1A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 3 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15157 Hoy por hoy Reducir el cuasi monopolio que tiene la Contraloría General sobre las auditorías no solo es sensato, es necesario. Durante años, sus informes han sido la pieza madre de cualquier investigación judicial relacionada con el uso de recursos públicos: sin ellos, ningún caso avanza. En los tribunales, el sello del CPA de la Contraloría adquiere un valor casi sagrado, lo que otorga a esa entidad un poder desmedido y limita la posibilidad de que otras instancias técnicas puedan aportar con independencia. Por eso, la propuesta del procurador general para permitir auditorías externas acreditadas tiene lógica y representa un paso concreto hacia la transparencia. Resulta preocupante que el presidente José Raúl Mulino haya decidido retirar su respaldo político a la iniciativa. Con esa decisión, no solo debilita una herramienta anticorrupción clave, sino que ofrece una justificación a quienes en la Asamblea bloquean reformas para combatir la corrupción, muchas veces con argumentos personalísimos y no institucionales. En un país donde la impunidad avanza gracias a vacíos legales y controles ineficaces, frenar reformas sensatas es un error grave con consecuencias profundas que nos deja a expensas de la voluntad del contralor de turno. Ellas.pa Boquete, moda y café en Chiriquí Fashion Week 7B Panamá define ante Corea su futuro en el Mundial Sub-20 5B Deportes Nuevo reglamento permite a la Contraloría ordenar secuestros de bienes El diputado Ernesto Cedeño, el exprocurador Rigoberto González y el exdiputado Juan Diego Vásquez cuestionaron la legalidad y los riesgos democráticos de la resolución que autoriza al contralor Anel Flores a decretar secuestros de bienes. VEA 6A Frenazo a las iniciativas de ley anticorrupción Eliana Morales Ohigginis Arcia [email protected] Primero fue el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Camacho. Después, el contralor Anel Bolo Flores. Y ahora, la propia cabeza del Ejecutivo. A la lista de voces del poder que han puesto reparos a la propuesta de reformas anticorrupción del procurador Luis Carlos Gómez se sumó el presidente José Raúl Mulino, al expresar su rechazo a uno de los proyectos presentados ante la Asamblea Nacional. En su conferencia semanal, Mulino reveló que pidió al procurador retirar la propuesta y presentar una versión “más integral”. El JUSTICIA El presidente José Raúl Mulino informó que pidió al procurador, Luis Carlos Gómez, retirar la propuesta y presentar una “más integral”. ga”, afirmó, al recordar que la independencia legislativa es un principio frecuentemente desafiado en Panamá. VEA 2A Luis Carlos Gómez Archivo José Raúl Mulino Archivo Desde la cárcel, Meneses se postula en el PRD Desde la cárcel de Tinajitas, donde permanece detenido por presunto peculado relacionado con el manejo de fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses oficializó su Al menos 200 auditorías , sin terminar “El Ministerio Público enfrenta serias demoras para avanzar en las investigaciones”, advirtió el procurador Luis Carlos Gómez, al revelar que existen alrededor de 200 auditorías pendientes en la Contraloría y unas 50 carpetillas sin fecha de audiencia en el SPA. VEA 2A La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de un fallo que ella misma dictó en 2021, tras la presentación de un recurso que acusa al Ministerio de Economía y Finanzas de desacato por recortar $43 millones al presupuesto solicitado por el Órgano Judicial para 2026, en aparente violación de la autonomía presupuestaria constitucional. VEA 4A PRESUPUESTO Recurso por recorte al Judicial pone a la Corte a decidir sobre sí misma Rumbo al Mundial Christiansen y los 24 convocados Thomas Christiansen ofreció una rueda de prensa en la que presentó la lista de jugadores para los próximos partidos de eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las novedades en la convocatoria son Omar Browne, José ‘Gasper’ Murillo, Jiovany Ramos, Edward Cedeño y Azarías Londoño como incorporaciones al listado de 24 futbolistas. VEA 5B Isaac Ortega mandatario explicó que la Contraloría tiene competencia sobre las investigaciones de tipo pecuniario, pero advirtió que no puede emitir juicios de valor sobre dolo, culpa o negligencia, aspectos que corresponden al Ministerio Público. Aun así, dijo que le preocupa que, en nombre de agilizar la justicia, el país quede en manos de fiscales “teledirigidos a acatar órdenes”. La postura presidencial provocó reacciones en la Asamblea. Luis Duke, diputado de la coalición Vamos, señaló que más allá de las opiniones del Ejecutivo, son las comisiones legislativas —particularmente Gobierno y Credenciales— las que han servido de cuello de botella para las reformas anticorrupción. “No puede asumirse que un ‘no me gusta’ implique que la ley se detenpostulación a la primera vicepresidencia del CEN del PRD. En la contienda interna participan figuras históricas como Balbina Herrera y Pedro Miguel González, quienes lucharán por el control de la secretaría general. VEA 6A Por qué hay cada vez más ratas en las ciudades www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 El diputado inpendiente Luis Duke. Alexander Arosemena ‘El Ejecutivo busca frenar el avance de los proyectos anticorrupción’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ENTREVISTA El diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Luis Duke, se refirió a los problemas y retrasos en el debate de los proyectos anticorrupción. Luis Duke llegó temprano, con la tranquilidad de quien ha pasado poco más de un año navegando los vericuetos de la Asamblea Nacional. Diputado de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, su voz resonaba con firmeza cuando comenzó a hablar sobre los proyectos anticorrupción que, según él, el Ejecutivo ha intentado frenar. “Es evidente que el