2A La Prensa Panamá, sábado 11 de octubre de 2025 Los panameños han sentido miedo a expresar opiniones porque pueden acarrear “consecuencias negativas”, mientras que un porcentaje importante cree que hay restricciones a la libertad de expresión, según un estudio del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en conjunto con el Fórum de Periodistas de Panamá, presentado el jueves. El 67% de los encuestados por CIEPS considera que existen restricciones para expresar opiniones libremente, y un 57.6% afirmó la premisa de sentir miedo de manifestar sus opiniones por posibles “consecuencias negativas”. En cuanto a la libertad de prensa, un 60.8% cree que los medios no son libres o son parcialmente libres. El panorama también es complejo para los periodistas y los medios. El 73.9% de los encuestados opinó que los medios en Panamá son poco o nada independientes del gobierno, mientras que un 71.7% cree que la independencia frente a las élites económicas es igualmente limitada. La percepción se reciente al observar los hábitos de consumo de información en el informe. Instagram se ha convertido en la principal fuente de información para los panameños, no obstante, también se revela que la información de mejor calidad —o al menos de calidad “regular”— sigue proviniendo de medios tradicionales. El informe muestra que el 72.8% de los encuestados se informa con mayor frecuencia por Instagram, mientras que el 70.2% utiliza WhatsApp. No obstante, un 80.9% y un 77.3% de los encuestados calificó la información obtenida en estas plataformas como “regular” o “mala”, donde la desinformación juega un papel preponderante. La encuesta incluyó una muestra de 1,230 personas, además de sesiones focales con periodistas, directivos y dueños de medios, docentes universitarios y líderes gremiales. La investigación fue realizada por Raisa Urribarri y Jon Subinas, de CIEPS; coordinada por Xabier Meilán y financiada por la Unión Reporte de CIEPS revela percepción de restricción a la libertad de expresión ENCUESTA Europea. Una realidad incómoda Directivos y dueños de medios reconocieron en el informe que la desconfianza del público hacia los medios está evidenciada, mientras que los cambios tecnológicos han obligado a los medios tradicionales a adaptarse al ámbito digital, frente a la amenaza que existe hoy para su sostenibilidad. También señalaron que la pauta pagada por el gobierno se utiliza, en ocasiones, para premiar o castigar a los medios según su alineamiento, una práctica que algunos calificaron de “sistémica”. Por su parte, los periodistas señalaron la falta de estabilidad laboral y la ausencia de garantías para publicar temas sensibles que investigan; así como la falta de comprensión de la sociedad sobre las labores que ejercen. “Haría falta que la sociedad como un todo entendiera qué es el periodismo y su trascendencia, lo cual incluye tanto a los factores de poder económico y político que prevalecen en el país como a las mismas audiencias”, señala el informe. “Cada uno de los sectores consultados tiene una percepción diferente sobre los factores que limitan o tensionan las libertades de expresión y de prensa. De acuerdo con ese entendimiento, forjado por intereses y necesidades particulares, se avizoran distintos desafíos”, concluye el estudio, que además hace un llamado al trabajo colaborativo entre academia, medios, directivos, periodistas y gremios para enfrentar estas problemáticas. Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. Archivo Demandan la ley que blinda los nombramientos políticos en la AN Mónica Palm [email protected] Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La acción fue presentada el miércoles por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y quedó radicada en el despacho de la magistrada Miriam Cheng. La Ley 429 del 18 de abril de 2024, que flexibiliza los requisitos de ingreso a la carrera legislativa y que fue aprobada por insistencia por la Asamblea Nacional (AN) dos meses y medio antes del cambio de gobierno, ha sido demandada por inconstitucionalidad. La acción fue presentada el miércoles 8 de octubre por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), y quedó radicada en el despacho de la magistrada Miriam Cheng. En la demanda se argumenta que la Ley 429 de 2024 viola varios principios constitucionales relacionados con el mérito y la equidad en el servicio público, al otorgar un blindaje a los nombramientos políticos dentro de la Asamblea Nacional. La norma elimina el Consejo de la Carrera del Servicio Legislativo —órgano responsable de garantizar procesos de ingreso basados en méritos— y