7A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. blico puede iniciar ex o cio la persecución e investigación del delito. Además, de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Penal sobre la jurisdicción penal —que también merece revisarse—, tiene la potestad de “ordenar la ejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los responsables”. Luego está obligado a remitir el expediente incoado a las autoridades judiciales correspondientes. El incumplimiento o abuso de este deber por parte de cualquier fiscal es denunciable y punible. No ocurre lo mismo con el eventual prejuicio de una autoridad administrativa, que parece ser el centro de la polémica actual. El asunto no debe convertirse en un conflicto de poderes. La Contraloría General tiene su esfera claramente definida, que incluye la presentación de denuncias ante el Tribunal de Cuentas por irregularidades detectadas en las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo. No es correcto burocratizar el tratamiento jurídico del dolo: la investigación y el análisis penal son competencia del Ministerio Público. Se hace evidente la necesidad de integrar en una Ley General Anticorrupción todas las medidas y procedimientos existentes para combatir eficazmente la corrupción. Lo inaceptable es que existan obstáculos en las investigaciones por peculado y que circulen enfoques contradictorios sobre Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El papel que le corresponde a la generación Z Juventudes manipulación de actos que no le competen y, finalmente, la renuncia a la soberanía total obtenida con sangre en la lucha de 1964. El verdadero relevo generacional, referidos también como Centennials, nace con la generación Z, que comprende a todos los nacidos al final del siglo XX y que en la actualidad son los jóvenes nativos digitales que crecieron en un mundo donde la tecnología abarcaba los aspectos de su diario vivir. Están tecnológicamente más avanzados que las generaciones anteriores. Con una perspectiva renovada se han convertido en promotores de cambios significativos en su emprendimiento, lugar de empleo, la sociedad y el entorno que los rodea. La generación Z no conoce fronteras y se ha sentido su participación a nivel mundial en masivas protestas a miles de kilómetros de distancia, por situaciones tales como la corrupción y la desigualdad gubernamental. Los movimientos mundiales de protesta han adoptado un símbolo para su identificación: una calavera sonriente con un sombrero de paja, que según ellos “hace mucho sentido con nuestra generación” ya que simboliza la libertad y la voz contra la injusticia. Los miembros de la generación Z están unidos por una cultura propia de su juventud, que viene a ser un antisistema adoptado por los grupos de poder en todo el mundo, convirtiéndose en verdaderos agentes del cambio, unidos por una sola bandera. Se han convertiJorge Obediente Ley General Anticorrupción Las propuestas del procurador El proyecto del procurador general de la Nación para crear una Ley General Anticorrupción, vieja aspiración ciudadana, propone reformar el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública. Se trata de una iniciativa muy acertada, ya que en nuestro país existen decenas de instrumentos legales dispersos, sin cohesión, que propician vacíos y favorecen la impunidad. Si el propósito es acabar con el peculado y la riqueza derivada de él, lo lógico es no transigir con ninguna práctica que alimente la cultura de tolerancia a las fechorías, ni que permita la creación de vínculos entre delincuentes y autoridades públicas. Hasta donde se conoce, los proyectos 291 y 292 —que buscan fortalecer la investigación penal— apuntan a que el Ministerio Público cumpla sin trabas su responsabilidad constitucional de “perseguir el delito, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y tramitar las denuncias contra ellos”. Es indiscutible que el Ministerio Púel tema. En un artículo publicado en este diario el 28 de abril pasado, cité una opinión del magistrado Rainier Franco, del Tribunal de Cuentas, sobre la ineficacia de los mecanismos actuales para recuperar los bienes comprometidos en casos de lesión al patrimonio público. Entendí que se aludía a la ley de extinción de dominio, que considero indispensable en el debate sobre la futura ley anticorrupción. El magistrado criticó la falta de equilibrio institucional entre quienes investigan, juzgan y ejecutan los