1A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 29 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15153 Hoy por hoy Tras el análisis del presupuesto por parte de la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, se prevé una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar ajustes, especialmente en educación y salud. Sin embargo, más allá de los cambios puntuales, lo que realmente pesa es lo que han señalado repetidamente los últimos ministros de Economía: las “rigideces” del presupuesto. Antes de asignar los recursos, una serie de leyes ya determina cómo se gastarán, incluyendo aumentos automáticos, asignaciones fijas a sectores específicos y bonificaciones obligatorias. Este encuadre impide una distribución flexible y adaptada a las necesidades urgentes del país. Lo más grave es que no se han propuesto proyectos o medidas para desmontar este sistema que beneficia a sectores muy concretos, limitando el potencial de desarrollo nacional. Ni el Ejecutivo ni la Asamblea han abordado este desafío, dejando intacto un obstáculo estructural clave. Este es el verdadero “elefante en la habitación” del presupuesto: un problema evidente que se sigue ignorando. Historias Stanley Heckadon, en el lienzo de un pintor famoso 4B Sub-20: ¿Por qué Panamá perdió ante Paraguay? 10A Deportes Festival de aguinaldos y bonos con fondos públicos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Este año, el Estado ha destinado un total de $70.4 millones en concepto de aguinaldos y bonificaciones para funcionarios de distintas instituciones. PRESUPUESTO El Estado destinó $70.4 millones en aguinaldos y bonificaciones para 2025, y proyecta $67 millones para 2026. Para 2026, la cifra proyectada es de $67 millones. La diputada Janine Prado, de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que estos recursos podrían ser redirigidos hacia áreas prioritarias, como la educación, la salud y el acceso al agua potable. Entre las entidades que asignaron grandes sumas en gratificaciones, destacan la Caja de Seguro Social, con $22.8 millones, y el Órgano Judicial, con $4.2 millones. Al ser cuestionado sobre este tema, el contralor Anel Flores explicó que se ha intentado reducir el monto en varias entidades. Detalló que la Contraloría redujo significativamente su partida de bonificaciones, pasando de 1.2 millones a 50,000 dólares. Argumentó que no se paga el bono navideño debido a la restitución del décimo tercer mes, eliminando la necesidad de un bono adicional. VEA 4A La Chorrera Torneo regional de béisbol Con el choque entre México y Guatemala, y Panamá-Costa Rica arrancó ayer en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera el Panamericano de Béisbol Sub-23 en Panamá, con la participación de 10 escuadras y el equipo local, dirigido Aníbal Reluz. Este torneo se lleva a cabo hasta el 4 de octubre y también sirve como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-23 de Béisbol 2026 en Nicaragua. Anel Asprilla Ramón Abadi Carlos Vidal-Endara En entrevista con La Prensa, el administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, explicó el nuevo enfoque institucional: sanciones más altas, proporcionales al tamaño de las empresas, y la aplicación del Código Penal en casos graves o reincidentes. Las multas por prácticas como productos vencidos, uso indebido de tanque de gas y irregularidades en estaciones aumentarán. El mensaje es claro: educación primero, pero tolerancia cero ante abusos que perjudiquen a consumidores. VEA 6A ENTREVISTA Débil ejecución deinversión en universitades públicas En octubre, ENA habilitará salida del corredor en Costa del Este Multas más altas y castigos penales: nuevo enfoque de Acodeco Mientras el presupuesto 2026 plantea recortes, las universidades públicas enfrentan otro reto: la baja ejecución de fondos de inversión, que contrasta con la agilidad para gastar en funcionamiento. VEA 6A En octubre próximo, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) abrirá una nueva salida del Corredor Sur en Costa del Este, parte del plan de ampliación para aliviar el tráfico y mejorar la movilidad. VEA 2B CONTRASTE INVERSIONES Trump ordena el despliegue de tropas en Portland y autoriza el uso de “toda la fuerza” www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Juramentación de Eduardo Vásquez como presidente de la Comisión de Presupuesto. Isaac Ortega ‘El presupuesto debe ir a educación y salud, no a bonificaciones’: Vásquez Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRESUPUESTO La Comisión de Presupuesto se reunirá con su equipo técnico este lunes, con el objetivo de organizar y definir las recomendaciones que serán enviadas al MEF. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se prepara para iniciar, a partir de hoy 29 de septiembre, el trabajo de elaboración de las recomendaciones que presentará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la distribución del presupuesto 2026. La expectativa es alta, pues los recursos a asignar rondan los 34,901 millones de dólares, y cada decisión tendrá un impacto directo en la vida de los panameños. Su presidente, Eduardo Vásquez, asegura que la tarea exige claridad y enfoque. “El recurso público debe destinarse a educación y salud, no a bonificaciones”, afirma, subrayando la necesidad de administrar los fondos con responsabilidad en un contexto en el que las limitaciones fiscales y las demandas ciudadanas tensionan cada decisión. El presupuesto general del Estado para 2026 representa un aumento de 4,181 millones de dólares respecto a 2025, con 11,141 millones destinados a inversión pública. Sin embargo, la cifra no puede analizarse sin considerar la otra cara de la moneda: la deuda pública creció de 26,612 millones en 2019 a 51,812 millones en 2024, un incremento histórico que ha disparado también los pagos de intereses, que pasaron de 1,264 a 3,192 millones anuales, un 152% más. El reclamo En este escenario, más del 90% de las entidades públicas solicitaron un mayor presupuesto, un hecho que convierte el trabajo de la Comisión en un desafío monumental. No se trata solo del MEF; el equipo de Vásquez debe ponderar cada solicitud, discernir prioridades y garantizar que los recursos se distribuyan de manera estratégica. “Hay asesorías, hay bonificaciones, hay seguros privados… pero lo importante es distinguir qué es realmente prioritario”, dice Vásquez. Para el diputado del distrito de Capira, la misma exigencia que se hace a los panameños de ceder en tiempos de restricciones económicas debe aplicarse también