2A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Para los panameños, la corrupción es el principal problema del país y los servicios públicos funcionan “muy mal”, según una encuesta del CIEPS. La Prensa Despojo impune: corrupción, el lucrativo negocio de robarnos a todos Sol Lauria ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En casos de corrupción en Panamá, las multas apenas alcanzan un tercio del dinero defraudado y la justicia recupera menos de la mitad. ¿Por qué las instituciones no consiguen obligar a los corruptos a devolver el dinero robado? En el mayor caso de corrupción de la historia de Panamá, ninguno de los principales involucrados ha sido condenado. La trama Odebrecht fue un asalto al erario público panameño, pero los únicos declarados culpables por haber lavado $28 millones en sobornos del gigante brasileño fueron sentenciados en Estados Unidos: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, obligados en 2022 por un juez de Nueva York a devolver $18.8 millones, pagar una multa de $250 mil y permanecer tres años en prisión (aunque al final Ricardo Alberto solo cumplió un año, un mes y 15 días, y su hermano, un año, dos meses y 10 días). Por el mismo caso, los hermanos Martinelli enfrentan un juicio en Panamá: haber construido un sofisticado andamiaje para camuflar decenas de millones de las coimas que Odebrecht les pagó para garantizarse acceso al poder y contratos de obras públicas a la medida, con sobrecostos de infarto. Igual de sólidas también son las pruebas: certificados de transferencias bancarias y sociedades “fantasmas”, contratos ficticios y confesiones de los involucrados, como el jefe de la empresa en Panamá, André Rabello. Pero mientras la justicia norteamericana logró recuperar el 70 % del dinero que ambos blanquearon a través de su sistema bancario, aquí no han devuelto ni un centavo de los $42 millones que los fiscales demostraron les pagó la constructora: la causa solo registra bienes aprehendidos, como un helicóptero y un apartamento de lujo. Odebrecht entregó en Panamá más de $100 millones en sobornos y financiamiento ilegal de campañas electorales –al menos unos $130 millones, según un cálculo de La Prensa–, con los hermanos Martinelli, su padre, el expresidente Ricardo Martinelli; su sucesor, Juan Carlos Varela; exministros y asesores como destinatarios. Para costearlos, permitieron obras con sobrecostos que sobrepasarían los $2,000 millones, suficiente para financiar el embalse de Río Indio para el Canal o hasta siete hospitales de $300 millones cada uno. La justicia, sin embargo, solo logró recuperar apenas para levantar tres policlínicas. Odebrecht es una muestra de lo que ocurre en Panamá con los casos de corrupción de alto perfil. Evidencia que el desfalco queda impune: la justicia tiene dificultades para establecer una lesión patrimonial que se ajuste al monto mal habido y recuperar lo que un puñado de políticos le roban a todos los panameños. La multa impuesta a la empresa fue nueve veces menor que la cantidad defraudada –$220 millones– y la justicia apenas ha recuperado la mitad – unos $130 millones, según el Ministerio Público–. Esta investigación de Concolón y La Prensa, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, rastreó los montos involucrados, la lesión patrimonial impuesta por el Estado y el dinero recuperado en 10 casos de corrupción de alto perfil que permanecen abiertos. También analizó 452 fallos por blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, disponibles en una plataforma online de la Procuraduría General de la Nación que reúne sentencias emitidas entre 2019 y 2024. Los hallazgos demuestran que la corrupción no tiene costo para quienes roban: en promedio, la lesión patrimonial no supera la tercera parte de las sumas involucradas y lo que se recupera no llega ni a la mitad de esa lesión. Y eso es solo un porcentaje: no todos los casos son judicializados y, en los que sí, pocas veces se logra rastrear la totalidad del dinero de origen dudoso. En los expedientes analizados para este trabajo, solo se logró determinar una cifra en un tercio de los fallos. Ganancia de pocos, pérdidas para la mayoría El costo total de la corrupción es imposible de cuantificar. A los sobornos, favores políticos o fuga de capitales, hay que sumarle el costo de las investigaciones, que pueden extenderse durante años en varios organismos –Ministerio Público, Contraloría, etc.–, proyectos o servicios que se sacrifican y los daños a la reputación del país, que inciden en la inversión extranjera, la recaudación y la confianza. Lo que los investigadores logran identificar es apenas una fracción de un botín muchísimo más abultado. Para llegar a una aproximación y dimensionar el impacto en la vida de los panameños, esta alianza periodística examinó 452 fallos publicados por el Ministerio Público (MP) de sentencias condenatorias y absolutorias emitidas entre 2019 y 2024. El análisis revela que la justicia logró recuperar solo $1 de cada $12. En 132 de estos casos se identificaron montos de procedencia ilícita por al menos $190 millones, de los que solo se recuperó $50 millones del total (452 casos). Esto excluye a casos aún abiertos, como el de Odebrecht. Los