6A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Panorama José Raúl Mulino, presidente de la República en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cortesía Presidencia de la República. Del rugido al aplauso: el calculado pragmatismo de Mulino en la ONU Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA GENERAL Mulino pasó de denunciar un Armagedón en el Darién a celebrar el multilateralismo en la ONU 2025, pero evitó pronunciarse sobre Gaza. Los discursos del presidente José Raúl Mulino en Naciones Unidas, en 2024 y 2025, exponen un viraje en la política exterior panameña. En un año pasó de denunciar un Armagedón en el Darién y acusar a las potencias de hostigamiento financiero, a celebrar el multilateralismo como motor de triunfos diplomáticos. El giro se entiende mejor a la luz de los sucesos ocurridos en el transcurso de un año: en enero de 2025 Donald Trump regresó a la Casa Blanca con dos movimientos que alteraron la ecuación panameña. Primero, aplicó una política migratoria dura que frenó de golpe el paso irregular por el Darién para los que buscan llegar a Estados Unidos. Segundo, puso su mirada sobre el Canal de Panamá, con la advertencia de que su país debía retomar el control de la vía interoceánica porque consideraba que estaba bajo “influencia china”, tema que Panamá niega de manera rotunda. Sin embargo, mientras otros mandatarios dedicaron buena parte de sus intervenciones al conflicto en Gaza y al reconocimiento de un estado palestino, Mulino evitó referirse a este tema, a pesar de su peso en la agenda global. El Darién: otros tiempos En 2024, con apenas dos meses en el poder, Mulino puso a la migración por Darién en el centro de su discurso. Incluso describió el paso fronterizo con Colombia como “la nueva frontera de Estados Unidos”. Denunció un escenario de colapso humanitario y ambiental: cadáveres abandonados, montañas de desechos y crimen organizado controlando las rutas. Acusó a Venezuela de provocar un éxodo regional y reclamó que Panamá no podía cargar solo con los costos. En ese momento, Mulino no ocultó la indignación. Insistió en que la indiferencia internacional obligaba a Panamá a convertirse en muro de contención para los intereses de Estados Unidos. El tono era de urgencia: el país estaba al borde de una crisis social y ambiental. Actualmente la fotografía es distinta: el flujo migratorio cayó en 99%. Aunque Mulino se atribuyó el fin de la migración ilegal, la caída dramática del tránsito se explica principalmente por las duras medidas implementadas por Trump. En mayo pasado, el gobierno de Mulino cerró la estación temporal de recepción migratoria de Lajas Blancas, considerada el principal centro de acogida de los viajeros. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, por allí pasaron más de un millón de personas desde su apertura. El Canal como vitrina Otro gran eje del discurso fue el Canal. Hace un año apenas ocupó un espacio lateral en la retórica. Este miércoles 24 de septiembre, se convirtió en eje de orgullo y advertencia. Mulino celebró los 25 años de administración panameña con énfasis en “eficiencia, neutralidad y sostenibilidad”, pero admitió la vulnerabilidad más seria: la crisis de agua que amenaza tanto a la población como al comercio internacional que depende de la vía. La sequía de 2023 y 2024 ya había reducido los tránsitos, lo que evidenció que el cambio climático no es un desafío futuro, sino un riesgo inmediato. Ante la comunidad internacional, el presidente anunció el proyecto del río Indio como solución estratégica, con la doble misión de garantizar agua potable y sostener el 4% del comercio mundial que cruza el istmo. Este proyecto está a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, que administra la vía. “Ante esta Asamblea, Panamá reafirma, una vez más, su serio y sostenido compromiso hacia el régimen establecido en el Tratado concerniente a la Neutralidad permanente, y a cuyo protocolo se han adherido numerosos Estados. La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro Canal, un bien de utilidad global”, manifestó. Y como para no dejar espacios a la duda, repitió una de las frases que más ha compartido en los últimos meses: “El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”. Del choque al aplauso El contraste más evidente entre los dos discursos apareció en el manejo de las listas