Ejecutivo tiene una cierta función de no permitir que los proyectos anticorrupción avancen”, dijo, mientras sus manos se movían con la cadencia de quien explica algo que ha visto repetirse demasiadas veces. Para Duke, el cuello de botella estaba en dos comisiones: Gobierno y Credenciales, donde, según explicó, se decidía en silencio qué iniciativas llegaban a debate y cuáles quedaban estancadas. Actualmente, la Comisión de Gobierno, donde se analizan las iniciativas anticorrupción, es presidida por el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, mientras que la de Credenciales, donde debe debatirse el reglamento interno, está bajo el mando de la también diputada de RM, Dana Castañeda. Proyectos anticorrupción En medio del debate actual sobre la lucha contra la corrupción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, declaró que no le gusta el proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que, entre otras cosas, busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. Este fue un hecho que Duke interpretó con cautela. En su análisis, el mandatario puede influir, pero los diputados son los responsables de dar trámite a las leyes. “No puede asumirse que un ‘no me gusta’ implique que la ley se detenga”, afirmó, recordando que la independencia legislativa es un principio que en Panamá se ve a menudo desafiado. La frustración del diputado se mezclaba con cifras y ejemplos concretos: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley antibotellas y la recuperación de bienes robados eran las piedras angulares de una lucha que, según él, enfrenta obstáculos constantes. “Si los delitos prescriben, los responsables quedan libres y la corrupción se perpetúa”, explicó, con el ceño fruncido y la voz cargada de indignación. La propuesta de imprescriptibilidad busca que casos de peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de servidores públicos y fraude en contrataciones no queden nunca blindados por el paso del tiempo, cerrando así la puerta a la impunidad. Otro pretende castigar con penas de prisión tanto a quienes reciban un salario sin trabajar como a los funcionarios que faciliten esos nombramientos, práctica conocida como “botellas”. Duke recordó que estos proyectos no son nuevas ideas; algunos habían sido presentados años atrás por otros diputados, pero el statu quo y las alianzas políticas los habían enterrado antes de nacer. Ahora, en su bancada, buscan revivirlos y empujarlos hasta el pleno, conscientes de que los tiempos legislativos son cortos y las resistencias muchas. “La corrupción no es un problema abstracto”, dijo. Sus efectos se sienten en las calles, en las escuelas sin construir, en los hospitales a medio terminar, en las barriadas sin agua. “Estamos hablando de 15 mil millones de dólares perdidos en 24 años, dinero que podría haber cambiado vidas”, señaló, con un tono que mezclaba la estadística con el lamento por la injusticia social. Reglamento interno Cuando la conversación giró hacia el reglamento interno, Duke dejó claras sus prioridades: eliminar la votación secreta, limitar los privilegios de los diputados y garantizar que quienes no asistan al pleno no cobren. “El trabajo legislativo debe ser transparente y eficiente, para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo. Sobre la planilla legislativa, su crítica fue directa. La contratación ilimitada de personal de confianza, explicó, se presta para prácticas cuestionables. “Tenemos que poner la casa en orden y darle confianza al ciudadano de que el trabajo que va a hacer el diputado rendirá frutos”, insistió, como si cada palabra fuera un llamado a la acción. No se detuvo allí. Denunció intereses personales dentro de la Asamblea que retrasan la aprobación de reformas, especialmente en la Comisión de Credenciales. La inercia, dijo, no solo es culpa del Ejecutivo; también hay quienes, desde dentro, bloquean el progreso y mantienen privilegios que contradicen el mandato de servir a la ciudadanía. A medida que la entrevista avanzaba, Luis Duke recordó que los días del periodo legislativo se acortan, pues concluyen el 31 de octubre, y que quedan apenas semanas para debatir las reformas pendientes. La urgencia, dijo, no es un capricho; es una obligación ética con los ciudadanos que esperan soluciones reales y tangibles. El presidente José Raúl Mulino le retiró el respaldo al proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que entre otras cosas busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores. En una conferencia de prensa ofrecida, Mulino reveló que pidió al procurador retirar la propuesta y presentar otra “más integral”. El mandatario, incluso, explicó las competencias tanto del contralor como del procurador. “La Contraloría maneja las investigaciones de tipo pecuniario, recursos del Estado, audita en ese sentido. Pero no puede emitir juicio de valor dentro de esas investigaciones respecto al dolo, la culpa, la negligencia, que es materia de análisis penal por parte del Ministerio Público”, narró. Siguió. “A mí, en lo personal, sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a realizar investigaciones. Ya lo vivimos. Esa ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No me gusta, en lo personal no me gusta”. El centro del conflicto El núcleo del conflicto es el artículo 7 del proyecto de ley 291: “Los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos de los que trata la presente Ley, podrán ser practicados por los servidores públicos que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, así como los miembros de los entes policiales, o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, así como a la urgencia, necesidad del caso o a la naturaleza de la diligencia técnico-científica que se requiera. Estas actuaciones no estarán sujetas a prejudicialidad ni requerirán la validación de otra entidad pública. En particular, no será necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General de la República para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal, que por otros medios de prueba se puedan deducir”. A juicio de juristas, esta es una de las medidas más relevantes del proyecto, pues rompe el nudo gordiano que representa la espera de las Mulino le quita respaldo a proyecto de ley anticorrupción: ‘No me gusta’ GOBIERNO auditorías de la Contraloría General de la República. A finales de julio pasado, el procurador presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley anticorrupción para actualizar la legislación panameña en ese sentido. Los documentos reposan en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho. Sin embargo, los documentos no han entrado a la agenda de la comisión. Camacho, incluso ha dicho “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”. Le puede interesar: Camacho desafía al procurador por propuestas anticorrupción: ‘Mientras más me ponen presión, más me pongo lento’ Choque de titanes Este asunto ya ha provocado desencuentros entre el procurador Gómez y el contralor Flores, dos funcionarios nombrados en la administración de Mulino. En julio pasado, en una entrevista que dio a La Prensa, el contralor pidió “más celeridad en las investigaciones”. “El Ministerio Público, quisiéramos que fuera más rápido”. “Nosotros ya hicimos nuestro trabajo; ahora corresponde al Ministerio Público actuar”, manifestó. Pero el procurador le devolvió el golpe. Emitió un comunicado en el que reveló que enfrenta “limitaciones” debido a la falta de insumos técnicos imprescindibles para el avance de ciertas causas penales. Enseguida advirtió que en ese momento, la Contraloría tenía pendiente de entregarles al menos 225 auditorías, “lo que representa una carga operativa que retrasa las investigaciones por delitos contra la administración pública”. “Las investigaciones no pueden adelantarse sin bases técnicas. Requieren rigor, legalidad y objetividad”, advirtió el comunicado de la Procuraduría General de la Nación. Eliana Morales Gil [email protected] El presidente de al República, José Raúl Mulino . Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Procurador defiende la reforma para agilizar casos El procurador Luis Carlos Gómez insistió en la necesidad de adoptar mecanismos distintos a las auditorías que realiza la Contraloría General de la República para adelantar investigaciones por delitos de enriquecimiento injustificado y peculado. En una entrevista con Radio Panamá, antes de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino en la que criticó la propuesta de ley del Ministerio Público, Gómez explicó que, en los proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional, se proponen normas perfectamente viables para determinar responsabilidades en estos casos, ya que incluyen mecanismos que permiten establecer la existencia de actividades ilegales sin necesidad de una auditoría forense de la Contraloría. Las iniciativas presentadas por el procurador han generado críticas del contralor Anel Flores, quien sostiene que solo a través de los informes de auditoría se puede establecer la existencia de una afectación al erario público. Gómez recalcó que la Constitución establece que corresponde al Ministerio Público la persecución de los delitos, mientras que la Contraloría únicamente está facultada para fiscalizar las cuentas del Estado y, en caso de detectar posibles irregularidades, debe remitirlas a la Procuraduría. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Luis Carlos Gómez. Archivo
3A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025
4A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] BACANAL. Panamá debe ser el único país en el que su jefe de Estado habla de “francachelas” y “orgías” en estancias presidenciales sin que pase absolutamente nada. ¿Serán esas fiestas desenfrenadas la razón por la que, en los últimos 11 años, ningún presidente ha querido poner un pie en la villa diplomática? SOLUCIÓN. Jorge Herrera podría salir al rescate de los proyectos anticorrupción que presentó el procurador Gómez Rudy. Ya Camacho dijo que, mientras más le insistan con un proyecto de ley, menos atención le va a prestar. Pero el artículo 167 de la Constitución faculta al presidente de la Asamblea a convocar una comisión ad hoc para que estudie y discuta aquellos proyectos que no sean presentados al pleno legislativo por una de las comisiones permanentes. Como la secuestrada Comisión de Gobierno no le ha hecho caso a las dos propuestas del procurador, parece que lo que era un problema ahora se ha convertido en parte de la solución. Gracias, Camacho. TRÍO. No es ningún secreto que el contralor y el procurador de la Nación tienen una guerra cada vez menos silenciosa. Pero en medio de este tira y afloja, ha surgido el presidente. Mulino dijo ayer que no aprueba la propuesta presentada por Gómez Rudy para eliminar la auditoría previa de la Contraloría como requisito para acreditar un delito. Camacho, Flores y Mulino pronto podrán abrir un grupo de WhatsApp dedicado al procurador. Todavía estamos buscando el emoticón que María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Archivo Piden a la Corte declarar en desacato al MEF por recortes Juan Manuel Díaz [email protected] PRESUPUESTO El abogado Juan Carlos Araúz pidió a la Corte declarar en desacato al MEF por recortar $43 millones al presupuesto del Órgano Judicial, alegando que viola su autonomía y un fallo constitucional. Un recurso para declarar en desacato al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por recortar $43 millones al presupuesto del Órgano Judicial (OJ) para el año 2026 fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia. El abogado Juan Carlos Araúz sostiene que los recortes aplicados por el MEF al presupuesto del Judicial violan el fallo emitido por el pleno de la Corte el 23 de diciembre de 2021, que reconoció la autonomía del