a las instituciones: aceptar límites y comprender que el recurso es finito. El debate sobre el presupuesto, insiste Vásquez, va más allá de los números. La manera en que se asignan los recursos influye directamente en la economía del país, en la infraestructura, en la salud y en la educación. Cada cifra, cada asignación, repercute en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. “Esas son las verdaderas prioridades de los panameños”, afirma. Pero reconoce que años de corrupción y clientelismo han minado la confianza de la ciudadanía y complicado el trabajo de autoridades locales, como los representantes de corregimiento, quienes muchas veces se ven limitados por decisiones que escapan a su control. Para Vásquez, la clave está en priorizar y planificar. “Tenemos que entender que los recursos del país deben utilizarse de la mejor manera posible, y la única forma es con planificación”, subraya. Por ello, la Comisión se reunirá con su equipo técnico este lunes, con el objetivo de organizar y definir las recomendaciones que serán enviadas al MEF. Las reuniones se desarrollarán contra el reloj. Entre lunes y martes, explica, se espera avanzar en la estructuración del trabajo. “Nos reunimos con todo el equipo técnico de la Comisión para ordenar las tareas que vienen. De mañana en adelante empezamos el trabajo”, detalla, mostrando la urgencia que exige la complejidad del proceso. El diputado reconoce que la presión de las instituciones es alta. Cerca del 90% ha solicitado más fondos, lo que, según él, no es viable. “Si no priorizamos, terminamos destruyendo al país”, advierte, recordando que cada decisión presupuestaria tiene consecuencias para la estabilidad económica y social de Panamá. Al cierre de las vistas presupuestarias, Vásquez hace un balance positivo: “Sí estoy satisfecho, porque hemos logrado mandar un mensaje de responsabilidad y de que el trabajo se puede hacer de manera ordenada”, dice. Pero admite que al inicio fue complicado coordinar a todas las instituciones participantes. “El año pasado hubo muchas discusiones, y este año quisimos establecer condiciones para que las cosas se desarrollaran de la mejor manera”, concluye, con la certeza de que el proceso apenas comienza. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Carlos Navarro Navarro en ‘Fox News’: ‘La relación con Trump es más fuerte que nunca’ POLÍTICA EXTERIOR Mario De Gracia [email protected] El cese del tránsito de migrantes por el tapón del Darién fue atribuido al presidente de la República, José Raúl Mulino, por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Sin embargo, afirmó que la operación “se fortaleció” cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo en enero pasado. Así lo manifestó Navarro en una entrevista concedida al medio estadounidense Fox News, emitida el sábado 27 de septiembre. “Panamá y Estados Unidos son fuertes aliados estratégicos. El presidente Mulino estuvo con el presidente Trump esta semana y la relación es más fuerte que nunca”, declaró Navarro, al rememorar la colaboración entre ambos Estados para frenar la migración de sur a norte por la selva darienita. ElministrodeAmbienteintegró la delegación que acompañó a Mulino a la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enNuevaYork,dondeelmandatario también destacó comounlogrohaberdetenidoel flujo migratorio por Darién. Durante la entrevista, Navarro reiteró que el cese de la migración corresponde a una decisión de Mulino, ya que fue una medida anunciada desde el inicio de su gestión en julio de 2024. No obstante, añadió: “después que el presidente Trump llegó al poder, fue aún más fuerte, porque finalmente, esa desastrosa política de fronteras abiertas, que estaba causando la migración ilegal de hasta 520 mil personas cruzando ilegalmente por Panamá, destruyendo nuestros bosques, nuestras tierras, paró”. Navarro no precisó a qué política de fronteras abiertas hacía referencia. Al abordar el tráfico ilegal de personas a través de la selva, el ministro lo vinculó al Cartel del Golfo, al señalar que los traficantes de drogas también obtenían ganancias trasladando personas por esa ruta. Según Navarro, el siguiente paso del Gobierno será “limpiar” el Darién, tras el cese del flujo migratorio; al tiempo que pidió mayor cooperación comercial con Estados Unidos. “Sin más contaminación, podemos limpiar lo que quedó. Un gran esfuerzo del gobierno, pero que esperamos lograr. Contamos con Estados Unidos, para fortalecer las alianzas comerciales estratégicas para seguir adelante (...)”, concluyó. El último corte estadístico del Servicio Nacional de Migración (SNM), correspondiente a agosto, reportó el tránsito de solo siete personas por el Darién, una cifra que contrasta con las 16,603 registradas en la misma fecha de 2024. Desde el primer día de su gestión, Mulino promovió una política enmarcada en la frase “la nueva frontera de Estados Unidos está en Darién”; consecuentemente contó con el apoyo de los estadounidenses para financiar vuelos de repatriación a los migrantes que llegaron por la ruta. Desalojo en San Miguelito: Metro defiende su legalidad Después del desalojo de más de 30 buhoneros en el distrito de San Miguelito, el Metro de Panamá S.A, afirmó que el procedimiento fue legal. En un comunicado, la entidad explicó que la acción en las inmediaciones de la estación San Miguelito fue el resultado de “más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control de predios, con el objetivo de recuperar espacios públicos, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área”. El Metro comunicó que comprende la situación que enfrentan muchas familias, sin embargo, recordó que la venta de artículos, de forma permanente o ambulante, está prohibida dentro y alrededor de sus instalaciones. La restricción está amparada en la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y en el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020, que regula el Reglamento de Viajeros. José González Pinilla [email protected] Area despejada en la estación del Metro . Metro de Panamá
3A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 “Con experiencias de IA personalizadas ampliadas y herramientas de fotografía y edición basadas en IA, Galaxy S25 FE permite a más personas disfrutar de mayor comodidad y creatividad en su vida cotidiana”. Los nuevos Galaxy Buds3 FE complementan la experiencia Galaxy con un diseño moderno y cómodo, sonido envolvente y herramientas como Audio Eraser, que eliminan ruidos no deseados para llamadas y grabaciones más claras.
