6A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reaccionó con molestia al informe de la Defensoría del Pueblo que documentó deficiencias en la limpieza, contratos, dotaciones y manejo de residuos en hospitales públicos. Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, calificó el documento como “injusto y superficial”. Reconoció que no lo ha leído en detalle, pero cuestionó las declaraciones del defensor Eduardo Leblanc. “Si los hospitales estuvieran sucios, los medios ya estuvieran diciendo que esto es un desastre”, afirmó. Boyd Galindo defendió la gestión en materia de limpieza hospitalaria y aseguró que “todo está bien estipulado y bien cuadrado”, aunque admitió que los procesos de licitación para estos servicios no pueden demorar seis meses y deben ser más ágiles. El informe de la Defensoría, publicado el 30 de septiembre, también señala irregularidades en bioseguridad y mantenimiento. Este tema cobró relevancia tras revelarse que el consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, liderado por Hombres de Blanco Corp., recibió un contrato sin licitación por $15.3 millones para limpiar ocho hospitales durante un año. Otro eje de la sesión fue la situación presupuestaria del Ministerio de Salud (Minsa) para 2026. El titular explicó que en muchos hospitales solo habría fondos “para operar seis meses” y que deberán solicitar traslados de partidas adicionales. El presupuesto recomendado por el MEF asciende a $3,887 millones, pero en la práctica el miInforme incómodo y presupuesto limitado; Boyd Galindo ante diputados LIMPIEZA HOSPITALARIA nisterio dispone de cerca de $1,000 millones, pues $1,983 millones se transfieren a otras entidades como la CSS. El diputado Carlos Tito Afú criticó que el ministro tenga que “estar de pordiosero buscando plata” y recordó que presentó un anteproyecto para fijar un porcentaje mínimo de presupuesto para el Minsa. Sin embargo, desde el Ejecutivo no hay respaldo a nuevas leyes especiales que impongan topes presupuestarios. Varios diputados instaron al ministro a gestionar más recursos dentro del propio gabinete, mientras otros plantearon la necesidad de reestructurar la institución para hacerla más eficiente. Los cuestionamientos también se centraron en hospitales específicos, como el Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, y el Luis Chicho Fábrega, en Veraguas. Sobre el primero, Boyd Galindo explicó que la falta de neonatología y de UCI complicó la atención del caso de Laritza Jiménez, una embarazada que murió tras su traslado al Santo Tomás. Añadió que la sala de oncología cerró en 2023 y que hay especialidades con un solo médico. Sobre el hospital veragüense, denunció 27 años sin mantenimiento, problemas en tuberías y elevadores, y falta de fondos para atender las carencias acumuladas. La Contraloría asumió las funciones mediante el Reglamento de Medidas Precautorias. EFE Apede pide eliminar la figura del secuestro de bienes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] PRONUNCIAMIENTO El gremio empresarial advierte que esta disposición contenida en un reglamento de la Contraloría excede las competencias legales del organismo, vulnera el debido proceso y podría generar conflictos con la separación de poderes. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dejó clara su posición sobre el reciente Reglamento de Medidas Precautorias de la Contraloría General de la República, que incluye la figura del secuestro de bienes. El gremio empresarial advierte que esta disposición excede las competencias legales del organismo, vulnera el debido proceso y podría generar conflictos con la separación de poderes, planteando interrogantes sobre los límites de la autoridad administrativa frente a las garantías constitucionales. Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, reconoció que la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que regula a la Contraloría y la faculta para adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, aclaró que la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco, ya que esta figura solo puede establecerse por ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo. De Sanctis destacó que, aunque la Contraloría tiene la responsabilidad de salvaguardar los recursos del Estado, no puede asumir facultades coactivas que impliquen afectaciones patrimoniales sin un control judicial previo. “El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente”, subrayó. Debate legal La dirigente empresarial explicó que incorporar el secuestro en el reglamento administrativo no solo traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa, sino que también abre la puerta a decisiones arbitrarias. “Confundir cautela con secuestro genera un vacío legal y una superposición de funciones que erosiona la separación de poderes”, añadió, en referencia al Tribunal de Cuentas, órgano ejecutor de la Contraloría. De Sanctis insistió en que el país necesita una Contraloría fuerte, eficaz y transparente, pero no una que concentre funciones propias del poder judicial. “La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, afirmó, enfatizando la necesidad de respetar las garantías constitucionales en todos los procedimientos administrativos. Además, adelantó que el gremio está dispuesto a participar en espacios de diálogo jurídico y técnico para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar la seguridad jurídica. “El respeto al debido proceso es tan esencial para el desarrollo nacional como la eficacia administrativa”, señaló. “Panamá no puede dar señales de inseguridad jurídica. