1A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 6 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15460 Hoy por hoy Entre 2019 y 2024, Panamá registró perjuicios por $190 millones en delitos contra la administración pública, de los cuales solo se recuperaron $50 millones. La cifra revela la debilidad estructural del sistema anticorrupción, que enfrenta problemas tanto en la legislación como en los controles previos y posteriores y en la recuperación de bienes.En el caso New Business, los hermanos Martinelli fueron condenados en 2023 a pagar $19.2 millones, pero el Estado aún no ha recuperado nada.En el caso de Odebrecht, la multa impuesta a la empresa fue una forma de sanción, pero el juicio a los coimeadores sigue pendiente. En ambos casos, la opacidad en los acuerdos de pena no permite saber si realmente hubo una recuperación efectiva de los fondos defraudados. La ejecución de sentencias y la recuperación de bienes continúan siendo ineficaces, lo que convierte a la corrupción en un negocio barato para los responsables. Panamá se prepara para enfrentar a El Salvador 5B Deportes Panorama Reclamo frena licitación de $140.3 millones de recolección de basura 4A Economía Teleférico moverá hasta 3,600 personas por hora 4B $7.1 millones vs. $727 mil: la remodelación de caserones para la diplomacia y la vejez La Presidencia de la República destaca dos proyectos de remodelación de caserones históricos, uno para la diplomacia y otro para la atención de la vejez, con presupuestos marcadamente diferentes y fines contrastantes. VEA 4A $190 millones sustraídos; $50 millones recuperados Sol Lauría ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La corrupción en el país ha dejado un rastro de impunidad, con casos emblemáticos que reflejan Un análisis de 452 sentencias de blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, emitidas entre 2019 y 2024, revela que la corrupción en Panamá sigue siendo impune. el fracaso de la justicia. Un análisis de 452 fallos judiciales entre 2019 y 2024 revela que, aunque se identificaron más de $190 millones en sobornos y montos ilícitos, solo se recuperaron $50 millones. La corrupción ha afectado gravemente los servicios públicos, como salud, educación e infraestructura. En la comarca Ngöbe Buglé, por ejemplo, se pagaron obras que nunca se completaron, dejando a miles sin acceso a servicios básicos. A pesar de contar con el mayor presupuesto per cápita de Centroamérica, Panamá muestra deficiencias en el manejo de fondos públicos, con obras mal ejecutadas o sobrevaluadas. En el mayor escándalo de corrupción de Panamá, Odebrecht pagó más de $100 millones en sobornos. Aunque los hermanos Martinelli fueron sentenciados en Estados Unidos, en Panamá enfrentan un juicio sin recuperar los $42 millones defraudados. VEA 2A 7/10 Velas, memoria, dolor y tensión Velas encendidas ayer en la fuente de Dizengoff Square en Tel Aviv, en homenaje a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. En Londres, se rendía homenaje a las víctimas del atentado terrorista, mientras que en diversos países del mundo (Brasil, Marruecos, Ecuador, Turquía, por ejemplo), se realizaron manifestaciones a favor de la causa palestina y en contra de la dura respuesta israelí en Gaza. EFE Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Archivo El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá es el “país de las leyes especiales”, un sistema que obliga a destinar recursos para ajustes salariales, subsidios y otros compromisos, limitando la flexibilidad del presupuesto. Ejemplos de esto son los $312 millones asignados para cumplir con leyes que afectan el gasto público, y los $2,486 millones destinados a subsidios para 2026. En su esfuerzo por flexibilizar el gasto, Chapman informó que desde el gobierno se está realizando un exhaustivo inventario de estas leyes, que será presentado muy pronto con propuestas de reforma para reducir las rigideces y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Entre las leyes que mencionó, destacó la que obliga a destinar el 7% del PIB a educación, una cifra que cuestiona por no seguir las mejores prácticas internacionales. Aunque no precisó qué otros subsidios a particulares o sectores se verían afectados, en el pasado se ha referido a las leyes que establecen aumentos automáticos en el sector público como un área que necesita revisión. VEA 5A PRESUPUESTO Panamá pierde impulso en inversión extranjera Ejecutivo planteará a la Asamblea desmantelar las leyes especiales La Inversión Extranjera Directa cayó $361 millones en el primer semestre de 2025, reflejando la salida de capitales y pérdida de confianza empresarial. Economistas advierten que Panamá está siendo superado por sus vecinos en atracción de inversión. El Gobierno apuesta por megaproyectos y un plan de obras por 30 mil millones para revertir la tendencia. VEA1B UI UNIDAD INVESTIGATIVA Cristalografía de rayos X, la fascinante técnica científica que está detrás de más de 20 premios Nobel www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Para los panameños, la corrupción es el principal problema del país y los servicios públicos funcionan “muy mal”, según una encuesta del CIEPS. La Prensa Despojo impune: corrupción, el lucrativo negocio de robarnos a todos Sol Lauria ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] En casos de corrupción en Panamá, las multas apenas alcanzan un tercio del dinero defraudado y la justicia recupera menos de la mitad. ¿Por qué las instituciones no consiguen obligar a los corruptos a devolver el dinero robado? En el mayor caso de corrupción de la historia de Panamá, ninguno de los principales involucrados ha sido condenado. La trama Odebrecht fue un asalto al erario público panameño, pero los únicos declarados culpables por haber lavado $28 millones en sobornos del gigante brasileño fueron sentenciados en Estados Unidos: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, obligados en 2022 por un juez de Nueva York a devolver $18.8 millones, pagar una multa de $250 mil y permanecer tres años en prisión (aunque al final Ricardo Alberto solo cumplió un año, un mes y 15 días, y su hermano, un año, dos meses y 10 días). Por el mismo caso, los hermanos Martinelli enfrentan un juicio en Panamá: haber construido un sofisticado andamiaje para camuflar decenas de millones de las coimas que Odebrecht les pagó para garantizarse acceso al poder y contratos de obras