendo más frecuente entre los 7 y 14 años. Liliana Neel, jefa del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud, explicó que la CSS garantiza el suministro completo de insulinas, tiras reactivas, glucómetros y jeringas. El proceso de atención inicia con una hospitalización de entre cinco y siete días para estabilizar los niveles de glucosa e iniciar un tratamiento multidisciplinario con endocrinólogos, nutricionistas, enfermeras especializadas y apoyo psicológico. “Cada niño se va a casa con insulina, glucómetro y tiras reactivas suficientes para siete controles diarios”, señaló Neel. El Seguro Social dispone de cuatro tipos de insulina —intermedia, lenta, rápida y ultrarrápida— adaptadas al estilo de vida de cada paciente. Los niños son evaluados periódicamente por oftalmología, nefrología, nutrición y psicología, y cuentan con líneas de comunicación directa con el equipo médico para resolver dudas o emergencias. “Nuestro objetivo es que cada niño con diabetes viva con normalidad y evite complicaciones”, concluyó. Sobre el desabastecimiento en la CSS, la especialista explicó que muchas veces se debe a retrasos de proveedores o a los procesos de compra, lo que obliga a las familias a adquirir insulina, jeringas o tiras reactivas por cuenta propia. “Aunque no ocurre en todos los casos, aproximadamente el 90% del tiempo puede presentarse algún desabastecimiento. Esta situación no siempre depende directamente de la CSS, sino de los procesos de compra, que en ciertos momentos pueden fallar. Además, es común que los proveedores no cuenten con suficiente stock o que se encuentren pendientes de entrega mientras se realizan las compras correspondientes”, explicó la especialista. Informó que la CSS incorporará próximamente sensores continuos de glucosa para los pacientes pediátricos, dispositivos que permiten monitorear los niveles de azúcar en tiempo real y reducen las múltiples punciones diarias. La entrega de estos monitores está prevista para noviembre, coincidiendo con el Mes de la Diabetes, como parte de un programa que busca mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados con esta condición. De acuerdo con información de la Clínica Mayo, la diabetes tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una afección en la que el páncreas produce poca insulina o no la produce. La insulina es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar (glucosa) ingrese a las células para producir energía. “La diabetes tipo 1 no tiene cura. El tratamiento se enfoca en controlar la cantidad de glucosa en la sangre mediante el uso de insulina, y una dieta y un estilo de vida saludables para evitar complicaciones”, destaca en su sitio web. En ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, la presidenta de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, Patricia Arroyo, conversó con La Prensa sobre el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión, la accesibilidad a los servicios públicos de atención, la formación de nuevos psiquiatras y la importancia de reforzar la prevención desde las escuelas. ¿Cómo describiría el estado actual de la salud mental en Panamá? Como en el resto de Latinoamérica, hay un antes y un después de la pandemia. Este periodo trajo mucho sufrimiento y un incremento notable de los problemas emocionales. Sin embargo, también generó una mayor apertura para hablar del tema. Cada vez más personas buscan apoyo y se muestran dispuestas a conversar sobre su bienestar emocional. Lo vemos reflejado en el aumento de las consultas psiquiátricas en todo el país. ¿Cuáles considera que son los principales retos? Panamá tiene ventajas Panamá tiene 3.7 psiquiátras por cada 100 mil habitantes y deberían ser 10 SALUD MENTAL importantes frente a otros países de la región: una red de atención primaria bien estructurada y servicios de psiquiatría en hospitales generales. Además, el Instituto Nacional de Salud Mental se ha consolidado como centro de referencia. Pero todavía hay desafíos. El presupuesto destinado a salud mental es limitado y necesitamos más personal. Contamos con unos 3.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, cuando la OMS recomienda al menos 10. También enfrentamos problemas de abastecimiento de medicamentos, no por falta de recursos, sino por demoras en los procesos de importación. Otro gran reto es social: romper el estigma y la discriminación. Nadie elige vivir con una enfermedad, y quienes la padecen siguen siendo individuos valiosos y productivos. Getzalette Reyes [email protected] Patricia Arroyo, coordinadora de docencia del Hospital Santo Tomás. Cortesía Diego tiene hoy 16 años, es selección nacional de flag fútbol y juega nuevamente fútbol americano. Cortesía PRENSA.COM Escanee el código QR y acceda a la entrevista completa.