permite el acceso automático a la carrera legislativa a funcionarios con solo dos años de antigüedad, sin necesidad de concurso. Según la demanda, presentada por Olga de Obaldía, directora ejecutiva de TI Panamá, esta disposición viola los artículos 300 y 302 de la Constitución, al institucionalizar prácticas clientelistas y discrecionales en el Legislativo. “Este sistema fomenta un trato desigual entre quienes ingresan bajo los principios de meritocracia y quienes no, favoreciendo un acceso arbitrario a la estabilidad laboral sin garantías de competencia profesional”, escribió De Obaldía en la demanda de inconstitucionalidad. Además, la Ley 429 fue aprobada apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, lo que —según TI Panamá— evidencia un intento por asegurar la permanencia del personal nombrado por la administración saliente, sin evaluación objetiva ni transparencia. La norma demandada surge del proyecto de ley 1080, presentado por los diputados Leandro Ávila, Javier y Félix Cook —este último suplente de Zulay Rodríguez—, todos del entonces gobernante PRD. Laurentino Cortizo, presidente en ese momento, vetó el proyecto el 6 de diciembre de 2023, advirtiendo que violaba al menos cinco artículos de la Constitución. El 31 de enero de 2024, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN, presidida por Ávila (uno de los proponentes del proyecto 1080), insistió en discutir la propuesta objetada. Dada la renuencia del Ejecutivo, el diputado Jaime Vargas, entonces presidente de la AN, sancionó y promulgó la ahora demandada Ley 429. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), elaborado por TI, ya había evidenciado el predominio del clientelismo en las planillas y contratos legislativos. El informe destacó graves deficiencias, como la falta de concursos públicos, la escasa publicación de gastos, la ausencia de auditorías y un marcado uso clientelista de planillas y contratos. También reflejó la profunda crisis de confianza ciudadana hacia la Asamblea Nacional, que registra solo un 16% de aprobación pública. Según el presidente de la AN, Jorge Herrera, en la partida 001 había 3,090 funcionarios nombrados al 1 de julio de 2025, cuando asumió el cargo; ahora hay 3,047. En la planilla 002, en tanto, había 1,661 funcionarios y ahora hay 1,141. Herrera ha expresado la dificultad que afronta para disminuir la planilla legislativa, ya que la mayoría del personal es de “carrera”. Ha pasado casi un mes de iniciado el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato de la diputada Paulette Thomas, apenas cinco personas han respaldado la iniciativa promovida por su excompañero de nómina en la coalición Vamos, Rubén Darío de la Rosa. Este presentó la solicitud en julio de 2025, tras el voto favorable de Thomas a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Thomas calificó la revocatoria como “abiertamente inconstitucional”, al sostener que “un diputado no puede ser juzgado por un voto emitido en el hemiciclo legislativo”. Añadió que fue “un shock conocer y ser notificada de esta revocatoria”, y lamentó que la iniciativa fuera acogida por el Tribunal Electoral (TE). Hasta ahora, el proceso ha alcanzado solo 0.01% de las 50,162 firmas necesarias para convocar un referéndum, y la recolección continuará hasta inicios de enero. La diputada también expresó su descontento porque el impulso provino “de las entrañas mismas de Vamos”, lo que refleja tensiones internas en la coalición que ya ha enfrentado epiThomas habla sobre el proceso que inició ‘en las entrañas de Vamos’ REVOCATORIA DE MANDATO sodios de conflicto desde el debate de la Ley 462. Pese a ello, afirmó que mantiene la coordinación con sus colegas: “Seguimos teniendo nuestras reuniones de bancada... Esto no nos va a sacar del centro”. El presidente José Raúl Mulino también se refirió a las múltiples solicitudes de revocatoria —unas 14 activas en todo el país, que incluyen a alcaldes y otros diputados— y consideró que “las revocatorias de mandato son hechos políticos”, aunque reconoció la necesidad de revisar el mecanismo en la próxima reforma al Código Electoral. Thomas espera que su caso sirva para mejorar el sistema: “Si este proceso sirve para definir reglas más justas y efectivas para los candidatos de libre postulación, me daré por bien servida”. Mario De Gracia [email protected] Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3. Alexander Arosemena El 67% de los encuestados considera que hay restricciones para expresar opiniones libremente. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
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