Judicial para la presentación y aprobación de su propio presupuesto. El recurso detalla que para 2026 el Judicial solicitó un presupuesto por $395 millones, pero el MEF solo recomendó $351 millones, es decir, $43 millones menos de lo requerido. Araúz también plantea que, a la luz de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1932 del Código Judicial, el MEF estaría incumpliendo el fallo del 23 de diciembre de 2021 emitido por el pleno de la Corte. Ese fallo surgió a raíz de una demanda presentada el 6 de abril de 2021, por representantes del Consejo Judicial de Panamá, a fin de hacer prevalecer el contenido del artículo 214 de laConstitución, que señala, entre otros aspectos, que entre otros aspectos, que “los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingreYaritza Mojica [email protected] El uso de aparatos electrónicos reduce la concentración de los estudiantes. Archivo Padres de familia respaldan regulación del uso de celulares en colegios PROYECTO DE LEY Representantes de organizaciones de padres de familia expresaron su respaldo al anteproyecto de ley No.224, que busca regular el uso de teléfonos celulares en los centros educativos oficiales y particulares del país. La iniciativa fue acogida de manera unánime este 1 de octubre por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional. El anteproyecto de ley No.224 busca restringir la utilización de teléfonos en todos los centros de educación básica, premedia y media en las escuelas de todo el territorio nacional. La propuesta llegó a la Asamblea a través de la Oficina de Participación Ciudadana y fue prohijada por la Comisión de Educación que preside el diputado independiente Jorge Bloise. Aldo Bazán, representante de los padres de familia de la Comunidad Educativa de Panamá Centro, afirmó que la regulación es positiva y necesaria, aunque recordó que muchos colegios ya habían implementado medidas similares antes de que existiera un marco legal. “El celular es un recurso de seguridad indispensable, sobre todo para estudiantes que viajan en transporte público. Creemos que es necesario que el muchacho porte un teléfono en caso de que esté viajando en buses, porque sabemos que la situación está un poquito difícil”, explicó. No obstante, Bazán reconoció que su uso dentro de las aulas debe estar limitado para evitar malas prácticas. “Muchas veces se utilizan para bullying o para otras cosas que no son académicas, por lo que corresponde normalizar su uso”. Agregó que la tarea de los padres es orientar a sus hijos para que cumplan con las reglas y hagan un uso responsable del dispositivo. En la misma línea, Ariel Hughes Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpafa), destacó que el proyecto no busca prohibir, sino regular, un recurso cuyo uso excesivo ha demostrado ser perjudicial. “Estudios internacionales señalan que la sobreexposición a pantallas genera distracciones, limita la concentración, empobrece el lenguaje y afecta el desarrollo psicomotriz de niños y jóvenes. Por ello, la regulación permitirá recuperar en las aulas un ambiente de aprendizaje más enfocado, participativo y crítico”, manifestó. Hughes subrayó que la medida mantiene el equilibrio entre seguridad y disciplina, pues los teléfonos permanecerán guardados en las mochilas o bajo resguardo del docente, y estarán disponibles al final de la jornada escolar. Tanto Bazán como Hughes coincidieron en que corresponde al Ministerio de Educación (Meduca) garantizar la correcta aplicación de la norma, mientras que padres y docentes deben acompañar el proceso desde el hogar y las aulas, fomentando hábitos de uso responsable de la tecnología. Actualmente, no existen limitaciones formales; el Meduca, al inicio del año escolar, señaló que el manejo de los celulares quedaba a discreción de la dirección de cada plantel. Propuesta no busca prohibir, sino restringir. Virgilio Sousa, abogado, especialista en educación y proponente del anteproyecto de ley No.224 que regula el uso de celulares en escuelas, explicó que su iniciativa se sustenta en estudios internacionales y en un informe de la Unesco de 2023. “Ese informe mencionaba que era recomendable que se prohibiera el uso de celulares en las escuelas, por considerar que distraen a los alumnos y repercuten negativamente en el aprendizaje”, indicó Sousa. Además, añadió que en países como Francia, España, Bélgica, Nueva Zelanda y en más de 20 estados de Estados Unidos “ya han tomado medidas con fuerza de ley para restringir” el uso de celulares. Sousa advirtió que “los estudiantes, cuando tienen algún grado de distracción, demoran hasta 20 minutos para volver a ponerse en sintonía con lo que el profesor les está dando”, lo que convierte el celular en una herramienta que interfiere más de lo que ayuda al aprendizaje. El proponente subrayó que la medida no busca prohibir, sino restringir y regular. “No es que no vas a poder llevar el celular a la escuela, es que no vas a poder usarlo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si el bus te va a recoger después de la hora de clases, lo vas a poder utilizar ahí. Eso no hay problema”, explicó. El anteproyecto contempla que los celulares y tablets solo puedan usarse con fines pedagógicos bajo autorización docente, y se hacen excepciones para estudiantes con condiciones de salud que lo requieran. Sousa aclaró que las computadoras no están incluidas en su propuesta original: “Se comprende que esa es una herramienta de trabajo que se utiliza para las clases”. También resaltó que la regulación busca enfrentar el ciberacoso escolar. “Esto va a evitar en alguna medida el ciberacoso, porque muchos estudiantes utilizan los celulares para grabar, hacer videos o generar situaciones que terminan en problemas dentro de los centros educativos”, afirmó. Sousa insistió en que la regulación debe empezar desde preescolar para que los jóvenes aprendan a usar la tecnología de manera responsable