2A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 El diputado inpendiente Luis Duke. Alexander Arosemena ‘El Ejecutivo busca frenar el avance de los proyectos anticorrupción’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Luis Duke, se refirió a los problemas y retrasos en el debate de los proyectos anticorrupción. Luis Duke llegó temprano, con la tranquilidad de quien ha pasado poco más de un año navegando los vericuetos de la Asamblea Nacional. Diputado de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, su voz resonaba con firmeza cuando comenzó a hablar sobre los proyectos anticorrupción que, según él, el Ejecutivo ha intentado frenar. “Es evidente que el Ejecutivo tiene una cierta función de no permitir que los proyectos anticorrupción avancen”, dijo, mientras sus manos se movían con la cadencia de quien explica algo que ha visto repetirse demasiadas veces. Para Duke, el cuello de botella estaba en dos comisiones: Gobierno y Credenciales, donde, según explicó, se decidía en silencio qué iniciativas llegaban a debate y cuáles quedaban estancadas. Actualmente, la Comisión de Gobierno, donde se analizan las iniciativas anticorrupción, es presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, mientras que la de Credenciales, donde debe debatirse el reglamento interno, está bajo el mando de la también diputada de RM, Dana Castañeda. Proyectos anticorrupción En medio del debate actual sobre la lucha contra la corrupción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró que no le gusta el proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que, entre otras cosas, busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. Este fue un hecho que Duke interpretó con cautela. En su análisis, el mandatario puede influir, pero los diputados son los responsables de dar trámite a las leyes. “No puede asumirse que un ‘no me gusta’ implique que la ley se detenga”, afirmó, recordando que la independencia legislativa es un principio que en Panamá se ve a menudo desafiado. La frustración del diputado se mezclaba con cifras y ejemplos concretos: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley antibotellas y la recuperación de bienes robados eran las piedras angulares de una lucha que, según él, enfrenta obstáculos constantes. “Si los delitos prescriben, los responsables quedan libres y la corrupción se perpetúa”, explicó, con el ceño fruncido y la voz cargada de indignación. La propuesta de imprescriptibilidad busca que casos de peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones no queden nunca blindados por el paso del tiempo, cerrando así la puerta a la impunidad. Otro pretende castigar con penas de prisión tanto a quienes reciban un salario sin trabajar como a los funcionarios que faciliten esos nombramientos, práctica conocida como “botellas”. Duke recordó que estos proyectos no son nuevas ideas; algunos habían sido presentados años atrás por otros diputados, pero el statu quo y las alianzas políticas los habían enterrado antes de nacer. Ahora, en su bancada, buscan revivirlos y empujarlos hasta el pleno, conscientes de que los tiempos legislativos son cortos y las resistencias muchas. “La corrupción no es un problema abstracto”, dijo. Sus efectos se sienten en las calles, en las escuelas sin construir, en los hospitales a medio terminar, en las barriadas sin agua. “Estamos hablando de 15 mil millones de dólares perdidos en 24 años, dinero que podría haber cambiado vidas”, señaló, con un tono que mezclaba la estadística con el lamento por la injusticia social. Reglamento interno Cuando la conversación giró hacia el reglamento interno, Duke dejó claras sus prioridades: eliminar la votación secreta, limitar los privilegios de los diputados y garantizar que quienes no asistan al pleno no cobren. “El trabajo legislativo debe ser transparente y eficiente, para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo. Sobre la planilla legislativa, su crítica fue directa. La contratación ilimitada de personal de confianza, explicó, se presta para prácticas cuestionables. “Tenemos que poner la casa en orden y darle confianza al ciudadano de que el trabajo que va a hacer el diputado rendirá frutos”, insistió, como si cada palabra fuera un llamado a la acción. No se detuvo allí. Denunció intereses personales dentro de la Asamblea que retrasan la aprobación de reformas, especialmente en la Comisión de Credenciales. La inercia, dijo, no solo es culpa del Ejecutivo; también hay quienes, desde dentro, bloquean el progreso y mantienen privilegios que contradicen el mandato de servir a la ciudadanía. A medida que la entrevista avanzaba, Luis Duke recordó que los días del periodo legislativo se acortan, pues concluyen el 31 de octubre, y que quedan apenas semanas para debatir las reformas pendientes. La urgencia, dijo, no es un capricho; es una obligación ética con los ciudadanos que esperan soluciones reales y tangibles. El presidente José Raúl Mulino le retiró el respaldo al proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que entre otras