públicas a la medida, con sobrecostos de infarto. Igual de sólidas también son las pruebas: certificados de transferencias bancarias y sociedades “fantasmas”, contratos ficticios y confesiones de los involucrados, como el jefe de la empresa en Panamá, André Rabello. Pero mientras la justicia norteamericana logró recuperar el 70 % del dinero que ambos blanquearon a través de su sistema bancario, aquí no han devuelto ni un centavo de los $42 millones que los fiscales demostraron les pagó la constructora: la causa solo registra bienes aprehendidos, como un helicóptero y un apartamento de lujo. Odebrecht entregó en Panamá más de $100 millones en sobornos y financiamiento ilegal de campañas electorales –al menos unos $130 millones, según un cálculo de La Prensa–, con los hermanos Martinelli, su padre, el expresidente Ricardo Martinelli; su sucesor, Juan Carlos Varela; exministros y asesores como destinatarios. Para costearlos, permitieron obras con sobrecostos que sobrepasarían los $2,000 millones, suficiente para financiar el embalse de Río Indio para el Canal o hasta siete hospitales de $300 millones cada uno. La justicia, sin embargo, solo logró recuperar apenas para levantar tres policlínicas. Odebrecht es una muestra de lo que ocurre en Panamá con los casos de corrupción de alto perfil. Evidencia que el desfalco queda impune: la justicia tiene dificultades para establecer una lesión patrimonial que se ajuste al monto mal habido y recuperar lo que un puñado de políticos le roban a todos los panameños. La multa impuesta a la empresa fue nueve veces menor que la cantidad defraudada –$220 millones– y la justicia apenas ha recuperado la mitad – unos $130 millones, según el Ministerio Público–. Esta investigación de Concolón y La Prensa, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, rastreó los montos involucrados, la lesión patrimonial impuesta por el Estado y el dinero recuperado en 10 casos de corrupción de alto perfil que permanecen abiertos. También analizó 452 fallos por blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública, disponibles en una plataforma online de la Procuraduría General de la Nación que reúne sentencias emitidas entre 2019 y 2024. Los hallazgos demuestran que la corrupción no tiene costo para quienes roban: en promedio, la lesión patrimonial no supera la tercera parte de las sumas involucradas y lo que se recupera no llega ni a la mitad de esa lesión. Y eso es solo un porcentaje: no todos los casos son judicializados y, en los que sí, pocas veces se logra rastrear la totalidad del dinero de origen dudoso. En los expedientes analizados para este trabajo, solo se logró determinar una cifra en un tercio de los fallos. Ganancia de pocos, pérdidas para la mayoría El costo total de la corrupción es imposible de cuantificar. A los sobornos, favores políticos o fuga de capitales, hay que sumarle el costo de las investigaciones, que pueden extenderse durante años en varios organismos –Ministerio Público, Contraloría, etc.–, proyectos o servicios que se sacrifican y los daños a la reputación del país, que inciden en la inversión extranjera, la recaudación y la confianza. Lo que los investigadores logran identificar es apenas una fracción de un botín muchísimo más abultado. Para llegar a una aproximación y dimensionar el impacto en la vida de los panameños, esta alianza periodística examinó 452 fallos publicados por el Ministerio Público (MP) de sentencias condenatorias y absolutorias emitidas entre 2019 y 2024. El análisis revela que la justicia logró recuperar solo $1 de cada $12. En 132 de estos casos se identificaron montos de procedencia ilícita por al menos $190 millones, de los que solo se recuperó $50 millones del total (452 casos). Esto excluye a casos aún abiertos, como el de Odebrecht. Los panameños no solo perdieron el dinero robado por sus representantes. Además, fueron despojados de servicios básicos como salud, educación, obras públicas o algo tan urgente como la recolección y gestión de la basura. En la década del 2000, por ejemplo, la comarca Ngöbe Buglé se quedó sin la ampliación de un hospital rural porque las obras no fueron terminadas, aunque el Ministerio de Salud pagó por ellas. Según un análisis del último censo elaborado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), la comarca “carece de dotaciones sanitarias en todo su territorio”, hay muy pocas camas, menos médicos –1 por cada 7,752 habitantes, cuando la media del país es 1 por cada 611 habitantes–, “no existen hospitales” y 6 de cada10niñospadecendesnutrición crónica. “La corrupción ya se entiende como un acto de violencia contra la ciudadanía, porque está violando sus derechos humanos. Hay que entender cómo la sustracción de recursos impide o desmejora los servicios públicos”, apunta la directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía. Panamá tuvo el mayor presupuesto por habitante de Centroamérica en 2025 ($6,668), pero puntúa peor en el Índice de Efectividad Gubernamental del Banco Mundial, con un puntaje negativo de −0.21. Costa Rica, con un gasto menor de $4,637 per cápita, lo superó con +0.36. La comparación revela deficiencias en el manejo de los fondos públicos. La evidencia de las sentencias analizadas podría aportar una explicación. Obras a medio terminar o muy mal hechas, pagadas al doble, triple o cinco veces más que el precio de oferta de otras contratistas. O directamente sin ejecutar, porque el dinero fue donde no tenía que ir, como las obras contratadas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en 2013: $13.3 millones para 36 contratos con empresas de empleados y familiares de un candidato del entonces oficialista Cambio Democrático (CD), Heriberto “Yunito” Vega. Según el fallo, “una forma de encubrir el financiamiento a una candidatura política enmarcándose en redes de tráfico de influencia y corrupción”. Ese fue uno de los pocos casos identificados con condena a un funcionario de alto perfil: el entonces director del PAN, Giacomo Tamburelli, quien murió en junio pasado, cuando cumplía prisión. Los fallos muestran que los delitos pueden ser los mismos, pero la pena no. Todo depende de quién lo comete. Por ejemplo, una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenada a dos años de prisión porque se apoderó de $745 de la institución, pero ninguno de los protagonistas de Odebrecht o de la estafa de la indemnización de los “diablos rojos” durante la gestión de