en la universidad y en el ámbito laboral. DatosdelMeducaindican que este año escolar 2025, se matricularon al menos 1,123,000 estudiantes, de los cuales aproximadamente 980,000 corresponden al sistema oficial y 143,000 al particular. usarán para identificarlo. ¿SERIO? Dicen que el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, se postuló como candidato a una de las vicepresidencias del CEN del PRD. Lo habrá hecho desde Tinajitas, donde cumple la medida cautelar de detención preventiva. ¿Ya ven por qué es importante eliminar el fuero penal electoral? sos corrientes del Gobierno Central”. Por esa razón, dice Araúz, el presupuesto del Judicial solo debe ser adicionado al Presupuesto General del Estado y el MEF solo debería limitarse a cumplir dicha disposición. Araúz sostiene que en este caso los recortes efectuados por el MEF al presupuesto del Organo Judicial impiden la ejecución de múltiples obras que redundarán en la agilización de los procesos judiciales. Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, alegó que el recorte presupuestario afectará principalmente 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará a regir el próximo 13 de octubre. También señaló que se verán impactados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, servicios comerciales y mantenimiento y reparación de equipos de computación. El MEF alega que los recortes aplicados a diferentes entidades públicas obedecen las dificultades fiscales que enfrenta el gobierno, por lo que se requieren efectuar una contención del gasto público.
5A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 Anel Flores, contralor general de la República. Archivo Un nuevo reglamento amplía poderes de la Contraloría Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FISCALIZACIÓN El nuevo reglamento refuerza el control del contralor al otorgarle mayores facultades para auditar, autorizar pagos y fiscalizar contratos, concentrando poder sobre la gestión financiera estatal y la ejecución presupuestaria. Tres miradas sobre el tema. La Contraloría General de la República amplió su margen de acción con la entrada en vigor del nuevo reglamento de medidas precautorias, firmado por el contralor Anel Flores el pasado 23 de septiembre y publicado en la Gaceta Oficial No. 30,376-B. Hasta ahora, la entidad tenía la potestad de suspender el pago de erogaciones con cargo al Tesoro Nacional consideradas inconvenientes, así como de salarios, remuneraciones o asignaciones de funcionarios y particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos. Sin embargo, con el nuevo instrumento, la Contraloría también podrá ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Esto generó cuestionamientos por parte de diputados y figuras públicas, como el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, y el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, quienes consideran que esto le otorga un poder excesivo al contralor. En su caso, Cedeño advirtió sobre los riesgos que representa la resolución que aprueba el reglamento de medidas precautorias y que otorga al contralor la facultad de secuestrar bienes en el marco de investigaciones administrativas. Según el abogado y diputado, esta herramienta jurídica puede convertirse en un arma de uso político si no se maneja con prudencia. “Un contralor de época nunca había tenido un instrumento que le permitiera decretar medidas tan severas como el secuestro de bienes, y eso puede dejar en estado de indefensión a una persona que apenas está siendo investigada preliminarmente por la Contraloría, sin que exista todavía un proceso penal”, señaló Cedeño, al cuestionar el alcance de la resolución. El diputado recordó que, históricamente, la Contraloría se había limitado a suspender pagos cuando detectaba irregularidades, pero nunca había dispuesto de un mecanismo para imponer directamente medidas cautelares sobre bienes. La Ley 351 “En su momento, los diputados que aprobaron la Ley 351 de 2022 no dimensionaron que se le estaba otorgando esa facultad a la Contraloría. Hoy vemos que el reglamento abre la puerta a un poder peligroso y sin contrapesos claros”, añadió. Como se recordará, la Ley 351 fue declarada parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025, principalmente por otorgar facultades discrecionales al Contralor para archivar auditorías e investigaciones. En su momento, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y el diputado Cedeño presentaron demandas contra artículos de esta normativa, herencia del polémico excontralor Gerardo Solís, argumentando que esta ley debilitaba la transparencia y la función fiscalizadora de la Contraloría. Este año, varios de los artículos fueron declarados inconstitucionales, pero el relacionado con las medidas precautorias no había sido demandado. Cedeño insistió en que otorgar esa potestad a un solo funcionario, en este caso al contralor, es excesivo en un sistema democrático. “Por muy buenas motivaciones que tenga el contralor, no se le debe dar tanto poder a un ente público, porque en democracia siempre debe existir un equilibrio de fuerzas”, recalcó. Como salida a la controversia, el diputado recomendó que el contralor deje sin efecto la resolución y que se abra la discusión para definir, mediante una ley, si corresponde o no conceder esa facultad. “Lo ideal sería legislar con responsabilidad sobre este tema, evaluando los riesgos y las garantías, porque la situación actual no es conveniente ni segura dentro de un proceso penal”, concluyó. Opinión de exprocurador El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, también se refirió al nuevo reglamento de medidas precautorias, al advertir que excede las facultades legales de la institución y pone en riesgo derechos fundamentales. Aclaró que la ley de la Contraloría sí contempla la suspensión de salarios a funcionarios en situaciones muy específicas, pero que no autoriza el secuestro