4A La Prensa Panamá, sábado 27 de septiembre de 2025 Panorama Tardó mucho el señor contralor en mostrar lo que oculta su careta señorial: su ego y desvirtudes. Se la ha pasado actuando en una obra de teatro creada con limitada imaginación y sus pigmeas grandilocuencias, ejecutando un rol protagónico con la inexperta pasión del aficionado, convencido de que el mundo gira en torno a él. Es decir, menosprecia la inteligencia colectiva y se conduce con la soberbia del que se cree por encima de todos. Pero don ‘Bolo’ Flores no es más que otro de los tantos políticos que jura que nosotros –los que le pagamos su salario– somos los que trabajamos para él, los que le debemos respeto y pleitesía, los estúpidos que no entendemos nada. Pero entendemos su chabacanería institucional. Veamos un ejemplo. El subcontralor Eli Cabezas Justavino, ¿de dónde salió para ocupar ese cargo? ¿Quién lo recomendó? Cabezas era un desconocido, aunque no en todos los círculos. Fue –o sigue siendo– el contador de la millonaria exfuncionaria de la Contraloría Odila Castillo y de su bufete, Castillo Guardia & Asociados. Castillo contrató la firma de auditores de Cabezas en 2023, justo cuando su bufete se elevó del suelo terrestre a la superficie lunar: de $2 millones en ingresos a $10.8 millones anuales. Pero eso es solo el principio. La firma en la que es socio Cabezas –Centro de Soluciones Impositivas (CSI-Panamá)– también ha tenido entre sus clientes a una empresa de la que Flores no es ajeno ni un poquito: Central Azucarero de Alanje, S.A. Menciono un hecho reciente: en mayo pasado –con cuatro meses y tres semanas como contralor– a Flores le fue revocado un poder general otorgado por la empresa en julio de 2019. Don ‘Bolo’ no solo era el mandamás –junto con sus hermanos– hasta mayo pasado, sino también presidente de ese ingenio hasta 2024. Es difícil creer que el sabelotodo de don ‘Bolo’ ignorara que uno de los socios principales de la firma que actuaba en nombre de su empresa en materia impositiva sería, precisamente, su hombre de confianza en la Contraloría. ¿Coincidencia? Juzgue usted. Creo que en esa institución últimamente no hay límites y mucho menos controles. Los funcionarios ignoran deliberadamente el conflicto de interés, como doña Odila, cuya jefa inmediata era, simultáneamente su socia, o el dúo Cabezas-don ‘Bolo’. Y como no saben nada de límites, andan dando tumbos aquí y allá. Por ejemplo, don ‘Bolo’ advirtió el pasado 4 de septiembre a casi todo el Gobierno que ya estaba bueno de que le llevaran para su refrendo contratos ejecutados hasta la última letra sin que la Contraloría ejerciera el control previo. Es decir, les advertía que estaban violando la Ley y, en consecuencia, no pondría su sagrada rúbrica perfeccionando contrato alguno si estaba parcial o totalmente ejecutado. Lo que no puso en ese papel digital es que él, a su entera y personal discreción, haría excepciones, sin importarle un comino la Ley de Contrataciones Públicas. Y así, haciendo gala de su soberbia, don ‘Bolo’ estampó su firma en los contratos de Hombres de Blanco, otorgados por el Minsa de forma directa, y seguramente hará lo mismo con los otros tres que están siendo ejecutados sin control previo ni refrendo, abriéndole el camino a esa empresita y a su amigo, el ministro de Salud, para que hagan lo que les dé su real gana, incluyendo, obviamente, pisotear la Ley de Contrataciones Públicas y, ganarse, al mismo tiempo, algo más de $20 millones en solo año y medio. Entonces, ¿cuánto vale la palabra de don ‘Bolo’? Supongo que vale lo que vale una bola de billar triangular. Y no quiero imaginar por qué a don ‘Bolo’ lo bautizaron así. Si lo buscara en un diccionario, encontraría que hace gala de su apodo, aunque su significado no es para estar orgulloso de ninguna de sus cuatro letras… aunque este mundo está al revés. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] Fiscalía suma otro investigado por desaparición de Héctor Gallego DICTADURA La Fiscalía Regional de Veraguas formuló cargos al militar retirado Eros Ramiro Cal por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Héctor Gallego ocurrida el 9 de junio de 1971 en Santa Fé, en esa misma provincia. Fuentes ligadas al proceso revelaron que la fiscalía vincula a Cal con la desaparición de Gallego, ya que el militar era jefe de la zona de la provincia de Veraguas al momento en que se produjo el hecho. También se informó que Cal podría quedar fuera de la investigación, ya que será sometido a una serie de análisis médicos para determinar si es imputable, ya que, debido a su avanzada edad mantiene padecimientos de salud que podrían dejarlo fuera de este proceso judicial. A la vez que conoció que la fiscalía desarrolló una diligencia de inspección y búsqueda en las instalaciones que mantiene el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Tocumen, en donde operó el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, y adonde algunos testimonios señalan que fue trasladado Gallego, tras su detención en Santa Fe. El 6 de mayo de 2025, la fiscalía también practicó una diligencia de inspección en la sede del instituto Nacional de Agricultura (INA) luego de recibir información sobre la posible existencia de restos humanos que podían corresponder a los del sacerdote, pero dicha diligencia no dio resultados positivos. En mayo pasado la policía dio con la captura de Eugenio Magallón, condenado a 15 años de prisión por su participación en la desaparición de Gallego, quien se había mantenido prófugo de las autoridades por 32 años. Magallón fue enviado a prisión, pero luego un juez de cumplimiento le aplicó una medida de depósito domiciliario debido a problemas de salud y su avanzada edad. En un juicio realizado el 26 de octubre de 1993, un jurado de conciencia condenó a los militares Melbourne Walker, Nivaldo Madriñán y Magallón por el secuestro y asesinato de Gallego, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó la reapertura de la investigación por la desaparición de Gallego, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su decisión, los magistrados del Tribunal Superior de