Martinelli corrieron la misma suerte. La juez Águeda Rentería absolvió a los 185 imputados a fines de agosto pasado, entre ellos, dos colaboradores cercanos del presidente José Raúl Mulino. A la funcionaria de la CSS la obligaron a devolver $5 más de lo robado, $750. En el juicio de los “diablos rojos” se recuperaron apenas $90 mil de los $24 millones de lesión patrimonial al Estado, un irrisorio 0.37%, según información del MP. Para dar paso al sistema de MetroBus, el Estado destinó al menos $98 millones en compensaciones. En los 10 procesos judiciales sin condena definitiva ocurrió igual: el rastro de la corrupción superaría los $3,000 millones, pero el promedio de la lesión patrimonial al Estado no llegó a un cuarto de lo robado. ¿Cómo determina el Estado la lesión patrimonial? ¿Por qué la justicia no logra recuperar el dinero robado, como sí lo hizo la justicia en Estados Unidos con los hermanos Martinelli Linares? Cultura, estructura y leyes Una explicación del porqué los tribunales consignan lesiones patrimoniales muy por debajo de lo que se estima robado y sus consecuencias, se encuentra al principio del proceso: el cálculo de la Contraloría, por medio de auditorías, sin tener aún todos los elementos que luego aportan los fiscales. Expertos y funcionarios judiciales consultados sobre la deficiente recuperación del dinero de la corrupción apuntaron a la cultura institucional, recursos limitados, cooperación internacional y un marco legal insuficiente, que se combinan para hacer de cada caso un desafío extremo. Para corregir la situación, el MP propone dos iniciativas de ley que permitirían agilizar cuatro mil casos de corrupción y blanqueo pendientes. Uno de los puntos es la recuperación de activos. También busca ampliar técnicas de investigación, fortalecer capacidades y alargar plazos legales para que los casos no prescriban, como pasó con el delito de corrupción de funcionario público en la trama Odebrecht. Por ahora, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional los mantiene engavetados. Como pertinaz cancerbero aparece, curiosamente, Luis Eduardo Camacho, amigo íntimo de Martinelli y presidente de la Comisión de Gobierno, quien ya ha declarado que no cederá a presiones para llevarlos a discusión. Esta investigación colaborativa entre Concolón y La Prensa fue realizada con el apoyo de la Beca Justicia Hoy, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panamá tiene el mayor presupuesto de Centroamérica, pero puntúa peor en calidad de servicio público. Archivo
3A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Panorama Carrera Judicial: una década de opacidad y resistencia al cambio Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA La falta de recursos, la resistencia de sectores clave y la opacidad en los procesos de selección continúan retrasando el avance hacia un sistema judicial más transparente y eficiente. A pesar de que la Ley 53 de 2015, que creó la Ley de Carrera Judicial, fue establecida hace 10 años, su implementación aún sigue en marcha. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos y a la ausencia de mecanismos claros para el nombramiento de magistrados y jueces, lo que ha ocasionado varios retrasos. Solo el pasado 24 de septiembre, Alianza Ciudadana Pro Justicia decidió no participar en la quinta fase del proceso de selección de los aspirantes a magistrados y jueces. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no respondiera dos notas aclaratorias sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase de dicho proceso, el cual permitió que algunos aspirantes que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla fueran incluidos en la siguiente fase. Dos días después, de manera excepcional, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a los miembros del Colegio Nacional de Abogados, Antonio Rodríguez, Zaida Latorraca y Rubén Elías Rodríguez, como representantes de la sociedad civil para participar en la quinta fase del concurso para el nombramiento de jueces y magistrados en distintas jurisdicciones a nivel nacional, luego de que representantes de Alianza Ciudadana Pro Justicia decidieran no participar por falta de transparencia. Previamente, en 2016, la Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció 600 nombramientos de personal en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), alegando que se ignoraba la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial. En esa ocasión, se presentó una denuncia ante la Asamblea Nacional contra el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero la denuncia fue archivada por falta de méritos. Obstáculos Magaly Castillo, miembro de la Alianza, sostiene que el proceso de implementación de la Carrera Judicial se ha dilatado en el tiempo debido a la resistencia de algunos magistrados de la Corte, quienes se opusieron abiertamente a su implementación. Según Castillo, la principal resistencia proviene de magistrados que preferían mantener el sistema de nombramientos “discrecionales” que existía antes de la reforma al Código Penal, que introdujo esta figura. Castillo recalca que el riesgo de manipulación persiste, como lo evidenció la exclusión de la Alianza de los órganos de supervisión encargados de la selección de jueces y magistrados, lo que permitió evadir cuestionamientos legítimos sobre el proceso de evaluación. La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino se mostró decepcionado por la forma de operar de los magistrados y jueces de garantías del Sistema Penal Acusatorio. Mulino calificó como una “burla” el manejo de casos de alto perfil, que involucran millones de dólares, en los que los jueces de garantías conceden medidas cautelares como la notificación periódica a los procesados, quienes luego quedan en libertad. El mandatario aseguró haber expresado esta inquietud a la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, y al procurador Luis Gómez, respecto al manejo de ciertos casos, en los que parece que los jueces de garantías no responden a una supervisión. En cuanto a la Carrera Judicial, el presidente del Consejo de Administración, magistrado Abel Zamorano, explicó que más del 60% de los miembros de la judicatura forman parte de la Carrera Judicial, y que su objetivo es llegar al 85% en los próximos meses. Además, Zamorano hizo un llamado de atención a los jueces y magistrados sobre la importancia del factor productividad, ya que, según él, algunos