1A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 8 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15163 Hoy por hoy La solicitud de imputación de cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu, por un perjuicio estimado en $24 millones, marca un punto de inflexión. Lo que comenzó como un escándalo político se ha convertido en un proceso penal con la detención provisional del exdirector Bernardo Meneses y la apertura de una investigación más amplia sobre cómo se distribuyeron estos fondos. Este episodio no ocurre en el vacío. Según datos del Ministerio Público, las Fiscalías Anticorrupción mantienen 4,275 investigaciones activas por peculado, corrupción, tráfico de influencias y otros delitos, con 184 personas imputadas y perjuicios superiores a $36 millones. El caso Ifarhu se inscribe en esta radiografía de prácticas arraigadas que cruzan instituciones y gobiernos. Un desafío central es que no haya selectividad en la aplicación de la ley, ni entre los beneficiarios de estos auxilios ni en ningún otro caso de corrupción. La justicia no debe ser una fuerza pasiva frente a estas conductas. El caso exige sanciones ejemplares y reformas estructurales para cerrar los portillos que permiten que se repitan. Omar Browne y La Roja están listos para San Salvador 8A Deportes Panorama Refrendan el contrato para la auditoría de la mina de Donoso 2A Economía Cancelan el proyecto Ritz Carlton Reserve Pearl Island 1B MP apunta a los que recibieron los auxilios Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIAS La fiscalía pedirá imputar a 28 personas por recibir fondos del Ifarhu de forma irregular, en un esquema que causó millonarios perjuicios. La investigación por el uso irregular de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) entró en una nueva etapa. La Fiscalía Anticorrupción anunció que pedirá la imputación de cargos a 28 personas, por su presunta participación en un esquema que ocasionó un perjuicio al Estado, estimado en $24 millones. Entre los señalados figuran individuos que recibieron fondos pese a contar con ingresos altos o incumplir con los criterios establecidos, así como otros que se habrían favorecido mediante contratos con entidades privadas que no tenían convenios vigentes con el Ifarhu. Las audiencias de imputación comienzan mañana, en lo que representa un giro clave en la investigación, que ya llevó a la detención provisional del exdirector Bernardo Meneses, investigado por presunto peculado. La Fiscalía busca determinar responsabilidades individuales, esclarecer la forma en que se estructuró la red y precisar el rol que cada receptor tuvo en la distribución irregular de recursos públicos. VEA 4A La cúpula de variasentidades viaja gratis por los corredores Una parte de la alta burocracia estatal está exonerada del pago de peajes en los corredores Norte y Sur, un privilegio que persiste pese a la política de contención del gasto. La diputada Alexandra Brenes presentó un proyecto legislativo para limitar estas exoneraciones únicamente a funciones operativas urgentes. VEA 4A Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Villa diplomática alarma a vecinos por posibles riesgos en el cerro Ancón Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La remodelación de la antigua villa diplomática, ubicada en Quarry Heights, ha generado preocupación entre los residentes del área por los riesgos que podría representar para la estabilidad del cerro Ancón. El proyecto, adjudicado a Construction Management Group Inc. por varios millones de dólares, contempla la construcción de estacionamientos soterrados, saloVilla diplomática en el cerro Ancón. Anel Asprilla nes presidenciales, oficinas y una cancha de tenis en la azotea. Vecinos como Rita Spadafora y Henry Stec advierten que las obras podrían comprometer el relleno y los muros de contención sobre los que se asienta la comunidad, donde ya se registran derrumbes frecuentes. La Asociación de Residentes notificó al Ministerio de Ambiente sobre desprendimientos recientes, sin obtener respuesta. VEA 2A 7/10 Memoria y protesta El segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel se convirtió ayer en una ocasión tanto para conmemorar a las víctimas como para protestar por la guerra en Gaza. Las imágenes corresponden a una marcha pro-Israel en homenaje a las víctimas, en Nueva York (Estados Unidos), y a una manifestación en Bogotá (Colombia) contra la ofensiva israelí en Gaza. EFE Rigor y actualidad con Rigoberto González: Una comisión legislativa contra la desidia En su debut como analista de ‘La Prensa’, el exprocurador de la Administración y profesor de Derecho, Rigoberto González Montenegro, aborda el papel de una comisión ad hoc para superar la inacción legislativa en materia anticorrupción. VEA 3A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 La Contraloría General de la República refrendó ayer el contrato entre el Ministerio de Ambiente (Miambiente) y la empresa SGS Panama Control Services para la auditoría integral de la mina Cobre Panamá. La contratación alcanza el monto de $539,791 para ejecutar una revisión de aspectos legales, laborales, tributarios y la auditoría de cumplimiento ambiental del proyecto. Actualmente, la mina ubicada entre las provincias de Colón y Coclé se mantiene en gestión y manejo seguro, luego de que se declarara inconstitucional el contrato que suscribió el Estado con la empresa minera First Quantum Minerals en noviembre de 2023. El pasado 12 de septiembre, Miambiente anunció el inicio de la auditoría con un periodo de planificación. La contratación de SGS siguió un procedimiento excepcional. Solo dos empresas presentaron cotizaciones tras la apertura de la convocatoria el 14 de agosto de 2025, aparte de SGS, solo lo hizo la estadounidense Behre, Dolbear & Company (por Contraloría refrendó contrato Miambiente-SGS para auditoría integral de la mina PROYECTO COBRE PANAMÁ un monto de $597 mil), según registra el portal Panamá Compra. No obstante, el periodo para que las empresas presentaran las cotizaciones fue de solo tres días hábiles. Por otra parte, a la fecha de la publicación de esta nota aún no se ha emitido orden de proceder en el portal de Panamá Compra. Al tiempo que avanzó la contratación, grupos ambientalistas han mostrado preocupación por algunas diferencias en los términos de referencia (TDR) que redactaron durante una consulta pública y los que finalmente utilizó Miambiente para contratar a la empresa SGS. Los vecinos de Quarry Heights recuerdan las ‘parrandas’ que funcionarios y allegados celebraban en la vivienda propiedad del Estado, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009–2014). Anel Asprilla Residentes de Quarry Heights exigen consulta pública