cosas busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. En una conferencia de prensa ofrecida, Mulino reveló que pidió al procurador retirar la propuesta y presentar otra “más integral”. El mandatario, incluso, explicó las competencias tanto del contralor como del procurador. “La Contraloría maneja las investigaciones de tipo pecuniario, recursos del Estado, audita en ese sentido. Pero no puede emitir juicio de valor dentro de esas investigaciones respecto al dolo, la culpa, la negligencia, que es materia de análisis penal por parte del Ministerio Público”, narró. Siguió. “A mí, en lo personal, sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a realizar investigaciones. Ya lo vivimos. Esa ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No me gusta, en lo personal no me gusta”. El centro del conflicto El núcleo del conflicto es el artículo 7 del proyecto de ley 291: “Los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos de los que trata la presente Ley, podrán ser practicados por los servidores públicos que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, así como los miembros de los entes policiales, o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, así como a la urgencia, necesidad del caso o a la naturaleza de la diligencia técnico-científica que se requiera. Estas actuaciones no estarán sujetas a prejudicialidad ni requerirán la validación de otra entidad pública. En particular, no será necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General de la República para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal, que por otros medios de prueba se puedan deducir”. A juicio de juristas, esta es una de las medidas más relevantes del proyecto, pues rompe el nudo gordiano que representa la espera de las Mulino le quita respaldo a proyecto de ley anticorrupción: ‘No me gusta’ GOBIERNO auditorías de la Contraloría General de la República. A finales de julio pasado, el procurador presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley anticorrupción para actualizar la legislación panameña en ese sentido. Los documentos reposan en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho. Sin embargo, los documentos no han entrado a la agenda de la comisión. Camacho, incluso ha dicho “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”. Le puede interesar: Camacho desafía al procurador por propuestas anticorrupción: ‘Mientras más me ponen presión, más me pongo lento’ Choque de titanes Este asunto ya ha provocado desencuentros entre el procurador Gómez y el contralor Flores, dos funcionarios nombrados en la administración de Mulino. En julio pasado, en una entrevista que dio a La Prensa, el contralor pidió “más celeridad en las investigaciones”. “El Ministerio Público, quisiéramos que fuera más rápido”. “Nosotros ya hicimos nuestro trabajo; ahora corresponde al Ministerio Público actuar”, manifestó. Pero el procurador le devolvió el golpe. Emitió un comunicado en el que reveló que enfrenta “limitaciones” debido a la falta de insumos técnicos imprescindibles para el avance de ciertas causas penales. Enseguida advirtió que en ese momento, la Contraloría tenía pendiente de entregarles al menos 225 auditorías, “lo que representa una carga operativa que retrasa las investigaciones por delitos contra la administración pública”. “Las investigaciones no pueden adelantarse sin bases técnicas. Requieren rigor, legalidad y objetividad”, advirtió el comunicado de la Procuraduría General de la Nación. Eliana Morales Gil [email protected] El presidente de al República, José Raúl Mulino . Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Procurador defiende la reforma para agilizar casos El procurador Luis Carlos Gómez insistió en la necesidad de adoptar mecanismos distintos a las auditorías que realiza la Contraloría General de la República para adelantar investigaciones por delitos de enriquecimiento injustificado y peculado. En una entrevista con Radio Panamá, antes de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino en la que criticó la propuesta de ley del Ministerio Público, Gómez explicó que, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional, se proponen normas perfectamente viables para determinar responsabilidades en estos casos, ya que incluyen mecanismos que permiten establecer la existencia de actividades ilegales sin necesidad de una auditoría forense de la Contraloría. Las iniciativas presentadas por el procurador han generado críticas del contralor Anel Flores, quien sostiene que solo a través de los informes de auditoría se puede establecer la existencia de una afectación al erario público. Gómez recalcó que la Constitución establece que corresponde al Ministerio Público la persecución de los delitos, mientras que la Contraloría únicamente está facultada para fiscalizar las cuentas del Estado y, en caso de detectar posibles irregularidades, debe remitirlas a la Procuraduría. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Luis Carlos Gómez. Archivo
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