3A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Panorama Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Archivo Un debate legislativo: Comisión ad hoc y el papel del presidente Rigoberto González ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La Constitución permite crear una comisión ad hoc cuando una instancia legislativa no actúa. La bancada Seguimos ya pidió su convocatoria, colocando al presidente de la Asamblea ante una decisión clave. Nuestra Constitución regula lo que se conoce como el proceso de formación de la ley. Son las etapas que hay que seguir para proponer, debatir y aprobar lo que se busca que se convierta en las normas del país. Como se sabe, mediante estas se establecen los parámetros para, entre otras cosas, afrontar y fijar las reglas para resolver los problemas propios de toda sociedad. Uno de esos desafíos tiene que ver con la corrupción, sobre todo cuando estos actos se relacionan con la apropiación de fondos públicos, es decir, con dinero de todos los ciudadanos. Lo que se espera, cuando se presenta un proyecto normativo que busca fortalecer los mecanismos para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, es, por lo menos, que una iniciativa con tal finalidad genere el respectivo análisis, en este caso, en la Comisión de la Asamblea Nacional a la que corresponde conocer de tales propuestas legislativas. Es lo mínimo que se anticipa: que se entre a examinar y se pueda discutir una propuesta con esos fines, con el objetivo de hacer más eficaz la lucha contra este flagelo. Para eso es la función parlamentaria; para eso, entre otras razones, existe la Asamblea Nacional. Lo paradójico, lo contradictorio, es cuando, habiéndose presentado un proyecto con ese propósito, la Comisión que debe conocerlo en primer debate, o más bien, quien tiene el control de dicha instancia, no lo considera, lo ignora, actúa como si no existiera o termina relegándolo para no someterlo a deliberación. Ante tal situación, ¿qué hacer? ¿Existe alguna alternativa o solución para superar una desidia legislativa como la descrita? Pues bien, la Constitución, en su artículo 167, establece que “todo proyecto de ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el presidente de la Asamblea Nacional a una Comisión ad hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial”. Esto significa que, cuando se presentan omisiones como la señalada, el presidente de la Asamblea cuenta con una potestad que le otorga la Carta Magna: la de crear una Comisión especial para que sea ésta la que analice el proyecto que la Comisión competente no ha tramitado adecuadamente para, por lo menos, ser discutido por todos sus integrantes y, de ser el caso, llegue al conocimiento del pleno legislativo. Cabe destacar que la bancada Seguimos ya presentó formalmente la solicitud para que se convoque una comisión ad hoc que analice los proyectos anticorrupción. De esta manera, el presidente de la Asamblea Nacional cuenta con una base política y jurídica clara para ejercer la facultad que le otorga la Constitución, sin que pueda alegarse desconocimiento sobre este mecanismo previsto expresamente en el ordenamiento. Ese es el camino a seguir para enfrentar y superar lo que ocurre hoy en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, instancia que no ha dado trámite, para su debate, a los proyectos que ha presentado el Procurador General de la Nación, mediante los cuales busca hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Que cada uno asuma sus responsabilidades, y la del Presidente de la Asamblea Nacional es, como se lo permite la Constitución, crear la Comisión ad hoc que haga posible lo que es propio del Parlamento: debatir los temas de interés nacional. Investigan 4,275 casos por peculado y corrupción Las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público mantienen 4,275 investigaciones activas por delitos de peculado, corrupción, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación, con 184 personas imputadas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares. Los perjuicios al Estado suman $36.2 millones. El informe presentado ayer revela la participación de personal del Ifarhu, Miviot, DGI, CSS, Minsa, MOP, MEF, Meduca y el Municipio de Panamá en redes estructuradas para sustraer fondos públicos. El delito con mayor incidencia es el peculado (705 investigaciones en 2025), seguido por abuso de autoridad (403), obstrucción a la justicia (135) y corrupción de servidores públicos (103). También se mantienen 1,011 procesos por retención ilegal de cuotas de la CSS. En 2025, las autoridades han aprehendido $1.4 millones y solicitado 360 auditorías a la Contraloría; 122 detectaron lesiones patrimoniales. Entre los casos emblemáticos está el robo de 600 vigas del MOP en Veracruz ($3 millones), con 17 imputados y una condena. El caso Sipe, iniciado en 2018, involucra a 45 personas por fraude en afiliaciones falsas a la CSS. INFORME Juan Manuel Díaz [email protected]
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