jueces se han puesto metas “blandas”, sin la finalidad de combatir el rezago judicial. Actualmente, el Consejo trabaja en un proceso de evaluación del desempeño de jueces y magistrados, quienes deben rendir cuentas ante las unidades nominadoras para garantizar el cumplimiento de metas y normas éticas de conducta. La evaluación del desempeño de jueces y magistrados está compuesta por seis factores clave: productividad, competencias, atención al usuario, manual de buenas prácticas laborales, cumplimiento de normas éticas y disciplinarias, y clima laboral. Todos estos factores deben ser cumplidos por aquellos jueces y magistrados que aspiren a ingresar a la Carrera Judicial. En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial. Actualmente, también se trabaja en el nombramiento de 102 jueces del SPA, entre los que se incluyen jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento. Un juez de garantías rechazó la solicitud presentada por el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, para excluir la querella interpuesta por la Dirección de Asesoría Legal de esa entidad, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado. En una audiencia celebrada el pasado viernes, la juez Irene Cedeño desestimó la petición de Ángel Álvarez, abogado de Meneses, quien solicitaba dejar sin efecto la querella presentada en su contra por la presunta comisión de peculado. La juez Cedeño argumentó que la querella presentada por la Dirección de Asesoría Legal del Ifarhu cumple con las normativas legales vigentes y decidió mantener la resolución No. 214 de 18 de junio de 2025, emitida por el Ministerio Público, que reconoce al Ifarhu como víctima. Meneses sigue detenido en la cárcel de Tinajitas, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado. Además, enfrenta otro proceso por la presunta comisión de blanqueo de capitales. En una audiencia celebrada el pasado 17 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pittí consideraron que la medida de detención preventiva aplicada por un juez de garantías el 8 de junio era la más adecuada para asegurar la vinculación de Bernardo Meneses al proceso por enriquecimiento injustificado. Recientemente se conoció que, a pesar de estar en prisión preventiva, Meneses aspira a participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para el cargo de primer vicepresidente de esa agrupación política. Meneses, quien ha participado en todas las audiencias, mantiene su inocencia y asegura que los procesos Juez niega solicitud a Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado JUSTICIA en su contra tienen un trasfondo político. Según la Fiscalía, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló un incremento patrimonial no justificado de 419,331 dólares. Esta suma, señala la investigación, supera ampliamente los bienes declarados por Meneses durante su gestión al frente del Ifarhu, entre 2019 y 2023. El Ministerio Público considera que existen elementos que vinculan al exfuncionario con el uso indebido de fondos públicos. El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción no logró que un juez de garantías ordenara la detención preventiva de Meneses en la investigación por peculado. En otra audiencia, la juez Cedeño también acogió la imputación del Ministerio Público contra otro exfuncionario del Ifarhu por presunto peculado en perjuicio de esa entidad. Además, la juez dispuso aplicar a este exfuncionario la medida cautelar de reportarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes ante la autoridad competente. El Ifarhu ha presentado diversas denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades en el manejo de fondos destinados a auxilios económicos y becas. La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en la tramitación de estos auxilios, quienes recibieron dinero sin necesidad. Juan Manuel Díaz [email protected] Bernardo Meneses, ex director del Ifarhu. Archivo El presupuesto Los primeros fondos para la implementación de la Carrera Judicial fueron otorgados en 2016, con la asignación de $1.5 millones a través de un traslado de partida, que permitió la instalación de la Secretaría de Recursos Humanos. Entre 2017 y 2018, el Órgano Judicial tenía previsto invertir alrededor de $12 millones en la implementación de la Carrera Judicial, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó recortes a ese monto, lo que provocó una pausa en la gestión de esta iniciativa. En 2019, el presupuesto del Órgano Judicial (OJ) no incluyó fondos para la Carrera Judicial, debido a los recortes y la contención del gasto ordenados por el gobierno central. En 2020, la Carrera Judicial tampoco recibió asignación de fondos debido a los recortes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que provocó retrasos en su implementación. En 2022, el Órgano Judicial recibió un traslado de partida por la suma de $15 millones, que fueron utilizados para la contratación de personal y el reforzamiento de las unidades ya creadas. Para 2026, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto de $395 millones, pero el MEF aplicó un recorte de $44 millones. La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, advirtió que el recorte presupuestario afectará principalmente a 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre. También señaló que se verán afectados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, así como los servicios comerciales, mantenimiento y reparación de equipos de computación. La magistrada María Eugenia López, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Empresa admite que inversión dependía de un incentivo fiscal Pearl Island Fishing Lodge, Inc. ha desistido de construir el proyecto hotelero The Viking Enclave en la isla Pedro González, Panamá, tras la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). El complejo, inscrito en junio de 2022 con una inversión declarada de $29.3 millones, tenía acceso a incentivos fiscales bajo la derogada Ley 122 de 2019. La empresa alegó falta de financiamiento debido a la “inestabilidad económica internacional” y la derogación de la ley, lo que afectó la rentabilidad proyectada y la confianza de inversionistas y bancos. El proyecto contemplaba la construcción de 26 condominios privados, un muelle con 14 atracaderos, restaurante y spa. Una inspección técnica realizada en mayo de 2025 reveló que el sitio se encontraba en estado de abandono, a pesar de que la obra debía iniciar operaciones en junio de 2025. La ATP confirmó que la empresa no utilizó los incentivos fiscales otorgados, y la fianza de cumplimiento venció en julio de 2025. La resolución administrativa publicada el 29 de septiembre aceptó el desistimiento y canceló la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo TURISMO José González Pinilla [email protected] Pearl Island. Cortesía
