8A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ta hoy una tasa de desocupación del 9.5% y una informalidad cercana al 49.3%, según cifras del INEC. Esta crisis se agravará con los cambios en la matriz productiva impulsados por la IA. Estudios advierten que la demanda de habilidades está cambiando un 66% más rápido en los roles más expuestos a esta tecnología. Para que la IA sea una herramienta de progreso y no de mayor desigualdad, nuestra única defensa es la anticipación. Y eso exige un Sistema de Información de Educación Superior (SIES) que funcione como radar económico y motor de empleabilidad. Sin embargo, con más de 37 instituciones de educación superior (IES) en operación, nuestro ecosistema sufre una fuerte fragmentación de datos, lo que genera reportes no válidos ni certificables. Esta incertidumbre tiene un costo estratégico: las empresas multinacionales (IED) basan sus decisiones de inversión en la certeza estadística sobre el talento disponible, y la falta de datos confiables en Panamá representa un riesgo inaceptable. La solución debe ser frugal y sostenible. Dado el mandato de reducción del gasto estatal, no se requiere crear una nueva entidad, sino aprovechar el poder legal existente: el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La Ley 10 de 2009 otorga al INEC la rectoría metodológica sobre todo el sistema estadístico nacional. El artículo 7 es clave: faculta al INEC para dictar metodologías y ordenar modificaciones en la recolección de datos, y estas solicitudes son de cumplimiento obligatorio. Esto significa Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Regularización migratoria tropieza en la DGI Decreto Ejecutivo No.6 En marzo de 2025, el Gobierno creó el permiso de protección de seguridad humanitaria mediante el Decreto Ejecutivo No.6, con el objetivo de regularizar a extranjeros en situación migratoria irregular en Panamá. Este permiso tiene como antecedente el Decreto Ejecutivo No.112 de julio de 2023, que estableció el Permiso Temporal de Protección. Dicho mecanismo permitió a extranjeros sin procesos migratorios legalizar su estatus si acreditaban una estadía mínima continua de un año en el país. Para comprobarla bastaba el sello de entrada o una declaración notarial jurada. Este permiso temporal otorgaba residencia por dos años y venció en 2025. A diferencia del permiso anterior, el nuevo decreto ya no acepta declaraciones notariales como prueba de ingreso, lo que ha dejado en un limbo jurídico a personas que entraron por la selva del Darién o evitaron puestos de control. El nuevo mecanismo permite a quienes se acogieron al permiso de 2023 prorrogar su estatus por seis años, siempre que presenten ficha de la Caja de Seguro Social que pruebe cotizaciones o, en su defecto, declaración de renta con comprobante de pago. Aunque esta medida representa un paso positivo para formalizar la situación de miles de personas, enfrentan un obstáculo al inscribirse en la Dirección General de Ingresos (DGI). Uno de los requisitos es el certificado de movimiento migratorio, que suele aparecer vacío cuando la entrada no fue regular ni formal, lo que impide completar el registro como contribuyente. Ante esta realidad, se plantea que el Servicio Nacional de Migración emita una certificación oficial de fecha de ingreso basada en la declaración del solicitante. Esto permitiría a la DGI validar la información y facilitar el proceso de inscripción, cerrando así un vacío administrativo que hoy frena la regularización plena de numerosos migrantes. Tiempos de violencia contra la verdad Desinformación Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para el Periodismo de Bolivia y el Proyecto Desconfío de Argentina —y con el apoyo de una larga lista de organizaciones entre las que destaco la Fundación Gabo—, se ha convertido en un espacio global de gran importancia para intercambiar experiencias y conocimiento, así como para crear las tan necesarias redes de apoyo. Durante dos días, el tema fue analizado desde diversas perspectivas como las nuevas tecnologías para detectar la desinformación, el buen periodismo como principal antídoto, proyectos de monitoreo en diversas áreas, desde campañas electorales hasta temas climáticos; alcances y desafíos de los fact checkers, efectos de la manipulación extranjera en la democracia y, por supuesto, la necesidad de fondos para continuar trabajando contra un monstruo que, tal como señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, “no es una consecuencia del mundo moderno, sino una estrategia deliberada, frecuentemente impulsada por intereses políticos, económicos y de poder”. Vivimos tiempos en que la mentira y la desinformación logran diseminarse a una velocidad inaudita, amplificadas por plataformas digitales, mientras que los hechos y los desmentidos casi siempre llegan tarde, provocando desconfianza en las instituciones y erosionando los valores que sustentan la democracia. Al respecto, la Unesco publicó en 2023 unas directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, con el objetivo de salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información, abordando al mismo tiempo la desinformación, el discurso de odio y las teorías de la conspiración. Son directrices que requieren la participación de múltiples actores y que, como es lógico, hacen énfasis en el deber de proteger los derechos humanos, pero también en la necesidad de crear sistemas de gobernanza. Una de esas fórmulas es la autorregulación, a la que el periodismo panameño se apuntó desde 2006, cuando el Consejo NaLina Vega Abad La IA y el mandato innegociable de la data educativa Regresión La autocomplacencia es, quizás, la enfermedad más costosa en la que incurre una nación. En América Latina, y específicamente en Panamá, esta enfermedad se manifiesta en la lentitud para reconocer y actuar frente al colapso educativo que hoy nos asfixia. No estamos ante un simple estancamiento; estamos presenciando una regresión que hipoteca nuestro futuro. Los resultados de evaluaciones recientes confirman una crisis social ineludible: la región muestra un rendimiento deficiente en matemáticas y una urgente necesidad de fortalecer habilidades básicas de lectura, mientras las brechas sistémicas en Panamá se profundizan. Para revertir esta condena debemos