3A La Prensa Panamá, viernes 10 de octubre de 2025 Panorama Cuando el mundo conoció el anuncio, la plaza de los rehenes, ubicada frente a la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel, en Tel Aviv, vibró. No era cualquier cosa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaba que el plan de paz entre Israel y Hamás cobraba vida. Un alivio para Medio Oriente, especialmente para israelíes y palestinos, que desde la masacre del 7 de octubre de 2023 profundizaron un viejo conflicto: el del derecho a existir. Esa madrugada del 9 de octubre de 2025, apenas dos días después del segundo aniversario de la tragedia, la plaza, donde los familiares de los secuestrados por Hamás se reúnen cada día, se llenó de abrazos, llantos, conciertos improvisados, brindis con champaña, banderas de Estados Unidos e Israel, y hasta un imitador de Trump apareció entre la multitud. Fue la madrugada de la esperanza, del optimismo, del “quizás ahora sí”. Gracias Trump “Gracias, Donald Trump”, gritó una mujer envuelta en una bandera estadounidense de proporciones gigantes. Sí, había risas, júbilo y alivio, pero también prudencia. “Hasta que no regresen, no celebramos”, murmuró un hombre con la foto de su hijo colgada al cuello. La cautela no es gratuita: Hamás aún mantiene cautivos a 48 israelíes, de los cuales 20 seguirían con vida, mientras 26 habrían muerto en cautiverio. Entre los nombres de la lista está Eitan Horn, de 38 años, secuestrado junto a su hermano Ian en el kibutz Nir Oz, a un kilómetro de la frontera con Gaza. Ian fue liberado en febrero; Eitan sigue desaparecido. “Cada día rezo para que vuelva”, dice su madre, Ruty Strum. El plan de paz impulsado por Trump contempla, en sus primeros puntos, el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes, vivos o muertos, en manos de Hamás. El acuerdo también plantea el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición bajo supervisión internacional. La propuesta fue presentada dos semanas atrás, en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, bajo los ejes de alto el fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y administración internacional de Gaza supervisada por Estados Unidos. Este jueves, según medios israelíes, el gabinete de Netanyahu dio luz verde al acuerdo, y la entrega de los rehenes podría concretarse entre el sábado y el lunes próximos, mientras Israel liberará a unos 2,000 prisioneros palestinos. En Gaza, donde más de 65,000 personas han muerto en los dos últimos años, según Hamas, producto de la ofensiva del ejército israelí, también hubo celebraciones. “Estamos cansados; hemos esperado este día, el día del alivio de Dios”, dijo a DW Alaa Abd Rabbo, un desplazado que perdió su casa en Rafah. Otros se muestran escépticos. “No hay paz sin justicia, y todavía hay hambre en cada familia”, señaló Mariam al-Khatib, voluntaria en un hospital. En Israel, se espera la visita de Trump. Las expectativas son tan altas como la incertidumbre. Horas antes de que se diera a conocer la noticia, el politólogo israelí Ely Karmon advertía que solo hay dos cosas que Trump puede lograr en el corto plazo: devolver a los 48 rehenes israelíes y normalizar la relación con Arabia Saudita”. “Si liberan a los secuestrados y hay un alto el fuego permanente, está muy bien, pero la negociación más difícil será conciliar los intereses de Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes sobre el futuro del territorio gazatí”. El plan que promete liberar rehenes y desarmar a Hamás REPORTE DESDE TEL AVIV El presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Alexis Del Rosario Franco (izq.) y el contralor Anel Flores. Cortesía/Contraloría Contraloría arranca con el secuestro de bienes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] FISCALIZACIÓN La Contraloría y el Tribunal de Cuentas defendieron la legalidad y urgencia del secuestro de bienes como medida precautoria para recuperar fondos estatales, mientras crecen las críticas por posible abuso y falta de control judicial. La Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas de Panamá convocaron ayer a una conferencia de prensa para explicar y defender la aplicación de medidas precautorias, como el polémico secuestro de bienes, cuestionado en los últimos días por exmagistrados, diputados y organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). La cita reunió al contralor Anel Flores y al presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Alexis Del Rosario Franco, quienes detallaron la importancia de actuar con rapidez en la recuperación de patrimonios estatales. Flores reveló que ya están en vigencia procesos de cuatelación de bienes y avanzan en la comunicación con bancos y el Registro Público para hacer los secuestros. De hecho, le puso un número a la cantidad de casos que manejan: son 40. Las jusiticaciones de dos aliados Según Del Rosario, uno de los principales problemas radica en la demora entre el inicio de una investigación en la Contraloría y la emisión de medidas cautelares por parte del Tribunal de Cuentas. “En 2024, pasaron en promedio cuatro años entre el inicio de la investigación y la primera medida cautelar. En ese tiempo, muchas personas pudieron deshacerse de sus bienes”, explicó. El presidente del Tribunal de Cuentas destacó que esta dilación tiene consecuencias directas sobre el patrimonio estatal. De las condenas por $70 millones, solo se logró recuperar bienes por $20 millones. “Ese es el problema que hay que discutir”, insistió, subrayando la necesidad de