4A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] CERRO PATACÓN. Javier “Patacón” Ortega, quien fue investigado hace cinco años por la Contraloría por aparecer en dos planillas a la vez (la 172 de la Asamblea y la de la AAUD), salió a rasgarse la guayabera a favor de la rehabilitación de $7.1 millones de la villa diplomática. ¿Por qué el jefe de prensa de la AAUD defiende una contratación millonaria que no tiene nada que ver con el aseo urbano ni domiciliario? ¿Será que en un tinaco de la villa hay una bolsa negra con cinco mil razones mensuales para hacerlo? FRULO. Cuando Ramón Carretero se accidentó en el aeropuerto de Maiquetía, el pasado 24 de septiembre, había dos nietos de Raúl Castro visitando la provincia de Chiriquí. Los retoños del poder popular habían llegado tres días antes al aeropuerto de Albrook, en un jet privado con matrícula T7-77PR, que antes fue propiedad de PDVSA. Cuando se enteraron de lo sucedido a Carretero en Venezuela, por si las moscas, sus escoltas los trasladaron rápidamente a la capital panameña, de donde partieron en su proletario jet de vuelta a la isla. Solo el pueblo salva al pueblo. TIC-TAC. Las sesiones ordinarias de la Asamblea terminan el 31 de octubre, es decir, en 25 días, aunque solo 16 son hábiles. En ese corto periodo, los diputados todavía deben aprobar el presupuesto general del Estado para 2026, ratificar a dos magistrados y escoger a un subcontralor de la República. La bancada del mal se encargó de que no se registraran avances en los proyectos anticorrupción ni en las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Seguramente era más importante que perdieran el tiempo aprobando leyes sobre el festival de la tamborera o el patronato del toro guapo. RÉPLICA. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dijo que la rehabilitación de la villa diplomática será costeada con el dinero que supuesAntigua Nunciatura que será la nueva casa del adulto mayor en el área de Paitilla. La nueva nunciatura ahora se encuentra en Clayton. Archivo. Archivo La villa diplomática: 10 veces más cara que la casa del adulto mayor Mario De Gracia [email protected] REMODELACIONES DE LA PRESIDENCIA La remodelación de la casona que albergó a los comandantes del Comando Sur en Ancón, con un presupuesto de $7.1 millones, contrasta con los $727 mil asignados para reacondicionar la antigua nunciatura. En el Ministerio de la Presidencia destacan dos proyectos de remodelación de antiguos caserones que sirvieron de sedes diplomáticas, pero con presupuestos muy diferentes. Mientras que a la remodelación de la villa diplomática en Ancón se destinarán $7.1 millones, para el reacondicionamiento, diseño, remodelación y obras en la antigua nunciatura —que se convertirá en la casa de día del adulto mayor— en Paitilla se asignaron $727 mil. Solo dos ‘salones presidenciales’ dentro de la villa costarían más que las labores de reacondicionamiento en la antigua nunciatura: ambos salones, de 180 metros cuadrados cada uno, se valoran en $828 mil. El proyecto de la casa del adulto mayor se incluye en un renglón del presupuesto de inversiones de la Presidencia para 2026. Con los $727 mil, el área de intervención sería de 1,524 metros cuadrados. Ambas edificaciones tienen historia. Mientras la villa diplomática fue la residencia oficial de los comandantes del Comando Sur cuando existía el enclave de la Zona del Canal, la antigua nunciatura sirvió como sede del Vaticano en Panamá entre 1933 y 2016, luego fue trasladada al área de Clayton. Fue el lugar donde Manuel Antonio Noriega se refugió durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Tanto la villa como la nunciatura permanecen en desuso y desde Presidencia se hicieron públicas las iniciativas de remodelación. Unos $725 mil para el proyecto de la casa del adulto mayor son fondos solicitados por el Ministerio de la Presidencia al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A dicha solicitud el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no puso objeción. Los documentos del proyecto —a los que tuvo acceso La Prensa— detallan que para la nueva casa del adulto mayor se construirían en sitio un anfiteatro, un salón de belleza, un salón de lectura, un salón de arte, un salón de informática y un área histórica. También se incluye la construcción de tres oficinas y otros espacios. En cuanto a la villa diplomática, este medio reportó que se incluye un monto de $693,621 para 280 metros cuadrados de oficinas; un “pabellón de tenis” que costará $60,120 y una cancha de tenis en la azotea con un costo de $554,894, así como un mirador por $38,895, entro otras amenidades. Renglones A pesar de que el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, argumentó que los montos destinados a la remodelación de la villa provienen de ahorros tras la destitución de “botellas”, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia refleja un aumento de $9.5 millones en el renglón de funcionamiento de cara a 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, negó que el dinero para la remodelación de la villa esté incluido en el presupuesto 2026, pese a que días antes, el 25 de septiembre, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, hizo referencia al proyecto durante la sustentación presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Orillac fue consultado por la diputada Janine Prado sobre la remodelación de la villa, particularmente si forma parte de un renglón de $9.7 millones en el presupuesto de inversiones de Presidencia bajo el concepto de “apoyo logístico del Palacio Presidencial”. Orillac dijo a Prado que el dinero destinado a la villa sería pagado con ahorros de las “botellas” pero que no estaban en el renglón de apoyo logístico. Por su parte, la directora de Administración y Finanzas de la Presidencia, Ana Román, señaló durante esa sustentación que el renglón de apoyo logístico incluía adecuaciones en otra casona: el propio Palacio de las Garzas. Agregó que “involucra muchos factores”. Entre tanto, el presidente José Raúl