6A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Panorama Ramón Abadi Balid Carlos Vidal-Endara Acodeco advierte que reincidentes en multas enfrentarán procesos penales Reyna Katiuska Hernández [email protected] ENTREVISTA El director de la entidad informó que se actualizó la tabla de sanciones, que no se modificaba desde 2007, con aumentos proporcionales según el tamaño de la empresa y posibles procesos penales para infractores reincidentes o graves. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ajustó las multas establecidas en el artículo 104 de la Ley 45 para adecuarlas a la realidad del mercado. Ahora las sanciones se aplican de manera proporcional al tamaño de la empresa — micro, pequeña, mediana o gran empresa— y podrán duplicarse o triplicarse en casos de reincidencia o agravantes como coimas y afectaciones a la salud, informó en entrevista con La Prensa, el administrador del organismo, Ramón Abadi Balid. Detalló cambios importantes en las sanciones para ciertos sectores. La multa por uso indebido del tanque de gas residencial de 25 libras en establecimientos como panaderías o restaurantes pasó de $625 a $1,000 por unidad encontrada. Además, las sanciones a estaciones de combustible aumentaron significativamente, pasando de $500 a $3,500 en casos de irregularidades en la medición y proporción de agua en los tanques. Además, precisó que en el caso de productos vencidos, las multas irán desde una amonestación hasta $25,000, dependiendo del tamaño del local y la gravedad de la infracción. “Se han encontrado más de 140 mil productos vencidos que han tenido que retirarse del mercado entre alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal, limpieza del hogar entre otros”, informó. Abadi Balid advirtió que se estarán pasando los casos de los reincidentes para la investigación al Ministerio Público para procesos penales. ¿En qué está enfocado Acodeco ante el aumento de quejas por parte de los usuarios? Durante este último año hemos tenido una gran cantidad de quejas, que son reclamaciones directas de personas afectadas por una compraventa. También, gracias a que los panameños están conociendo sus derechos en las diferentes leyes que fiscalizamos, recibimos denuncias, porque ellos se convierten en nuestros verdaderos verificadores en la calle. Recordemos que verificamos la Ley 45 de 2007 de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la Ley 134 sobre las personas con discapacidad, la Ley 6 de 1987 sobre descuentos para personas de la tercera edad y la Ley 24 sobre historial de crédito. Es importante transmitir a los consumidores sus derechos y también educar a los agentes económicos. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que llegan? Lo más frecuente es el tema inmobiliario, porque se trata del patrimonio de la familia. Muchas personas solo compran una vivienda en su vida. Las quejas principales son por defectos, problemas con garantías de materiales, pagos y financiamiento, vicios ocultos y publicidad engañosa. Por ejemplo, proyectos que prometen estar a 15 minutos y no lo están, agua 24/7 que no se cumple, telecomunicaciones inexistentes o parques que no construyen. Recomendamos a los consumidores guardar folletos y contratos como prueba. ¿Qué ocurre después de esas quejas? ¿Se resarce a los consumidores? Tenemos un 98% de efectividad.Cuandorecibimosuna denuncia, nuestros inspectores salen a verificar. Si encontramos anomalías, levantamos un acta y colocamos multas de 0 a $25,000, o hasta $50,000 si afecta la salud. Si es queja, primero buscamos una conciliación. Si no se logra, inicia un proceso en el que el agente económico suele perder, devolver dinero o productos y recibir sanciones. ¿Cuántas multas han impuesto en lo que va del año? Hemos puesto multas por alrededor de $1.4 millones. Y van a aumentar porque la tabla de multas no se modificaba desde 2007. Ahora distinguimos entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, para aplicar sanciones justas. ¿Cuándo comenzó el aumento en las multas y cómo se aplicará? Desde el 15 de septiembre. Antes una multa por producto sin precio a la vista podía ser de 15 