para villa diplomática Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Mario De Gracia [email protected] VILLA DIPLOMÁTICA El dirigente gremial subrayó que el Gobierno debe explicar la finalidad concreta de la villa diplomática porque los recursos públicos deben dirigirse a proyectos que generen un beneficio tangible. La Asociación de Residentes de Quarry Heights solicita que se realice una consulta pública para conocer en detalle los trabajos de rehabilitación de la villa diplomática, cuya inversión supera los $7.1 millones. La petición surge en medio de la creciente preocupación por la estabilidad del terreno donde se encuentra el inmueble. “Estamos a tiempo para tener una reunión con la oficina del Ministerio de la Presidencia que esté llevando adelante este proyecto, para que veamos juntos y podamos llegar a un acuerdo de forma, digamos, armónica”, señaló Rita Spadafora, residente del área y administradora ejecutiva del Global Greengrants Fund. El plan de remodelación contempla el rescate de la piscina —hoy abandonada y cubierta de moho—, la construcción de dos “salones presidenciales” de 180 metros cuadrados (por $834 mil), oficinas ($693 mil), una cancha de tenis en la azotea ($615 mil) y estacionamientos soterrados ($792 mil). Para Spadafora, la inversión es injustificada, en momentos en que el país está “económicamente tan deprimido”. “Nos parece una falta de conciencia”, remarcó Spadafora, aclarando que los residentes reconocen que la villa debe ser rehabilitada y mantener condiciones habitables, sin excesos. “Deben haber otros salones donde la Presidencia pueda llevar a cabo reuniones”, indicó. La millonaria obra fue adjudicada a Construction Management Group Inc. (CMG). Si el contrato es refrendado por el contralor Anel Flores, la empresa habrá acumulado al menos $33.4 millones en contratos con el Estado, en 2025. Rumbas en la villa La última vez que se hicieron remodelaciones en la villa fue en 2009, durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014). Aquella vez se construyó la piscina, se agregaron oficinas y un muro perimetral. Los vecinos recuerdan esas obras con desagrado: ruidos, cuadrillas… y fiestas. “Yo llegué a ver grandes cantidades de botellas de licores muy costosos en los basureros después de que se daban estas reuniones”, relató Henry Stec, residente de Quarry Heights, quien además denunció que los asistentes a las “tertulias ruidosas” incluso “orinaban delante de la gente” en cualquier sitio. El presidente de la Asociación de Residentes, Rimsky Sucre, contó una anécdota similar. “En una ocasión me trajeron una botella vacía de un vino muy fino. Pedí una cotización y en ese tiempo costaba $1,300. Aparentemente, eso era con lo que los hijos del presidente y otros funcionarios celebraban allí a gran escala”, señaló. La comunidad contrasta esos excesos con otras épocas en las que la villa sí tuvo un uso más sobrio y protocolar. Por ejemplo, esta casona, que fue la residencia oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, alojó al actor británico Sean Connery (q.e.p.d) cuando visitó Panamá en el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004). Con Moscoso también se celebraron Consejos de Gabinete; incluso hay quien dice que alguna vez la expresidente pernoctó en la residencia. Preocupación por derrumbes Más allá de los cuestionamientos por los gastos, la comunidad advierte sobre riesgos para la estabilidad del cerro Ancón. Temen que la construcción del estacionamiento soterrado de 607 metros cuadrados comprometa el relleno sobre el que está edificado Quarry Heights. “Cuando queremos sembrar una planta, lo que encontramos es roca”, recordó Sucre, al señalar que la comunidad está asentada sobre un relleno sostenido por un muro de contención. Stec añadió que los derrumbes son frecuentes en el área. “Si ustedes se acercan a la calle siguiente, van a ver que hay una serie de derrumbes importantes. Hasta la semana pasada cayó el último”, indicó. El pasado 11 de septiembre, la Asociación de Residentes envió una nota al director nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, Tomás Fernández, notificando sobre desprendimientos de rocas, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Los vecinos advierten que los derrumbes ocurren “con mayor frecuencia y magnitud”, por lo que solicitaron reparar la cerca de contención que protege la comunidad. La Prensa constató que una parte del muro colapsó y las rocas cayeron sobre la vía, por lo que los lugareños tuvieron que retirarlas por su cuenta. También piden un plan de monitoreo continuo de la estabilidad y del equilibrio biológico del cerro. Consultado por este medio, el presidente de CMG, Eduardo Villalaz, admitió que no han recibido ningún estudio geotécnico adicional por parte de la Presidencia: “No hemos recibido ninguna documentación adicional a la contenida en el pliego de cargos”. La Prensa también solicitó al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, responder si existen estudios técnicos que avalen la construcción del estacionamiento soterrado, los salones presidenciales y la cancha de tenis, pero hasta el cierre de esta edición guardaba silencio. Mulino justifica el gasto El pasado jueves, en su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino insistió en que la remodelación seguirá adelante. “No soy un presidente de francachelas”, aseguró, al señalar que la villa “a lo sumo, un día llevaremos un trío cuando haya algún presidente que visitar o que decida alojarse…”. “Ni francachelas ni orgías”, recalcó Mulino. Aseguró que nunca ha estado en la villa, pero sus hijas sí. En julio de 2024, dos semanas después de la toma de posesión, Alexandra y Monique Mulino —ambas decoradoras, y en el caso de la primera también arquitecta— realizaron un recorrido por la villa junto a la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Mulino calificó de “demagogia” las críticas de políticos y miembros de la sociedad civil que cuestionan que los recursos se destinen a la villa diplomática en lugar de a salud y educación. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, cuestionó la inversión de $7.1 millones destinada a la remodelación y ampliación de la villa diplomática, un proyecto impulsado por el Ministerio de la Presidencia, al advertir que no está claro cuál será su uso real o beneficio para el país. “No entendemos para qué va a ser usada la villa diplomática. Nosotros todo lo vemos en función del rendimiento y, repito, no todo rendimiento es plata. Rendimiento también puede ser visitantes, inversión extran- ‘No entendemos su uso’, dice la Cciap sobre restauración de $7.1 millones jera o la imagen del país”, expresó Arias. El dirigente gremial subrayó que, antes de emitir una postura definitiva, el Gobierno debe explicar la finalidad concreta de la villa diplomática, especialmente porque los recursos públicos deben dirigirse a proyectos que generen un beneficio tangible. “Si esta es la finalidad de la villa, que nos dejen saber para qué se va a utilizar, porque es mentira que $7 millones no ayudan; sí pueden ayudar en otras instituciones. Lo importante es asignar fondos a cosas que rindan frutos”, sostuvo. Arias añadió que, aunque reconoce la importancia de contar con instalaciones adecuadas para la atención de delegaciones extranjeras, no está de acuerdo con incluir una cancha de tenis dentro del proyecto. “No estamos de acuerdo, por ejemplo, con una cancha de tenis”, enfatizó. La villa diplomática, ubicada en Quarry Heights, Ancón, será remodelada y ampliada por $7.1 millones, contrato que fue adjudicado a la empresa Construction Management Group Inc. (CMG). Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La mina se mantiene actualmente en gestión y manejo seguro. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Panorama Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Archivo Un debate legislativo: Comisión ad hoc y el papel del presidente Rigoberto González ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS La Constitución permite crear una comisión ad hoc cuando una instancia legislativa no actúa. La bancada Seguimos ya pidió su convocatoria, colocando al presidente de la Asamblea ante una decisión clave. Nuestra Constitución regula lo que se conoce como el proceso de formación de la ley. Son las etapas que hay que seguir para proponer, debatir y aprobar lo que se busca que se convierta en las normas del país. Como se sabe, mediante estas se establecen los parámetros para, entre otras cosas, afrontar y fijar las reglas para resolver los problemas propios de toda sociedad. Uno de esos desafíos tiene que ver con la corrupción, sobre todo cuando estos actos se relacionan con la apropiación de fondos públicos, es decir, con dinero de todos los ciudadanos. Lo que se espera, cuando se presenta un proyecto normativo que busca fortalecer los mecanismos para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, es, por lo menos, que una iniciativa con tal finalidad genere el respectivo análisis, en este caso, en la Comisión de la Asamblea Nacional a la que corresponde conocer de tales propuestas legislativas. Es lo mínimo que se anticipa: que se entre a examinar y se pueda discutir una propuesta con esos fines, con el objetivo de hacer más eficaz la lucha contra este flagelo. Para eso es la función parlamentaria; para eso, entre otras razones, existe la Asamblea Nacional. Lo paradójico, lo contradictorio, es cuando, habiéndose presentado un proyecto con ese propósito, la Comisión que debe conocerlo en primer debate, o más bien, quien tiene el control de dicha instancia, no lo considera, lo ignora, actúa como si no existiera o termina relegándolo para no someterlo a deliberación. Ante tal situación, ¿qué hacer? ¿Existe alguna alternativa o solución para superar una desidia legislativa como la descrita? Pues bien, la Constitución, en su artículo 167, establece que “todo proyecto de ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será pasado por el presidente de la Asamblea Nacional a una Comisión ad hoc para que lo estudie y discuta dentro de un término prudencial”. Esto significa que, cuando se presentan omisiones como la señalada, el presidente de la Asamblea cuenta con una potestad que le otorga la Carta Magna: la de crear una Comisión especial para que sea ésta la que analice el proyecto que la Comisión competente no ha tramitado adecuadamente para, por lo menos, ser discutido por todos sus integrantes y, de ser el caso, llegue al conocimiento del pleno legislativo. Cabe destacar que la bancada Seguimos ya presentó formalmente la solicitud para que se convoque una comisión ad hoc que analice los proyectos anticorrupción. De esta manera, el presidente de la Asamblea Nacional cuenta con una base política y jurídica clara para ejercer la facultad que le otorga la Constitución, sin que pueda alegarse desconocimiento sobre este mecanismo previsto expresamente en el ordenamiento. Ese es el camino a seguir para enfrentar y superar lo que ocurre hoy en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, instancia que no ha dado trámite, para su debate, a los proyectos que ha presentado el Procurador General de la Nación, mediante los cuales busca hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Que cada uno asuma sus responsabilidades, y la del Presidente de la Asamblea Nacional es, como se lo permite la Constitución, crear la Comisión ad hoc que haga posible lo que es propio del Parlamento: debatir los temas de interés nacional. Investigan 4,275 casos por peculado y corrupción Las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público mantienen 4,275 investigaciones activas por delitos de peculado, corrupción, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación, con 184 personas imputadas, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares. Los perjuicios al Estado suman $36.2 millones. El informe presentado ayer revela la participación de personal del Ifarhu, Miviot, DGI, CSS, Minsa, MOP, MEF, Meduca y el Municipio de Panamá en redes estructuradas para sustraer fondos públicos. El delito con mayor incidencia es el peculado (705 investigaciones en 2025), seguido por abuso de autoridad (403), obstrucción a la justicia (135) y corrupción de servidores públicos (103). También se mantienen 1,011 procesos por retención ilegal de cuotas de la CSS. En 2025, las autoridades han aprehendido $1.4 millones y solicitado 360 auditorías a la Contraloría; 122 detectaron lesiones patrimoniales. Entre los casos emblemáticos está el robo de 600 vigas del MOP en Veracruz ($3 millones), con 17 imputados y una condena. El caso Sipe, iniciado en 2018, involucra a 45 personas por fraude en afiliaciones falsas a la CSS. INFORME Juan Manuel Díaz [email protected]
