2A La Prensa Panamá, domingo 5 de octubre de 2025 Yamireliz Chong, llegó a La Prensa para explicar una de sus propuestas legislativas. Entre sus manos llevaba un proyecto que, según explicó, podría cambiar la forma en que muchas familias jóvenes acceden a su primera vivienda en Panamá. Se trata de la ampliación del interés preferencial a aquellas que ya han tenido un dueño: un segundo uso, una segunda oportunidad. “Queremos crear incentivos económicos para jóvenes y familias que busquen su primera vivienda, pero que esta pueda ser de segunda mano”, comenzó a explicar con voz serena y pausada. Recordó que, durante más de 30 años, este beneficio ha sido exclusivo para las viviendas recién construidas, una medida que, aunque ha impulsado la economía, ha dejado fuera a quienes no pueden acceder a esos desarrollos. La diputada habló de Colón, su provincia, donde los grandes proyectos habitacionales brillan por su ausencia y donde las viviendas existentes pueden convertirse en la llave de muchas familias hacia un hogar propio. Darles una segunda vida, dijo, es más que un gesto económico: es un acto de justicia social, un puente entre la necesidad de vivienda y la realidad de los panameños. La justificación “Mi proyecto no compite con la ley de interés preferencial para viviendas nuevas”, aclaró Chong. Mientras la norma vigente buscaba mover la economía y generar empleo, su propuesta aspira a abrir un nuevo segmento: uno que no tiene cobertura, uno que necesita su oportunidad sin interferir con la dinámica de la construcción. El efecto esperado en el mercado inmobiliario sería distinto. No se trata de desplazar al sector de viviendas nuevas ni de afectar el interés preferencial existente. Por el contrario, busca cubrir un vacío: personas de clase media con poder adquisitivo intermedio, que quedan entre quienes acceden al subsidio tradicional y quienes simplemente no pueden comprar vivienda. El anteproyecto contempla que los préstamos hiInterés preferencial para viviendas usadas: Nuevo debate en el Legislativo INCENTIVO potecarios no superen los $300 mil, tengan un interés preferencial 2% por debajo de la tasa de referencia y un plazo máximo de 10 años. Además, plantea exceptuar del pago del impuesto de bien inmueble a viviendas usadas en ese rango de valor, introducir un impuesto del 3% sobre la transferencia de estos inmuebles y actualizar la tarifa progresiva para propiedades de mayor valor en el Código Fiscal. Ordenamiento territorial La iniciativa también tiene un componente de ordenamiento territorial. Chong recordó intentos previos de otros diputados, como Gabriel Silva, y coincidió en que esta ley podría ayudar a contener el crecimiento desordenado y repoblar zonas que habían quedado vacías, otorgando nueva vida a viviendas existentes y fomentando la revitalización de barrios olvidados. El centro de la ciudad y áreas como Betania o La Cresta podrían ver renacer sus calles, explicó. La clave, insistió, estaba en trabajar de la mano con los ministerios competentes y los gremios, asegurando que la medida no solo fuera económica, sino también ambientalmente sostenible. El proyecto nació pensando en Colón, pero sus implicaciones podrían sentirse en todo el país. Según el Ministerio de Vivienda, el déficit habitacional asciende a 140 mil unidades, cifra que se mantiene constante porque la construcción anual no cubre la demanda ni el crecimiento poblacional. Este déficit afecta no solo la cantidad de viviendas, sino también su calidad, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y casas en mal estado. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego y unidades del Senafront. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ESTAMENTOS DE SEGURIDAD Las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública de Panamá han experimentado un crecimiento sostenido en la última década, convirtiéndose en un capítulo significativo del gasto social del Estado. Entre 2015 y 2025, los desembolsos destinados a este rubro pasaron de $44.8 millones a $109.1 millones, lo que evidencia un incremento de más del doble en apenas 10 años. El año 2015 marcó el inicio de esta serie con un monto de $44.8 millones. Durante los años siguientes, los incrementos fueron graduales: $46.5 millones en 2016 y $51 millones tanto en 2017 como en 2018, reflejando un patrón de crecimiento moderado y constante hasta 2019. Fue a partir de ese año cuando el gasto se disparó, alcanzando $73.1 millones de dólares, un aumento de $22.1 millones respecto al año anterior. En 2020 y 2021, las jubilaciones especiales continuaron su ascenso, con montos de $75 y $84.3 millones de dólares respectivamente, consolidando la tendencia al alza. Para 2022, los desembolsos fueron de $85.3 millones, mientras que en 2023 se registró un salto importante hasta $97.8 millones, superando la barrera de los $90 millones por primera vez