4A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] FRACASO. Hace dos semanas había cuatro firmas a favor del proceso de revocatoria de curul de Paulette Thomas, y ahora hay una más. En total, van cinco. Los optimistas siempre podrán decir que la recolección de firmas aumentó un 25%. ENHORABUENA. El independiente Jorge González ha renunciado al 100% del financiamiento público poselectoral que le correspondía como diputado electo por la libre postulación en el circuito 8-5. Se trata de nada menos que $519,282.65. El dinero será destinado a financiar investigaciones de la Senacyt. Esta es la mejor prueba de que la política sí puede manejarse de forma diferente. ¡GOOOOL! La Fepafut ha designado a una sociedad anónima como “proveedora oficial” de los alimentos y bebidas que se servirán en los palcos del Rommel Fernández el próximo 14 de octubre, cuando se dispute el partido entre Panamá y Surinam. Aquel que quiera consumir otra cosa deberá pagar un recargo por “descorche” de $350 (por palco). GOLFISTA. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, se encuentra en el World Amateur Team Championship de golf, que se celebra hasta el 13 de octubre en Singapur. El viaje fue autorizado por el presidente de la República. Lástima que en la resolución de la Presidencia no se indica con claridad si Ordóñez representa al país por su cuenta o por cortesía del Estado. No vaya a ser que se trate de un hoyo en uno. IA. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy también se encuentra fuera del país, asistiendo a una conferencia sobre inteligencia artificial y delincuencia en Río de Janeiro. No tiene nada de malo viajar para actualizarse sobre temas tan novedosos como la criminalidad asistida tecnológicamente; lo malo es Unos 68 mil vehículos usan diariamente los corredores. Archivo Mientras miles pagan peajes, la alta burocracia cruza gratis Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRIVILEGIOS Directores, subdirectores y personal administrativo de diversas instituciones están exentos del pago en los corredores Norte y Sur gracias a resoluciones de gabinete y contratos que les otorgan este beneficio, originalmente destinado a servicios operativos y de emergencia. Aunque miles de ciudadanos pagan a diario por cruzar los corredores Norte y Sur, una parte de la alta burocracia estatal no enfrenta este costo. Al menos no de su propio bolsillo. Directores, subdirectores y funcionarios administrativos de distintas instituciones públicas están exonerados del pago del Panapass, según disposiciones incluidas en contratos oficiales y reglamentos internos. Estas exoneraciones, que cubren el tránsito por las autopistas administradas por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), se han convertido en un símbolo de los privilegios que persisten en el aparato estatal, pese a la contención del gasto actual y mientras la mayoría de los usuarios debe asumir el costo de cada peaje. Incluso, a la Asamblea Nacional fue presentada una propuesta de ley por parte de la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, junto con otros colegas del grupo político, con el fin de que dicha exoneración de peajes se permita únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones “operativas urgentes en seguridad, emergencia y desastres”. Se excluye de ese beneficio a directores, subdirectores y personal administrativo. La Resolución de Gabinete No. 82, del 14 de junio de 2016, exoneró del pago de peaje en los corredores Norte y Sur a los vehículos de uso oficial de unas 10 entidades, justificando la medida por la naturaleza de sus funciones. Si bien la medida abarcó vehículos que llevaban a cabo laboresdeemergencia,también fueron beneficiados directores y subdirectores de algunas entidades. Los casos Por ejemplo, en este grupo se incluyen los vehículos del Cuerpo de Bomberos, como carros bomba y ambulancias, así como las ambulancias de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa). También forman parte los vehículos de la Policía en servicio operativo, los de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil, los de la Fiscalía Auxiliar para levantamiento de cadáveres y los del Sistema Penitenciario destinados al traslado de reclusos. Sin embargo, en esa misma resolución se otorga el beneficio a los vehículos oficiales asignados al director y subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al director y subdirector de la Policía Nacional, a los vehículos asignados al Consejo de Seguridad y al director y subdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI). Dicha resolución fue modificada en 2019 y 2025 para incluir a cinco entidades. En 2019 se incorporó la exoneración de los vehículos oficiales en servicio del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Aeronaval, lo que también incluyó a los vehículos asignados por el director o subdirector de ambas instituciones. En 2025, se agregaron a la lista los vehículos en servicio del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), del