4A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] RELAX. Jorge Herrera contó que renunció a los vehículos de alquiler y a las tarjetas de combustible que le correspondían como presidente de la Asamblea. Tampoco anda con los seis agentes de seguridad o escoltas que estaban asignados a su despacho. Herrera alega que es un tipo “relax”, “de pueblo”, que “no le debe nada a nadie” y, por tanto, no necesita esos acompañamientos. Si el presidente del Legislativo puede vivir de esa forma y no le pasa nada, ¿qué esperan para reformar de una vez el reglamento interno y eliminar todos esos privilegios? HANDY MANNY. Herrera también aludió a los trabajos de rehabilitación de la fachada del Palacio Justo Arosemena, adjudicados de forma directa por la pasada administración a la firma Innovación Arquitectónica, S.A. Dijo que no tiene idea en qué consisten esas obras, que costarán $412,467. ¿Esto era un contrato para una fachada o era una fachada para un contrato? MOROSIDAD. La Asamblea tiene tres meses sin pagar la factura del consumo eléctrico y cuentas por pagar desde hace cinco y seis años. Solo en alquiler de vehículos hay una deuda con una compañía arrendadora por medio millón de dólares, que prestó el servicio en el quinquenio pasado (2019–2024). ¿Quiénes usaron esos vehículos y por cuánto tiempo? Si le abren una cuenta en Uber a cada uno de los 71 diputados, seguramente habría costado mucho menos. REBELDÍA. ¿Ya la Unachi atendió la “recomendación” de la directora de la Antai, Sheila Castillo de Arias, de destituir a 19 funcionarios que incurrieron en la violación de los principios de obligatorio cumplimiento, prudencia y uso inadecuado del tiempo de trabajo? ¿O están esperando que in- Las entidades estatales destinarán $70.4 millones a aguinaldos y bonos en 2025, generando controversia en la Asamblea Nacional. iStock El Estado prevé destinar $67 millones en aguinaldos y bonos para 2026 Ohigginis Arcia Jaramillo - [email protected] GASTO PÚBLICO La diputada Janine Prado destacó que, para 2025, el renglón 081 de gratificaciones asciende a 70.4 millones de dólares. Dijo que estos recursos bien pudieran redirigirse a salud y educación. La última sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dejó al descubierto un dato revelador: varias entidades estatales destinan aguinaldos, bonos o gratificaciones que representan un gasto millonario para el Estado. Solo en 2025, este renglón sumó 70.4 millones de dólares, y para 2026 la cifra proyectada asciende a 67 millones dólares. Fue la diputada de Vamos, Janine Prado, quien cuestionó el elevado gasto en gratificaciones y bonificaciones dentro del sector público mientras la Contraloría General de la República sustentaba su presupuesto, el pasado jueves 25 de septiembre. “Cuando lo vemos en números, contralor, parece mentira, pero en época de bonanza se pueden tomar ciertos privilegios; sin embargo, cuando hay que apretarse el cinturón, vale la pena revisarlo”, advirtió. Con el proyecto de presupuesto en mano y dirigiéndose al contralor Anel Flores, la diputada veraguense destacó que, para 2025, el renglón 081 de gratificaciones suma 70.4 millones de dólares en todo el país, y que para 2026 se proyectan 67 millones de dólares en ese mismo rubro. A su juicio, se trata de un monto considerable en momentos en que el país enfrenta carencias en instituciones educativas, de salud y, de manera particular, en el acceso al agua potable, que demanda inversiones urgentes. Este medio hizo una revisión de algunas entidades que han declarado públicamente que pagan bonificaciones a sus funcionarios y se pudieron conocer algunos montos millonarios. Por ejemplo, en el presupuesto de 2025, la Caja de Seguro Social tiene, en el renglón 081 sobre gratificación y aguinaldo, un monto de 22.8 millones de dólares. Como se recordará, esta entidad es una de las más grandes del país, con una planilla de 35 mil funcionarios. El Órgano Judicial también tiene, en ese mismo renglón, un monto de 4.2 millones de dólares. El Ministerio de Seguridad asignó 3.4 millones de dólares, mientras que el Ministerio de Salud, en su presupuesto modificado de este año, destinó casi 3 millones dólares para este fin. El Ministerio de Economía y Finanzas delegó 1.5 millones de dólares para gratificaciones e incentivos, mientras que la Autoridad Marítima de Panamá otorgó 1 millón de dólares. Debate El contralor también respondió a interrogantes relacionados con este tema del diputado de Vamos, Manuel Samaniego. De hecho, la propia Contraloría tenía una partida de 50,000 para bonificaciones, aunque el propio contralor aclaró que redujeron ese monto, que inicialmente era de 1,2 millones de dólares. El contralor aclaró que la decisión de no pagar ciertos bonos navideños se fundamenta en evaluaciones de personal y en la necesidad de un tratamiento uniforme para todos los funcionarios. “La decisión está puesta allí porque estamos haciendo las evaluaciones del personal. Esto no es un aguinaldo parejo para todos los 3,900 y pico de funcionarios. Nosotros tomamos la decisión el año pasado, cuando aún estábamos en transición, de no pagar el bono navideño”, afirmó, subrayando que la medida responde a criterios legales y técnicos. Flores recordó que la Corte Suprema de Justicia decretó que los servidores públicos debían recibir el décimo tercer mes con el mismo tratamiento que en el sector privado. El contralor fue enfático: “Nosotros no creemos en ese bono navideño porque ya fue restituido el derecho correcto de haber sido pagado su décimo tercer mes. Tener dos bonificaciones lo encuentro como un fuero de privilegio. En el caso de la Contraloría, ese monto no eran 50 mil dólares, honorable, eran 1.2 millones de dólares”, dijo ante las preguntas de Samaniego. Bonificaciones por ley En ese mismo contexto, Flores señaló que la Contraloría mantiene una postura firme frente a las solicitudes de pago de bonos adicionales. Solo las instituciones con “convención colectiva” que lo contemplen están recibiendo estas bonificaciones, que deben respetarse, mientras que en las demás se intenta evitar pagos adicionales sin fundamento legal. Por su parte, Samaniego planteó que, en tiempos de crisis, los recursos destinados a aguinaldos y sobresueldos podrían redistribuirse para cubrir necesidades urgentes en instituciones educativas y otros servicios públicos. Flores respondió que, efectivamente, se ha enviado comunicación a varias entidades, congelando aumentos, traslados con incrementos y nombramientos mientras se evalúa el cumplimiento de la ley Finalmente, el contralor recordó que la disputa con las instituciones no es nueva. Cuando se niega un referendo para el pago de bonos, a menudo las entidades insisten, lo que reduce temporalmente el poder de la Contraloría La estrategia ha sido dilatar pagos hasta encontrar un marco legal adecuado, como ocurrió con el bono navideño del año pasado, evitando pagos irregulares y protegiendo los recursos públicos. El gobierno de Panamá aprobó recientemente la Resolución de Gabinete N.º 57-25, un plan de contención del gasto que busca reducir hasta 1,900 millones de balboas del presupuesto general del Estado para 2025. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 30298-A, responde a un escenario fiscal complejo, en el que los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir los gastos autorizados, y se aplica de manera uniforme a todas las instituciones del sector público. EFE. WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS Vance revela lo que planea Trump para el ‘día después’ en Gaza MEDIO ORIENTE El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el presidente, Donald Trump, quiere que la Franja de Gaza y Cisjordania sean controladas por las personas que viven allí una vez cesen las hostilidades. “El presidente ha sido muy claro: realmente quiere que Gaza sea controlada por las personas que viven allí, quiere que Cisjordania sea controlada por las personas que viven allí, y quiere que las redes terroristas que rodean a los israelíes sean desmanteladas para que ya no puedan representar una amenaza, especialmente para los civiles inocentes que viven en Israel”, aseguró en declaraciones a la cadena Fox News. Estas declaraciones llegan días después de que Trump confirmara que, como había propuesto a líderes árabes y musulmanes en una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, no iba a permitir a Israel anexionar Cisjordania, cuya ocupación está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia. En ese mismo encuentro, el mandatario propuso que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino. El exprimer ministro británico Tony Blair es el candidato de la Casa Blanca para dirigir ese organismo, según la BBC. Este plan queda lejos de la propuesta de Trump, hace unos meses, de desplazar a los palestinos de su territorio, reasentarlos en otros países, y levantar la ‘Riviera deOrienteMedio’enlasruinas de la Franja. “Nunca es fácil, como hemos aprendido en Oriente Medio durante muchos años. Este tipo de cosas avanzan a trompicones, y pueden tomar giros muy extraños, pero creo que el presidente nos ha llevado a un punto donde estamos en la última yarda, y todos somos muy optimistas de que podemos cruzar la línea de gol y lograr algo realmente importante para la paz en la región”, añadió el vicepresidente. cluyan a Etelvina en la lista de sancionados? VINOTECA. También seguimos esperando la lista de las “botellas” destituidas en el Ministerio de la Presidencia, cuyo salario ahora será presuntamente utilizado para costear la remodelación de la villa diplomática. ¿A quiénes denunciaron ante el Ministerio Público por haber lucrado con fondos del Estado sin trabajar ni prestar un servicio a cambio?
5A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Panorama La mina paralizada, luego del fallo de la Corte que declaró su contrato inconstitucional. Alexander Arosemena. Auditoría a Cobre Panamá sigue sin refrendo de la Contraloría Mario De Gracia [email protected] MINERÍA LaminaCobrePanamáenfrentaunaauditoríaintegral, mientras el Estado podría enfrentar dos arbitrajes que no han sido suspendidos. El contrato entre el Ministerio de Ambiente y la empresa SGS Panama Control Services para realizar la auditoría integral a la mina Cobre Panamá por $539,791.46 espera el refrendo de la Contraloría General de la República desde el pasado 16 de septiembre. Hoy, está “en trámite”. No obstante, el inicio de la auditoría fue anunciado por el Ministerio de Ambiente el pasado 12 de septiembre. Sin embargo, el portal Panamá Compra aún no registra orden de proceder; ni el contrato con SGS ha sido publicado en canales oficiales. La auditoría abarca aspectos legales, ambientales, operacionales y de riesgos asociados que permitirían decidir el futuro de Cobre Panamá. Aunque se había puesto como condición para abordar el tema minero la suspensión de los arbitrajes internacionales iniciados por la empresa concesionaria First Quantum Minerals, dos procesos continuaron su curso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La canadiense First Quantum y el Gobierno de Panamá informaron que los arbitrajes serían suspendidos, pero estos dos procesos continuaron avanzando dentro del Ciadi, organismo del Banco Mundial especializado en arbitrajes de inversión. La suspensión no quedó registrada en la plataforma del Ciadi, pero sí la conformación de dos paneles arbitrales el pasado 10 de septiembre, presididos por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler seleccionada por acuerdo entre los demandantes y Panamá, como reportó La Prensa. Estos dos procesos fueron iniciados por First Quantum y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp, que posee el 9% de la concesión minera. En contraste, en otro arbitraje iniciado por Corporación Franco-Nevada, socia de First Quantum, sí consta la suspensión en la plataforma del Ciadi. Tiempos La solicitud de refrendo del contrato con SGS para la auditoría llegó a través de una nota a la Contraloría General de la República el 12 de septiembre, según registra el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID). Un día antes, en el portal Panamá Compra, se notificó la selección de la cotización presentada por la empresa SGS Panama Control Services para contratar la auditoría. Hubo otra empresa que envió cotización, la estadounidense Behre Dolbear & Company Inc., por $597 mil, pero no fue seleccionada. Antes de que ello ocurriera, el 10 de septiembre se conformó el panel de dos arbitrajes en el Ciadis. No obstante, el procedimiento excepcional por el que se autorizó la contratación de SGS fue aprobado por el Consejo Económico Nacional el 27 de agosto. En cuanto al estatus actual, el Ministerio de Ambiente señaló el 16 de septiembre que SGS se encuentra en una fase de planificación de la auditoría. Advertencias en refrenAprehenden a 22 personas por minería ilegal en Guna Yala OPERATIVO Henry Cárdenas [email protected] El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que mediante la “Operación Odín 2” aprehendió a 22 personas que presuntamente están vinculadas a la minería ilegal en la comarca Guna Yala. La entidad informó que la acción para combatir la minería ilegal se llevó a cabo en el río Pito, en el sector conocido como El Pozón. De acuerdo con el reporte, se aprehendieron a 22 ciudadanos colombianos; entre ellos 4 mujeres y 7 menores de edad. Además, se incautaron herramientas para la minería ilegal como palas, piquetas, bateas, tanques de combustible y una draga con capacidad. Este material fue entregado al Ministerio de Ambiente para su respectivo peritaje. De igual forma, las autoridades reportaron el decomiso de cuatro envases con oro, tres pesas digitales, tres teléfonos celulares y una batería portátil. Asimismo se incautó una escopeta calibre 22 con 6 municiones y sustancias ilícitas. El Senafront informó que se coordinó con el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente para los trámites correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades. dos Por su parte, el contralor general de la República, Anel Flores, ha instruido al personal de la institución, a través de la circular No. 12-25-DC-DFG, emitida el 4 de septiembre, a no refrendar aquellos servicios, compras u obras que ya se hayan prestado, recibido o estén en ejecución. Ninguna obra o servicio contratado por el Estado debe llevarse a cabo sin que previamente el contrato haya sido avalado por el contralor Anel Flores, según la circular No. 12-25-DCDFG, emitida el 4 de septiembre. A pesar de dichas instrucciones, este medio registró que el contralor refrendó un contrato para la limpieza de hospitales en el Ministerio de Salud que había sido ejecutado previamente.
