1A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 1 de octubre de 2025 - Año 45 - Nº 15155 Hoy por hoy La que habría sido una iniciativa necesaria y responsable para el Casco Antiguo —su eventual peatonalización— ha terminado siendo un fiasco mayor. La idea original era probar, un domingo al mes, con zonas libres de tráfico para que visitantes nacionales y extranjeros pudieran conocer y disfrutar de esa joya histórica que comprende el conjunto arquitectónico donde se forjó la República. Pero el experimento promovido por la Alcaldía de Panamá venía cargado. El ensayo terminó siendo una parranda mensual. El Casco Antiguo no es ni debe ser utilizado para eventos masivos, no solo porque violenta las normas que ordenan su preservación, sino porque físicamente es un espacio no apto para la concentración de grandes multitudes —ni hablar de las básicas razones de seguridad—. Las imágenes de la farra descontrolada, la repulsa que con justa razón expresan sus residentes ante las estridencias de la francachela, el absoluto desprecio por los sitios históricos y el tranque descomunal que se genera — que es precisamente lo que se buscaba evitar— son un claro llamado de atención al alcalde del distrito de Panamá. ¿Acaso no aprendimos la lección de otra autoridad que, por andar promoviendo festivales en las ruinas, terminó propiciando la caída del Arco Chato? Deportes Plaza Amador busca sellar su pase a semifinales 4B DJ Chiqui Dubs conecta Panamá y el mundo 5B Ellas.pa Caos en el Casco; patrimonio en peligro Yaritza Mojica [email protected] SAN FELIPE La decisión del alcalde Mayer Mizrachi de impulsar jornadas de peatonalización ha generado desorden urbano, quejas vecinales y alertas sobre riesgos para el patrimonio histórico. La iniciativa de peatonalizar el Casco Antiguo, impulsada por la Alcaldía de Panamá como un ensayo dominical para promover el turismo y la movilidad sostenible, ha terminado generando el efecto contrario. Lo que debía ser un recorrido tranquilo por uno de los sitios históricos más valiosos del país se ha convertido en una fiesta masiva que desborda las estrechas calles coloniales y perturba la vida de sus residentes. Las imágenes de multitudes bebiendo en la vía pública, el estruendo de la música a todo volumen y el congestionamiento vehicular en los alrededores han encendido alarmas entre vecinos y autoridades de patrimonio. Además de violar normativas que protegen el sitio, la concentración de grandes grupos pone en riesgo estructuras centenarias que no fueron diseñadas para soportar tanta presión. VEA 4A El reto de vender Panamá con menos presupuesto La administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria de León, reconoce que Panamá compite con países que invierten mucho más en promoción: Costa Rica destina entre $35 y $50 millones y Puerto Rico $80 millones, frente a los $20 millones locales. Por eso, dice, su estrategia prioriza eventos internacionales, alianzas estratégicas y retorno efectivo. VEA 1B Mundial Sub-20 Chile 2025 Panamá empata con Ucrania 1-1; ahora enfrentará a Corea del Sur Las selección de Panamá empató 1-1 con Ucrania en la segunda jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en un partido jugado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso que tuvo poco ritmo y fue muy trabado en la segunda mitad. El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés, que el pasado sábado perdió con Paraguay, enfrentará el próximo viernes a Corea del Sur, en la última fecha de la fase de grupos. VEA 4A EFE Geopolítica en la Asamblea Nacional: Panamá entre Washington y Pekín La pugna entre Estados Unidos y China también se libra en el Palacio Justo Arosemena, donde ambos países fortalecen su presencia diplomática y política mediante alianzas legislativas en medio de las tensiones geopolíticas. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional desestimó el proyecto de ley 44, que buscaba extender el delito de prevaricato a fiscales, jueces y magistrados de Panamá. La propuesta, presentada por el presidente de la comisión, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, fue rechazada con cinco votos en contra y tres a favor. Todo ocurrió en la sesión de ayer de la mencionada comisión. El prevaricato es un delito cometido por un funcionario judicial cuando dicta resoluciones o emite decisiones contrarias a la ley, a sabiendas de que son injustas. Además de Camacho, votaron a favor Raphael Buchanan y Sara Magallón, suplente de Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Opinión institucional El debate comenzó con la lectura de notas que contenían las opiniones de la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración, instituciones que estimaron que la propuesta no era viable. Por la Procuraduría General de la Nación emitió concepto Melisa Isabel Navarro Rodríguez, en calidad de procuradora encargada. Argumentó, entre otras cosas, que las conductas presentadas en el proyecto de ley ya están contempladas en el artículo 346 del Código Penal, así como en otras normas relativas a la corrupción de servidores públicos, especialmente en lo referente a la aceptación, recepción o solicitud de donativos o ventajas indebidas. El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, uno de los cinco que votaron en contra, explicó que “estaríamos Se hunde proyecto para extender el prevaricato a fiscales y jueces ASAMBLEA NACIONAL normando materia ya existente que podría chocar con lo que se está ejecutando por parte del sistema”. Al momento de defender su propuesta, Camacho explicó que el objetivo era hacer extensivo el delito de prevaricato, que según él, actualmente se limita a los abogados que son parte de un proceso, para que también aplicara a fiscales y funcionarios del Órgano Judicial. Sustentó que se trata de una figura muy antigua, presente en diversas legislaciones, y que su propósito es garantizar la correcta aplicación de la justicia. “Estoy convencido de que la justicia es fundamental y de que debemos proteger el Estado de derecho”, afirmó. ¿Y los proyectos del procurador? La Comisión de Gobierno aún no debate los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez. Uno de los proyectos propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, mientras que otro modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según el procurador, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Uno de ellos rescata la protección al denunciante y, de alguna manera, le hace justicia al proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Bloise, que se ahogó en el pleno legislativo la semana pasada. Fotografía de archivo en la que Aaron Mizrachi sigue el proceso en la sala de la juez Baloisa Marquínez, vía Zoom, el 20 de enero de 2025. Captura de pantalla La Corte definirá si Aaron Mizrachi va a juicio por caso Odebrecht Juan Manuel Díaz [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] JUICIO La fiscalía anticorrupción apeló el fallo del Tribunal Superior que consideró que se cometió un ‘error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta’ atribuida a Mizrachi’, que encuadra en la causal de nulidad. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre si Aaron Mizrachi deberá comparecer en el juicio programado para noviembre, junto a otras 25 personas, por el delito de blanqueo de capitales vinculado a las coimas de la empresa Odebrecht. La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo presentó un recurso de apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, emitida el pasado 16 de septiembre, que concedió un amparo de garantías constitucionales y excluyó a Mizrachi del juicio fijado para el 11 de noviembre. Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación presentada por la fiscal Morcillo y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo que dejó fuera a Mizrachi de ese proceso penal. En su fallo del 16 de septiembre, los tres magistrados declararon que la Fiscalía Especial Anticorrupción cometió un “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi y ello encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial. Pizarro, Aparicio y Robinson coinciden en que se cometieron irregularidades en la investigación, por lo que corresponde declarar la nulidad para salvaguardar de manera efectiva las garantías fundamentales de Mizrachi y asegurar que la imputación penal se ajuste estrictamente a los requisitos de la ley. Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, argumentó en el escrito de amparo presentado que la fiscalía no demostró que los fondos que su cliente recibió de Odebrecht, a través de una sociedad, tuvieran procedencia ilícita. Sostuvo que, de existir alguna irregularidad, esta sería de carácter administrativo y no penal. La fiscalía imputó cargos a Mizrachi por ser firmante y beneficiario final de Caribbean Holding Services Ltd., sociedad que fue utilizada para transferir millones de dólares en sobornos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht. En el expediente consta que Caribbean Holding Services Ltd. recibió en 2009 un total de $3 millones 749 mil de sociedades controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña. Las pruebas documentales y testimoniales acreditan que Mizrachi sabía que los fondos provenían de Odebrecht. Según las investigaciones, ese dinero fue eventualmente transferido a cuentas de Importadora Ricamar y de Juan Carlos Varela, presuntamente para financiar la campaña electoral del entonces candidato Ricardo Martinelli, cuñado y “persona de confianza” de Mizrachi. Precisamente por esa relación cercana, Mizrachi permitió que Martinelli utilizara su sociedad para recibir fondos de Odebrecht. Mizrachi es además padre del actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. La bancada Seguimos de la Asamblea Nacional exigió al Órgano Ejecutivo la asignación de recursos económicos adicionales al Instituto Oncológico Nacional (ION), con el fin de garantizar la compra de insumos, la adquisición de equipos y la contratación del personal necesario para su correcto funcionamiento. Los diputados de esta bancada propusieron que los $7.1 millones destinados a la remodelación de la “villa diplomática” de la Presidencia sean redirigidos al sector salud, especialmente al ION. Se trata del histórico caserón de madera en Quarry Heights, Ancón, que será rehabilitado, ampliado y modernizado por el Ministerio de la Presidencia. Según los diputados, esta medida representaría una inversión social prioritaria y un respaldo directo al bienestar de la población afectada por el cáncer. “La falta de recursos no puede seguir siendo un obstáculo para garantizar el derecho fundamental a la salud en nuestro país”, señalaron en un comunicado los diputados Ernesto Cedeño Diputados de Seguimos proponen dirigir al ION fondos destinados a la villa QUARRY HEIGHTS Alvarado, Grace Hernández, Betserai Richards y José Pérez Barboni. El pronunciamiento destaca que la atención oportuna y de calidad en el ION es vital para miles de pacientes, e insta al Ejecutivo a actuar “con responsabilidad y prontitud” para asegurar la sostenibilidad de la institución. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que el presupuesto de 2026, de $34,900 millones, no sufrirá un aumento, pese a las solicitudes de varios ministerios y entidades como el ITSE y las universidades, que han manifestado su preocupación por la reducción de recursos asignados. “No, no va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que debemos cumplir. Este gobierno ha mantenido sus promesas en materia fiscal y así continuará”, afirmó Chapman. Agregó que sí se podrían realizar algunos reajustes internos en las partidas presupuestarias, pero siempre manteniendo el mismo monto total, con el objetivo de reducir el déficit a no más del 4% en 2026 y evitar endeudamiento para pagar intereses de la deuda. Getzalette Reyes [email protected] Didiano Pinilla (Izq.), Luis Eduardo Camacho y Raphael Buchanan. Elysée Fernández Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Fachada de estructura principal de la villa diplomática. Anel Asprilla
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4A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] TURBULENCIA. Un misterioso jet de lujo, utilizado frecuentemente por la cúpula cubana, ha sido avistado en Panamá. Se trata de un Dassault Falcon 900EX con matrícula 7T77PR, que anteriormente perteneció a PDVSA. Hoy, el nombre de su propietario se mantiene en reserva; solo se sabe que el aparato fue registrado en San Marino, una jurisdicción cuya principal característica es la opacidad. El Dassault Falcon hizo dos viajes a Panamá en menos de 10 días. El 20 de septiembre aterrizó en Albrook, directo desde La Habana. Dos días después se marchó y regresó el domingo pasado, ahora procedente de Maiquetía, Venezuela, donde cuatro días antes se accidentó un Learjet 55 en el que viajaba Ramón Carretero, un panameño estrechamente ligado al régimen de Maduro. El Falcon finalmente se marchó ayer a La Habana. Esto es demasiado para una glosa, pero a veces cuesta quedarse callada. FAN. Raúl Pineda se encontró con Carlos Vives. El momento quedó inmortalizado en una ‘selfie’. ¿Vives sabrá con quién se tomó la foto? Pronto, los artistas van a tener que andar con un oficial de cumplimiento. ‘OBRIGADO’. El cónsul de Panamá en Río de Janeiro, Rubén Argüelles, se deshacía en elogios hacia Mayer Mizrachi por el “gran trabajo realizado” y el “espectacular” montaje de los Premios Juventud. Argüelles es hermano mellizo del presidente y representante legal de Hombres de Blanco Corp., empresa a la que Mizrachi favoreció al prorrogar sus contratos para limpiar varios mercados municipales, obviando la convocatoria a una licitación pública. Ya ni guardan las apariencias... RECLAMO. El Frente de Bases Torrijistas opinó que la elección de cinco miembros del CEN, el próximo 23 de noviembre, debe ser provisional y de carácter transitorio. En consecuencia, pidió Embajadora de China en Panamá, Xu Xueyan (izq.) y Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera (der.). Archivo Estados Unidos y China miden fuerzas en la Asamblea Nacional Mario De Gracia [email protected] GEOPOLÍTICA Diputados conforman grupos de amistad interparlamentaria con ambas potencias, mientras en Washington exigen cuentas sobre la “influencia maligna” de Pekín en Panamá. Los parlamentos entran