5A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 Sede del Primer Tribunal Superior de Justicia. Archivo Sin éxito, amparo de la fiscalía en caso de la AIG Juan Manuel Díaz [email protected] VALE DIGITAL A través del Edicto No.25-3071 se informa a las partes de la decisión asumida bajo la ponencia de la magistrada Janeth Torres y con el voto favorable de Carlos Pizarro y Manuel Calvo. El Primer Tribunal de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal superior anticorrupción Jenisbeth Del Carmen Malek contra la decisión del juez de garantías Luis Ceballos de declarar ilegal la orden de aprehensión contra el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, así como la de Budy Attie y Janice Becerra, todos imputados por la presunta comisión del delito de peculado. Oliva, Attie y Becerra están siendo investigados por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, que fue utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario, puesto en ejecución a raíz de la pandemia de covid-19. A través del Edicto No.253071 colgado en la sede del Primer Tribunal se informa a las partes de la decisión asumida bajo la ponencia de la magistrada Janeth Torres y con el voto favorable de sus colegas Carlos Pizarro y Manuel Calvo. El 28 de agosto de 2025, durante una audiencia, el juez Ceballos declaró que la aprehensión ordenada por la fiscalía contra Oliva, Attie y Becerra era ilegal, ya que los tres investigados estaban participando activamente del proceso y la fiscalía conocía las direcciones en donde residían. Los abogados defensores aseguraron que con una simple citación sus clientes habrían acudido al llamado de la fiscalía. En cambio, fueron a buscarlos a sus casas, con agentes policiales y la aprehensión se hizo pública a través de los medios de comunicación. Durante la audiencia, la fiscal Malek alegó que los investigados tenían el suficiente poder adquisitivo para salir del país y ausentarse del proceso. En su intervención, la fiscalía sustentó que los imputados incurrieron en peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción, al utilizar las plataformas de la AIG para el manejo de fondos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a pesar de que la empresa Fintek Corp., a la que se asignó la administración de la plataforma “Listo” —usada para la entrega de ayudas estatales durante la pandemia de la covid-19— no tenía contrato con el Estado. El juez Ceballos dio por admitida la imputación presentada por la fiscalía, la que calificó como poco fortalecida e impuso a Oliva y Attie la medida cautelar de notificación periódica ante la autoridad. A Becerra, en tanto, se le decretó la medida cautelar de impedimento de salida del país. En esta causa también está imputado Ralph Attie, por la presunta comisión del delito de peculado. La imputación de Ralph Attie se hizo en una audiencia separada, que tuvo lugar en el Hospital Pacífica Salud, luego de que este presentara una crisis durante el momento de la diligencia de aprehensión. Juez imputa cargos a conductor del autobús que se volcó en Chepo ACCIDENTE DE TRÁNSITO Juan Manuel Díaz [email protected] Un juez de garantías acogió la imputación de cargos por la presunta comisión del delito de homicidio culposo y ordenó la detención provisional de un conductor de transporte colectivo de la ruta Panamá–Darién, quien se vio involucrado en un accidente a la altura de la comunidad de Unión de Azuero, en Chepo, en el que fallecieron cuatro personas y 42 resultaron heridas. El juez de garantías acogió la imputación del delito de homicidio culposo contra el conductor del transporte colectivo, Eliécer Guerra, luego de que la fiscalía estableciera que realizó maniobras que provocaron el vuelco del vehículo, ocasionando el fallecimiento de dos mujeres y dos menores de edad, de 12 y 15 años. Varios de los heridos permanecen recluidos en diversos centros hospitalarios debido a la gravedad de sus lesiones. Durante la audiencia, la fiscalía logró establecer que el conductor del bus desatendió su deber de preservar la seguridad de los pasajeros y no tomó las previsiones necesarias para evitar el accidente. El accidente se registró el pasado jueves, cuando el bus chocó contra un talud de tierra y se volcó sobre uno de sus costados, lo que generó un fuerte impacto en el vehículo. De acuerdo con las versiones preliminares, el autobús se movilizaba en dirección a la ciudad de Panamá.