de bienes. González explicó que la norma vigente solo permite suspender el pago de un sueldo cuando el funcionario es separado del cargo por una investigación del Ministerio Público o cuando se le aplica una sanción administrativa. “Ese es un escenario claro y regulado en la ley”, sostuvo. En cambio, afirmó, el secuestro es una medida distinta, que únicamente puede ordenar un juez dentro de un proceso judicial. “Ni siquiera el fiscal puede decretar un secuestro por sí mismo, debe pedirlo a un juez de garantías porque afecta derechos fundamentales”, recordó el exprocurador. En su opinión, pretender equiparar la suspensión de un salario con el secuestro de bienes carece de sustento jurídico, pues se trata de acciones de naturaleza muy diferente. El jurista recordó que el sistema penal acusatorio reforzó los controles precisamente para evitar que fiscales actuaran sin supervisión judicial. Bajo ese marco, subrayó, si la Contraloría detecta irregularidades que podrían constituir delito, debe remitir el informe al Ministerio Público, que a su vez debe solicitar las medidas cautelares pertinentes ante un juez. “No se trata de reproducir por vía de una resolución lo que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional en la Ley 351”, recalcó. Finalmente, González advirtió que intentar imponer el secuestro mediante una resolución administrativa desconoce tanto la Constitución como los precedentes judiciales. “Es un poder que rebasa lo permitido por la ley y que puede convertirse en un grave riesgo para la seguridad jurídica del país”, concluyó. Vásquez reacciona El exdiputado independiente y fundador de Vamos, Juan Diego Vásquez también reaccionó con dureza frente a la resolución de la Contraloría, calificando la medida como un abuso de poder. “El contralor insiste en abusar de su autoridad y pretende ser juez y parte. Mientras sigue salvando de las investigaciones penales a sus amigos y copartidarios, ahora encima quiere secuestrar bienes”, cuestionó. Vásquez subrayó que decisiones de tal alcance no pueden emanar de un reglamento, sino únicamente de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Balbina Herrera y Bernardo Meneses buscan un cargo en el CEN del PRD. Archivo Balbina Herrera vuelve al ruedo y Bernardo Meneses se postula al CEN PRD José González Pinilla [email protected] La excandidata presidencial Balbina Herrera volvió al ruedo político al postularse ayer al cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio del Partido Revolucionario Democrático (PRD), puesto que disputará con el exdiputado Pedro Miguel González. Asimismo, Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu y actualmente detenido en la cárcel de Tinajitas por cargos de enriquecimiento injustificado, presentó su candidatura a la primera vicepresidencia del partido. La postulación se formalizó mediante una nota dirigida a la Comisión Electoral del PRD. “Los derechos del señor Bernardo Meneses están completamente intactos y él está siendo sometido a una investigación. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, señaló la abogada Emelie García Miró, quien también buscará un cargo en la directiva como segunda vicepresidenta y se encargó de leer la misiva de Meneses. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Meneses de haber obtenido un enriquecimiento injustificado por un monto de 419 mil 331 dólares cuando estuvo en el cargo de director del Ifarhu. Doens declina y respalda a Balbina La postulación de Herrera se dio a última hora, tras la declinación de Mitchell Doens, histórico dirigente del PRD, quien inicialmente era aspirante a la secretaría general del CEN. “Por medio de la presente comunicación les expreso mi declinación”, escribió Doens en una carta dirigida a miembros del partido. Explicó que su interés surgió tras la vacante generada con la renuncia de Rubén De León a la secretaría general, pero decidió retirarse por motivos de salud que lo obligan a concentrar sus esfuerzos en su recuperación. “Agradezco a mis compañeros por la confianza depositada en mí para la retoma del camino torrijista, para volver a los senderos que permitan la recuperación del PRD, después de la derrota contundente en las elecciones pasadas”, señaló en la misiva. Doens aseguró estar convencido de que con “el triunfo” de Balbina Herrera y el liderazgo del presidente del partido, Benicio Robinson, el PRD podrá retornar al poder. Balbina Herrera, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de Doens. “Yo acepto con humildad, pero con firmeza esta responsabilidad”, dijo la dirigente acompañada de seguidores que gritaban “!Balbina! !Balbina!”. Muy cerca de ella estaba el exalcalde capitalino, José Luis Fábrega, quien se postuló para el cargo de primer vicepresidente del CEN, y el diputado Raphael Buchanan, quien también buscará la primera subsecretaría. “El PRD necesita de todos nosotros. Nosotros estamos aquí para sumar, no para dividir”, dijo Herrera. “Este partido va a volver a brillar...”, dijo, tras reconocer que están pasando momentos difíciles tras la estrepitosa derrota electoral. “Este partido lo vamos a volver a llevar al poder”, aseguró. Colegio José Guardia Vega. Archivo Cuatro estudiantes heridos en escuela José Guardia Vega COLÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Cuatro estudiantes del Colegio José Guardia Vega, de la provincia de Colón, resultaron heridos con un arma punzocortante, por lo que fueron trasladados al Hospital Manuel Amador Guerrero. La directora del plantel, Noemí de Cerrud, informó que el hecho se produjo cuando un estudiante apuñaló a varios compañeros. “Nuestra Comisión de Disciplina se mantiene activa en todo momento y ya hemos iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos”, indicó la directora del centro educativo. Agregó que todo el proceso está en manos de las autoridades competentes. “Nosotros actuaremos conforme a la normativa disciplinaria establecida por el Ministerio de Educación (Meduca)”, precisó. Durante una discusión entre varios estudiantes, salió a relucir un cuchillo; y varios de los estudiantes sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo. Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas que trasladaron a los heridos. El Ministerio Público inició una investigación, y funcionarios de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acordonaron la escena para levantar indicios y recuperar el arma. Panorama