en acción en la pugna global entre Estados Unidos y China. Panamá no escapa de ello. El lunes se conformó un grupo parlamentario de amistad entre panameños y chinos. Una movida legislativa que llega justo cuando, en otra latitud, el Congreso estadounidense hace las suyas. Hasta este 1 de octubre, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno del Congreso de Estados Unidos dio un plazo al Departamento de Transporte de ese país (Legislativo y Ejecutivo, respectivamente) para que brinde una actualización sobre los “planes para contrarrestar la influencia del Partido Comunista de China en Panamá”, una premisa que ha mantenido el gobierno de Donald Trump desde el inicio de su mandato. La presión desde Washington tiene origen en supuestas “injerencias” de China sobre el Canal de Panamá, un hecho negado por la administración de la vía y el gobierno panameño. En el entretanto, diplomáticos tanto de Estados Unidos como de China han tomado acciones más políticas que protocolares a lo largo y ancho del istmo. Casos como el del embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, participando en cierres de campamentos migratorios en Darién con altos funcionarios del gobierno y giras en el interior del país, hasta el de la embajadora china, Xu Xueyan, realizando reuniones con autoridades locales en las provincias centrales o donaciones en San Miguelito. Ambas embajadas han desplegado esfuerzos para marcar presencia en el istmo. Ante las acusaciones desde Washington, la Embajada de China se ha defendido con fuertes comunicados alegando incluso la injerencia en asuntos internos de Panamá. ¿Tablas? Los esfuerzos políticos de las delegaciones también alcanzan a la Asamblea. Las complicaciones que plantea decidir entre dos potencias no fueron impedimento para que se conformaran los grupos parlamentarios de amistad con China y Estados Unidos. El de China, conformado el pasado lunes, reúne a diputados de diversas bancadas: Patsy Lee —quien lo lidera—, de la libre postulación y el Partido Popular; Marcos Castillero, Javier Sucre y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Didiano Pinilla, Nelson Jackson y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD); Roberto Archibold, del Panameñista, e Isaac Mosqueda, del Molirena. Pero los estadounidenses no se han quedado atrás. En agosto pasado apoyaron la conformación de una alianza parlamentaria sobre China —con tono opositor al gobierno chino— (IPAC, por sus siglas en inglés) en la Asamblea Nacional. A esa iniciativa se sumaron los diputados Francisco Brea y el propio presidente del Legislativo, Jorge Herrera, del Partido Panameñista; Jorge Bloise, Luis Duke y Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos; José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca); Manuel Cohen, del CD; y Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM). Además del grupo parlamentario sobre China, existe también un grupo de amistad parlamentaria con Estados Unidos, del que participan José Pérez Barboni, de Moca; Luis Duke, Yamireliz Chong y Roberto Zúñiga, de Vamos; Ariel Vallarino, de RM; Edwin Vergara, del Panameñista; y Eduardo Vásquez y Orlando Carrasquilla, del CD. En cualquier caso, los diputados favorables a los grupos relacionados con Washington superan en número al recién conformado grupo con miras a Pekín. La diputada Walkiria Chandler, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, defendió la conformación de los grupos: “No tomamos parte en conflictos o guerras comerciales de terceras naciones. Nuestra política exterior es soberana y se basa en el respeto al derecho internacional (...)”. Actualmente, la Comisión de Exteriores registra hasta 12 grupos de amistad parlamentaria, cuyas principales funciones son compartir buenas prácticas entre los parlamentos de ambas naciones. En el caso del IPAC, es distinto: su línea es exigir rendición de cuentas a China desde los países en que opera, alineados a Occidente, y uno de sus fundadores fue el ahora secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Washington observa Aunque al más alto nivel Panamá ha mostrado señales de alejamiento de China, en el Congreso estadounidense el tema vuelve a ser discusión. El Departamento de Transporte de ese país tendrá que responder preguntas que abarcan la supuesta injerencia sobre el Canal de Panamá a través de puertos, incluso, sobre planes para “asumir la operación del Canal”. A pesar de la reincidencia en el tema por parte de Washington, el gobierno panameño no ha emitido comentarios sobre la visión del Congreso sobre la vía interoceánica. Las más recientes declaraciones al respecto remiten al presidente José Raúl Mulino en las Naciones Unidas, donde aseguró que “el Canal seguirá siendo panameño”, y al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en la cadena Fox News, donde aseguró que la relación con Donald Trump “está más fuerte que nunca”. A pesar de las exigencias de Trump sobre el Canal, que incluyen el tránsito gratuito de buques con bandera estadounidense o mayor cooperación en materia de seguridad y militar, no se informó sobre ninguna actualización al respecto tras la visita a Nueva York. Mientras tanto, las respuestas que pidió el Congreso estadounidense al Ejecutivo de ese país tienen un plazo hasta este 1 de octubre para ser entregadas, aunque no se ha confirmado si serán hechas públicas por el Comité del Congreso. Juan Manuel Díaz [email protected] Copodehupa denuncia abusos en operación Omega de Bocas del Toro INFORME Un informe elaborado por la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos (Copodehupa) que recoge el testimonio de más de 108 personas reveló la comisión de abusos y violaciones de los derechos humanos durante la operación Omega desarrollada por la Policía Nacional en la provincia de Bocas del Toro a raíz de una serie de manifestaciones y actos vandálicos registrados el pasado mes de junio. De acuerdo con el informe de Copodehupa se registraron 44 casos de uso excesivo de la fuerza, 38 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 30 personas padecieron lesiones físicas, 26 casos de tortura, otras 25 personas fueron objeto de persecuión y vigilancia y 18 fueron heridas. El informe también detalla que las autoridades aún no han esclarecido la muerte del joven Roger Montezuma, cuyo cuerpo fue encontrado con un disparo en la nuca en Bocas del Toro justo cuando se desarrolló la operación Omega. También detalla que tampoco hay claridad sobre la muerte de la niña Michelle Becker, de ochos meses de edad, que presuntamente falleció tras su exposición a gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional. Jorge Guzmán, vocero de Copodehupa, detalló que este informe ha sido enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos internacionales para que se investigue la consistente violación de los derechos humanos. Guzmán explicó que este informe será adicionado a las denuncias que ya han sido presentadas en diversas fiscalías del Ministerio Público para que se investiguen estos hechos. También detalló que las víctimas de las violaciones deben ser resarcidas económicamente por los daños y perjuicios ocasionados durante la represión ejecutada