pasar a la intervención prescriptiva inmediata. La inteligencia artificial (IA) no es una herramienta futurista: es el motor de la evidencia que exige el presente. La IA promete transformar la educación mediante analítica predictiva —que identifica el riesgo de deserción antes de que ocurra— y aprendizaje adaptativo —que crea rutas de conocimiento personalizadas para cada alumno—. Pero esta revolución solo podrá materializarse en Panamá a través de datos certificados. La paradoja panameña es clara: contamos con infraestructura física destacada (puesto 48 a nivel global), pero operamos a ciegas en la producción de nuestro activo más valioso: el capital humano. La urgencia de actuar ya no es solo académica; también es laboral y social. Panamá enfrenque, con una pequeña unidad técnica dentro del INEC, es posible estandarizar la información universitaria bajo estándares internacionales (CINE 2011), logrando la funcionalidad de un SIES con un costo administrativo mínimo. El camino es claro e institucional. Se necesita un decreto ejecutivo de prioridad que formalice la estadística de educación superior como prioritaria, activando el mandato coercitivo del INEC sobre universidades y organismos de acreditación. Luego, el INEC debe establecer un Catálogo Único de Indicadores de Educación Superior (CUIES) y llevar a las IES a adaptar sus sistemas para garantizar la interoperabilidad de la data. La Ley 10 asegura que los datos publicados por el INEC tienen carácter oficial, otorgándoles la validez que exigen los inversionistas internacionales. Si Panamá, con un sólido marco legal estadístico, no ha logrado construir esta plataforma de datos, no es por falta de capacidad técnica ni de recursos fiscales: es por ausencia de un acuerdo social. La IA requiere, ante todo, un consenso que trascienda intereses políticos, institucionales o de gobierno. El SIES, gestionado con disciplina fiscal por el INEC, es el vehículo para garantizar la certeza estadística que el mundo exige. Ese acuerdo social, anclado en la confianza en el dato, es la única póliza de seguro para la empleabilidad y el emprendimiento en la era de la inteligencia artificial. Debemos concentrar esfuerzos en construir una sociedad que comprenda la importancia de la recolección de datos, y que crea en la institucionalidad y la transparencia que los sustentan. Solo así podremos utilizarlos para diseñar un futuro que, hoy, se nos escapa de las manos. Opinión LA AUTORA es abogada. LA AUTORA es experta en E-learning y tecnología aplicada a la educación LA AUTORA es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana y del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo. Kathy Ocampo cional de Periodismo (CNP) creó el Comité de Ética, como un sistema voluntario que hizo posible la evaluación del trabajo de los principales medios del país, para garantizar un periodismo riguroso y responsable. A partir de entonces y tras recibir asistencia internacional, los miembros de la primera directiva del Comité, presidida por Guido Rodríguez, en ese momento director del Panamá América, iniciaron un camino complejo que logró avanzar en procesos de rendición de cuentas de los medios que aceptaron la competencia del Comité. Casi veinte años después, el panorama ha cambiado mucho. Hoy, al tradicional ecosistema de la información se ha sumado un universo virtual muy variado: desde sitios de gran valor informativo y seriedad, hasta aquellos que desinforman con fines aviesos, los que denigran y mienten sin pudor, los que se ofrecen al mejor postor o los que utilizan tonos destemplados que propician polarización y crispación social. Al no haberse sumado al Comité de Ética, es imposible pedirles que rindan cuentas. Este complicado reto que enfrenta hoy la comunidad informativa del país debe ser abordado desde una perspectiva múltiple. Si la lucha contra la desinformación implica defender “la justicia, la transparencia y el bienestar colectivo”, tal como señaló Patricia Cusicanqui de Bolivia Verifica al inicio de la citada Cumbre, es preciso unir esfuerzos para encontrar fórmulas que protejan la libertad de expresión sin permitir la impunidad de las falsedades; garantizar marcos regulatorios que promuevan transparencia y rendición de cuentas sin caer en la censura y, sobre todo, empoderar a los ciudadanos de manera que enfrenten con las herramientas adecuadas estos duros tiempos de violencia contra la verdad. Hace unas semanas, el abogado que representa al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte informó que presentaría pruebas científicas y testimonios de expertos ante la justicia de los Estados Unidos, para demostrar que Brigitte es mujer y no hombre, como sostiene Candace Owens, una influencer estadounidense, con más de cinco millones de seguidores en YouTube. Los esposos Macron decidieron acudir a los tribunales de justicia debido a la magnitud que fue tomando el bulo, al ser replicado principalmente por grupos y personas ligados al universo “MAGA” que sustenta al presidente Donald Trump, así como por grupos de extrema derecha global. La rocambolesca historia de los esposos Macron es un claro ejemplo de lo que sucede estos días en el deteriorado ecosistema de “información” que se ha instalado principalmente en el espacio virtual. Un fenómeno que no solo afecta a personas de forma individual, sino que está teniendo devastadoras consecuencias en el debate democrático, en la confianza pública y en la convivencia pacífica. Como afirmó recientemente el expresidente Barack Obama, son tiempos de violencia contra la verdad. El tema fue analizado en la quinta edición de la Cumbre Global sobre Desinformación que se realizó de forma virtual hace unos días, con la participación de un gran número de expertos que trabajan desde el periodismo, la comunidad de fact checkers, la academia, organizaciones de medios, multilaterales y de la sociedad civil, con el objetivo de entender el fenómeno en toda su complejidad y poner en acción fórmulas para enfrentarlo. La Cumbre, organizada por la Sociedad La región muestra un rendimiento deficiente en matemáticas y una urgente necesidad de fortalecer habilidades básicas de lectura, mientras las brechas sistémicas en Panamá se profundizan. Adriana Angarita Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==