7A La Prensa Panamá, viernes 3 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. traiciones y virajes inesperados. La población aguardaba un desenlace rápido, pero el levantamiento comenzó a enredarse con el paso de las horas. El plan de Giroldi tenía un vacío fundamental: la falta de un acuerdo firme con Estados Unidos. Semanas antes, los golpistas habían buscado apoyo en la embajada estadounidense, pero la respuesta fue ambigua. Washington dudaba de sus intenciones y temía que, aunque cayera Noriega, el nuevo grupo militar no garantizara un verdadero cambio. Esa indecisión resultó fatal. Mientras Giroldi mantenía detenido a Noriega, intentó negociar con los estadounidenses, pidiendo respaldo inmediato. El tiempo, sin embargo, jugaba en su contra. Los leales al régimen comenzaron a reorganizarse en otras bases militares y pronto lanzaron una contraofensiva. El mismo cuartel, donde horas antes Noriega había estado bajo custodia, volvió a convertirse en el escenario de su poder recuperado. El intento de golpe se desmoronó con brutalidad. Giroldi y sus compañeros fueron capturados, juzgados sumariamente y ejecutados. El mensaje fue claro: cualquier intento de sublevación contra el régimen sería aplasLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Mentir Pandemia de habilidades cognitivas previamente normales, problemas de lenguaje y comunicación. Se los expuso a estudios invasivos sin justificación clínica. Fue una macabra manipulación tecnológica para empujar un diagnóstico inexistente: “autismo regresivo”. Para entonces, Wakefield estaba secretamente en la nómina del abogado Richard Barr, interesado en especular contra la industria de las vacunas. A través de la cuenta bancaria de la esposa de Wakefield, Barr depositó 750 mil dólares, engrosando los “ahorros” del investigador; entre ambos se calcula que se repartieron unos 56 millones de dólares provenientes de fondos del Reino Unido destinados a que personas pobres tuvieran acceso a la justicia. Un fraude colosal dio nacimiento a la falsedad de que el autismo es producido por la vacuna MMR contra el sarampión. Y todavía la utilizan conocidos mercaderes de la duda. Noventa y seis casos de autismo, con edades entre 2 y 15 años, se incluyeron en un estudio controlado con 192 niños apareados por año de nacimiento, sexo y examinadores. El diagnóstico de autismo fue menor en niños vacunados con la MMR antes del diagnóstico, en comparación con tasas superiores entre los no vacunados. En 1997, el congresista de New Jersey Frank Pallone agregó una enmienda a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que se hizo ley el 21 de noviembre de 1997, para que en dos años listara todos los alimentos y Pedro Ernesto Vargas El 3 de octubre de 1989: la rebelión fallida contra Noriega Dictadura militar La madrugada del martes 3 de octubre de 1989, Panamá despertó con un sonido distinto al habitual. En lugar del murmullo del tránsito temprano, la ciudad escuchó ráfagas de disparos que salían del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, en El Chorrillo. Lo que muchos habían soñado en silencio parecía estar ocurriendo: un intento real de poner fin al régimen de Manuel Antonio Noriega. El protagonista de la rebelión fue el mayor Moisés Giroldi Vera, un oficial que había ganado la confianza de Noriega pero que, cansado de los abusos y la represión, decidió dar un paso arriesgado. Con un grupo de militares cercanos, actuó durante la madrugada y logró algo impensable: detener al propio Noriega dentro del cuartel. La noticia corrió como pólvora entre pasillos militares, casas y oficinas. Muchos pensaron que la dictadura, ya debilitada por sanciones internacionales, elecciones anuladas y el rechazo popular, había llegado a su fin. En los barrios se respiraba una mezcla de miedo y esperanza. Algunos se atrevían a decir en voz alta: “¡Lo lograron, ya cayó Noriega!”. Otros preferían la cautela, conscientes de que la historia del país estaba marcada por tado sin piedad. La esperanza que había surgido esa mañana se transformó en silencio y miedo. En las calles, la población regresó a la rutina con una mezcla de frustración y resignación, consciente de que la dictadura aún tenía fuerza para prolongarse. El 3 de octubre de 1989 quedó grabado en la memoria colectiva como un día de lo que pudo ser y no fue. Muchos analistas coinciden en que, de haber recibido apoyo extranjero, el golpe habría tenido éxito y se habría evitado la invasión estadounidense de diciembre de ese mismo año. En cambio, la falta de coordinación y la ambigüedad de Washington sellaron la suerte de Giroldi y su grupo. Con el tiempo, esa fecha se convirtió en símbolo de valentía, pero también de la fragilidad de quienes intentaron cambiar la historia desde dentro de las Fuerzas de Defensa. Para algunos, Giroldi es recordado como un héroe que arriesgó todo para sacar a Panamá de la dictadura; para otros, como un hombre que calculó mal sus alianzas y condenó a muerte a sus compañeros. El 3 de octubre no se recuerda con grandes desfiles ni actos oficiales, pero permanece en la memoria como la rebelión fallida que mostró la desesperación de un pueblo por recuperar la libertad y el alto precio que se pagaba por intentarlo. Fue un día breve de esperanza, sofocado por la violencia, y un recordatorio de que la historia de Panamá pudo haber tomado otro rumbo. Opinión LA AUTORA es estudiante de