por los estamentos de seguridad. Recalcó que de las 318 personas detenidas en la operación Omega, la mayoría fueron puestas en libertad y a algunas se les aplicaron medidas cautelares de reporte ante la autoridad competente, ya que no se encontraron evidencias de su participación en actividades delictivas. La operación Omega fue desplegada el 14 de junio pasado, en medio del prolongado bloqueo en la provincia de Bocas del Toro, a raíz de la reforma a la Caja de Seguro Social, por el Ministerio de Seguridad, y contó con la participación de unas 1,220 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval. Durante dicha operación el gobierno decretó un estado de urgencia en Bocas del Toro, que implicó la suspensión provisional de las garantías fundamentales y realización de allanamientos y detenciones sin orden judicial. elegir un CEN completo en marzo de 2026. ¿No habría sido más fácil sacarlos a todos de una vez, vía congreso extraordinario, en lugar de tener que celebrar dos elecciones en menos de cinco meses? AFRENTA. Está circulando un video en el que la ministra Lucy Molinar llama “idiotas” a un grupo de docentes. Todavía no se ha disculpado por esas expresiones. No hay ‘laptop’ que resuelva esa falta de educación.
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6A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 Panorama El bullicio generado durante la peatonalización del 28 de septiembre en el Casco Antiguo encendió las alarmas entre vecinos y comerciantes, quienes denunciaron desorden, ruido excesivo y riesgos para el patrimonio histórico. Cortesía Residentes del Casco Antiguo denuncian riesgos y desorden por la peatonalización Yaritza Mojica [email protected] PATRIMONIO HISTÓRICO El proyecto de peatonalización en el Casco Antiguo ha genera do críticas por el impacto a los residentes, comercios y hasta una posible afectación al Patrimonio Monumental. Residentes y diversas asociaciones de vecinos del Casco Antiguo, en San Felipe, manifestaron su preocupación por los impactos que generan las actividades de peatonalización impulsadas por el Municipio de Panamá en la zona, advirtiendo sobre posibles riesgos para el patrimonio edificado. Este evento, impulsado por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, ha sido catalogado por las propias autoridades municipales como un proyecto que busca rescatar los espacios públicos, promover la convivencia familiar, dinamizar el turismo cultural y fortalecer el emprendimiento local. La actividad del pasado 28 de septiembre abarcó varias calles y espacios públicos, como Plaza Herrera (Star Tapas), Plaza Catedral (Peque Market) y Plaza Bolívar (Momentos Perrunos). Sin embargo, para residentes y algunos comerciantes, la peatonalización se ha convertido en un Carnaval, principalmente por lo ocurrido en la Casa de la Municipalidad, que se extendió hasta la calle Novena, frente a la iglesia La Merced, donde se instaló un parking por una discoteca virtual. Durante la jornada se colocaron bocinas en las calles, había hieleras con licor y se servía cervezas en vaso. También hubo consumo excesivo de alcohol; vendedores informales sin los carnés de salud visibles; comparsas no autorizadas; desorden; y bloqueos de calles que no estaban incluidas en el perímetro de la actividad, entre otras irregularidades señaladas por los vecinos. Temores por el patrimonio del Casco Antiguo La Coalición Comunitaria del Centro Histórico, liderada por Fernando Díaz Jaramillo, alertó sobre los efectos negativos de la iniciativa “Casco Peatonal”, que ha generado grandes concentraciones de personas en las calles del centro histórico. Según la coalición, estos eventos han causado molestias a residentes, afectaciones a los comercios y riesgos para la integridad del patrimonio edificado. Díaz, exdirector de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), señaló que muchas estructuras restauradas son frágiles y no soportan las vibraciones producidas por conciertos y aglomeraciones, recordando el colapso del Arco Chato como precedente de daños ocasionados por actividades masivas. Esta obra arquitectónica de gran valor tenía 365 años de existencia y se derrumbó el 7 de noviembre de 2003. La Coalición destacó, además, la falta de coordinación institucional, el insuficiente control del ruido y el uso inapropiado de espacios patrimoniales durante los eventos. Frente a esta situación, la coalición presentó recomendaciones al municipio y a la OCA para reforzar la gobernanza del evento, limitar el impacto sobre los residentes y garantizar que las actividades sean compatibles con el conjunto histórico. Díaz subrayó la necesidad de una estrategia de peatonalización sostenible que permita el disfrute del Casco Antiguo sin comprometer la seguridad, la convivencia de los más de 3,000 residentes y la preservación de unos 120 comercios del área. Lilia Mendoza, residente del Casco Antiguo, advirtió que la infraestructura colonial del área no es apta para grandes multitudes y denunció la falta de control en el ingreso y la escasa presencia policial para mantener el orden. Indicó, además, que los supuestos beneficios económicos no se reflejan en mejoras para el Casco ni en compensación a comercios afectados. Mendoza señaló incumplimientos en el uso del Conjunto Monumental Histórico, incluyendo violaciones a normativas municipales y nacionales diseñadas para proteger los bienes patrimoniales. Entre las irregularidades observadas se encuentran altos niveles de ruido; incumplimiento de la zona de silencio; venta informal de alimentos con materiales inflamables; consumo de alcohol en la vía pública y atrios de iglesias; bloqueo de rutas de evacuación; y personas ensuciando las estructuras históricas. “El Conjunto Monumental, inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, requiere un manejo cuidadoso para garantizar su conservación y transmisión a futuras generaciones. Sin embargo, las calles del Casco Antiguo, con trazado colonial, no son aptas para eventos masivos, y el área alberga colecciones museísticas nacionales cuyo daño sería irremplazable”, explicó Mendoza. Sumado a este tema, la residente señaló la ausencia de controles de ingreso adecuados y la limitada presencia de seguridad durante las actividades, lo que impide moderar la conducta de los visitantes y mantener el orden público en las calles del Casco Antiguo. Afectaciones a comercios y vecinos Octavio del Moral, miembro del comité consultor de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), indicó que el concepto de peatonalización ha sido “distorsionado” y se ha transformado en un evento masivo que se asemeja más a un “carnaval dominguero” que a una medida para fomentar el disfrute peatonal del conjunto monumental histórico Según la Alcaldía, en las ediciones de julio y agosto participaron más de 200 mil personas, generando un impacto económico superior a 2,5 millones de dólares. Del Moral cuestionó estos beneficios y aseguró que los comercios no los han percibido. Además, señaló que la peatonalización debería limitarse a la restricción vehicular, permitiendo a los visitantes recorrer las calles y apreciar la arquitectura colonial sin conciertos, venta