fallos en casos de peculado y delitos relacionados. También señaló la inoperancia en la recuperación de los valores perdidos del patrimonio público. Por mi parte, reproduje un dictamen de enero de 2022 de la Fiscalía General de Cuentas, que expone claramente los principios sustanciales de la extinción de dominio. Para concluir, no pueden ignorarse dos aspectos fundamentales: la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y el patrimonio nacional, y la gravedad del lavado de dinero, blanqueo de capitales y falsificaciones. Ignorar estos delitos o permitir indultos a sus responsables no puede seguir siendo tolerado en nuestro país. Opinión EL AUTOR fue embajador ante las Naciones Unidas. EL AUTOR es ciudadano. do mundialmente en una fuerza que sigue creciendo y que obtiene resultados. El común denominador y causa de las protestas ha sido “la frustración por la mala gobernanza, la falta de oportunidades y la desigualdad desenfrenada”. ¿Nos suena esto familiar en Panamá? Estudios indican que la generación Z se ha sentido defraudada porque no son tomados en cuenta por los gobernantes y se han vuelto escépticos con la democracia representativa. Recientemente, la bandera de la calavera con el sombrero de paja ha ondeado en varios continentes reflejando un símbolo político que reemplaza la bandera nacional en dichas demostraciones. Entre los factores que originaron las protestas se encuentran la frustración económica, el autoritarismo, la violación de derechos humanos, la introducción de proyectos de ley impopulares, el nepotismo, el retroceso democrático y la corrupción generalizada a nivel mundial. Hace menos de un mes hubo protestas en Perú por la impopularidad de la presidenta Dina Boluarte; en Londres, para protestar sobre el genocidio en Gaza; en Turquía, por retroceso democrático, por mencionar algunas. En Filipinas, la bandera fue mostrada durante la protesta “Trillion Peso March”, que denunció un proyecto fantasma y corrupción, como pensiones vitalicias para miembros del parlamento. En Francia, hace una semana, en las protestas antigubernamentales “Bloquons tout”, manifestantes llevaban la bandera que los identificaba como de la generación Z. Como podemos apreciar, la generación Z, con su cultura propia de antisistema, se ha hecho presente en muchos países combatiendo la desigualdad, con la fuerza característica de su juventud, unidos por una bandera y promoviendo el cambio. Nos preguntamos: ¿dónde estará nuestra generación Z y en qué se ocupa? ¿Se identificará con alguno de los incidentes que suceden en otros países y que también tenemos en nuestro propio patio? ¿Ondeará la bandera de la calavera con el sombrero de paja? Para los que nacimos durante o recién terminada la Segunda Guerra Mundial y que hemos vivido una vida plena y ahora nos etiquetan como “adulto mayor”, somos de la generación baby boomers. Las siguientes generaciones, cada cual con marcadas características propias de valores, aspiraciones y retos, marcaron diferencias en ciclos de aproximadamente 20 años entre una y la siguiente. Los que nacieron después de los baby boomers, entre 1965 y 1980, se etiquetaron como generación X y ahora ya deben haber alcanzado, o están por alcanzar, la edad de jubilación, y la sociedad los etiqueta como “personas adultas”. Los que nacieron después de 1980 hasta 1995 se etiquetaron millennials y crecieron en un mundo transformado por las comunicaciones instantáneas, los celulares y el crecimiento explosivo de la internet. Los baby boomers panameños, que hemos vivido en dos siglos distintos, experimentado el asesinato de un presidente, la ocupación de la Zona del Canal por los estadounidenses, el yugo de un dictador, una etapa donde los bancos estuvieron cerrados por varios meses, la lucha estudiantil por recuperar nuestra soberanía y la zona canalera, la invasión norteamericana, la reversión del canal a manos panameñas, las elecciones que produjeron presidentes corruptos, la incursión del narcotráfico en el mundo financiero, las protestas convertidas en actos vandálicos que causaron daños al sector productivo y a la población que nunca fue compensada. Hoy seguimos viviendo la selectividad y el oportunismo en las decisiones legislativas y judiciales, la intromisión del Ejecutivo en la Ramón Morales Quijano El verdadero relevo generacional, referidos también como Centennials, nace con la generación Z, que comprende a todos los nacidos al final del siglo