balboas; ahora parte de $230 a $250, dependiendo si es perecedero o no. Queremos orientar a los agentes económicos, los asesoramos gratis, pero si reinciden, los sancionaremos rigurosamente. En casos graves y repetitivos, como productos vencidos o inmobiliarias dañadas, pasaremos a la esfera penal y remitiremos expedientes al Ministerio Público. ¿Qué pasará si los comercios no cumplen? El objetivo principal aquí es orientar a los agentes económicos. Estamos hablando directamente con ellos y queremos que, si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros para que podamos educarlos. Ofrecemos asesoría gratuita: vamos a sus establecimientos, les explicamos la ley y les brindamos la orientación necesaria. Sin embargo, si empiezan a incurrir constantemente en prácticas que atentan contra los consumidores, tomaremos medidas y los sancionaremos rigurosamente. Para aquellos que, por su poder adquisitivo, no se preocupan por pagar una multa, es importante aclarar que existen sanciones penales. Siencontramospatronesrepetitivos o acciones ilegales que afectan al consumidor, como productos expirados o viviendas en mal estado, los casos serán elevados a la esfera penal. Entregaremos el dosier al Ministerio Público. Se hará cumplir el Código Penal, que en los artículos 238, 239 y 240 contempla los delitos contra el orden económico, específicamente los delitos relacionados con la protección al consumidor y la defensa de la competencia. Con la llegada del Black Weekend, ¿qué deben tener en cuenta los consumidores para no ser engañados? Hacer una lista previa de productos, comparar precios en diferentes comercios y verificar que los descuentos estén claros: precio regular y precio con descuento visible. Además, exigir siempre la factura fiscal, que garantiza la compra, permite trazabilidad y protege al consumidor ante reclamos. Muchos se quejan de las tarjetas de crédito, tasas y cobros. ¿Qué puede hacer el consumidor? Primero hablar con su banco, y si no se resuelve, acudir a la Superintendencia de Bancos. Si hay información incorrecta en el historial de crédito, como deudas prescritas o pagos que no hizo, debe acudir a la APC y luego a Acodeco. Aplicamos la Ley 24 para limpiar historiales, sancionar a las entidades y permitir que los consumidores gestionen nuevos productos financieros. Sobre los sucedáneos, como lácteos que no son leche, ¿qué se está haciendo? No hay que satanizarlos. Son productos legales con registro sanitario, útiles para personas con intolerancias o necesidades especiales, y ayudan a bajar precios. Lo importante es que estén correctamente identificados como “sucedáneos” y separados de los originales. Acodeco está sancionando y educando a supermercados y tiendas, y trabajandoconMIDA,MICI, productores e industria en reglamentos técnicos más claros. ¿Tienen suficientes fiscales? ¿Cómo está el tema presupuestario? Actualmente contamos con 70 inspectores y 486 empleados en todo el país. Hacemos desde verificaciones de balanzas hasta monitoreo de hidrocarburos, telecomunicaciones y prácticas monopolísticas. Nuestro presupuesto recomendado es de 9.2 millones de dólares, 300 mil menos que el año pasado. Las multas que imponemos, en promedio 3.6 millones de dólares al año, van al Tesoro Nacional. Con las nuevas tablas de sanciones, esperamos superar esas cifras. La sede de la Universidad de Panamá. Archivo Recortes y baja inversión: ¿Cómo ejecutan su presupuesto las universidades estatales? EDUCACIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aunque el proyecto de presupuesto de 2026 plantea un recorte sustancial para la mayoría de las universidades estatales —lo que ha generado alarma—, los datos de 2025 revelan un panorama igualmente inquietante: la ejecución de los recursos destinados a inversión sigue siendo débil. En contraste, los fondos de funcionamiento parecen moverse con relativa facilidad, como si las instituciones lograran manejar sin dificultad lo cotidiano. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria hasta el 31 de agosto de 2025, dio a conocer un patrón: algunas universidades, como la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), destacan por su disciplina financiera en gastos corrientes; otras, como la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), evidencian dificultades para llevar adelante sus planes de inversión. La Universidad de Panamá concentra el mayor presupuesto de funcionamiento del sistema universitario, con 345.3 millones de dólares asignados. Hasta agosto de 2025, ha ejecutado 205 millones, lo que representa un 59.4% de los recursos disponibles. Sin embargo, en inversión, de 50 millones previstos, apenas ha utilizado 3.8 millones, un preocupante 7.6%. Sobre este tema, el rector de la UP, Eduardo Flores, planteó en su visita a la Comisión de Presupuesto que la oficina de control fiscal de la Contraloría fue retirada del campus universitario este año durante las protestas y nunca volvió. Además, la facultad de aprobar trámites hasta por 50 mil dólares fue reducida por la entidad fiscalizadora primero a 30 mil y luego a cero, lo que obliga a que incluso la compra de papel o bolígrafos deba gestionarse en la sede central, lo cual ralentiza los procesos de adquisición. Como se recordará, este año el contralor de la República, Anel Flores, cuestionó la eficiencia en el uso de los fondos públicos en la Universidad de Panamá y denunció la presencia de “clanes familiares” en esa casa de estudios superiores. “Hemos visto un clientelismo disfrazado en la universidad”, dijo el contralor también durante la sustentación de su presupuesto en la Asamblea Nacional. Otras universidades En la UTP, la historia se repite con matices distintos. De un presupuesto de funcionamiento de 141.1 millones de balboas, la universidad ha ejecutado este año 79.9 millones, un 56.6% de cumplimiento que refleja eficiencia en lo corriente. Pero la inversión es otra historia: de 56.9 millones asignados, apenas se han utilizado 9.5 millones, un 16.7 %, hasta el 31 de agosto de 2025. La Unachi aparece como un ejemplo de manejo eficiente en funcionamiento. De los 69.2 millones asignados para gastos corrientes, ha utilizado 57.3 millones, alcanzando un 82.8%, una de las cifras más altas entre las universidades públicas. Sin embargo, su inversión sigue siendo limitada: de 2.8 millones disponibles, solo ha ejecutado 0.3 millones, un 10.8%. La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) rompe parcialmente este patrón. Con un presupuesto de funcionamiento de 42.1 millones, ha ejecutado 19.8 millones, un 47.1 % de cumplimiento. En inversión, sin embargo, logra avances más notables: de 11.9 millones asignados, ha utilizado 6 millones, un 50.3 %. En medio de restricciones, esta universidad consigue materializar sus proyectos con relativa eficacia. La Universidad Marítima, por su parte, evidencia un desempeño desigual. Su ejecución en funcionamiento se mantiene estable, alrededor del 51 %, mientras que la inversión apenas alcanza un 13.6 % de un total de 8.3 millones. Menos fondos en 2026 El proyecto de presupuesto para 2026 no promete alivio. Las universidades públicas de Panamá enfrentarán una reducción significativa: el MEF propone un monto total de 590 millones de dólares para seis instituciones, más de 156 millones menos que los 746,3 millones aprobados en 2025. Los recortes se sienten como un viento frío que amenaza la continuidad de programas y proyectos. La Universidad de Panamá será una de las más afectadas. Su presupuesto para 2026 se proyecta en 317,5 millones, casi 78 millones menos que el año anterior. El rector Eduardo Flores ha advertido que este recorte pone en riesgo la operatividad, el acceso de alrededor de 10,000 nuevos estudiantes, el pago a docentes y la continuidad de proyectos en las sedes regionales. La UTP también verá disminuir su presupuesto. En definitiva, el presupuesto 2026 enfrenta a las universidades públicas con un doble desafío: optimizar los recursos de funcionamiento y superar los obstáculos que impiden ejecutar la inversión. La crónica de estos números es también la crónica de la educación superior panameña: una historia de esfuerzos, brechas y decisiones que definirán el futuro de miles de estudiantes.
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