panameños no solo perdieron el dinero robado por sus representantes. Además, fueron despojados de servicios básicos como salud, educación, obras públicas o algo tan urgente como la recolección y gestión de la basura. En la década del 2000, por ejemplo, la comarca Ngöbe Buglé se quedó sin la ampliación de un hospital rural porque las obras no fueron terminadas, aunque el Ministerio de Salud pagó por ellas. Según un análisis del último censo elaborado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la comarca “carece de dotaciones sanitarias en todo su territorio”, hay muy pocas camas, menos médicos –1 por cada 7,752 habitantes, cuando la media del país es 1 por cada 611 habitantes–, “no existen hospitales” y 6 de cada10niñospadecendesnutrición crónica. “La corrupción ya se entiende como un acto de violencia contra la ciudadanía, porque está violando sus derechos humanos. Hay que entender cómo la sustracción de recursos impide o desmejora los servicios públicos”, apunta la directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía. Panamá tuvo el mayor presupuesto por habitante de Centroamérica en 2025 ($6,668), pero puntúa peor en el Índice de Efectividad Gubernamental del Banco Mundial, con un puntaje negativo de −0.21. Costa Rica, con un gasto menor de $4,637 per cápita, lo superó con +0.36. La comparación revela deficiencias en el manejo de los fondos públicos. La evidencia de las sentencias analizadas podría aportar una explicación. Obras a medio terminar o muy mal hechas, pagadas al doble, triple o cinco veces más que el precio de oferta de otras contratistas. O directamente sin ejecutar, porque el dinero fue donde no tenía que ir, como las obras contratadas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en 2013: $13.3 millones para 36 contratos con empresas de empleados y familiares de un candidato del entonces oficialista Cambio Democrático (CD), Heriberto “Yunito” Vega. Según el fallo, “una forma de encubrir el financiamiento a una candidatura política enmarcándose en redes de tráfico de influencia y corrupción”. Ese fue uno de los pocos casos identificados con condena a un funcionario de alto perfil: el entonces director del PAN, Giacomo Tamburelli, quien murió en junio pasado, cuando cumplía prisión. Los fallos muestran que los delitos pueden ser los mismos, pero la pena no. Todo depende de quién lo comete. Por ejemplo, una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenada a dos años de prisión porque se apoderó de $745 de la institución, pero ninguno de los protagonistas de Odebrecht o de la estafa de la indemnización de los “diablos rojos” durante la gestión de Martinelli corrieron la misma suerte. La juez Águeda Rentería absolvió a los 185 imputados a fines de agosto pasado, entre ellos, dos colaboradores cercanos del presidente José Raúl Mulino. A la funcionaria de la CSS la obligaron a devolver $5 más de lo robado, $750. En el juicio de los “diablos rojos” se recuperaron apenas $90 mil de los $24 millones de lesión patrimonial al Estado, un irrisorio 0.37%, según información del MP. Para dar paso al sistema de MetroBus, el Estado destinó al menos $98 millones en compensaciones. En los 10 procesos judiciales sin condena definitiva ocurrió igual: el rastro de la corrupción superaría los $3,000 millones, pero el promedio de la lesión patrimonial al Estado no llegó a un cuarto de lo robado. ¿Cómo determina el Estado la lesión patrimonial? ¿Por qué la justicia no logra recuperar el dinero robado, como sí lo hizo la justicia en Estados Unidos con los hermanos Martinelli Linares? Cultura, estructura y leyes Una explicación del porqué los tribunales consignan lesiones patrimoniales muy por debajo de lo que se estima robado y sus consecuencias, se encuentra al principio del proceso: el cálculo de la Contraloría, por medio de auditorías, sin tener aún todos los elementos que luego aportan los fiscales. Expertos y funcionarios judiciales consultados sobre la deficiente recuperación del dinero de la corrupción apuntaron a la cultura institucional, recursos limitados, cooperación internacional y un marco legal insuficiente, que se combinan para hacer de cada caso un desafío extremo. Para corregir la situación, el MP propone dos iniciativas de ley que permitirían agilizar cuatro mil casos de corrupción y blanqueo pendientes. Uno de los puntos es la recuperación de activos. También busca ampliar técnicas de investigación, fortalecer capacidades y alargar plazos legales para que los casos no prescriban, como pasó con el delito de corrupción de funcionario público en la trama Odebrecht. Por ahora, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional los mantiene engavetados. Como pertinaz cancerbero aparece, curiosamente, Luis Eduardo Camacho, amigo íntimo de Martinelli y presidente de la Comisión de Gobierno, quien ya ha declarado que no cederá a presiones para llevarlos a discusión. Esta investigación colaborativa entre Concolón y La Prensa fue realizada con el apoyo de la Beca Justicia Hoy, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panamá tiene el mayor presupuesto de Centroamérica, pero puntúa peor en calidad de servicio público. Archivo
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