XX y que en la actualidad son los jóvenes nativos digitales que crecieron en un mundo donde la tecnología abarcaba los aspectos de su diario vivir. Texas amenaza con desplazar al Canal: Panamá no puede dormirse Logística En un mundo donde el poder ya no se mide solo por ejércitos o tratados, sino por la capacidad de mover bienes con rapidez, eficiencia y soberanía, la logística se ha convertido en la nueva geoestrategia. Por eso, no debe pasar desapercibida la ambición de Texas — expresada en el foro SHIPPINGInsight 2025— de convertirse en el “Suez del siglo XXI”. Mientras Houston consolida inversiones portuarias, energéticas y ferroviarias, Panamá sigue actuando como si la renta geográfica del Canal bastara por sí sola para sostener nuestra posición global. Pero esa ventaja no es eterna. Texas avanza con una visión clara y ejecutiva: posicionarse como el principal nodo logístico de Estados Unidos, con proyección intercontinental. El puerto de Houston, en particular, ya genera miles de millones de dólares al año y se integra fluidamente con el corazón industrial del país mediante trenes, autopistas y centros de manufactura. La lógica es simple pero poderosa: quien controla las rutas y sus nodos domina también el comercio, la competitividad industrial y, por extensión, su peso geopolítico. Panamá no puede permitirse mirar hacia otro lado. Lo que está en juego no es solo eficiencia operativa, sino una cuota real de poder en el orden global que se está redefiniendo. Mientras tanto, en nuestro propio territorio, se libra otra batalla: la lucha por el control estratégico del Canal y de sus terminales asociadas. La reciente negociación para que un consorcio liderado por BlackRock adquiera los puertos de Balboa y Cristóbal —hasta ahora bajo administración de una empresa hongkonesa— ha generado inquietudes legítimas. Washington celebra la movida como una jugada para contener la influencia china. Pero Panamá, ¿qué gana realmente en esa transacción? El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ha advertido con razón sobre los riesgos que implicaría permitir que terminales clave pasen a manos de grandes líneas navieras como MSC. Esto podría comprometer la neutralidad operativa del Canal, distorsionar la competencia entre navieras y, sobre todo, erosionar nuestra autonomía estratégica. Y no es el único frente que nos desafía. La prolongada sequía de los últimos dos años ha obligado a limitar el calado y reducir el número de tránsitos diarios, afectando directamente la confiabilidad del Canal como ruta marítima global. Esto no es una amenaza futura: ya está ocurriendo. Si Texas logra consolidarse como alternativa viable — especialmente para el comercio entre Asia y América del Norte—, el Canal de Panamá podría enfrentar una reducción sostenida de tránsitos. Las grandes navieras ya están rediseñando rutas. No se trata de especulaciones, sino de una reconfiguración logística en tiempo real. Las consecuencias para Panamá serían graves y sistémicas: una caída en los ingresos por peajes, pérdida de atractivo para la inversión en infraestructura logística, debilitamiento de los puertos periféricos y una progresiva pérdida de relevancia como eje interoceánico. Peor aún, miles de empleos directos e indirectos vinculados al ecosistema marítimo estarían en riesgo. Ante este escenario, es imperativo fortalecer la institucionalidad del Canal, blindándola frente a presiones externas y asegurando una gobernanza transparente, profesional e independiente. La modernización de nuestra red logística también es urgente: puertos como Colón, Chiriquí o Corozal deben convertirse en plataformas intermodales con infraestructura moderna y conectividad eficiente. A la par, necesitamos inversiones decididas en resiliencia hídrica y climática; porque sin agua, el Canal simplemente no funciona. Y quizás lo más estratégico: redefinir nuestra política exterior desde una perspectiva marítima, estableciendo alianzas inteligentes que fortalezcan nuestra soberanía sin someternos a alineamientos automáticos. No basta con haber heredado una posición privilegiada. La historia nos dio el Canal; pero su futuro dependerá de nuestra capacidad para defenderlo, modernizarlo y reposicionarlo ante un mundo que ya se mueve hacia nuevas rutas. EL AUTOR es máster en administración industrial. Gabriel J. Perea Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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