6A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 Panorama Personas celebran a las afueras de la Embajada de Ecuador el jueves, en Lima, luego de que el Congreso destituyó de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su ‘permanente incapacidad moral’ para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. EFE El grito global de la Generación Z y su eco en América Latina Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] OLA DE PROTESTAS Unidos por una rebeldía compartida frente a gobiernos autoritarios, ineficaces o corruptos, y apoyados en el poder de las redes sociales, los ‘centennials’ expresan su anhelo de un mundo más justo y libre. Los jóvenes de la Generación Z —según Forbes, los nacidos entre mediados de la década de 1990 y comienzos de la de 2000— encabezan hoy una ola de movilizaciones masivas en numerosos países del sur global, desde Nepal e Indonesia hasta Perú, pasando por Marruecos, Madagascar y Paraguay. Conocidos como zoomers o centennials, estos nativos digitales, flexibles, creativos y con vocación emprendedora, constituyen —de acuerdo con The Economist— una generación más educada y responsable que las anteriores, pero también más ansiosa, estresada y deprimida. Unidos por una rebeldía compartida frente a gobiernos autoritarios, ineficaces o corruptos, y apoyados en el poder de las redes sociales para organizarse y visibilizar sus causas, expresan su anhelo de un mundo más justo y libre, transformando su malestar en un grito global por cambiar las reglas del poder. El descontento en Asia Nepal se ha convertido en el epicentro simbólico de una ola de protestas juveniles que recorre el sur y sudeste asiático. Entre el 8 y 9 de septiembre, miles de jóvenes tomaron las calles contra la corrupción y la censura digital, incendiando edificios públicos y forzando la renuncia del primer ministro Sharma Oli. El detonante fue el intento del gobierno de bloquear las redes sociales para ocultar los privilegios de la élite, lo que desató la llamada “revolución Gen Z”: una revuelta sin líderes, breve pero intensa, que derivó en la designación de un gobierno interino encabezado por la exjueza Sushila Karki. Fenómenos similares se registran en Indonesia y Timor-Leste, donde las protestas contra la desigualdad, los privilegios políticos y el costo de vida han movilizado a una generación hastiada de la corrupción y el desempleo. Las protestas en Madagascar y Marruecos En África, la juventud se ha convertido en el motor de una nueva ola de protestas contra la desigualdad, la corrupción y la represión. Kenia fue el país precursor de este fenómeno, marcando el inicio de una movilización generacional que hoy se extiende por todo el continente. En Madagascar, la Generación Z se ha levantado bajo el lema “cambiarlo todo”, harta de la corrupción, la mala gestión y los frecuentes cortes de servicios básicos: agua y electricidad. Con más de la mitad de la población menor de 30 años y un 75% viviendo en pobreza, las protestas —que ya dejan 22 muertos— reflejan una frustración generalizada. El presidente Rajoelina promete diálogo, pero mantiene la represión. En Marruecos, un movimiento denominado “GenZ 212” movilizó a miles de jóvenes en septiembre y octubre para exigir educación, empleo y fin de la corrupción. Aunque leales al rey Mohamed VI, cuestionan al gobierno por priorizar la construcción de estadios para el Mundial 2030 frente a hospitales y servicios esenciales. Con un desempleo juvenil del 35% y fuerte inflación, las protestas — represaliadas con cientos de detenidos— expresan un grito generacional: “ya no tenemos miedo”. Ecos en nuestra región América Latina no es ajena a esta una nueva ola de protestas juveniles. Desde el ciclo iniciado en 2019, la región enfrenta causas estructurales persistentes: desigualdad, informalidad, corrupción, servicios deficientes y élites desconectadas. La pandemia solo postergó, pero no resolvió, estas tensiones de fondo. En 2025, el escenario regional es crítico. Cinco factores lo definen: un crecimiento económico débil (2.2%), un alto costo de vida, una juventud sin perspectivas atrapada en la precariedad, una crisis de representación política —con un 64% de jóvenes sin sentirse representados por ningún partido—, instituciones frágiles percibidas como corruptas e ineficaces, élites desconectadas de la ciudadanía, y la persistencia de la desigualdad junto al auge del crimen organizado y la incertidumbre social, 50% superior al promedio mundial según el PNUD. Los estallidos recientes en Paraguay y Perú ilustran esta tendencia. En Asunción, miles de jóvenes se movilizaron el 28 de septiembre contra la corrupción y el nepotismo con el lema “Somos el 99.9% y no queremos corrupción”. Y en Perú, desde finales de septiembre, miles de jóvenes menores de 30 años se han venido movilizando contra el gobierno de Dina Boluarte, al que calificaban de inepto y corrupto, bajo la consigna “Unidos por el Perú que merecemos”. La chispa fue una polémica propuesta de reforma del sistema de pensiones que imponía cargas desproporcionadas a los jóvenes y trabajadores independientes. Aunque el gobierno reculó parcialmente, las protestas continuaron con fuerza, caracterizadas por su organización descentralizada y la ausencia de liderazgos