Ministerio de Seguridad y del Servicio Nacional de Migración. En esta modificación también se incluyeron los directores y subdirectores de dichas instituciones. Otras contrataciones Otras instituciones, como la Cancillería de la República, Pandeportes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, no cuentan con estas exoneraciones, pero incluyen el costo del Panapass en la flota vehicular que mantienen arrendada. Es decir, lo paga el Estado. Estas entidades alquilan vehículos para uso de sus funcionarios y pagan el tránsito por ambos corredores a la empresa arrendadora, a diferencia de los vehículos oficiales exonerados que circulan sin costo. Así consta en el portal Panamá Compra. A raíz de esto, la diputada Alexandra Brenes presentó un proyecto de ley que busca eliminar las exoneraciones de peaje para directores, subdirectores y personal administrativo, estableciendo que este beneficio se otorgue únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones operativas urgentes relacionadas con seguridad, emergencias o desastres. La iniciativa pretende acabar con privilegios que, según Brenes, no se justifican y que contradicen el principio constitucional de igualdad. Argumento legal La Constitución de la República de Panamá establece en su Artículo 19 que “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Asimismo, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 5 de 1988, que regula la ejecución de obras públicas por concesión administrativa, refuerza este principio al señalar que los concesionarios deben cobrar las tarifas aprobadas por el Ejecutivo a todos los usuarios “sin disminución de ninguna especie”. De esta manera, el proyecto de Brenes no solo respeta la Ley 5 de 1988 y la Ley 76 de 2010, sino que también las complementa, asegurando que los corredores cumplan su función de servicio público y no de beneficio para intereses particulares. Para el diputado independiente Betserai Richards, este privilegio a funcionarios de la cúpula del Estado debe ser eliminado. “Nosotros somos diputados y pagamos el peaje de nuestro bolsillo como hacen todos los ciudadanos”, acotó. El aforo diario promedio (número de vehículos que transitan) en los corredores Norte y Sur de Panamá es de aproximadamente 68 mil vehículos, según datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del Ifarhu. Archivo Imputarán cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu AUDIENCIAS Unos 28 estudiantes que recibieron auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) enfrentarán mañana y el viernes sendas audiencias de imputación por los delitos de peculado y corrupción. La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa reveló que estos estudiantes obtuvieron auxilios económicos del Ifarhu sin justificación alguna y que deberán responder por dicha situación. La funcionaria judicial informó que, en la investigación del Ifarhu, se pudo establecer una afectación de $24 millones en perjuicio de los fondos del Estado. En una audiencia celebrada el 20 de septiembre pasado, en la que se formularon cargos a Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu—, la fiscalía mencionó una serie de beneficiarios de auxilios económicos sin justificación, ya que se trataba de personas con un alto poder adquisitivo. En esa ocasión, la fiscalía reveló que se observó la entrega de auxilios económicos a personas que tenían ingresos mensuales de entre $5,000 y $12,000, aprobados por la comisión evaluadora. La fiscal citó como ejemplo el auxilio económico otorgado al exdiputado Erick Broce, por un monto de $17 mil para estudiar una licenciatura en Administración Pública, a pesar de que mantenía ingresos por $5,000 mensuales. También mencionó el auxilio entregado a Fernando Broce, quien aparecía con ingresos de $6,500 y recibió $141,677 para estudiar Bellas Artes. Asimismo, relató que Anastasia Liakopulos, quien recibió un auxilio económico de $100 mil para estudiar diseño gráfico en el extranjero, mantenía altos ingresos y cuya familia es propietaria de una cadena de restaurantes. En esa misma audiencia, la fiscalía presentó un informe de Actuación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se entregaron fondos del Ifarhu sin que existieran convenios con la entidad. Por este caso, ya se imputaron cargos por peculado y se impusieron medidas cautelares de reporte periódico al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses, quien permanece detenido, aunque por un cargo distinto de enriquecimiento injustificado. que aquí los fiscales todavía llevan a los juicios evidencia digital sin apego a las exigencias más elementales del manual de cadena de custodia y hasta sin perito informático. Coherencia, por favor. MALA SUERTE. El Suntracs recordó que ha negociado 12 convenciones colectivas con la Capac y que, este año, por primera vez, el gremio solicita la mediación del Ministerio de Trabajo. ¿Será que en la Capac son triscaidecafóbicos?
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