Mulino señaló el pasado jueves 2 de octubre una versión diferente: que “la licitación está dada y adjudicada”. Usos Al sustentar el presupuesto, Orillac señaló que en la casa del adulto mayor se atenderán las necesidades físicas y emocionales de los adultos mayores, de modo que sea un lugar de esparcimiento y bienestar. En tanto, la villa diplomática sería destinada al hospedaje de figuras de alto nivel de otros Estados cuando visiten Panamá, según apuntó el presidente Mulino. Además de servir como la casa del adulto mayor, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) utilizaría la parte alta de la antigua nunciatura, según comunicó esa entidad en mayo pasado. José González Pinilla [email protected] Reclamo frena licitación de $140.3 millones para recolección de basura CIUDAD DE PANAMÁ Una acción de reclamo detuvo el proceso de licitación pública que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) tenía previsto realizar para contratar los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos en el distrito de Panamá, con un precio de referencia de 140.3 millones de dólares. El recurso fue presentado por la empresa Ecotermo de Panamá, S.A. (ECOVSA) y admitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que mediante resolución ordenó el pasado viernes 3 de octubre suspender la licitación, programada para el 9 de octubre. ECOVSA sostiene que el pliego de cargos contiene disposiciones “excluyentes” que violan el principio de igualdad de oportunidades establecido en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas y su reglamento. Entre sus argumentos señala que se exige a los participantes demostrar la disponibilidad de al menos el 80% del financiamiento del monto ofertado, lo que considera un requisito excesivo sin justificación técnica, jurídica o presupuestaria. También objetó que el precio por tonelada de basura se haya fijado en 57 dólares, ya que asegura no poder verificar su razonabilidad técnica y financiera. Cuestionó, además, la “contradicción” en las exigencias de experiencia, pues se pide acreditar un mínimo de 8 años en el sector y, al mismo tiempo, demostrar que en los últimos 10 años la empresa ha ejecutado programas de reciclaje en comunidades, lo que, según la compañía, “resulta incongruente”. El contrato impulsado por la AAUD tendría una vigencia de siete años e incluye requisitos como el uso de sistemas de GPS, monitoreo, renovación de flotas y sanciones por incumplimiento. En julio, durante el proceso de homologación, unas 68 empresas manifestaron interés en participar. La institución destacó en el pliego que el objetivo de esta contratación es incrementar la calidad del servicio y fomentar un ambiente urbano más limpio, seguro y ordenado, reconociendo que “el distrito de Panamá ha enfrentado durante años” una crisis en la recolección de desechos. Para este contrato, la ciudad fue dividida en tres zonas que abarcan 19 de los 26 corregimientos. La Zona 2 incluye Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre y Don Bosco. La Zona 3 comprende Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba y Caimitillo; mientras que la Zona 4 está integrada por Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Garzas, Pacora, San Martín y 24 de Diciembre. tamente se han ahorrado en salarios al despedir a las “botellas”. Pero ahora, el ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió que los fondos para pagar esas obras no están dentro del presupuesto. “Que me muestren la línea del presupuesto donde están esos siete millones”, reclamó Chapman. Lo mejor que podrían hacer con parte de esos presuntos ahorros es comprar un detector de mentiras para el Gabinete, aunque quizá con uno para el Ministerio de la Presidencia sea suficiente. Durante años, la capital ha enfrentado una crisis en la recolección de la basura. Archivo
5A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Panorama El ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. Alexander Arosemena MEF alista reformas: ‘Este es el país de las leyes especiales’ Reyna Katiuska Hernández katiuska.herná[email protected] PRESUPUESTO El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que han preparado un inventario con las leyes que deberán ser modificadas debido a que imprimen rigidez en el presupuesto. Cuando se prepara el presupuesto de la Nación, se deben cumplir con una serie de leyes especiales y normas que obligan a asignar recursos para ajustes salariales a empleados públicos, porcentajes altos de aportes como el previsto de hasta 7% a la educación, tomando en cuenta la totalidad del producto interno bruto, además de algunos subsidios y aportes. Estas obligaciones, según ha reconocido en varias ocasiones el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, hacen que el gasto sea muy rígido y no se pueda maniobrar para reducir aquellas partidas que, según los análisis técnicos, no son tan productivas ni sostenibles a largo plazo. En el presupuesto 2026 presentado por $34,900 millones, el peso de estas leyes especiales es de $312 millones, y en lo que respecta a los subsidios, se tiene programado para 2026 un monto cercano a $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones. Chapman señaló que el Ministerio ha hecho un inventario “larguísimo” de todas las leyes que generan rigideces presupuestarias, y que se están preparando propuestas de reforma que serán presentadas “muy pronto”. “Este es el país de las leyes especiales, donde todo mundo tiene un beneficio, una empresa, una actividad, y que lo pague otro. Eso no es sostenible”, subrayó el ministro al salir de la juramentación de la junta directiva del Sindicato de Industriales de Panamá el viernes. El titular del MEF explicó que el objetivo de este proceso es “ordenar financieramente la casa”, y destacó que las medidas de prudencia fiscal ya muestran resultados concretos. El ministro fue enfático al defender la política de austeridad y prudencia: “Por un lado, muchos panameños piden austeridad, y hay otros que están pidiendo más endeudamiento, más gasto. Eso es un total contrasentido”, apuntó. Sobre los subsidios, Chapman aclaró que no todos están en revisión y que varios son considerados esenciales para proteger a los sectores más vulnerables: “Hay subsidios que no se deben tocar porque son apoyos a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, la pensión no contributiva de los ‘120 a los 65’ es esencial. Yo nunca propondría