Coclé y Veraguas precisan que el fallo condenatorio expedido en 1993 contra los militares Madriñan, Walker y Magallón por la desaparición del sacerdote fue en su condición de cómplices, y que se hace necesario ubicar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos. También destacan los magistrados en el fallo que la desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad, una calificación que conlleva importantes consecuencias jurídicas y penales. Estos crímenes son reconocidos como los más atroces que un individuo puede cometer contra otro, lo que implica su carácter imprescriptible y la obligación de ser perseguidos. Tras esto el expediente fue reabierto por la Fiscalía Regional de Veraguas que practicó diligencias para establecer el posible paradero de los restos de Héctor Gallego. Sin embargo, muchos de los militares que podrían tener conocimiento de los sucedido al sacerdote colombiano han fallecido y otros tienen una edad avanzada. Las autoridades nunca han podido establecer con exactitud el móvil por el cual miembros de la Guardia Nacional acudieron a la residencia de Gallego la noche del 9 de junio de 1971. En 2003, la CIDH recibió una petición del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG), sobre hechos de violencia, abuso de poder y desapariciones forzadas cometidas por la dictadura militar en Panamá (1968– 1989). El Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG) ha exigido durante años la identificación de los restos óseos ubicados en el antiguo Cuartel de Los Pumas de Tocumen, uno de los cuales fueron identificados como los de Heliodoro Portugal. El comité exige realizar nuevas pruebas de ADN a estos restos óseos para tener certeza de a quien corresponden. La fiscalía estimó en $24 millones la lesión patrimonial por la compensación de los autobuses. Archivo Apelación en caso de ‘diablos rojos’ excluye a colaboradores de Mulino Juan Manuel Díaz [email protected] TRANSPORTE PÚBLICO El recurso de apelación al fallo de la juez Águeda Rentería fue presentado por el fiscal Ariel De Gracia el 22 de septiembre. La denuncia inicial fue presentada en el año 2012. Un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas fue presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la juez Agueda Rentería de absolver a los 185 investigados por la presunta comisión del delito de peculado a través de la compensación de autobuses de transporte público que se conocían como “diablos rojos”. La petición del fiscal Ariel De Gracia no incluye la revocatoria de la sentencia absolutoria dictada a favor de los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo, Jorge Ricardo Fábrega y Ventura Vega, esto dos últimos estrechos colaboradores del presidente de la República, José Raúl Mulino (2024-2029). En la actualidad Fábrega ocupa el cargo de asesor de Mulino, mientras que Ventura Vega está nombrado como secretario general de la Contraloría General de la República. En su escrito de apelación, el fiscal De Gracia solicitó al tribunal de apelaciones dictar un veredicto condenatorio para 164 y un veredicto absolutorio para 21 de los encausados en esta investigación. En la solicitud de revisión de sentencia presentada ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el fiscal De Gracia alega que en la investigación existen pruebas de la vinculación de transportistas, funcionarios y miembros de las concesionarias en irregularidades en el proceso de compensación de los denominados “diablos rojos”. De acuerdo con el fiscal De Gracia la juez de primera instancia no valoró el informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se estableció que el procedimiento de rescate económico de los autobuses derivó en una afectación al erario público de $24 millones. El recurso también destaca que la juez de primera instancia Agueda Rentería tampoco tomó en consideración que algunas de las reasignaciones de cupos se realizaron en una fecha límite designada para este proceso. Sostiene que algunas personas recibieron dinero del proceso de compensación sin ser propietarios de los vehículos ni mantener certificados de operación. El fallo de primera instancia En su fallo de primera instancia,lajuezAguedaRentería señaló que “esta solicitud de absolución [del Ministerio Público] a favor de los exdirectores de la ATTT fue determinante para beneficiar al resto de los procesados. Ya que si los máximos responsables de la entidad administrativa no fueron acusados por carecer de elementos de convicción en su contra mal podría sostenerse que funcionarios subalternos, transportistas o particulares actuaron como supuestos agentes de manejo de recursos públicos para la comisión de un delito cuya autoría quedó descartada por la propia fiscalía”. Rentería también sostuvo que si el Ministerio Público optó por solicitar la absolución de los exdirectivos de la ATTT, el juzgado no puede suplir la inactividad acusatoria, ni construir de oficio una responsabilidad penal que no fue sostenida en el juicio. A la vez el fallo de Rentería explica que las pruebas documentales y testimonios obtenidos durante la investigación demuestran que el proceso de rescate administrativo de los buses tipo “diablos rojos” fue una estrategia implementada por el Estado para modernizar el sistema de transporte público, retirando los antiguos buses para dar paso a un nuevo sistema de metrobuses, y la compensación recibida por los transportistas no representó un beneficio indebido, si no un proceso legal para extinguir concesiones y facilitar la transición hacia el nuevo modelo. En 2010, durante el gobierno de Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan para modernizar el transporte público: sacar de las calles a los diablos rojos. La estrategia era reemplazarlos por los nuevos metrobuses, servicio que eventualmente se complementaría con el también nuevo sistema de transporte masivo: el metro. Sin embargo, fue el ministro de la Presidencia de aquella época Demetrio Papadimitriu, quien presentó una denuncia en febrero de 2012, por las irregularidades en las compensaciones.
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