4A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] FRACASO. Hace dos semanas había cuatro firmas a favor del proceso de revocatoria de curul de Paulette Thomas, y ahora hay una más. En total, van cinco. Los optimistas siempre podrán decir que la recolección de firmas aumentó un 25%. ENHORABUENA. El independiente Jorge González ha renunciado al 100% del financiamiento público poselectoral que le correspondía como diputado electo por la libre postulación en el circuito 8-5. Se trata de nada menos que $519,282.65. El dinero será destinado a financiar investigaciones de la Senacyt. Esta es la mejor prueba de que la política sí puede manejarse de forma diferente. ¡GOOOOL! La Fepafut ha designado a una sociedad anónima como “proveedora oficial” de los alimentos y bebidas que se servirán en los palcos del Rommel Fernández el próximo 14 de octubre, cuando se dispute el partido entre Panamá y Surinam. Aquel que quiera consumir otra cosa deberá pagar un recargo por “descorche” de $350 (por palco). GOLFISTA. El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, se encuentra en el World Amateur Team Championship de golf, que se celebra hasta el 13 de octubre en Singapur. El viaje fue autorizado por el presidente de la República. Lástima que en la resolución de la Presidencia no se indica con claridad si Ordóñez representa al país por su cuenta o por cortesía del Estado. No vaya a ser que se trate de un hoyo en uno. IA. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy también se encuentra fuera del país, asistiendo a una conferencia sobre inteligencia artificial y delincuencia en Río de Janeiro. No tiene nada de malo viajar para actualizarse sobre temas tan novedosos como la criminalidad asistida tecnológicamente; lo malo es Unos 68 mil vehículos usan diariamente los corredores. Archivo Mientras miles pagan peajes, la alta burocracia cruza gratis Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRIVILEGIOS Directores, subdirectores y personal administrativo de diversas instituciones están exentos del pago en los corredores Norte y Sur gracias a resoluciones de gabinete y contratos que les otorgan este beneficio, originalmente destinado a servicios operativos y de emergencia. Aunque miles de ciudadanos pagan a diario por cruzar los corredores Norte y Sur, una parte de la alta burocracia estatal no enfrenta este costo. Al menos no de su propio bolsillo. Directores, subdirectores y funcionarios administrativos de distintas instituciones públicas están exonerados del pago del Panapass, según disposiciones incluidas en contratos oficiales y reglamentos internos. Estas exoneraciones, que cubren el tránsito por las autopistas administradas por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), se han convertido en un símbolo de los privilegios que persisten en el aparato estatal, pese a la contención del gasto actual y mientras la mayoría de los usuarios debe asumir el costo de cada peaje. Incluso, a la Asamblea Nacional fue presentada una propuesta de ley por parte de la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, junto con otros colegas del grupo político, con el fin de que dicha exoneración de peajes se permita únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones “operativas urgentes en seguridad, emergencia y desastres”. Se excluye de ese beneficio a directores, subdirectores y personal administrativo. La Resolución de Gabinete No. 82, del 14 de junio de 2016, exoneró del pago de peaje en los corredores Norte y Sur a los vehículos de uso oficial de unas 10 entidades, justificando la medida por la naturaleza de sus funciones. Si bien la medida abarcó vehículos que llevaban a cabo laboresdeemergencia,también fueron beneficiados directores y subdirectores de algunas entidades. Los casos Por ejemplo, en este grupo se incluyen los vehículos del Cuerpo de Bomberos, como carros bomba y ambulancias, así como las ambulancias de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa). También forman parte los vehículos de la Policía en servicio operativo, los de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil, los de la Fiscalía Auxiliar para levantamiento de cadáveres y los del Sistema Penitenciario destinados al traslado de reclusos. Sin embargo, en esa misma resolución se otorga el beneficio a los vehículos oficiales asignados al director y subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al director y subdirector de la Policía Nacional, a los vehículos asignados al Consejo de Seguridad y al director y subdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI). Dicha resolución fue modificada en 2019 y 2025 para incluir a cinco entidades. En 2019 se incorporó la exoneración de los vehículos oficiales en servicio del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Aeronaval, lo que también incluyó a los vehículos asignados por el director o subdirector de ambas instituciones. En 2025, se agregaron a la lista los vehículos en servicio del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), del Ministerio de Seguridad y del Servicio Nacional de Migración. En esta modificación también se incluyeron los directores y subdirectores de dichas instituciones. Otras contrataciones Otras instituciones, como la Cancillería de la República, Pandeportes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, no cuentan con estas exoneraciones, pero incluyen el costo del Panapass en la flota vehicular que mantienen arrendada. Es decir, lo paga el Estado. Estas entidades alquilan vehículos para uso de sus funcionarios y pagan el tránsito por ambos corredores a la empresa arrendadora, a diferencia de los vehículos oficiales exonerados que circulan sin costo. Así consta en el portal Panamá Compra. A raíz de esto, la diputada Alexandra Brenes presentó un proyecto de ley que busca eliminar las exoneraciones de peaje para directores, subdirectores y personal administrativo, estableciendo que este beneficio se otorgue únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones operativas urgentes relacionadas con seguridad, emergencias o desastres. La iniciativa pretende acabar con privilegios que, según Brenes, no se justifican y que contradicen el principio constitucional de igualdad. Argumento legal La Constitución de la República de Panamá establece en su Artículo 19 que “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Asimismo, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 5 de 1988, que regula la ejecución de obras públicas por concesión administrativa, refuerza este principio al señalar que los concesionarios deben cobrar las tarifas aprobadas por el Ejecutivo a todos los usuarios “sin disminución de ninguna especie”. De esta manera, el proyecto de Brenes no solo respeta la Ley 5 de 1988 y la Ley 76 de 2010, sino que también las complementa, asegurando que los corredores cumplan su función de servicio público y no de beneficio para intereses particulares. Para el diputado independiente Betserai Richards, este privilegio a funcionarios de la cúpula del Estado debe ser eliminado. “Nosotros somos diputados y pagamos el peaje de nuestro bolsillo como hacen todos los ciudadanos”, acotó. El aforo diario promedio (número de vehículos que transitan) en los corredores Norte y Sur de Panamá es de aproximadamente 68 mil vehículos, según datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Juan Manuel Díaz [email protected] Sede del Ifarhu. Archivo Imputarán cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu AUDIENCIAS Unos 28 estudiantes que recibieron auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) enfrentarán mañana y el viernes sendas audiencias de imputación por los delitos de peculado y corrupción. La fiscal anticorrupción Azucena Aizpurúa reveló que estos estudiantes obtuvieron auxilios económicos del Ifarhu sin justificación alguna y que deberán responder por dicha situación. La funcionaria judicial informó que, en la investigación del Ifarhu, se pudo establecer una afectación de $24 millones en perjuicio de los fondos del Estado. En una audiencia celebrada el 20 de septiembre pasado, en la que se formularon cargos a Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas —ambos exfuncionarios del Ifarhu—, la fiscalía mencionó una serie de beneficiarios de auxilios económicos sin justificación, ya que se trataba de personas con un alto poder adquisitivo. En esa ocasión, la fiscalía reveló que se observó la entrega de auxilios económicos a personas que tenían ingresos mensuales de entre $5,000 y $12,000, aprobados por la comisión evaluadora. La fiscal citó como ejemplo el auxilio económico otorgado al exdiputado Erick Broce, por un monto de $17 mil para estudiar una licenciatura en Administración Pública, a pesar de que mantenía ingresos por $5,000 mensuales. También mencionó el auxilio entregado a Fernando Broce, quien aparecía con ingresos de $6,500 y recibió $141,677 para estudiar Bellas Artes. Asimismo, relató que Anastasia Liakopulos, quien recibió un auxilio económico de $100 mil para estudiar diseño gráfico en el extranjero, mantenía altos ingresos y cuya familia es propietaria de una cadena de restaurantes. En esa misma audiencia, la fiscalía presentó un informe de Actuación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se entregaron fondos del Ifarhu sin que existieran convenios con la entidad. Por este caso, ya se imputaron cargos por peculado y se impusieron medidas cautelares de reporte periódico al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses, quien permanece detenido, aunque por un cargo distinto de enriquecimiento injustificado. que aquí los fiscales todavía llevan a los juicios evidencia digital sin apego a las exigencias más elementales del manual de cadena de custodia y hasta sin perito informático. Coherencia, por favor. MALA SUERTE. El Suntracs recordó que ha negociado 12 convenciones colectivas con la Capac y que, este año, por primera vez, el gremio solicita la mediación del Ministerio de Trabajo. ¿Será que en la Capac son triscaidecafóbicos?
5A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reaccionó con molestia al informe de la Defensoría del Pueblo que documentó deficiencias en la limpieza, contratos, dotaciones y manejo de residuos en hospitales públicos. Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, calificó el documento como “injusto y superficial”. Reconoció que no lo ha leído en detalle, pero cuestionó las declaraciones del defensor Eduardo Leblanc. “Si los hospitales estuvieran sucios, los medios ya estuvieran diciendo que esto es un desastre”, afirmó. Boyd Galindo defendió la gestión en materia de limpieza hospitalaria y aseguró que “todo está bien estipulado y bien cuadrado”, aunque admitió que los procesos de licitación para estos servicios no pueden demorar seis meses y deben ser más ágiles. El informe de la Defensoría, publicado el 30 de septiembre, también señala irregularidades en bioseguridad y mantenimiento. Este tema cobró relevancia tras revelarse que el consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, liderado por Hombres de Blanco Corp., recibió un contrato sin licitación por $15.3 millones para limpiar ocho hospitales durante un año. Otro eje de la sesión fue la situación presupuestaria del Ministerio de Salud (Minsa) para 2026. El titular explicó que en muchos hospitales solo habría fondos “para operar seis meses” y que deberán solicitar traslados de partidas adicionales. El presupuesto recomendado por el MEF asciende a $3,887 millones, pero en la práctica el miInforme incómodo y presupuesto limitado; Boyd Galindo ante diputados LIMPIEZA HOSPITALARIA nisterio dispone de cerca de $1,000 millones, pues $1,983 millones se transfieren a otras entidades como la CSS. El diputado Carlos Tito Afú criticó que el ministro tenga que “estar de pordiosero buscando plata” y recordó que presentó un anteproyecto para fijar un porcentaje mínimo de presupuesto para el Minsa. Sin embargo, desde el Ejecutivo no hay respaldo a nuevas leyes especiales que impongan topes presupuestarios. Varios diputados instaron al ministro a gestionar más recursos dentro del propio gabinete, mientras otros plantearon la necesidad de reestructurar la institución para hacerla más eficiente. Los cuestionamientos también se centraron en hospitales específicos, como el Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, y el Luis Chicho Fábrega, en Veraguas. Sobre el primero, Boyd Galindo explicó que la falta de neonatología y de UCI complicó la atención del caso de Laritza Jiménez, una embarazada que murió tras su traslado al Santo Tomás. Añadió que la sala de oncología cerró en 2023 y que hay especialidades con un solo médico. Sobre el hospital veragüense, denunció 27 años sin mantenimiento, problemas en tuberías y elevadores, y falta de fondos para atender las carencias acumuladas. La Contraloría asumió las funciones mediante el Reglamento de Medidas Precautorias. EFE Apede pide eliminar la figura del secuestro de bienes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] PRONUNCIAMIENTO El gremio empresarial advierte que esta disposición contenida en un reglamento de la Contraloría excede las competencias legales del organismo, vulnera el debido proceso y podría generar conflictos con la separación de poderes. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) dejó clara su posición sobre el reciente Reglamento de Medidas Precautorias de la Contraloría General de la República, que incluye la figura del secuestro de bienes. El gremio empresarial advierte que esta disposición excede las competencias legales del organismo, vulnera el debido proceso y podría generar conflictos con la separación de poderes, planteando interrogantes sobre los límites de la autoridad administrativa frente a las garantías constitucionales. Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, reconoció que la emisión del reglamento era necesaria para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que regula a la Contraloría y la faculta para adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, aclaró que la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco, ya que esta figura solo puede establecerse por ley y bajo control judicial, no mediante un reglamento administrativo. De Sanctis destacó que, aunque la Contraloría tiene la responsabilidad de salvaguardar los recursos del Estado, no puede asumir facultades coactivas que impliquen afectaciones patrimoniales sin un control judicial previo. “El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede crearse y aplicarse mediante ley, bajo supervisión de un juez competente”, subrayó. Debate legal La dirigente empresarial explicó que incorporar el secuestro en el reglamento administrativo no solo traslada funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa, sino que también abre la puerta a decisiones arbitrarias. “Confundir cautela con secuestro genera un vacío legal y una superposición de funciones que erosiona la separación de poderes”, añadió, en referencia al Tribunal de Cuentas, órgano ejecutor de la Contraloría. De Sanctis insistió en que el país necesita una Contraloría fuerte, eficaz y transparente, pero no una que concentre funciones propias del poder judicial. “La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, afirmó, enfatizando la necesidad de respetar las garantías constitucionales en todos los procedimientos administrativos. Además, adelantó que el gremio está dispuesto a participar en espacios de diálogo jurídico y técnico para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar la seguridad jurídica. “El respeto al debido proceso es tan esencial para el desarrollo nacional como la eficacia administrativa”, señaló. “Panamá no puede dar señales de inseguridad jurídica. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en el país como destino para invertir y generar empleo”, concluyó De Sanctis, reiterando la importancia de mantener un equilibrio entre control estatal y derechos ciudadanos. Otras opiniones Aunque la Contraloría defiende la medida como un instrumento de protección del patrimonio estatal, exmagistrados como Edgardo Molina Mola y Esmeralda de Troitiño, así como el exprocurador de la Administración Rigoberto González, señalan que el reglamento introduce procedimientos que podrían vulnerar el debido proceso, abrir espacios para el uso político del control fiscal y concentrar demasiado poder en un solo despacho. Molina Mola recalcó que “a todas luces se ve que está fuera de lo legal y de lo constitucional”. El exmagistrado insistió en que, incluso en una primera lectura superficial, la medida despierta dudas jurídicas. “Así como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, se ve que es ilegal e inconstitucional”, afirmó, dejando entrever que la decisión del contralor podría abrir un debate sobre los límites de sus facultades. Sobre este tema, el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que la Ley de la Contraloría sí contempla la suspensión de salarios a funcionarios en situaciones muy específicas, pero que no autoriza el secuestro de bienes. “Ni siquiera el fiscal puede decretar un secuestro por sí mismo; debe pedirlo a un juez de garantías porque afecta derechos fundamentales”, recordó el exprocurador. En su opinión, pretender equiparar la suspensión de un salario con el secuestro de bienes carece de sustento jurídico, pues se trata de acciones de naturaleza muy diferente. Ministro Fernando Boyd Galindo. Archivo Una villa de mentiras Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El primero fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien aseguró que el dinero para la restauración saldría de los “ahorros” obtenidos tras despedir botellas. Pero los números lo desmienten: el funcionamiento de su ministerio (la planilla) refleja un aumento de $9.5 millones para 2026. Ahorro no hay. Lo que se hubiera podido ahorrar el ministro es esa torpe justificación. Le siguió el presidente José Raúl Mulino, quien fiel a su estilo, defendió el proyecto atacando. Calificó de demagogos a quienes han sugerido usar esos fondos para necesidades urgentes. “No se trata de coger presupuesto y dárselo a los niños pobres como una Teletón”, dijo, lamentando que “la taquilla obnubile la mentalidad de algunos proponiendo locuras”. Obnubilar significa “turbar o cegar la mente”. Presidente: eso sonó más a proyección que a explicación. Cerró el ministro de Economía, Felipe Chapman, quien en un fallido intento por sacudirse el escándalo terminó metido en el mismo. Molesto, dijo que ese dinero no está en el presupuesto porque se pagaría paulatinamente, y retó a que le muestren la línea donde están los $7 millones. Ministro: las líneas claves son las de la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas, que establecen que no puede darse un acto público sin una partida presupuestaria. Hubo una licitación, y por ende, debe haber una asignación de recursos. Aunque la obra se pague en varios años es necesario incluir una referencia a la partida para el año en curso y la certificación de fondos futuros. En Panamá Compra están los números de la partida presupuestaria y la carta del director de Presupuesto del MEF al ministerio de la Presidencia sobre la villa. Superada la comprensión legal incompleta del ministro, volvamos a la lógica defensiva del presidente. Aún si aceptamos esa visión que impide contrastar los millones despilfarrados en la villa con las muchas necesidades del país, el proyecto queda mal parado. Y es que esta obra costará diez veces más que otra remodelación: la antigua nunciatura, donde se refugió Noriega durante la invasión, se convertirá en la Casa del Adulto Mayor por $727 mil. Un proyecto con costos razonables en beneficio de una población vulnerable. En contraste, seguimos sin entender: además de los visitantes ilustres que ocasionalmente se alojarán, ¿a quién beneficia la ostentosa remodelación de la viila? Por ahora, solo al ego presidencial y a una afortunada empresa: Construction Management Group (CMG). Con la villa, el hospital de mascotas y la restauración de la iglesia de Portobelo ya suman $33.5 millones en contratos estatales. Hay demasiada desesperación por justificar la villa. Tanta, que el escándalo no se ha desinflado como suele ocurrir en Panamá: las propias contradicciones oficiales lo mantienen vivo. La villa diplomática, por cuenta de los cuentos oficiales, podría terminar convirtiéndose en un símbolo nacional de una administración que defiende el despilfarro tildando de demagogos a quienes lo cuestionan. Se disfraza de rescate histórico, pero la única historia que está contando es la de “poco importa” con las necesidades y el sentir de los ciudadanos. Remodelar la villa diplomática nos costará a todos los contribuyentes $7.1 millones de dólares. Pero más escandaloso que el empecinamiento presidencial por revivir, con costos exorbitantes, el pasado colonial de la Zona del Canal, son las mentiras y contradicciones de los funcionarios para justificarlo. Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 8 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. blico puede iniciar ex o cio la persecución e investigación del delito. Además, de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Penal sobre la jurisdicción penal —que también merece revisarse—, tiene la potestad de “ordenar la ejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los responsables”. Luego está obligado a remitir el expediente incoado a las autoridades judiciales correspondientes. El incumplimiento o abuso de este deber por parte de cualquier fiscal es denunciable y punible. No ocurre lo mismo con el eventual prejuicio de una autoridad administrativa, que parece ser el centro de la polémica actual. El asunto no debe convertirse en un conflicto de poderes. La Contraloría General tiene su esfera claramente definida, que incluye la presentación de denuncias ante el Tribunal de Cuentas por irregularidades detectadas en las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo. No es correcto burocratizar el tratamiento jurídico del dolo: la investigación y el análisis penal son competencia del Ministerio Público. Se hace evidente la necesidad de integrar en una Ley General Anticorrupción todas las medidas y procedimientos existentes para combatir eficazmente la corrupción. Lo inaceptable es que existan obstáculos en las investigaciones por peculado y que circulen enfoques contradictorios sobre Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El papel que le corresponde a la generación Z Juventudes manipulación de actos que no le competen y, finalmente, la renuncia a la soberanía total obtenida con sangre en la lucha de 1964. El verdadero relevo generacional, referidos también como Centennials, nace con la generación Z, que comprende a todos los nacidos al final del siglo XX y que en la actualidad son los jóvenes nativos digitales que crecieron en un mundo donde la tecnología abarcaba los aspectos de su diario vivir. Están tecnológicamente más avanzados que las generaciones anteriores. Con una perspectiva renovada se han convertido en promotores de cambios significativos en su emprendimiento, lugar de empleo, la sociedad y el entorno que los rodea. La generación Z no conoce fronteras y se ha sentido su participación a nivel mundial en masivas protestas a miles de kilómetros de distancia, por situaciones tales como la corrupción y la desigualdad gubernamental. Los movimientos mundiales de protesta han adoptado un símbolo para su identificación: una calavera sonriente con un sombrero de paja, que según ellos “hace mucho sentido con nuestra generación” ya que simboliza la libertad y la voz contra la injusticia. Los miembros de la generación Z están unidos por una cultura propia de su juventud, que viene a ser un antisistema adoptado por los grupos de poder en todo el mundo, convirtiéndose en verdaderos agentes del cambio, unidos por una sola bandera. Se han convertiJorge Obediente Ley General Anticorrupción Las propuestas del procurador El proyecto del procurador general de la Nación para crear una Ley General Anticorrupción, vieja aspiración ciudadana, propone reformar el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública. Se trata de una iniciativa muy acertada, ya que en nuestro país existen decenas de instrumentos legales dispersos, sin cohesión, que propician vacíos y favorecen la impunidad. Si el propósito es acabar con el peculado y la riqueza derivada de él, lo lógico es no transigir con ninguna práctica que alimente la cultura de tolerancia a las fechorías, ni que permita la creación de vínculos entre delincuentes y autoridades públicas. Hasta donde se conoce, los proyectos 291 y 292 —que buscan fortalecer la investigación penal— apuntan a que el Ministerio Público cumpla sin trabas su responsabilidad constitucional de “perseguir el delito, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y tramitar las denuncias contra ellos”. Es indiscutible que el Ministerio Púel tema. En un artículo publicado en este diario el 28 de abril pasado, cité una opinión del magistrado Rainier Franco, del Tribunal de Cuentas, sobre la ineficacia de los mecanismos actuales para recuperar los bienes comprometidos en casos de lesión al patrimonio público. Entendí que se aludía a la ley de extinción de dominio, que considero indispensable en el debate sobre la futura ley anticorrupción. El magistrado criticó la falta de equilibrio institucional entre quienes investigan, juzgan y ejecutan los fallos en casos de peculado y delitos relacionados. También señaló la inoperancia en la recuperación de los valores perdidos del patrimonio público. Por mi parte, reproduje un dictamen de enero de 2022 de la Fiscalía General de Cuentas, que expone claramente los principios sustanciales de la extinción de dominio. Para concluir, no pueden ignorarse dos aspectos fundamentales: la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y el patrimonio nacional, y la gravedad del lavado de dinero, blanqueo de capitales y falsificaciones. Ignorar estos delitos o permitir indultos a sus responsables no puede seguir siendo tolerado en nuestro país. Opinión EL AUTOR fue embajador ante las Naciones Unidas. EL AUTOR es ciudadano. do mundialmente en una fuerza que sigue creciendo y que obtiene resultados. El común denominador y causa de las protestas ha sido “la frustración por la mala gobernanza, la falta de oportunidades y la desigualdad desenfrenada”. ¿Nos suena esto familiar en Panamá? Estudios indican que la generación Z se ha sentido defraudada porque no son tomados en cuenta por los gobernantes y se han vuelto escépticos con la democracia representativa. Recientemente, la bandera de la calavera con el sombrero de paja ha ondeado en varios continentes reflejando un símbolo político que reemplaza la bandera nacional en dichas demostraciones. Entre los factores que originaron las protestas se encuentran la frustración económica, el autoritarismo, la violación de derechos humanos, la introducción de proyectos de ley impopulares, el nepotismo, el retroceso democrático y la corrupción generalizada a nivel mundial. Hace menos de un mes hubo protestas en Perú por la impopularidad de la presidenta Dina Boluarte; en Londres, para protestar sobre el genocidio en Gaza; en Turquía, por retroceso democrático, por mencionar algunas. En Filipinas, la bandera fue mostrada durante la protesta “Trillion Peso March”, que denunció un proyecto fantasma y corrupción, como pensiones vitalicias para miembros del parlamento. En Francia, hace una semana, en las protestas antigubernamentales “Bloquons tout”, manifestantes llevaban la bandera que los