6A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Panorama Ramón Abadi Balid Carlos Vidal-Endara Acodeco advierte que reincidentes en multas enfrentarán procesos penales Reyna Katiuska Hernández [email protected] ENTREVISTA El director de la entidad informó que se actualizó la tabla de sanciones, que no se modificaba desde 2007, con aumentos proporcionales según el tamaño de la empresa y posibles procesos penales para infractores reincidentes o graves. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ajustó las multas establecidas en el artículo 104 de la Ley 45 para adecuarlas a la realidad del mercado. Ahora las sanciones se aplican de manera proporcional al tamaño de la empresa — micro, pequeña, mediana o gran empresa— y podrán duplicarse o triplicarse en casos de reincidencia o agravantes como coimas y afectaciones a la salud, informó en entrevista con La Prensa, el administrador del organismo, Ramón Abadi Balid. Detalló cambios importantes en las sanciones para ciertos sectores. La multa por uso indebido del tanque de gas residencial de 25 libras en establecimientos como panaderías o restaurantes pasó de $625 a $1,000 por unidad encontrada. Además, las sanciones a estaciones de combustible aumentaron significativamente, pasando de $500 a $3,500 en casos de irregularidades en la medición y proporción de agua en los tanques. Además, precisó que en el caso de productos vencidos, las multas irán desde una amonestación hasta $25,000, dependiendo del tamaño del local y la gravedad de la infracción. “Se han encontrado más de 140 mil productos vencidos que han tenido que retirarse del mercado entre alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal, limpieza del hogar entre otros”, informó. Abadi Balid advirtió que se estarán pasando los casos de los reincidentes para la investigación al Ministerio Público para procesos penales. ¿En qué está enfocado Acodeco ante el aumento de quejas por parte de los usuarios? Durante este último año hemos tenido una gran cantidad de quejas, que son reclamaciones directas de personas afectadas por una compraventa. También, gracias a que los panameños están conociendo sus derechos en las diferentes leyes que fiscalizamos, recibimos denuncias, porque ellos se convierten en nuestros verdaderos verificadores en la calle. Recordemos que verificamos la Ley 45 de 2007 de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la Ley 134 sobre las personas con discapacidad, la Ley 6 de 1987 sobre descuentos para personas de la tercera edad y la Ley 24 sobre historial de crédito. Es importante transmitir a los consumidores sus derechos y también educar a los agentes económicos. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que llegan? Lo más frecuente es el tema inmobiliario, porque se trata del patrimonio de la familia. Muchas personas solo compran una vivienda en su vida. Las quejas principales son por defectos, problemas con garantías de materiales, pagos y financiamiento, vicios ocultos y publicidad engañosa. Por ejemplo, proyectos que prometen estar a 15 minutos y no lo están, agua 24/7 que no se cumple, telecomunicaciones inexistentes o parques que no construyen. Recomendamos a los consumidores guardar folletos y contratos como prueba. ¿Qué ocurre después de esas quejas? ¿Se resarce a los consumidores? Tenemos un 98% de efectividad.Cuandorecibimosuna denuncia, nuestros inspectores salen a verificar. Si encontramos anomalías, levantamos un acta y colocamos multas de 0 a $25,000, o hasta $50,000 si afecta la salud. Si es queja, primero buscamos una conciliación. Si no se logra, inicia un proceso en el que el agente económico suele perder, devolver dinero o productos y recibir sanciones. ¿Cuántas multas han impuesto en lo que va del año? Hemos puesto multas por alrededor de $1.4 millones. Y van a aumentar porque la tabla de multas no se modificaba desde 2007. Ahora distinguimos entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, para aplicar sanciones justas. ¿Cuándo comenzó el aumento en las multas y cómo se aplicará? Desde el 15 de septiembre. Antes una multa por producto sin precio a la vista podía ser de 15 balboas; ahora parte de $230 a $250, dependiendo si es perecedero o no. Queremos orientar a los agentes económicos, los asesoramos gratis, pero si reinciden, los sancionaremos rigurosamente. En casos graves y repetitivos, como productos vencidos o inmobiliarias dañadas, pasaremos a la esfera penal y remitiremos expedientes al Ministerio Público. ¿Qué pasará si los comercios no cumplen? El objetivo principal aquí es orientar a los agentes económicos. Estamos hablando directamente con ellos y queremos que, si tienen alguna duda, se acerquen a nosotros para que podamos educarlos. Ofrecemos asesoría gratuita: vamos a sus establecimientos, les explicamos la ley y les brindamos la orientación necesaria. Sin embargo, si empiezan a incurrir constantemente en prácticas que atentan contra los consumidores, tomaremos medidas y los sancionaremos rigurosamente. Para aquellos que, por su poder adquisitivo, no se preocupan por pagar una multa, es importante aclarar que existen sanciones penales. Siencontramospatronesrepetitivos o acciones ilegales que afectan al consumidor, como productos expirados o viviendas en mal estado, los casos serán elevados a la esfera penal. Entregaremos el dosier al Ministerio Público. Se hará cumplir el Código Penal, que en los artículos 238, 239 y 240 contempla los delitos contra el orden económico, específicamente los delitos relacionados con la protección al consumidor y la defensa de la competencia. Con la llegada del Black Weekend, ¿qué deben tener en cuenta los consumidores para no ser engañados? Hacer una lista previa de productos, comparar precios en diferentes comercios y verificar que los descuentos estén claros: precio regular y precio con descuento visible. Además, exigir siempre la factura fiscal, que garantiza la compra, permite trazabilidad y protege al consumidor ante reclamos. Muchos se quejan de las tarjetas de crédito, tasas y cobros. ¿Qué puede hacer el consumidor? Primero hablar con su banco, y si no se resuelve, acudir a la Superintendencia de Bancos. Si hay información incorrecta en el historial