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en el país como destino para invertir y generar empleo”, concluyó De Sanctis, reiterando la importancia de mantener un equilibrio entre control estatal y derechos ciudadanos. Otras opiniones Aunque la Contraloría defiende la medida como un instrumento de protección del patrimonio estatal, exmagistrados como Edgardo Molina Mola y Esmeralda de Troitiño, así como el exprocurador de la Administración Rigoberto González, señalan que el reglamento introduce procedimientos que podrían vulnerar el debido proceso, abrir espacios para el uso político del control fiscal y concentrar demasiado poder en un solo despacho. Molina Mola recalcó que “a todas luces se ve que está fuera de lo legal y de lo constitucional”. El exmagistrado insistió en que, incluso en una primera lectura superficial, la medida despierta dudas jurídicas. “Así como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, se ve que es ilegal e inconstitucional”, afirmó, dejando entrever que la decisión del contralor podría abrir un debate sobre los límites de sus facultades. Sobre este tema, el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que la Ley de la Contraloría sí contempla la suspensión de salarios a funcionarios en situaciones muy específicas, pero que no autoriza el secuestro de bienes. “Ni siquiera el fiscal puede decretar un secuestro por sí mismo; debe pedirlo a un juez de garantías porque afecta derechos fundamentales”, recordó el exprocurador. En su opinión, pretender equiparar la suspensión de un salario con el secuestro de bienes carece de sustento jurídico, pues se trata de acciones de naturaleza muy diferente. Ministro Fernando Boyd Galindo. Archivo Una villa de mentiras Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El primero fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien aseguró que el dinero para la restauración saldría de los “ahorros” obtenidos tras despedir botellas. Pero los números lo desmienten: el funcionamiento de su ministerio (la planilla) refleja un aumento de $9.5 millones para 2026. Ahorro no hay. Lo que se hubiera podido ahorrar el ministro es esa torpe justificación. Le siguió el presidente José Raúl Mulino, quien fiel a su estilo, defendió el proyecto atacando. Calificó de demagogos a quienes han sugerido usar esos fondos para necesidades urgentes. “No se trata de coger presupuesto y dárselo a los niños pobres como una Teletón”, dijo, lamentando que “la taquilla obnubile la mentalidad de algunos proponiendo locuras”. Obnubilar significa “turbar o cegar la mente”. Presidente: eso sonó más a proyección que a explicación. Cerró el ministro de Economía, Felipe Chapman, quien en un fallido intento por sacudirse el escándalo terminó metido en el mismo. Molesto, dijo que ese dinero no está en el presupuesto porque se pagaría paulatinamente, y retó a que le muestren la línea donde están los $7 millones. Ministro: las líneas claves son las de la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas, que establecen que no puede darse un acto público sin una partida presupuestaria. Hubo una licitación, y por ende, debe haber una asignación de recursos. Aunque la obra se pague en varios años es necesario incluir una referencia a la partida para el año en curso y la certificación de fondos futuros. En Panamá Compra están los números de la partida presupuestaria y la carta del director de Presupuesto del MEF al ministerio de la Presidencia sobre la villa. Superada la comprensión legal incompleta del ministro, volvamos a la lógica defensiva del presidente. Aún si aceptamos esa visión que impide contrastar los millones despilfarrados en la villa con las muchas necesidades del país, el proyecto queda mal parado. Y es que esta obra costará diez veces más que otra remodelación: la antigua nunciatura, donde se refugió Noriega durante la invasión, se convertirá en la Casa del Adulto Mayor por $727 mil. Un proyecto con costos razonables en beneficio de una población vulnerable. En contraste, seguimos sin entender: además de los visitantes ilustres que ocasionalmente se alojarán, ¿a quién beneficia la ostentosa remodelación de la viila? Por ahora, solo al ego presidencial y a una afortunada empresa: Construction Management Group (CMG). Con la villa, el hospital de mascotas y la restauración de la iglesia de Portobelo ya suman $33.5 millones en contratos estatales. Hay demasiada desesperación por justificar la villa. Tanta, que el escándalo no se ha desinflado como suele ocurrir en Panamá: las propias contradicciones oficiales lo mantienen vivo. La villa diplomática, por cuenta de los cuentos oficiales, podría terminar convirtiéndose en un símbolo nacional de una administración que defiende el despilfarro tildando de demagogos a quienes lo cuestionan. Se disfraza de rescate histórico, pero la única historia que está contando es la de “poco importa” con las necesidades y el sentir de los ciudadanos. Remodelar la villa diplomática nos costará a todos los contribuyentes $7.1 millones de dólares. Pero más escandaloso que el empecinamiento presidencial por revivir, con costos exorbitantes, el pasado colonial de la Zona del Canal, son las mentiras y contradicciones de los funcionarios para justificarlo. Panorama
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