2A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional desestimó el proyecto de ley 44, que buscaba extender el delito de prevaricato a fiscales, jueces y magistrados de Panamá. La propuesta, presentada por el presidente de la comisión, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, fue rechazada con cinco votos en contra y tres a favor. Todo ocurrió en la sesión de ayer de la mencionada comisión. El prevaricato es un delito cometido por un funcionario judicial cuando dicta resoluciones o emite decisiones contrarias a la ley, a sabiendas de que son injustas. Además de Camacho, votaron a favor Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Opinión institucional El debate comenzó con la lectura de notas que contenían las opiniones de la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración, instituciones que estimaron que la propuesta no era viable. Por la Procuraduría General de la Nación emitió concepto Melisa Isabel Navarro Rodríguez, en calidad de procuradora encargada. Argumentó, entre otras cosas, que las conductas presentadas en el proyecto de ley ya están contempladas en el artículo 346 del Código Penal, así como en otras normas relativas a la corrupción de servidores públicos, especialmente en lo referente a la aceptación, recepción o solicitud de donativos o ventajas indebidas. El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, uno de los cinco que votaron en contra, explicó que “estaríamos Se hunde proyecto para extender el prevaricato a fiscales y jueces ASAMBLEA NACIONAL normando materia ya existente que podría chocar con lo que se está ejecutando por parte del sistema”. Al momento de defender su propuesta, Camacho explicó que el objetivo era hacer extensivo el delito de prevaricato, que según él, actualmente se limita a los abogados que son parte de un proceso, para que también aplicara a fiscales y funcionarios del Órgano Judicial. Sustentó que se trata de una figura muy antigua, presente en diversas legislaciones, y que su propósito es garantizar la correcta aplicación de la justicia. “Estoy convencido de que la justicia es fundamental y de que debemos proteger el Estado de derecho”, afirmó. ¿Y los proyectos del procurador? La Comisión de Gobierno aún no debate los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez. Uno de los proyectos propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, mientras que otro modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según el procurador, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Uno de ellos rescata la protección al denunciante y, de alguna manera, le hace justicia al proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Bloise, que se ahogó en el pleno legislativo la semana pasada. Fotografía de archivo en la que Aaron Mizrachi sigue el proceso en la sala de la juez Baloisa Marquínez, vía Zoom, el 20 de enero de 2025. Captura de pantalla La Corte definirá si Aaron Mizrachi va a juicio por caso Odebrecht Juan Manuel Díaz [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] JUICIO La fiscalía anticorrupción apeló el fallo del Tribunal Superior que consideró que se cometió un ‘error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta’ atribuida a Mizrachi’, que encuadra en la causal de nulidad. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre si Aaron Mizrachi deberá comparecer en el juicio programado para noviembre, junto a otras 25 personas, por el delito de blanqueo de capitales vinculado a las coimas de la empresa Odebrecht. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó un recurso de apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, emitida el pasado 16 de septiembre, que concedió un amparo de garantías constitucionales y excluyó a Mizrachi del juicio fijado para el 11 de noviembre. Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación presentada por la fiscal Morcillo y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo que dejó fuera a Mizrachi de ese proceso penal. En su fallo del 16 de septiembre, los tres magistrados declararon que la Fiscalía Especial Anticorrupción cometió un “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi y ello encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. Pizarro, Aparicio y Robinson coinciden en que se cometieron irregularidades en la investigación, por lo que corresponde declarar la nulidad para salvaguardar de manera efectiva las garantías fundamentales de Mizrachi y asegurar que la imputación penal se ajuste estrictamente a los requisitos de la ley. Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, argumentó en el escrito de amparo presentado que la fiscalía no demostró que los fondos que su cliente recibió de Odebrecht, a través de una sociedad, tuvieran procedencia ilícita. Sostuvo que, de existir alguna irregularidad, esta sería de carácter administrativo y no penal. La fiscalía imputó cargos a Mizrachi por ser firmante y beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad que fue utilizada para transferir millones de dólares en sobornos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht. En el expediente consta que Caribbean Holding Services Ltd. recibió en 2009 un total de $3 millones 749 mil de sociedades controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña. Las pruebas documentales y testimoniales acreditan que Mizrachi sabía que los fondos provenían de Odebrecht. Según las investigaciones, ese dinero fue eventualmente transferido a cuentas de Importadora Ricamar y de Juan Carlos Varela, presuntamente para financiar la campaña electoral del entonces candidato Ricardo Martinelli, cuñado y “persona de confianza” de Mizrachi. Precisamente por esa relación cercana, Mizrachi permitió que Martinelli utilizara su sociedad para recibir fondos de Odebrecht. Mizrachi es además padre del actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. La bancada Seguimos de la Asamblea Nacional exigió al Órgano Ejecutivo la asignación de recursos económicos adicionales al Instituto Oncológico Nacional (ION), con el fin de garantizar la compra de insumos, la adquisición de equipos y la contratación del personal necesario para su correcto funcionamiento. Los diputados de esta bancada propusieron que los $7.1 millones destinados a la remodelación de la “villa diplomática” de la Presidencia sean redirigidos al sector salud, especialmente al ION. Se trata del histórico caserón de madera en Quarry Heights, Ancón, que será rehabilitado, ampliado y modernizado por el Ministerio de la Presidencia. Según los diputados, esta medida representaría una inversión social prioritaria y un respaldo directo al bienestar de la población afectada por el cáncer. “La falta de recursos no puede seguir siendo un obstáculo para garantizar el derecho fundamental a la salud en nuestro país”, señalaron en un comunicado los diputados Ernesto Cedeño Diputados de Seguimos proponen dirigir al ION fondos destinados a la villa QUARRY HEIGHTS Alvarado, Grace Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni. El pronunciamiento destaca que la atención oportuna y de calidad en el ION es vital para miles de pacientes, e insta al Ejecutivo a actuar “con responsabilidad y prontitud” para asegurar la sostenibilidad de la institución. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que el presupuesto de 2026, de $34,900 millones, no sufrirá un aumento, pese a las solicitudes de varios ministerios y entidades como el ITSE y las universidades, que han manifestado su preocupación por la reducción de recursos asignados. “No, no va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que debemos cumplir. Este gobierno ha mantenido sus promesas en materia fiscal y así continuará”, afirmó Chapman. Agregó que sí se podrían realizar algunos reajustes internos en las partidas presupuestarias, pero siempre manteniendo el mismo monto total, con el objetivo de reducir el déficit a no más del 4% en 2026 y evitar endeudamiento para pagar intereses de la deuda. Getzalette Reyes [email protected] Didiano Pinilla (Izq.), Luis Eduardo Camacho y Raphael Buchanan. Elysée Fernández Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Fachada de estructura principal de la villa diplomática. Anel Asprilla
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