de crédito, como deudas prescritas o pagos que no hizo, debe acudir a la APC y luego a Acodeco. Aplicamos la Ley 24 para limpiar historiales, sancionar a las entidades y permitir que los consumidores gestionen nuevos productos financieros. Sobre los sucedáneos, como lácteos que no son leche, ¿qué se está haciendo? No hay que satanizarlos. Son productos legales con registro sanitario, útiles para personas con intolerancias o necesidades especiales, y ayudan a bajar precios. Lo importante es que estén correctamente identificados como “sucedáneos” y separados de los originales. Acodeco está sancionando y educando a supermercados y tiendas, y trabajandoconMIDA,MICI, productores e industria en reglamentos técnicos más claros. ¿Tienen suficientes fiscales? ¿Cómo está el tema presupuestario? Actualmente contamos con 70 inspectores y 486 empleados en todo el país. Hacemos desde verificaciones de balanzas hasta monitoreo de hidrocarburos, telecomunicaciones y prácticas monopolísticas. Nuestro presupuesto recomendado es de 9.2 millones de dólares, 300 mil menos que el año pasado. Las multas que imponemos, en promedio 3.6 millones de dólares al año, van al Tesoro Nacional. Con las nuevas tablas de sanciones, esperamos superar esas cifras. La sede de la Universidad de Panamá. Archivo Recortes y baja inversión: ¿Cómo ejecutan su presupuesto las universidades estatales? EDUCACIÓN Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Aunque el proyecto de presupuesto de 2026 plantea un recorte sustancial para la mayoría de las universidades estatales —lo que ha generado alarma—, los datos de 2025 revelan un panorama igualmente inquietante: la ejecución de los recursos destinados a inversión sigue siendo débil. En contraste, los fondos de funcionamiento parecen moverse con relativa facilidad, como si las instituciones lograran manejar sin dificultad lo cotidiano. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un informe detallado sobre la ejecución presupuestaria hasta el 31 de agosto de 2025, dio a conocer un patrón: algunas universidades, como la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), destacan por su disciplina financiera en gastos corrientes; otras, como la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), evidencian dificultades para llevar adelante sus planes de inversión. La Universidad de Panamá concentra el mayor presupuesto de funcionamiento del sistema universitario, con 345.3 millones de dólares asignados. Hasta agosto de 2025, ha ejecutado 205 millones, lo que representa un 59.4% de los recursos disponibles. Sin embargo, en inversión, de 50 millones previstos, apenas ha utilizado 3.8 millones, un preocupante 7.6%. Sobre este tema, el rector de la UP, Eduardo Flores, planteó en su visita a la Comisión de Presupuesto que la oficina de control fiscal de la Contraloría fue retirada del campus universitario este año durante las protestas y nunca volvió. Además, la facultad de aprobar trámites hasta por 50 mil dólares fue reducida por la entidad fiscalizadora primero a 30 mil y luego a cero, lo que obliga a que incluso la compra de papel o bolígrafos deba gestionarse en la sede central, lo cual ralentiza los procesos de adquisición. Como se recordará, este año el contralor de la República, Anel Flores, cuestionó la eficiencia en el uso de los fondos públicos en la Universidad de Panamá y denunció la presencia de “clanes familiares” en esa casa de estudios superiores. “Hemos visto un clientelismo disfrazado en la universidad”, dijo el contralor también durante la sustentación de su presupuesto en la Asamblea Nacional. Otras universidades En la UTP, la historia se repite con matices distintos. De un presupuesto de funcionamiento de 141.1 millones de balboas, la universidad ha ejecutado este año 79.9 millones, un 56.6% de cumplimiento que refleja eficiencia en lo corriente. Pero la inversión es otra historia: de 56.9 millones asignados, apenas se han utilizado 9.5 millones, un 16.7 %, hasta el 31 de agosto de 2025. La Unachi aparece como un ejemplo de manejo eficiente en funcionamiento. De los 69.2 millones asignados para gastos corrientes, ha utilizado 57.3 millones, alcanzando un 82.8%, una de las cifras más altas entre las universidades públicas. Sin embargo, su inversión sigue siendo limitada: de 2.8 millones disponibles, solo ha ejecutado 0.3 millones, un 10.8%. La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) rompe parcialmente este patrón. Con un presupuesto de funcionamiento de 42.1 millones, ha ejecutado 19.8 millones, un 47.1 % de cumplimiento. En inversión, sin embargo, logra avances más notables: de 11.9 millones asignados, ha utilizado 6 millones, un 50.3 %. En medio de restricciones, esta universidad consigue materializar sus proyectos con relativa eficacia. La Universidad Marítima, por su parte, evidencia un desempeño desigual. Su ejecución en funcionamiento se mantiene estable, alrededor del 51 %, mientras que la inversión apenas alcanza un 13.6 % de un total de 8.3 millones. Menos fondos en 2026 El proyecto de presupuesto para 2026 no promete alivio. Las universidades públicas de Panamá enfrentarán una reducción significativa: el MEF propone un monto total de 590 millones de dólares para seis instituciones, más de 156 millones menos que los 746,3 millones aprobados en 2025. Los recortes se sienten como un viento frío que amenaza la continuidad de programas y proyectos. La Universidad de Panamá será una de las más afectadas. Su presupuesto para 2026 se proyecta en 317,5 millones, casi 78 millones menos que el año anterior. El rector Eduardo Flores ha advertido que este recorte pone en riesgo la operatividad, el acceso de alrededor de 10,000 nuevos estudiantes, el pago a docentes y la continuidad de proyectos en las sedes regionales. La UTP también verá disminuir su presupuesto. En definitiva, el presupuesto 2026 enfrenta a las universidades públicas con un doble desafío: optimizar los recursos de funcionamiento y superar los obstáculos que impiden ejecutar la inversión. La crónica de estos números es también la crónica de la educación superior panameña: una historia de esfuerzos, brechas y decisiones que definirán el futuro de miles de estudiantes.