un cambio en el paradigma de las medidas precautorias. Tanto Flores como Del Rosario señalaron que la legalidad de estas medidas está respaldada por la Constitución y la Ley 32 de 1984, así como por el artículo 33 de la Ley 67 de 2008 del Tribunal de Cuentas. Celeridad Por su parte, el contralor Anel Flores agregó que la celeridad en la actuación es clave para garantizar la recuperación del patrimonio del Estado. “No podemos quedar esperando. Si esperamos, cuando llegue la sentencia, muchos recursos ya habrán sido transferidos o desaparecidos”, advirtió. Además, señaló que han identificado irregularidades valoradas en $57 millones y dictado medidas cautelares por $24 millones. Las medidas precautorias, según los funcionarios, cuentan con controles legales rigurosos. No solo se sujetan a la supervisión del Tribunal de Cuentas, sino que también pueden ser revisadas por la Sala Tercera mediante contención administrativa, que suspendería la medida de manera inmediata si se detectara algún error. “Este poder de la Contraloría existe en la ley desde 1984. Mientras alguien no lo demande en la Corte Suprema, tenemos derecho a usarlo por el principio de legalidad”, señaló Flores. “A la gente decente no tiene nada que preocuparse. Los empresarios no deben inquietarse; lo que vamos a buscar son los maleantes y los delincuentes, porque esos recursos no son de ellos y los vamos a recuperar”. Flores cerró con un mensaje a quienes se oponen a la medida: “Y si alguien al final del camino no queda satisfecho con nuestras implicaciones, bueno, ahí está la Sala, ahí está la Corte Suprema, que tendrá que tomar las medidas y decidir sobre la demanda, sea inconstitucional o no. Pero yo voy a actuar conforme al principio de la ley; la ley nos faculta a hacer lo que estamos haciendo, siempre y cuando se cumpla con lo legal”. Mulino respalda medida El presidente José Raúl Mulino respaldó ayer las facultades de la Contraloría General de la República para aplicar medidas cautelares, como el secuestro de bienes, siempre que se trate de casos relacionados con daño patrimonial al Estado. En declaraciones a los medios, el mandatario aseguró que el reglamento que ha generado controversia “es legal y no invade otras jurisdicciones”. Aunque la Contraloría y el presidente de la República defienden la medida como un instrumento de protección del patrimonio estatal, exmagistrados como Edgardo Molina Mola y Esmeralda Arosemena de Troitiño, así como el exprocurador de la Administración Rigoberto González, sostienen que el reglamento introduce procedimientos que podrían vulnerar el debido proceso, abrir espacios para el uso político del control fiscal y concentrar demasiado poder en un solo despacho. Molina Mola recalcó que “a todas luces se ve que está fuera de lo legal y de lo constitucional”. El exmagistrado insistió en que, incluso en una primera lectura superficial, la medida despierta dudas jurídicas. “Así como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, se ve que es ilegal e inconstitucional”, afirmó, dejando entrever que la decisión del contralor podría abrir un debate sobre los límites de sus facultades. Por su parte, Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, reconoció que la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que regula a la Contraloría y la faculta para adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, aclaró que la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco, ya que esta figura solo puede establecerse por ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia desestimó, por falta de prueba idónea, una denuncia presentada contra el expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Juan Carlos Varela, por la presunta comisión de los delitos contra la personalidad interna del Estado y contra la humanidad. De forma unánime, el Pleno de la Corte desestimó la denuncia presentada por el abogado Luciano Sánchez, quien presentó el recurso a título personal. Bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, los magistrados desestimaron la denuncia, fundamentados en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal. El artículo 487 del Código Procesal Penal señala que las denuncias contra los diputados deben ser presentadas ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que el artículo 488 precisa que, entre los requisitos de admisión de una denuncia contra un diputado, son: “que la querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado, y para su admisibilidad deberá expresar lo Corte archiva denuncia contra Juan Carlos Varela por falta de prueba idónea PROCESO siguiente: los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal; los datos de identificación del querellado y su domicilio y una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización”. También detalla que se debe presentar la prueba idónea del hecho punible imputado y que, si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano. La resolución de admisibilidad será expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un término no mayor de diez días, contado desde el reparto correspondiente. Varela enfrenta un proceso penal por presunto blanqueo de capitales, a través de supuestas coimas recibidas por la empresa brasileña Odebrecht. Juan Manuel Díaz [email protected] Juan Carlos Varela, expresidente de la República (20142019). Archivo Algunos israelíes en Tel Aviv celebraron el acuerdo pocos minutos después de que se anunciara. Eliana Morales
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