tradicionales. En la madrugada de este viernes 10, el Congreso peruano destituyó de manera exprés a Boluarte como presidenta, en medio de la profunda crisis de violencia que atraviesa el país andino, cuando faltan apenas seis meses para las elecciones de abril de 2026. El cálculo electoral de varias fuerzas políticas también estuvo presente en la decisión. El presidente del Legislativo, José Jerí, asumió como mandatario interino. Reflexión de cierre En conjunto, estas revueltas confirman una tendencia global: la irrupción de una generación hiperconectada digitalmente, frustrada e indignada, que ya no teme al poder y exige un nuevo contrato social frente a élites desconectadas y regímenes autoritarios. Desconfía de la política tradicional, denuncia el agotamiento de los canales institucionales y demanda resultados y oportunidades reales, transparencia y el fin de la impunidad. En nuestra región, más que un fenómeno pasajero, estas movilizaciones son la expresión de una crisis estructural y generacional. La desigualdad persistente, la alta informalidad -el desempleo juvenil en contextos urbanos frágiles constituye un detonante directo de inestabilidad social-, la creciente inseguridad y la corrupción endémica han hecho colapsar el “ascensor social”, dejando a millones de jóvenes atrapados entre la precariedad y la desesperanza, en medio de una crisis de sentido amplificada por las redes sociales y la presión del éxito inmediato. Este cóctel de desigualdad estructural y malestar digital constituye hoy el corazón del descontento global que encarna la Generación Z. Estamos ante una generación que ya no busca integrarse al sistema, sino transformarlo o reemplazarlo. No está despolitizada: está repolitizando la frustración e indignación con nuevos lenguajes, códigos digitales y formas horizontales de acción que desbordan los marcos tradicionales de la política. Pese a la represión, su voz sigue creciendo. Y aunque la polarización y la fragmentación social dificultan transformar este descontento en reformas sostenibles, la región podría estar al borde de un nuevo ciclo de convulsión: menos masivo, pero más volátil, fragmentado y potencialmente más peligroso para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. En síntesis, la cuestión no es si habrá una nueva ola de protestas sociales en América Latina, sino cuándo y en qué forma. Las movilizaciones recientes en Perú y Paraguay constituyen un campanazo de alerta. La advertencia está lanzada. Escuchar a la Generación Z —antes de que su desencanto se transforme en ruptura— constituye hoy la prueba decisiva de liderazgo y lucidez, tanto para quienes gobiernan como para quienes, desde la oposición, deben ser capaces de ofrecer una alternativa viable, creíble y eficaz. El autor es director y editor de Radar Latam 360 Un grupo de médicos aspirantes al internado —período de dos años necesario para obtener su idoneidad— expresó su “profunda indignación” ante lo que consideran una situación injusta en el proceso de asignación de plazas del programa Viva Voz, programado para el jueves 9 de octubre. En un comunicado, los futuros profesionales de la salud denunciaron que un día antes fueron informados de que solo se habilitaron 248 plazas, a pesar de que 451 aspirantes se inscribieron para esta convocatoria. Esta decisión dejaría a 203 médicos fuera del proceso, no por falta de mérito, sino por una “escasez de cupos abiertos”. “Desde el inicio se nos aseguró que, al aprobar el examen, el ingreso al internado estaba garantizado. Hoy vemos que eso no se cumple”, señalaron los aspirantes. “Es sumamente frustrante y decepcionante que, después de cumplir con todos los requisitos y aprobar las evaluaciones, se nos cierre la puerta simplemente por falta de plazas”, añade el comunicado. El grupo exige de manera “respetuosa, pero firme” al Ministerio de Salud (Minsa) que se convoque una sesión extraordinaria o se habiliten nuevas plazas que permitan el ingreso de todos los aspirantes que han cumplido con los requisitos. También solicitaron que se les garantice oficialmente la apertura de cupos antes de los meses de enero o febrero de 2026, a fin de evitar la acumulación de aspirantes para la convocatoria de abril. La diputada independiente Janine Prado cuestionó esta situación durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, señalando que esto deja a los médicos sin opAspirantes al internado médico denuncian exclusión de 203 plazas SISTEMA PÚBLICO ción de obtener una plaza que les permita continuar su formación. También expresó preocupación por el retraso en el pago de turnos extras. El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, informó que se otorgaron todas las plazas posibles dentro de las limitaciones actuales, y que los 203 médicos restantes serán convocados para abril de 