7A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Panorama Grupo de emprendedores y estudiantes en evento en el ITSE. Archivo Cciap pide más fondos para el ITSE tras recorte Reyna Katiuska Hernández [email protected] EDUCACIÓN El recorte presupuestario en el ITSE para el año 2026 es del 73%. La institución solicitó $78 millones y solo le recomendaron $21 millones. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) instó a las autoridades a garantizar mayores recursos para el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), al advertir que los recortes presupuestarios que enfrenta esta institución ponen en riesgo un modelo educativo que está demostrando resultados concretos en empleabilidad y movilidad social. El ITSE solicitó $78 millones para 2026, pero la recomendación apenas llega a $21 millones, un recorte a su aspiración del 73% que afectará la educación de más de 2,500 estudiantes. “No podemos darnos el lujo de quitarle recursos a una institución que está formando jóvenes, generando empleo y apoyando emprendimientos, mientras seguimos financiando cosas que no cambian la realidad del país”, advirtió el gremio empresarial. En su pronunciamiento semanal la Cámara Opina, el gremio destacó que eligió al ITSE como sede de su Congreso de Emprendimiento — en el que participaron más de 500 emprendedores— precisamente por ser un ejemplo de cómo la inversión pública bien dirigida puede generar impactos positivos en la sociedad. De acuerdo con la Cciap, ocho de cada diez jóvenes que se gradúan en el ITSE consiguen empleo, uno emprende y otro continúa estudios superiores, lo que evidencia que se trata de una plataforma de oportunidades que cumple con su misión. “Ese dato, sencillo pero contundente, nos dice que los recursos invertidos allí sí se traducen en productividad y esperanza para las familias panameñas”, señaló el gremio. La Cámara advirtió que “no se puede castigar a quienes están haciendo las cosas bien” y que, en momentos de ajustes fiscales, es fundamental priorizar sectores como la educación, la salud y la seguridad. “Sabemos que el presupuesto nacional tiene compromisos muy fuertes, pero también sabemos que año tras año aparecen partidas para gastos superfluos e innecesarios que poco o nada aportan al bienestar de los panameños. Si hay que apretar, empecemos por ahí”, enfatizó. El gremio empresarial insistió en que el presupuesto debe ser un instrumento para mejorar la vida de la ciudadanía, lo que implica destinar recursos hacia proyectos e instituciones que generan frutos tangibles. “El ITSE es uno de esos lugares. Cuidar su presupuesto no es un gasto más, es una inversión para el presente y el futuro de Panamá”, concluyó la Cciap.
8A La Prensa Panamá, lunes 29 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. La diferencia entre un dictador, un monarca o un totalitario y el buenista autoritario es que este último te vende, mediante el poder de los sentimientos, que todo lo que hace y propone es para el bien común, que sus acciones son para beneficio de la sociedad y no por intereses personales. Pero si nos cuestionáramos esos argumentos, nos daríamos cuenta de que no hay ninguna diferencia entre todos ellos. Cada uno ha actuado y hecho lo que ha hecho porque el fin último era el bienestar de la sociedad: protegerla de los enemigos, de las ideas contrarias que “envenenan” la mente colectiva. Para el buenismo autoritario solo vale una idea: la de ellos. Sus capacidades no provienen ya del poder de la Iglesia o de Dios; ahora son otorgadas por la sociedad mediante el voto y la democracia. El voto, según ellos, los convierte en los hombres más capacitados y desinteresados, en contraposición al egoísmo y al individualismo que tanto “ha pervertido a Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Desprecio a la autodeterminación panameña Soberanía bajo ataque En días recientes, una comisión del Congreso de Estados Unidos ha convocado una nueva sesión centrada en la presunta “influencia maliciosa” del Partido Comunista Chino en el Canal de Panamá. El simple hecho de colocar bajo sospecha a nuestro país, sin pruebas concretas y sin darnos voz propia en ese foro, es un acto que hiere directamente nuestra dignidad como nación soberana. No es la primera vez que desde Washington se pone en tela de juicio la relación de Panamá con potencias extranjeras. Pero esta vez, el señalamiento se reviste de una condescendencia preocupante. Se nos retrata como un país sin criterio propio, incapaz de tomar decisiones soberanas y maduras sobre su infraestructura crítica y sus relaciones exteriores. Como si fuésemos un infante geopolítico que requiere la tutela de sus “mayores”. Panamá ha sido históricamente un punto de encuentro, de tránsito y de diálogo. Nuestro Canal, orgullo nacional y símbolo de ingeniería y esfuerzo humano, fue recuperado con lucha y determinación. Hoy, cuestionar desde el extranjero nuestra capacidad para administrarlo y protegerlo no solo es un agravio diplomático: es un menosprecio frontal a nuestra autodeterminación. Resulta inaceptable que, a pesar de las múltiples declaraciones oficiales en las que se ha reiterado que el Canal se maneja con estricta neutralidad, transparencia y en apego al interés nacional, estas afirmaciones sean ignoradas. Al parecer, la palabra del gobierno panameño carece de valor para quienes ya han decidido vernos como una ficha más en su tablero de confrontación global. Estamos presenciando un mundo que se reconfigura en torno a nuevas polaridades. La Guerra Fría ha dejado su legado y, aunque muchos creíamos superada aquella lógica binaria de “con nosotros o contra nosotros”, asistimos al renacer de un mundo bipolar. En esta nueva pugna, los países pequeños como el nuestro corren el riesgo de ser tratados como meros instrumentos de presión o de control, sin voz ni voto, sin matices ni soberanía efectiva. Pero Panamá no puede —ni debe— aceptar este rol subordinado. Nuestra política exterior debe ser clara, firme y activa. No basta con comunicados diplomáticos tibios. El país requiere una postura sólida que exija respeto a nuestras decisiones soberanas, sin importar desde qué polo del poder provengan las presiones. Aceptar pasivamente este tipo de narrativas es dejar que otros definan nuestra identidad y nuestro papel en el mundo. Si permitimos que se imponga la visión de que somos un territorio “influenciado” y no un Estado consciente de sus alianzas y decisiones, entonces habremos renunciado a la esencia misma de lo que significa ser una nación libre. Panamá no es una marioneta geopolítica. Es una república con historia, con voz, y con derechos internacionales que deben ser defendidos sin titubeos. En tiempos de posverdad, periodismo El derecho a saber vamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur (…). El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate…” Como evidencia, Trump aportó un video de 29 segundos rotulado como “unclassified” (desclasificado) en el que se observa la destrucción de una lancha. El ministro de comunicación e información venezolano reaccionó inmediatamente a través de su canal en Telegram. Afirmó que se trataba de una noticia falsa y que el video había sido hecho con inteligencia artificial, según le había respondido el chatbot de Google. Expertos