en la serie histórica. El año 2024 marcó un récord en la historia de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública, con un monto de $117 millones, lo que representa un incremento de casi $20 millones respecto a 2023. A la fecha, en 2025, se han destinado $109.1 millones de dólares, cifra que aún podría aumentar al cierre del año, manteniendo la presión sobre el presupuesto nacional. Sumando los montos desde 2015 hasta 2025, el Estado panameño ha destinado al menos $884 millones a las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública, cifra que refleja el peso de este beneficio en la planificación financiera y en la discusión sobre sostenibilidad fiscal. Analistas advierten que, de mantenerse esta tendencia, será necesario revisar las políticas de pensiones y jubilaciones especiales para garantizar un equilibrio entre el gasto público y la sostenibilidad del sistema. Ley polémica Las jubilaciones especiales de las fuerzas de seguridad han sido objeto de controversia, ya que la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, permite que sus oficiales —Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Nacional Aeronaval— se jubilen luego de 30 años de servicio. Esto significa que pueden retirarse antes de la edad establecida por la ley de la Caja de Seguro Social (CSS): 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Estas jubilaciones están estrechamente relacionadas con la abultada planilla de la Fuerza Pública, que sigue una jerarquía de rangos. En la Policía Nacional, estos van desde agentes y cabos hasta subtenientes, tenientes, capitanes y mayores, llegando a niveles superiores como subcomisionados, comisionados y subdirectores. En el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), existen rangos similares, aunque con denominaciones ajustadas a sus áreas de especialización en fronteras y aeronáutica. A su llegada al Ministerio de Seguridad, el ministro Frank Ábrego anunció que uno de sus objetivos era que, en los próximos tres años, 3 mil agentes adicionales salieran a las calles, sumándose a los casi 30 mil hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, el Senafront y el Senan. Precisamente, uno de los temas discutidos durante la presentación de las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional fue el renglón 001 de personal fijo. El ministro explicó que la solicitud de un incremento cercano a $40 millones responde a la incorporación proyectada de nuevas unidades: mil en 2026, mil en 2027 y mil más en 2028. Este plan busca compensar las jubilaciones anuales, que rondan las 800, y reforzar áreas críticas donde la delincuencia presenta mayor incidencia. El Ministerio de Seguridad había solicitado para 2026 un presupuesto de $1,402 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó una asignación de $983,1 millones. El rechazo Las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública se han convertido en un tema polémico por sus beneficios excepcionales. En la Asamblea Nacional se han presentado al menos seis proyectos de ley en los últimos años con el objetivo de eliminar o modificar estas jubilaciones. Este año, organizaciones como la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como sectores políticos y la sociedad civil organizada, se pronunciaron en contra del acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, la medida finalmente no avanzó. El expresidente de Apede, Temístocles Rosas, advirtió sobre la creciente presión fiscal que generan estas jubilaciones en Panamá. Según Rosas, estos beneficios, concebidos para reconocer el esfuerzo de los estamentos de seguridad y quienes garantizan la seguridad del país, no fueron evaluados en el tiempo y hoy representan un peso significativo dentro del presupuesto nacional. Destacó la necesidad de revisar no solo las jubilaciones especiales, sino también los aumentos automáticos. Rosas subrayó que la revisión de estas jubilaciones debe buscar un equilibrio entre justicia y sostenibilidad fiscal, evitando afectaciones importantes a los beneficiarios, pero considerando la realidad económica del Estado. “Apoyamos la revisión de dichas jubilaciones con condiciones de no generar un impacto negativo, pero también pensando en el presupuesto y la condición fiscal del país”, afirmó. Yamireliz Chong. Carlos Vidal Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 *2025 *HASTA LA FECHA 2024 Jubilaciones especiales en la Fuerza Pública En millones de dólares Infografía: LP - Fuente: Presupuesto del Ministerio de Seguridad 44.8 46.5 51 51 73.1 75 84.3 85.3 97.8 117 109.1 Jubilaciones especiales de la Fuerza Pública: $884 millones en una década Entre 2015 y 2025, los desembolsos destinados a este rubro pasaron de $44.8 millones a $109.1 millones, lo que evidencia un incremento de más del doble en apenas 10 años.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==