2026. “Si no tenemos las instalaciones físicas para ubicar a los estudiantes y continuar con su capacitación, no podemos otorgar más plazas. Hay un problema de capacidad física y también de recursos económicos. Es una situación que debemos coordinar adecuadamente, porque además es un tema heredado”, explicó Zambrano. “Las universidades están produciendo un mayor número de egresados de sus facultades; es un tema que debemos reevaluar para que no continúe”, subrayó. El Minsa adjudicó en marzo 500 plazas para médicos internos, mientras que en junio se otorgaron 195 plazas divididas en dos grupos: la primera, de 98 (adjudicadas el 25 de junio), y la segunda, de 97, programadas para el 17 de octubre. El Minsa sufrió un recorte presupuestario de $442 millones para 2026: solicitó $3,887 millones y el MEF recomendó $3,445 millones. Yaritza Mojica [email protected] Graduados de Medicina en el ‘Viva Voz’ de marzo pasado. EAleida Samaniego
7A La Prensa Panamá, domingo 12 de octubre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Régimen SEM alcanza 18 años y 186 multinacionales Aunque el entorno global cambia rápidamente, Panamá mantiene la fórmula SEM sin reformas, confiando en un régimen que ha atraído inversiones por al menos 15 mil millones de dólares. Los regímenes SEM y EMMA brindan condiciones favorables para que compañías internacionales gestionen desde Panamá sus centros regionales. Isaac Ortega Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En agosto pasado, la Ley 41 que creó el régimen especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá alcanzó la mayoría de edad. Tras un inicio lento con el arribo de las dos primeras compañías, Maersk y Procter & Gamble, en 2007, 18 años después hay 186 empresas que manejan desde Panamá sus operaciones regionales. Jeannette Díaz Granados, directora general de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), dijo a La Prensa que actualmente se analizan otras cuatro solicitudes de incorporación al régimen. Indicó que ya se completaron las estadísticas de 2024 con base en la información proporcionada por las SEM, las cuales arrojaron un aporte directo a la economía de 1,540 millones de dólares. Explicó que se trata de activos fijos, incluyendo gastos operativos y fondos que, según precisó, ingresan directamente a través de proveedores, planilla y otros servicios que requieren empresas locales. Automotriz, aeronáutica, manufactura, entretenimiento, mercadeo, publicidad, investigación, bienes de consumo y cuidado personal, alimentos y bebidas, textiles, calzado y joyería, transporte y logística, tecnología, telecomunicaciones, químicos básicos e industriales, farmacéuticas, consultoría general, servicios financieros, seguros y afines, energía, petróleo y gas, ingeniería y construcción son los sectores donde operan las empresas SEM establecidas en el país. En 2025 se han instalado cinco nuevas empresas dentro del ecosistema SEM, procedentes de Estados Unidos, Italia, México, Venezuela y China. Entre los requisitos que deben cumplir las compañías que buscan obtener los beneficios de la Ley 41 están los relacionados con los activos, que deben ser iguales o mayores a 200 millones de dólares. Si la empresa no cumple con este punto, también puede solicitar la licencia SEM si comprueba que presta servicios a por lo menos siete filiales, subsidiarias o compañías asociadas. ¿Modificaciones? Ante la pregunta sobre la necesidad de hacer ajustes al régimen, Díaz Granados comentó que, por el momento, no se tienen contempladas modificaciones, aunque no descartó que puedan darse, tomando en cuenta el dinamismo de la economía internacional. “El régimen tiene que ajustarse a las necesidades del comercio internacional y de las multinacionales. Pensar que va a ser estático no sería lógico. Actualmente, como está el régimen, pensamos que es funcional, pero siempre hay oportunidad para mejoras, y eso lo veremos en el contexto del comercio internacional”, manifestó la funcionaria. Una opinión similar expresó Tony Roldán, presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), quien sostuvo que la actual normativa es adecuada, agregando que tratar de complicarla o añadirle más elementos a la Ley 41 podría generar burocracias o complejidades innecesarias. En cambio, el ejecutivo recomendó aumentar la promoción de las leyes de sedes multinacionales y de las Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), con el fin de que nuevas compañías se instalen en el país. “Hoy día las empresas SEM aportan más de 15 mil millones de dólares en inversiones al país, generan más de 13 mil empleos directos y otros 25 mil indirectos. Nuestros presupuestos se gastan en Panamá y más del 70% de nuestros proveedores son panameños”, destacó el presidente de Casem. Resaltó que Panamá tiene una ventaja sobre otros países