de licor ni aglomeraciones que afectan la convivencia y la seguridad. El pasado 29 de septiembre, la Avaca presentó un informe a la Alcaldía titulado “Observaciones y recomendaciones sobre Casco Peatonal del 28 de septiembre de 2025”, denunciando múltiples desórdenes, incluyendo la presencia de coolers fuera de las áreas autorizadas, eventos masivos en la Casa de la Municipalidad, comparsas no autorizadas, congestión vehicular y contaminación por humo. También se reportaron cancelaciones de reservas y pérdida de clientes habituales en restaurantes, así como la proliferación de puestos de comida no autorizados que emplearon carbón y gas en la vía pública, generando riesgos de seguridad y competencia desleal. Algunos restaurantes privados organizaron fiestas con música a volúmenes excesivos, ignorando advertencias de la Policía y de la comunidad. Por su parte, Marcela Lombardo, propietaria del Café Dodó en Calle Primera, frente a la Plaza de Francia, denunció que las jornadas se han convertido en un “carnaval” que afecta a residentes y comerciantes, con desorden, tráfico intenso y dificultades de acceso a los negocios. Relató que en su negocio tenía programado un baby shower de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., pero sufrió retrasos, y la extensión del evento hasta las 7:30 p.m. lo que le generó costos adicionales por horas extra al personal. La comerciante instó a las autoridades a revisar y ajustar el modelo de peatonalización para que sea un espacio seguro, ordenado y beneficioso para toda la comunidad del Casco Antiguo. “Las autoridades hablan de un impacto económico de 2.5 millones de dólares; nosotros en Calle Primera no lo vemos”, concluyó Lombardo. En tanto, Margaret García, quien vive en calle 10 de San Felipe, una calle que fue cerrada por personas y vendedores ambulantes, denunció que estas actividades, sin el control adecuado, generan afectaciones importantes a la movilidad y la seguridad. La residente manifestó que los cierres de calles se realizan sin considerar planes técnicos: “Esto es un riesgo ante emergencias médicas, incendios o disturbios, no hay un plan de evacuación”. García sostiene que las peatonalizaciones actuales no buscan reorganizar el casco de manera sostenible, sino convertirlo en una especie de carnaval improvisado, dejando de lado planes desarrollados años atrás junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para una verdadera peatonalización. En declaraciones a los medios sobre este tema, la ministra de Turismo, Gloria De León, manifestó que “la buena noticia es que a la gente le ha gustado. Pienso que todas las iniciativas que calan en el panameño, donde puedan tomar un café, comer o ver espectáculos, hay que aprovecharlas, pero siempre manteniendo el orden y la sostenibilidad”. Agregó que se mantienen conversaciones con la Alcaldía de Panamá y con el Ministerio de Cultura para medir el impacto, sobre todo en temas como basura y limpieza, de modo que el Casco Antiguo siga siendo sostenible. El Casco Peatonal en un espacio abierto para residentes y visitantes, según el proyecto impulsado por el Municipio de Panamá. Cortesía Mida declara alerta nacional por enfermedad que afecta a aves domésticas BROTE Henry Cardenas [email protected] Ante la detección de un brote de laringotraqueítis infecciosa, enfermedad que afecta a las aves domésticas y silvestres, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, declaró una alerta nacional zoosanitaria. De acuerdo con un reporte de la entidad, la detección se registró en julio pasado en un establecimiento ubicado en la provincia de Veraguas, distrito de San Francisco, corregimiento de San José. Ante la situación, la Dirección Nacional de Salud Animal, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, procedió con las medidas sanitarias de seguridad en el lote, que actualmente se mantiene en cuarentena. El Mida informó que se notificó de la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal y a socios comerciales. Además, el lote identificado como positivo a la enfermedad, fue despoblado de forma inmediata mediante sacrificio sanitario y las aves fueron dispuestas para enterramiento. Se informó que se reforzaron las labores de vigilancia dentro y fuera del área, restringiendo el movimiento de aves procedentes de la zona afectada con esta enfermedad. El Mida comunicó que por tratarse de un establecimiento tecnificado, se emitió una alerta sanitaria para recibir de los productores cualquier notificación de sintomatología compatible con la enfermedad, así como movilización de animales y material biológico. La institución informó que la laringotraqueítis infecciosa aviar es una enfermedad respiratoria que afecta a las aves, sin riesgo de infección en humanos. El consumo de carne de aves, huevos y sus productos no representa riesgos para las personas. Es una enfermedad de los pollos, aunque también puede afectar a los faisanes, perdices, pavos, pavos reales, gallinas guineas, entre otras especies. Signos clínicos variados Dificultad para respirar (jadeo, cuello extendido), tos, estornudos, secreciones oculares y/o nasales, expulsión de moco con o sin sangre por el pico, muerte súbita en casos graves y disminución en la producción de huevos. El virus puede permanecer en el ambiente y en aves recuperadas durante semanas o meses. Se resalta que laringotraqueítis infecciosa aviar se transmite por contacto directo entre aves enfermas y sanas, incluyendo aquellas que aparentan estar sanas, o a través de objetos contaminados como vehículos, botas, calzados y otros.
7A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 Panorama El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó ayer, 30 de septiembre de 2025, una serie de proyectos y acuerdos con el fin de impulsar la investigación científica, la innovación tecnológica y la economía del país. El Gabinete también dio luz verde al proyecto de ley 2425, que reactiva el uso de bioetanol al 10% en la gasolina. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, destacó que la medida busca incentivar la producción agrícola, generar empleo y fomentar la industria nacional de biocombustibles. Moltó aclaró que, si la producción local no alcanza la demanda, se permitirá importar bioetanol sin margen de utilidad, garantizando que el objetivo sea el desarrollo de empleo y la consolidación de la industria. En el plano internacional, el Gabinete aprobó un proyecto de ley que formaliza un acuerdo con Ecuador para intercambiar información tributaria. La iniciativa busca combatir la evasión fiscal y mejorar la transparencia, un paso clave para que Panamá avance hacia su inclusión en la OCDE. Ciencia y tecnología Por su parte, Eduardo Ortega, responsable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Senacyt), explicó que se aprobaron dos proyectos de ley para fortalecer la cien- Gabinete avala proyecto de bioetanol y medidas para fortalecer la ciencia PRESIDENCIA cia y la tecnología en Panamá. Según Ortega, las medidas buscan cerrar brechas históricas en investigación y desarrollo. El primero de estos proyectos crea la figura de “laboratorio de interés nacional”, destinada a reconocer a aquellos centros