identificaba como de la generación Z. Como podemos apreciar, la generación Z, con su cultura propia de antisistema, se ha hecho presente en muchos países combatiendo la desigualdad, con la fuerza característica de su juventud, unidos por una bandera y promoviendo el cambio. Nos preguntamos: ¿dónde estará nuestra generación Z y en qué se ocupa? ¿Se identificará con alguno de los incidentes que suceden en otros países y que también tenemos en nuestro propio patio? ¿Ondeará la bandera de la calavera con el sombrero de paja? Para los que nacimos durante o recién terminada la Segunda Guerra Mundial y que hemos vivido una vida plena y ahora nos etiquetan como “adulto mayor”, somos de la generación baby boomers. Las siguientes generaciones, cada cual con marcadas características propias de valores, aspiraciones y retos, marcaron diferencias en ciclos de aproximadamente 20 años entre una y la siguiente. Los que nacieron después de los baby boomers, entre 1965 y 1980, se etiquetaron como generación X y ahora ya deben haber alcanzado, o están por alcanzar, la edad de jubilación, y la sociedad los etiqueta como “personas adultas”. Los que nacieron después de 1980 hasta 1995 se etiquetaron millennials y crecieron en un mundo transformado por las comunicaciones instantáneas, los celulares y el crecimiento explosivo de la internet. Los baby boomers panameños, que hemos vivido en dos siglos distintos, experimentado el asesinato de un presidente, la ocupación de la Zona del Canal por los estadounidenses, el yugo de un dictador, una etapa donde los bancos estuvieron cerrados por varios meses, la lucha estudiantil por recuperar nuestra soberanía y la zona canalera, la invasión norteamericana, la reversión del canal a manos panameñas, las elecciones que produjeron presidentes corruptos, la incursión del narcotráfico en el mundo financiero, las protestas convertidas en actos vandálicos que causaron daños al sector productivo y a la población que nunca fue compensada. Hoy seguimos viviendo la selectividad y el oportunismo en las decisiones legislativas y judiciales, la intromisión del Ejecutivo en la Ramón Morales Quijano El verdadero relevo generacional, referidos también como Centennials, nace con la generación Z, que comprende a todos los nacidos al final del siglo XX y que en la actualidad son los jóvenes nativos digitales que crecieron en un mundo donde la tecnología abarcaba los aspectos de su diario vivir. Texas amenaza con desplazar al Canal: Panamá no puede dormirse Logística En un mundo donde el poder ya no se mide solo por ejércitos o tratados, sino por la capacidad de mover bienes con rapidez, eficiencia y soberanía, la logística se ha convertido en la nueva geoestrategia. Por eso, no debe pasar desapercibida la ambición de Texas — expresada en el foro SHIPPINGInsight 2025— de convertirse en el “Suez del siglo XXI”. Mientras Houston consolida inversiones portuarias, energéticas y ferroviarias, Panamá sigue actuando como si la renta geográfica del Canal bastara por sí sola para sostener nuestra posición global. Pero esa ventaja no es eterna. Texas avanza con una visión clara y ejecutiva: posicionarse como el principal nodo logístico de Estados Unidos, con proyección intercontinental. El puerto de Houston, en particular, ya genera miles de millones de dólares al año y se integra fluidamente con el corazón industrial del país mediante trenes, autopistas y centros de manufactura. La lógica es simple pero poderosa: quien controla las rutas y sus nodos domina también el comercio, la competitividad industrial y, por extensión, su peso geopolítico. Panamá no puede permitirse mirar hacia otro lado. Lo que está en juego no es solo eficiencia operativa, sino una cuota real de poder en el orden global que se está redefiniendo. Mientras tanto, en nuestro propio territorio, se libra otra batalla: la lucha por el control estratégico del Canal y de sus terminales asociadas. La reciente negociación para que un consorcio liderado por BlackRock adquiera los puertos de Balboa y Cristóbal —hasta ahora bajo administración de una empresa hongkonesa— ha generado inquietudes legítimas. Washington celebra la movida como una jugada para contener la influencia china. Pero Panamá, ¿qué gana realmente en esa transacción? El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ha advertido con razón sobre los riesgos que implicaría permitir que terminales clave pasen a manos de grandes líneas navieras como MSC. Esto podría comprometer la neutralidad operativa del Canal, distorsionar la competencia entre navieras y, sobre todo, erosionar nuestra autonomía estratégica. Y no es el único frente que nos desafía. La prolongada sequía de los últimos dos años ha obligado a limitar el calado y reducir el número de tránsitos diarios, afectando directamente la confiabilidad del Canal como ruta marítima global. Esto no es una amenaza futura: ya está ocurriendo. Si Texas logra consolidarse como alternativa viable — especialmente para el comercio entre Asia y América del Norte—, el Canal de Panamá podría enfrentar una reducción sostenida de tránsitos. Las grandes navieras ya están rediseñando rutas. No se trata de especulaciones, sino de una reconfiguración logística en tiempo real. Las consecuencias para Panamá serían graves y sistémicas: una caída en los ingresos por peajes, pérdida de atractivo para la inversión en infraestructura logística, debilitamiento de los puertos periféricos y una progresiva pérdida de relevancia como eje interoceánico. Peor aún, miles de empleos directos e indirectos vinculados al ecosistema marítimo estarían en riesgo. Ante este escenario, es imperativo fortalecer la institucionalidad del Canal, blindándola frente a presiones externas y asegurando una gobernanza transparente, profesional e independiente. La modernización de nuestra red logística también es urgente: puertos como Colón, Chiriquí o Corozal deben convertirse en plataformas intermodales con infraestructura moderna y conectividad eficiente. A la par, necesitamos inversiones decididas en resiliencia hídrica y climática; porque sin agua, el Canal simplemente no funciona. Y quizás lo más estratégico: redefinir nuestra política exterior desde una perspectiva marítima, estableciendo alianzas inteligentes que fortalezcan nuestra soberanía sin someternos a alineamientos automáticos. No basta con haber heredado una posición privilegiada. La historia nos dio el Canal; pero su futuro dependerá de nuestra capacidad para defenderlo, modernizarlo y reposicionarlo ante un mundo que ya se mueve hacia nuevas rutas. EL AUTOR es máster en administración industrial. Gabriel J. Perea Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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