para atraer más inversiones, al contar con dos regímenes especiales ya aprobados: el SEM y el EMMA. Este último, comentó, puede ser aprovechado para que empresas de semiconlicitante presta servicios a por lo menos tres filiales o asociadas. La empresa con licencia EMMA puede importar, libre de impuestos, materia prima o insumos, así como equipos y maquinarias necesarios para la manufactura. La directora de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI comentó que hay dos licencias EMMA aprobadas y reconoció que ha sido un reto convencer a las multinacionales de que Panamá posee el ecosistema adecuado para manufacturar. “Las multinacionales están enfocando sus manufacturas en países como Brasil, Argentina y México, así que es desafiante, pero no imposible. Lograr que una multinacional, ya sea para SEM o EMMA, decida instalarse en Panamá es un proceso largo que puede tardar entre tres y cuatro años, pero nos destacamos por la atención que brindamos durante todo el proceso previo y posterior a la decisión”, comentó. Personal Actualmente, el 50% del personal contratado por empresas SEM es panameño. Ante la demanda de mano de obra calificada, el gremio que agrupa a las empresas multinacionales en el país lanzó la Academia SEM, que permitirá a estudiantes universitarios adquirir habilidades blandas y digitales para participar en el mundo laboral. Una vez terminada la capacitación, señaló Roldán, los estudiantes realizarán pasantías en empresas multinacionales. “Estamos realmente construyendo el puente entre el talento y las necesidades de las empresas, en un esfuerzo conjunto. Esperamos que en una segunda edición de la capacitación se dupliquen los cupos, ya que iniciamos con 32, y el objetivo es seguir formando al personal que requieren las multinacionales”, indicó el ejecutivo. El presidente de Casem añadió que la principal limitante del talento en Panamá es el manejo del idioma inglés, que representa la mayor barrera para la inserción laboral, sumado a las deficiencias en habilidades blandas y digitales. INVERSIONES ductores y tecnologías médicas establezcan parte de su manufactura y logística en el país. La normativa EMMA permite que las empresas que reciban la licencia puedan establecerse físicamente en Áreas Económicas Especiales como la Zona Libre, Panamá Pacífico o en cualquier zona primaria aduanera existente, así como en cualquier parte del territorio nacional donde se permita el desarrollo de dichas actividades y servicios. Bajo este régimen pueden operar compañías vinculadas con la manufactura, ensamblaje, remanufactura, logística, acondicionamiento y reparación de productos, entre otros. Como parte de los requisitos, las empresas deben demostrar que los activos de su grupo empresarial son iguales o mayores a 75 millones de dólares, o que el soReyna Katiuska Hernández [email protected] Así buscan a Panamá en Google TURISMO El turismo panameño vive un auge digital. De acuerdo con datos revelados por Carlos Barragán, asesor senior de negocios de Growth, representante de Google para Panamá y otros doce países de América, al menos 100,000 usuarios alrededor del mundo buscaron actividades, hoteles y planes turísticos en Panamá durante el mes de septiembre. Las búsquedas provienen principalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y el Reino Unido, lo que refleja el interés internacional por el país como destino turístico. Las frases más comunes fueron “qué hacer en Panamá”, “hoteles en Panamá” y “tours en Panamá”, evidenciando una intención clara de viaje. El Canal de Panamá, actividades turísticas, paseos a playas y lugares al aire libre, alojamientos en hoteles y otros fueron los temas clave que buscaron en la plataforma. Barragán subrayó que el 80% de los viajeros planifican o reservan su viaje desde el teléfono móvil, y que las empresas con presencia digital completa tienen 35% más probabilidades de cerrar una venta. “Si no damos la información completa, der en la región si aprovecha su presencia digital y conecta con las nuevas audiencias globales”. perdemos la oportunidad”, advirtió. Durante su presentación, en el foro de Capacitación Turística organizado por Copa Airlines, destacó la importancia de mantener actualizados los perfiles empresariales en Google My Business y de generar contenido en video, especialmente en YouTube, donde las búsquedas relacionadas con viajes crecieron un 800% en comparación con años anteriores. “El viajero actual exige precisión y relevancia”, indicó Barragán. “Panamá tiene todo para ser un destino líAtractivos turísticos como el Casco Antiguo es un referencia entre los visitantes. Alexander Arosemena EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.85 pies 242.95 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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