que destacan por su excelencia y su enfoque en prioridades estratégicas para el país. Ortega destacó que se trata de un incentivo para consolidar la infraestructura científica. El segundo proyecto reorganiza el Sistema Nacional de Investigación y establece incentivos para los investigadores, que a menudo combinan docencia y trabajo científico. La idea es permitir que estos profesionales puedan dedicarse plenamente a generar conocimiento y nuevas soluciones tecnológicas. Graves deficiencias de limpieza y mantenimiento en hospitales José González Pinilla [email protected] Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] INSPECCIÓN Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló fallas críticas en limpieza, lavanderías e infraestructura hospitalaria que elevan el riesgo de infecciones, en medio de contratos millonarios y cuestionamientos a su gestión. El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, advirtió sobre las graves deficiencias detectadas en la limpieza y mantenimiento de hospitales públicos tras una inspección nacional realizada el pasado 17 de septiembre en instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. El informe especial presentado por Leblanc revela que, en la Ciudad de la Salud, aunque se reportan 368 operarios de limpieza tercerizados, en algunos turnos la dotación real es inferior a la declarada y se utilizan productos químicos reenvasados sin rotulación ni precauciones visibles. En el hospital Nicolás Solano, de La Chorrera, la inspección halló únicamente tres operarios de limpieza, cifra considerada insuficiente para la carga de trabajo. Además, en distintos centros se detectó el uso de químicos sin fichas de seguridad ni etiquetas con las siglas internacionales EHS, lo que expone a riesgos de mezcla, errores de dilución y afectaciones a pacientes y personal. La Defensoría también reportó condiciones críticas en lavanderías hospitalarias, claves para el control de infecciones. En el Nicolás Solano se observó un desagüe expuesto, equipos oxidados y ventilación deficiente, mientras que en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid opera una planta de más de 30 años con conductos deteriorados y problemas de mantenimiento. En el Hospital del Niño, dos de las cinco lavadoras están fuera de servicio y algunas secadoras en reparación, lo que eleva el riesgo de contaminación microbiana en los textiles. A esto se suma una gestión deficiente de desechos peligrosos y comunes en varias instalaciones, acumulación de basura en hospitales de Darién y almacenamiento inadecuado de medicamentos en pasillos de los hospitales Cecilio Castillero y Aquilino Tejeira. Leblanc advirtió que estas fallas aumentan el riesgo de infecciones intrahospitalarias y subrayó que “no es lo mismo limpiar una escuela que limpiar un hospital; las normas de bioseguridad deben cumplirse al pie de la letra”. El defensor también señaló problemas de infraestructura, filtraciones, déficit de agua potable, presencia de plagas y carencia de medicamentos e insumos críticos, además de una marcada escasez de especialistas en provincias, lo que agrava la inequidad en el acceso a la atención médica. “El sistema de salud viene arrastrando desigualdades por más de 30 años”, afirmó Leblanc, quien instó a las autoridades de Salud y la Caja de Seguro Social a tomar medidas urgentes, como auditorías conjuntas, abastecimiento de medicamentos, refuerzo de personal y reparación de equipos hospitalarios. Además, pidió que se garantice un modelo uniforme de atención al asegurado y se fortalezcan los mecanismos de transparencia y supervisión. En la actualidad, la controvertida empresa Hombres de Blanco, Corp tiene el contrato de limpieza de ocho hospitales que están bajo la responsabilidad del Minsa, por un total de $20.7 millones. Estos contratos vencerán el 30 de junio de 2026. Recientemente el contralor general Anel “Bolo” Flores refrendó uno de los dos contratos que el Minsa otorgó de forma directa a la compañía. En julio pasado, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, defendió la gestión de la empresa, de acuerdo a una denuncia presentada ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). “Es falso de que las personas que están haciendo ahora mismo limpieza de hospitales están haciéndolo de mala manera o que […] hayan incumplido con algún contrato con el Estado”, indicó en su momento. Boyd Galindo se refería a un contrato que Hombres de Blanco mantenía con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa) y que terminó en un mutuo acuerdo que impidió que la empresa de limpieza llegara a término su contratación con el aeropuerto. “Llamé personalmente al director del Aeropuerto de Tocumen y el me aclaró y me dijo que [Hombres de Blanco] hicieron un trabajo muy bueno en el aeropuerto”, declaró a los medios el ministro. Esas declaraciones, afirma la denuncia, fueron “una defensa activa a favor de una empresa que se encuentra llevando a cabo limpieza de hospitales públicos sin contratos refrendados. Ciertamente, esta empresa, la cual ha sido defendida por el ministro de Salud, sí incumplió…”. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. Cortesía Carretero: Bicicletas, aviones y negocios con Maduro Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] De las bicicletas Rali a los aviones privados: Ramón Carretero Napolitano ha recorrido una carretera muy rentable. El empresario panameño volvió esta semana a los titulares internacionales no por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, sino por sobrevivir a un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela. Según reportes, era su avión el que estalló en llamas antes de despegar rumbo a Cuba, el otro vértice del triángulo donde ha amasado su fortuna: Cuba, Panamá y Venezuela. Sus negocios con la dictadura venezolana están bien documentados. Contratos por $769 millones fueron compensados con transferencias millonarias a la familia Maduro-Flores, de acuerdo a una extensa investigación periodística en la que participó La Prensa. En agosto, Transparencia Internacional advirtió que el sector inmobiliario panameño está siendo utilizado para lavar dinero del régimen de Maduro. El caso Carretero es emblemático en esa denuncia, pero aquí ninguna autoridad lo menciona. En Venezuela se entiende el hermetismo… ¿pero qué es lo que lo protege en Panamá? Su nombre figura en un largo dossier local. Con Ricardo Martinelli, aparece en Financial Pacific, New Business, en una investigación por peculado del PAN y, por supuesto, en Odebrecht. Una de las empresas de Ramón Carretero recibió pagos de Odebrecht para Martinelli; parte terminó en manos de Aurora Muradas, una de las “periquitas”. También hubo nexos de la familia Carretero-Napolitano con José Raúl Mulino como ministro de Seguridad: la compra de armamento y equipo a sociedades de Roberto Carretero (hermano de Ramón) y de su primo Félix Fallabella Napolitano fue blanco de investigaciones. La participación de Ramón Carretero en Odebrecht se extendió al gobierno de Juan Carlos Varela, con el caso de las “donaciones” y el lobista panameñista Jaime Lasso. Los Varelaleaks revelan conversaciones entre el expresidente y el