eliminar eso”, afirmó. También defendió la continuidad del subsidio a la vivienda y la reciente reforma al régimen de interés preferencial, asegurando que se trata de un apoyo directo a la familia panameña para acceder a una casa propia. “Está, por ejemplo, el subsidio a la vivienda. La reforma que hemos hecho al régimen de interés preferencial es un subsidio para que la familia panameña pueda comprar una vivienda. Mal haría yo recomendar eliminarlo cuando lo acabamos de aprobar, que yo creo en ello”, afirmó Chapman. En cuanto al 7% destinado a educación, Chapman manifestó su respaldo a la inversión educativa, pero cuestionólametodologíaactual de cálculo, la cual, dijo, debe ajustarse a las mejores prácticas internacionales: “Yo creo en la educación, pero no en la metodología. Tenemos que asignar recursos en función de los ingresos y no únicamente del tamaño del PIB”, explicó. Chapman insistió en que su labor es proteger los recursos del Estado con responsabilidad: “Mi trabajo es cuidar los recursos de los ciudadanos. Dinero que no le pertenece a este ministro. Eso se llama ser buen padre de familia”, recalcó, agregando que resulta “contradictorio que algunos quieran meter preso a quien cuida su plata”. Finalmente, destacó los avances en la lotería fiscal, programa que busca incentivar el cumplimiento tributario y que ha superado todas las expectativas: “La primera lotería fiscal fue un éxito total. Tuvimos que retirar las cajas porque no cabían más facturas. Y ahora ya estamos recibiendo más del doble”, reveló. Chapman reafirmó que el propósito del MEF es cambiar la cultura fiscal del país, promoviendo la conciencia ciudadana sobre el valor de los impuestos: “Ese impuesto que uno paga es el dinero que queda para sus medicinas, su calle, su agua, su pensión. Ese es el cambio que queremos lograr”, puntualizó.
6A La Prensa Panamá, lunes 6 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. sentan el 9% de la población mundial y casi el 10% del producto global. Este indicador, elaborado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University (FIU), calcula el número de horas que las empresas deben dedicar a cumplir con trámites burocráticos. Busca responder dos preguntas clave: 1. ¿Qué tan rápido y complejo es abrir una pequeña empresa en la región? 2. ¿Qué tan difícil es mantenerla en funcionamiento? En Panamá, la investigación fue realizada por la Fundación Libertad, que documentó los principales obstáculos burocráticos que enfrentan las empresas. La metodología empleada desagrega los pasos necesarios para la apertura de un negocio y los requisitos permanentes para su operación. Esto permite medir con precisión las cargas que enfrenta el tejido empresarial, verdadero motor del desarrollo sostenible. Los resultados muestran que Panamá ha registrado pocos avances en la reducción de trámites y tiempos en Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cuando la legalidad deja de ser regla Imperio de la ley Hace algunos años me impuse una norma personal: antes de criticar la gestión pública, procuraría siempre comprender el contexto, valorar las limitaciones y reconocer los factores que influyen en las decisiones que afectan a las mayorías, sin que ello implique sacrificar los derechos de las minorías. Creí que la empatía y la observación eran mejores consejeras que el juicio precipitado. Hoy, sin embargo, el silencio ya no es prudencia; es complicidad. Vivimos en un país donde el miedo y la incertidumbre se han convertido en emociones cotidianas. La incorrección se ha normalizado y la ley parece ser una opción sujeta a conveniencias políticas. Las reglas son inflexibles para los ciudadanos comunes, pero generosas y maleables para los allegados al poder. Se ha instaurado una justicia invertida: privilegiados con condenas firmes son recompensados, mientras quienes aún no han sido hallados culpables son tratados y exhibidos como criminales. Las prioridades del Estado se han subordinado a intereses privados. Lo que debería servir al bien común se convierte en negocio, y la necesidad colectiva en fuente de lucro. Esta distorsión es grotesca, pero más grotesco aún es ver cómo lo sucio se limpia con refrendos, mientras la realidad luce y huele a podredumbre. Las entrevistas perfuman y adornan los delitos que se cometen para favorecer negocios de amigos, mientras los “malos panameños” son siempre los otros. Inocentes mueren en hospitales sucios, pestilentes y en ruinas. Y esto no lo digo yo: lo ha señalado la Defensoría del Pueblo. Algunos medios de comunicación, otrora guardianes del interés público, hoy parecen ejercer la verdad con permiso del poder. Su pudor depende del visto bueno de quienes deberían ser cuestionados. ¿A qué futuro podemos aspirar cuando las normas se interpretan como sugerencias y no como obligaciones? ¿Qué inversión sensata, nacional o extranjera, querrá exponerse en un país donde la legalidad se negocia y la ética pública es un ornamento retórico? ¿Cómo confiar en una educación que perpetúa la ignorancia y en un sistema de salud que, por acción u omisión, parece tener licencia para matar y encubrir? El deterioro no es solo institucional, sino también moral. Cada omisión se convierte en aval, cada silencio en complicidad, cada concesión en precedente. Por eso, aunque me propuse observar más de lo que hablaba, hoy afirmo con convicción: es momento de hablar. Porque cuando la incorrección deja de ser excepción y la legalidad se convierte en privilegio, el silencio también es delito. Los presupuestos castrados Prioridades un incremento de B/.417.5 millones (11.6%) en comparación con el mismo período de 2024. Esto refleja el esfuerzo constante de la administración tributaria por consolidar la política fiscal y optimizar la recaudación. Panamá se encamina a cerrar el 2025 con bases sólidas para financiar proyectos prioritarios, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar que las políticas públicas continúen elevando la calidad de vida de la población”. Volviendo a la lógica del presupuesto 2026, la pregunta es: ¿qué debemos recortar? Esa es una decisión de nuestras autoridades. Lo que sí tengo claro es que nunca se debe recortar en educación ni en alimentación. Usted, querido lector, si tuviese que ajustar su presupuesto familiar, quizá dejaría para después el cambio de auto o las vacaciones, pero nunca la educación de sus hijos. Eso sería, en el plano intelectual, hacerles lo mismo que a los castrati del inicio de este artículo. Recortar los fondos para universidades, escuelas técnicas o investigación es un error grave. La educación y la ciencia son el alimento del alma de un país. Cada año de retraso en educación e investigación es un año de atraso en el desarrollo nacional. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hay países que, a pesar de situaciones económicas o políticas complejas —incluso con déficit fiscal—, no reMiguel Ángel Esbrí La importancia de reducir trámites burocráticos Indice de Burocracia Durante el primer semestre de 2025, Panamá alcanzó un crecimiento económico de 4.4% en relación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño consolida al país como un destino atractivo para el desarrollo de inversiones y para la expansión de empresas internacionales y locales que buscan entornos seguros y confiables donde crecer. Se trata de un logro significativo, pero también de un enorme desafío para mantener un crecimiento sostenible en los próximos años. Esto implica garantizar entornos económicos adecuados y favorables para la inversión, así como preservar la competitividad y la prosperidad social. Para lograrlo, es fundamental contar con un Estado de tamaño óptimo y con procesos ágiles y transparentes que ofrezcan la plataforma ideal para el desarrollo económico. En este contexto surge el Índice de Burocracia, que se elabora desde 2021. Inició evaluando seis países; luego once; posteriormente diecisiete, y actualmente incluye 21 economías, entre ellas Panamá. El objetivo es medir cómo las restricciones burocráticas afectan el crecimiento económico. En conjunto, estos países reprecomparación con años anteriores, especialmente en lo relativo a la apertura y operación de pequeñas empresas. El Índice de Burocracia de Apertura —que mide la carga en horas necesarias desde el registro hasta la puesta en marcha de una empresa— indica que en Panamá se requieren 3,392 horas, equivalentes a 141.3 días continuos o aproximadamente 4.7 meses. Esto evidencia la necesidad de reducir trámites vinculados a protección de marcas, permisos sanitarios y de construcción, especialmente en sectores clave de la economía. En contraste, el país destaca favorablemente en los trámites para el mantenimiento de empresas. La carga burocrática anual se sitúa en 246 horas, muy por debajo del promedio de las 21 naciones evaluadas, que asciende a 1,577 horas. Gracias a este desempeño, Panamá lidera esta medición dentro del índice internacional. Una de las principales lecciones que deja el Índice de Burocracia es la oportunidad que ofrece a hacedores de políticas públicas, empresarios y ciudadanía para revisar estrategias, ajustar herramientas y atender los nodos críticos de la burocracia. Contar con esta información permite impulsar mejoras que eleven la calidad de vida de la población en entornos de libertad económica, además de facilitar la actividad empresarial, motor clave de la creación de empleo que Panamá y la región necesitan. Opinión EL AUTOR es empresario. EL AUTOR es economista, consultor y docente universitario. EL AUTOR es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Panamá. Ramsés Paulette Dopeso cortan en educación: Noruega, Suecia o Austria, entre otros, mantienen su compromiso con el conocimiento. Por eso les va bien. Todo lo contrario parecen querer hacer nuestras autoridades. No niego el déficit fiscal ni la necesidad de disciplina presupuestaria, pero critico que se recorte precisamente donde más se necesita invertir: en el futuro. Lo advirtió Audrey Azoulay, directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, en la Reunión Mundial sobre la Educación de 2024: “La educación es el motor clave de sociedades prósperas, inclusivas y pacíficas. Sin embargo, la educación de calidad corre el riesgo de ser el privilegio de unos pocos si no se toman medidas serias para dar a todos los niños del mundo la misma oportunidad de aprender y prosperar. Pedimos un liderazgo audaz para aumentar las inversiones en educación y fortalecer la solidaridad entre países”. Nuestras autoridades deberán aprobar el monto del presupuesto que estimen conveniente para 2026, pero deben asumir el daño que provocarán al país si recortan en educación, incluida la universitaria. Cada año con 1 % menos de inversión equivale a medio año de retraso educativo. Dígale a su hijo que perderá medio curso universitario. Ojalá recapaciten nuestras autoridades —cuyos familiares, probablemente, estudien en instituciones privadas—.Y usted, lector: si tuviera que recortar por necesidad, ¿no es cierto que lo último que tocaría sería la educación de sus hijos? Los castrati fueron, en el siglo XVI, niños a quienes se les practicaba la castración antes de la pubertad para conservar su voz aguda y de soprano, pero con la potencia pulmonar de un adulto. Eran los grandes protagonistas de la ópera barroca: hombres con voz de ángel y cuerpo mutilado, venerados por su arte y víctimas de su destino. Surgieron porque las mujeres tenían prohibido cantar en los escenarios, y su fama se extendió por toda Europa. Carlo Farinelli, el más célebre, cantó ante reyes y multitudes pero padeció, como los demás, secuelas físicas y psicológicas de por vida. La práctica fue prohibida a finales del siglo XIX. Al leer estos días las discusiones sobre los recortes presupuestarios en la Ley de Presupuestos del Estado para 2026, recordé la práctica de los castrati: para conseguir algo bueno, recortemos. Las autoridades del MEF justifican los recortes al presupuesto 2026 por la falta de ingresos del Estado y la necesidad de reducir el déficit fiscal. Tiene lógica: si no hay ingresos y no se quiere aumentar la deuda, hay que recortar. Pura matemática. Eso, a pesar de que la propia web de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el pasado 20 de agosto de 2025 lo siguiente: “La recaudación de los ingresos corrientes del Estado, en el primer semestre de 2025, alcanzó los B/.4,019.9 millones, Una de las principales lecciones que deja el Índice de Burocracia es la oportunidad que ofrece a hacedores de políticas públicas, empresarios y ciudadanía para revisar estrategias, ajustar herramientas y atender los nodos críticos de la burocracia. Luis AlbertoMorán Volviendo a la lógica del presupuesto 2026, la pregunta es: ¿qué debemos recortar? Esa es una decisión de nuestras autoridades. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==