periodismo. EL AUTOR es médico. medicinas a los que se les había agregado mercurio, especificando tipo y cantidades. Paul A. O§t, experto en vacunas, recuerda que 18 meses más tarde la FDA informó que hasta los seis meses de edad, los niños habrían recibido no más de 187.5 microgramos de etilmercurio con las nueve dosis de vacunas contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenzae, y unos 200 microgramos en los dos primeros años de vida. Estas dosis se consideran inocuas y el etilmercurio no es nocivo. Otro estudio poblacional con 467,450 niños nacidos en Dinamarca entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1996, comparando vacunas con y sin timerosal, no encontró ninguna relación causal con el desarrollo de trastornos del espectro autista. Hoy, solo la vacuna contra la influenza epidémica en frascos multidosis contiene timerosal, como conservante. Las vacunas de uso individual contra la influenza estacional no lo contienen. El mercurio neurotóxico es el metilmercurio, presente en la corteza terrestre y en peces de aguas profundas y algunas especies de aguas superficiales. No existe ninguna evidencia de trastornos del desarrollo neurológico —autismo, lenguaje, hiperactividad o déficit de atención— en niños expuestos a vacunas que contienen timerosal. La irresponsable elucubración pseudocientífica cuesta vidas. No es moral, no es ética y no equivale a la humildad epistémica, que reconoce los límites del conocimiento y la posibilidad de error. Sin embargo, hacer política partidista y electorera con la seguridad y la salud humanas es miserable. De febrero de 2020 al 31 de marzo de 2022, Johns Hopkins llevaba la cuenta autorizada de la mortalidad por covid-19 por cada millón de habitantes y por país. Estas eran las cifras entre los países ricos: Japón contaba 220 muertes; Canadá, 984; Alemania, 1,539; Suecia, 1,790; Francia, 2,107; Gran Bretaña, 2,420; y Estados Unidos, 2,939 muertes por millón de habitantes. Donald Trump no creía ni en la pandemia ni en la vacunación como vía para vencerla. Suecia, aunque bien preparada para prevenirla, apostó a la inmunidad de rebaño y rechazó el aislamiento social por consejo de Anders Tegnell. Ambas respuestas a la pandemia se caracterizaron por decisiones cuestionables en lo moral, lo ético y lo científico. Sus vecinos nórdicos se ciñeron a recomendaciones de expertos de las Naciones Unidas, en un momento de crisis y desconocimiento. Dinamarca tenía para entonces 961 muertes por cada millón de habitantes; Finlandia, 538; y Noruega, 428. El 28 de febrero de 1998, la reconocida revista científica inglesa The Lancet publicó un informe preliminar firmado por Andrew J. Wakefield. El estudio incluía 12 niños anónimos entre 3 y 10 años de edad, “consecutivamente admitidos”, sospechosamente uno detrás del otro, en la Sala de Gastroenterología del Royal Free Hospital de Hampstead, Inglaterra. Presentaban dolor abdominal, diarrea, distensión intestinal y pérdida El 3 de octubre no se recuerda con grandes desfiles ni actos oficiales, pero permanece en la memoria como la rebelión fallida que mostró la desesperación de un pueblo por recuperar la libertad y el alto precio que se pagaba por intentarlo. Leiny Pérez La irresponsable elucubración pseudocientífica cuesta vidas. No es moral, no es ética y no equivale a la humildad epistémica, que reconoce los límites del conocimiento y la posibilidad de error. Permacultura en Panamá: suelo, vida y futuro Agroecología Panamá demanda alternativas de producción agropecuaria sostenibles y resilientes que contribuyan a mitigar el cambio climático, reduzcan la contaminación y favorezcan la recuperación de ecosistemas degradados. En esta tarea, la permacultura se presenta como una opción viable: busca establecer cultivos permanentes de manera sostenible, respetando las relaciones entre plantas, animales y microorganismos dentro de los ecosistemas. La permacultura procura mantener el reciclaje de nutrientes y la producción de alimentos, fibras y energía dentro de sistemas agroecológicos integrados. Su base teórica se sustenta en los trabajos desarrollados en las últimas décadas por investigadores como Bill Mollison, David Holmgren, Masanobu Fukuoka y Mark Shepard, quienes propusieron modelos productivos sostenibles y resilientes frente a las limitaciones de la agricultura convencional. La dinámica de la permacultura incluye el establecimiento de especies perennes frutales, medicinales y maderables —como mango, naranja, aguacate, pifá y café— asociadas con cultivos anuales como maíz, arroz, frijoles, tomate y berenjena. El objetivo es crear agroecosistemas productivos y equilibrados, que generen alimentos, fibras y energía de forma continua, al tiempo que protegen el suelo y aumentan su contenido de materia orgánica y biodiversidad. Entre sus principios fundamentales está el uso eficiente de recursos biológicos, integrando sistemas diversos que toman en cuenta elementos como la topografía, el tipo de suelo, el agua y el microclima. Este enfoque busca reducir progresivamente el uso de pesticidas e incorporar métodos de manejo integrado de plagas, además de integrar animales de cría — como pollos, gansos, vacas, cabras y cerdos— dentro del agroecosistema, fortaleciendo así los ciclos de nutrientes. En Panamá, diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, como el Centro de Investigaciones Agroecológicas del Pacífico Central de Panamá (CIAPCP-AIP), la Universidad de Panamá y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), trabajan en la promoción de la agroecología y la permacultura como herramientas estratégicas para un cambio sostenible y resiliente en el sector agropecuario nacional. EL AUTOR es profesor especial en la Universidad de Panamá, CRU de Los Santos, e investigador del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá. Randy Atencio Valdespino Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==