empresario: el primero agradece los aportes a la campaña y el segundo pide una reunión con Kenia Porcell para negociar un acuerdo de pena. Pero la familia Carretero-Napolitano no discrimina entre gobiernos: donaron a las campañas de Cortizo y Mulino, a este último a través de Comercial Rali S.A. Su vínculo más estrecho con el actual mandatario parece ser a través de viejos contratistas: Roberto Carretero y Félix Fallabella. La amistad del presidente con Fallabella quedó expuesta en un misterioso viaje que hizo el entonces candidato Mulino, junto a Fallabella y otros dos acompañantes, a Costa Rica pocos días antes de las elecciones de 2024. ¿Adivinen quien utilizaba frecuentemente el avión en el que viajaron? Pues Ramón Carretero Napolitano. Ya en el poder, Mulino nombró a Luisa Napolitano, prima de los Carretero, como gerente de la Zona Libre de Colón. Todo indica que la cercanía al poder es el mejor escudo de Ramón Carretero. Ni el Ministerio Público ni la Cancillería se han pronunciado sobre un empresario panameño que presuntamente utilizó nuestro sistema para lavar dinero de uno de los regímenes más corruptos y represivos de la región. Aunque sea por coherencia con la postura frente a Nicolás Maduro y la reciente salida de las listas grises, este caso amerita alguna reacción oficial. No se sabe cómo se salvó Ramón Carretero del incendio de su avioneta, pero sí de algo no hay duda, es que en Panamá él siempre aterriza bien. La lavandería del Complejo de la Caja de Seguro Social opera con cargas mensuales elevadas, con conductos en mal estado, calor excesivo, un túnel de lavado con más de 30 años. Cortesía: Defensoría del Pueblo
8A La Prensa Panamá, miércoles 1 de octubre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ta hoy una tasa de desocupación del 9.5% y una informalidad cercana al 49.3%, según cifras del INEC. Esta crisis se agravará con los cambios en la matriz productiva impulsados por la IA. Estudios advierten que la demanda de habilidades está cambiando un 66% más rápido en los roles más expuestos a esta tecnología. Para que la IA sea una herramienta de progreso y no de mayor desigualdad, nuestra única defensa es la anticipación. Y eso exige un Sistema de Información de Educación Superior (SIES) que funcione como radar económico y motor de empleabilidad. Sin embargo, con más de 37 instituciones de educación superior (IES) en operación, nuestro ecosistema sufre una fuerte fragmentación de datos, lo que genera reportes no válidos ni certificables. Esta incertidumbre tiene un costo estratégico: las empresas multinacionales (IED) basan sus decisiones de inversión en la certeza estadística sobre el talento disponible, y la falta de datos confiables en Panamá representa un riesgo inaceptable. La solución debe ser frugal y sostenible. Dado el mandato de reducción del gasto estatal, no se requiere crear una nueva entidad, sino aprovechar el poder legal existente: el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). La Ley 10 de 2009 otorga al INEC la rectoría metodológica sobre todo el sistema estadístico nacional. El artículo 7 es clave: faculta al INEC para dictar metodologías y ordenar modificaciones en la recolección de datos, y estas solicitudes son de cumplimiento obligatorio. Esto significa Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Regularización migratoria tropieza en la DGI Decreto Ejecutivo No.6 En marzo de 2025, el Gobierno creó el permiso de protección de seguridad humanitaria mediante el Decreto Ejecutivo No.6, con el objetivo de regularizar a extranjeros en situación migratoria irregular en Panamá. Este permiso tiene como antecedente el Decreto Ejecutivo No.112 de julio de 2023, que estableció el Permiso Temporal de Protección. Dicho mecanismo permitió a extranjeros sin procesos migratorios legalizar su estatus si acreditaban una estadía mínima continua de un año en el país. Para comprobarla bastaba el sello de entrada o una declaración notarial jurada. Este permiso temporal otorgaba residencia por dos años y venció en 2025. A diferencia del permiso anterior, el nuevo decreto ya no acepta declaraciones notariales como prueba de ingreso, lo que ha dejado en un limbo jurídico a personas que entraron por la selva del Darién o evitaron puestos de control. El nuevo mecanismo permite a quienes se acogieron al permiso de 2023 prorrogar su estatus por seis años, siempre que presenten ficha de la Caja de Seguro Social que pruebe cotizaciones o, en su defecto, declaración de renta con comprobante de pago. Aunque esta medida representa un paso positivo para formalizar la situación de miles de personas, enfrentan un obstáculo al inscribirse en la Dirección General de Ingresos (DGI). Uno de los requisitos es el certificado de movimiento migratorio, que suele aparecer vacío cuando la entrada no fue regular ni formal, lo que impide completar el registro como contribuyente. Ante esta realidad, se plantea que el Servicio Nacional de Migración emita una certificación oficial de fecha de ingreso basada en la declaración del solicitante. Esto permitiría a la DGI validar la información y facilitar el proceso de inscripción, cerrando así un vacío administrativo que hoy frena la regularización plena de numerosos migrantes. Tiempos de violencia contra la verdad Desinformación Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación para el Periodismo de Bolivia y el Proyecto Desconfío de Argentina —y con el apoyo de una larga lista de organizaciones entre las que destaco la Fundación Gabo—, se ha convertido en un espacio global de gran importancia para intercambiar experiencias y conocimiento, así como para crear las tan necesarias redes de apoyo. Durante dos días, el tema fue analizado desde diversas perspectivas como las nuevas tecnologías para detectar la desinformación, el buen periodismo como principal antídoto, proyectos de monitoreo en diversas áreas, desde campañas electorales hasta temas climáticos; alcances y desafíos de los fact checkers, efectos de la manipulación extranjera en la democracia y, por supuesto, la necesidad de fondos para continuar trabajando contra un monstruo que, tal como señaló el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, “no es una consecuencia del mundo moderno, sino una estrategia deliberada, frecuentemente impulsada por intereses políticos, económicos y de poder”. Vivimos tiempos en que la mentira y la desinformación logran diseminarse a una velocidad inaudita, amplificadas por plataformas digitales, mientras que los hechos y los desmentidos casi siempre llegan tarde, provocando desconfianza en las instituciones y erosionando los valores que sustentan la democracia. Al respecto, la Unesco publicó en 2023 unas directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, con el objetivo de salvaguardar la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información, abordando al mismo tiempo la desinformación, el discurso de odio y las teorías de la conspiración. Son directrices que requieren la participación de múltiples actores y que, como es lógico, hacen énfasis en el deber de proteger los derechos humanos, pero también en la necesidad de crear sistemas de gobernanza. Una de esas fórmulas