de agencias especializadas en desinformación no encontraron evidencia de que el material hubiese sido fabricado, pero tampoco pudieron determinar su origen. Periodistas venezolanos se abocaron a los hechos. ¿Qué tipo de embarcación era? ¿Cuántas personas transportaba? ¿Movilizaba drogas? ¿Pertenecía al Tren de Aragua (TDA)? ¿De dónde salió? ¿Hacia dónde iba? Con base en fuentes testimoniales, los periodistas Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina (Editorial Dahbar, 2023) y César Batiz, director del medio digital El Pitazo, informaron que la lancha había partido de San Juan de Unare, un pueblo del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, a través de una ruta común al contrabando, al tráfico de drogas, migrantes y armas. “A bordo iban 11 hombres: 8 de Unare y 3 de pueblos vecinos. Se trataba de un flipper, una lancha rápida de unos 12 Raisa Urribarri Contra el buenismo autoritario Mayorías vs. minorías Imaginemos una sociedad donde solo unos pocos son los que gobiernan e imponen sus formas de pensar a los demás; donde el actuar se justifica como las acciones más benevolentes y loables posibles; donde no importa si esas acciones afectan a una minoría: lo importante es que la mayoría salga beneficiada. Esas son las sociedades en las que nos encontramos viviendo hoy en día. Las democracias ilimitadas han sido utilizadas y deformadas para permitir, bajo la excusa del “bien común”, usar sus poderes por encima de los ciudadanos con la finalidad de hacer una vida más “feliz” y “próspera” para todos. Ya no se busca evitar que las mayorías pasen por encima de las minorías mediante las leyes y la justicia. Hoy por hoy, las democracias ilimitadas han terminado siendo buenismos autoritarios, donde desde una élite intelectual con “superioridad moral” y “mayores conocimientos” se dictamina y se ejerce, mediante el monopolio de la fuerza de los Estados, cómo debe vivir una sociedad para alcanzar el bienestar común (sea este el que defina esa misma mayoría). la sociedad”. Ahora son ellos quienes, con su moral y su desinterés, buscan mediante el Estado imponer las “buenas ideas”: aquellas que, como sociedad, permitirán el bienestar, la igualdad y acabarán con las injusticias que vivimos. Cualquiera que se atreva a contradecirlos o tener ideas contrarias al buenista autoritario es una amenaza para el bien común y la sociedad. Para el buenista, las nuevas ideas, la racionalidad y la verdad deben ser censuradas y calladas para siempre. Proteger a la sociedad de los “peligros del sentido común” justifica los medios para hacerlo. El buenista usa la democracia para venderle a los ciudadanos que ellos gobernarán y que se tomarán en cuenta sus ideas —incluidas las más irracionales e intolerantes—, donde no importa el sacrificio de unos pocos si al final esto produce un bienestar para la mayoría. Lamentablemente, el camino está forjado de buenas intenciones, y generalmente eso es lo que termina ocurriendo: venderse como salvadores, como forjadores de la paz y la prosperidad. Pero, por otro lado, usar el monopolio de la fuerza del Estado para imponer esas ideas termina socavando las instituciones y produce los efectos contrarios. Acabamos todos con un gobernante “benevolente” que justifica los peores actos en la justicia social y en sus buenas intenciones. Opinión EL AUTOR es máster en administración industrial. EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. LA AUTORA es periodista e investigadora del Cieps. Gabriel J. Perea metros de largo por 2,5 de ancho, con 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno…”, informaron los reporteros. En la pequeña población desde donde partió la embarcación, “el ambiente es de luto”, afirmó Batiz. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el hecho sí ocurrió. Posteriormente, el ministro de interior venezolano dijo que el hecho sí había sucedido, pero calificó como mentira que la embarcación transportara drogas o perteneciera al TDA. Como ha dicho Patricia Pardo en un trabajo sobre periodismo y fuentes testimoniales, los testigos siempre van a ser las fuentes más fiables, son los que van a dar como resultado una noticia o reportaje mucho más coherente con la labor de una disciplina, como el periodismo, que busca contar la verdad. Ese, al menos, es el primer paso: Determinar los hechos y luego sí, como ha dicho el afamado editor Martin Baron, “mirar detrás de la cortina y debajo de la alfombra”. Las autoridades militares estadounidenses no han divulgado los detalles de esa operación, pero los secretarios de Estado y de Defensa (recientemente renombrado de Guerra) afirmaron que esta había sido solo la primera y que cabría esperar más. Y las ha habido. ¿De qué se trata realmente todo esto? En medio de las especulaciones sobre la supuesta vinculación de Maduro con grupos criminales, de la discusión sobre la legalidad del uso de fuerza letal contra civiles en aguas internacionales, y de los objetivos que perseguiría la Casa Blanca con la movilización de tropas en aguas caribeñas, legisladores estadounidenses buscan explicaciones. También los venezolanos y la comunidad internacional. A la ciudadanía le asiste el derecho a saber. Sin duda, el periodismo es hoy más importante que nunca. Se necesita nada más ni nada menos que para disipar la incertidumbre, fuente nutricia de la posverdad. A través de su cuenta en X, el pasado 7 de agosto la fiscal general de Estados Unidos anunció que Washington había aumentado a US$ 50 millones la recompensa por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro. Una semana después, la Marina estadounidense confirmó el despliegue de una flota de guerra en aguas del Caribe con el objetivo de combatir el tráfico de drogas en la región. Como toda noticia, esta corrió como la pólvora. En tiempos digitales, sin embargo, la velocidad resulta extrema. Tanto que ni bien ponemos atención a una ya hemos saltado a la próxima sin detenernos a pensar si se corresponden con la verdad de los hechos, o si pudieran servir a intereses creados. A pesar del reciente auge de la verificación, desde siempre la tarea del periodismo ha sido esa: verificar los hechos para poder informar. Hace algunos días el CIEPS, junto a la Ciudad del Saber, realizó un coloquio sobre posverdad y posdemocracia. Allí nos referimos a la transformación del ecosistema informativo y al debilitamiento del periodismo, hoy más necesario que nunca. Veamos como ejemplo la noticia que, vinculada con las mencionadas, circuló el 2 de septiembre: la destrucción, en aguas internacionales, de una embarcación por parte del ejército de los Estados Unidos. Provino del presidente Donald Trump a través de Truth Social: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positiLa diferencia entre un dictador, un monarca o un totalitario y el buenista autoritario es que este último te vende, mediante el poder de los sentimientos, que todo lo que hace y propone es para el bien común, que sus acciones son para beneficio de la sociedad y no por intereses personales. José Jauregui A pesar del reciente auge de la verificación, desde siempre la tarea del periodismo ha sido esa: verificar los hechos para poder informar. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
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