es la autorregulación, a la que el periodismo panameño se apuntó desde 2006, cuando el Consejo NaLina Vega Abad La IA y el mandato innegociable de la data educativa Regresión La autocomplacencia es, quizás, la enfermedad más costosa en la que incurre una nación. En América Latina, y específicamente en Panamá, esta enfermedad se manifiesta en la lentitud para reconocer y actuar frente al colapso educativo que hoy nos asfixia. No estamos ante un simple estancamiento; estamos presenciando una regresión que hipoteca nuestro futuro. Los resultados de evaluaciones recientes confirman una crisis social ineludible: la región muestra un rendimiento deficiente en matemáticas y una urgente necesidad de fortalecer habilidades básicas de lectura, mientras las brechas sistémicas en Panamá se profundizan. Para revertir esta condena debemos pasar a la intervención prescriptiva inmediata. La inteligencia artificial (IA) no es una herramienta futurista: es el motor de la evidencia que exige el presente. La IA promete transformar la educación mediante analítica predictiva —que identifica el riesgo de deserción antes de que ocurra— y aprendizaje adaptativo —que crea rutas de conocimiento personalizadas para cada alumno—. Pero esta revolución solo podrá materializarse en Panamá a través de datos certificados. La paradoja panameña es clara: contamos con infraestructura física destacada (puesto 48 a nivel global), pero operamos a ciegas en la producción de nuestro activo más valioso: el capital humano. La urgencia de actuar ya no es solo académica; también es laboral y social. Panamá enfrenque, con una pequeña unidad técnica dentro del INEC, es posible estandarizar la información universitaria bajo estándares internacionales (CINE 2011), logrando la funcionalidad de un SIES con un costo administrativo mínimo. El camino es claro e institucional. Se necesita un decreto ejecutivo de prioridad que formalice la estadística de educación superior como prioritaria, activando el mandato coercitivo del INEC sobre universidades y organismos de acreditación. Luego, el INEC debe establecer un Catálogo Único de Indicadores de Educación Superior (CUIES) y llevar a las IES a adaptar sus sistemas para garantizar la interoperabilidad de la data. La Ley 10 asegura que los datos publicados por el INEC tienen carácter oficial, otorgándoles la validez que exigen los inversionistas internacionales. Si Panamá, con un sólido marco legal estadístico, no ha logrado construir esta plataforma de datos, no es por falta de capacidad técnica ni de recursos fiscales: es por ausencia de un acuerdo social. La IA requiere, ante todo, un consenso que trascienda intereses políticos, institucionales o de gobierno. El SIES, gestionado con disciplina fiscal por el INEC, es el vehículo para garantizar la certeza estadística que el mundo exige. Ese acuerdo social, anclado en la confianza en el dato, es la única póliza de seguro para la empleabilidad y el emprendimiento en la era de la inteligencia artificial. Debemos concentrar esfuerzos en construir una sociedad que comprenda la importancia de la recolección de datos, y que crea en la institucionalidad y la transparencia que los sustentan. Solo así podremos utilizarlos para diseñar un futuro que, hoy, se nos escapa de las manos. Opinión LA AUTORA es abogada. LA AUTORA es experta en E-learning y tecnología aplicada a la educación LA AUTORA es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana y del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo. Kathy Ocampo cional de Periodismo (CNP) creó el Comité de Ética, como un sistema voluntario que hizo posible la evaluación del trabajo de los principales medios del país, para garantizar un periodismo riguroso y responsable. A partir de entonces y tras recibir asistencia internacional, los miembros de la primera directiva del Comité, presidida por Guido Rodríguez, en ese momento director del Panamá América, iniciaron un camino complejo que logró avanzar en procesos de rendición de cuentas de los medios que aceptaron la competencia del Comité. Casi veinte años después, el panorama ha cambiado mucho. Hoy, al tradicional ecosistema de la información se ha sumado un universo virtual muy variado: desde sitios de gran valor informativo y seriedad, hasta aquellos que desinforman con fines aviesos, los que denigran y mienten sin pudor, los que se ofrecen al mejor postor o los que utilizan tonos destemplados que propician polarización y crispación social. Al no haberse sumado al Comité de Ética, es imposible pedirles que rindan cuentas. Este complicado reto que enfrenta hoy la comunidad informativa del país debe ser abordado desde una perspectiva múltiple. Si la lucha contra la desinformación implica defender “la justicia, la transparencia y el bienestar colectivo”, tal como señaló Patricia Cusicanqui de Bolivia Verifica al inicio de la citada Cumbre, es preciso unir esfuerzos para encontrar fórmulas que protejan la libertad de expresión sin permitir la impunidad de las falsedades; garantizar marcos regulatorios que promuevan transparencia y rendición de cuentas sin caer en la censura y, sobre todo, empoderar a los ciudadanos de manera que enfrenten con las herramientas adecuadas estos duros tiempos de violencia contra la verdad. Hace unas semanas, el abogado que representa al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte informó que presentaría pruebas científicas y testimonios de expertos ante la justicia de los Estados Unidos, para demostrar que Brigitte es mujer y no hombre, como sostiene Candace Owens, una influencer estadounidense, con más de cinco millones de seguidores en YouTube. Los esposos Macron decidieron acudir a los tribunales de justicia debido a la magnitud que fue tomando el bulo, al ser replicado principalmente por grupos y personas ligados al universo “MAGA” que sustenta al presidente Donald Trump, así como por grupos de extrema derecha global. La rocambolesca historia de los esposos Macron es un claro ejemplo de lo que sucede estos días en el deteriorado ecosistema de “información” que se ha instalado principalmente en el espacio virtual. Un fenómeno que no solo afecta a personas de forma individual, sino que está teniendo devastadoras consecuencias en el debate democrático, en la confianza pública y en la convivencia pacífica. Como afirmó recientemente el expresidente Barack Obama, son tiempos de violencia contra la verdad. El tema fue analizado en la quinta edición de la Cumbre Global sobre Desinformación que se realizó de forma virtual hace unos días, con la participación de un gran número de expertos que trabajan desde el periodismo, la comunidad de fact checkers, la academia, organizaciones de medios, multilaterales y de la sociedad civil, con el objetivo de entender el fenómeno en toda su complejidad y poner en acción fórmulas para enfrentarlo. La Cumbre, organizada por la Sociedad La región muestra un rendimiento deficiente en matemáticas y una urgente necesidad de fortalecer habilidades básicas de lectura, mientras las brechas sistémicas en Panamá se profundizan. Adriana Angarita Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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