financieras. En 2024, Mulino acusó a Europa y Estados Unidos de discriminar a Panamá y anunció represalias contra sus empresas y su influencia en organismos internacionales En 2025, con el país fuera de las listas del GAFI y de la Unión Europea, el presidente cambió el libreto: celebró el triunfo del multilateralismo y presentó el desenlace comoéxitodesudiplomacia. En julio de este año, la Unión Europea retiró a Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Ejecutivo celebró el tema con bombos y platillos. Cambio climático El mandatario también ahondó en la política ambiental. El año pasado, Mulino reclamó que la condición de país carbono-negativo no traía beneficios tangibles y acusó a las potencias de exigir lo que ellas mismas no cumplieron en su desarrollo. El tono era de queja: el pulmón verde de la región no recibía recompensa. En 2025, el presidente se presentó como líder ambiental. Prometió restaurar cien mil hectáreas de ecosistemas y reforzó el compromiso con la neutralidad de carbono. El mensaje pasó de exigir compensación a ofrecer liderazgo, en sintonía con la narrativa global de sostenibilidad. También le dio espacio a la agenda global de reformas, con un énfasis particular en el papel de la ONU. Planteó la necesidad de transformar el Consejo de Seguridad para hacerlo más eficiente, y de la Asamblea General para que refleje mejor la diversidad de voces. Exigió, además, una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de decisión. “Panamá confía en una ONU renovada, que fortalezca la seguridad digital y la cooperación internacional con criterios éticos y con participación; que acompañe transiciones energéticas justas y que defienda la libertad de expresión”, manifestó. El gran tema ausente: Gaza Aunque la crisis en Gaza marcó buena parte del debate internacional, Mulino no se refirió a la ofensiva israelí, la situación humanitaria en los territorios palestinos ni al reconocimiento de Palestina por parte de varios países, asuntos que ocuparon un lugar central en la agenda de otros líderes. Diputados Jorge Bloise, de la Comisión de Educación. Cortesía Becas y auxilios económicos: reformas al Ifarhu para eliminar privilegios INICIATIVA LEGISLATIVA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio un paso que sus miembros calificaron como decisivo ayer24 de septiembre: aprobar en primer debate un proyecto de ley para transformar el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La iniciativa, que busca borrar de raíz los privilegios y las recomendaciones políticas, propone una plataforma pública con los nombres y montos de cada beca y establece que los auxilios solo podrán llegar a quienes los merezcan por su esfuerzo académico o por la urgencia de su situación económica. El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, defendió la propuesta, que en términos generales busca transparentar el otorgamiento de becas y auxilios económicos, una demanda ciudadana que ha cobrado fuerza tras múltiples denuncias de discrecionalidad en la institución. Como se recordará, entre 2014 y 2024 el Ifarhu gastó 380.8 millones de dólares en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos. Incluso, el exdirector de la entidad, Bernardo Meneses, fue detenido el 7 de julio de 2025 por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, tras irregularidades en la asignación de más de 260 millones de dólares en auxilios. Los detalles Bloise explicó que la iniciativa no elimina los auxilios económicos, pues están respaldados por la Constitución, pero sí establece restricciones claras para que solo puedan otorgarse bajo criterios de mérito académico o de necesidad socioeconómica. Para ello, se plantea la creación de un consejo técnico que evalúe los casos, evitando que las decisiones recaigan únicamente en la discrecionalidad de un director. El proyecto también contempla la creación de una plataforma digital en la que se publiquen los nombres de todos los beneficiarios, garantizando el acceso abierto a la información. Según el diputado, incluso en casos de menores de edad se usará un código fuente para proteger datos sensibles, pero la lista seguirá siendo pública y verificable. Uno de los puntos más sensibles del debate fue la exclusión de la influencia política enelaccesoabecasyauxilios. Bloise subrayó que la norma busca erradicar la práctica de exigir cartas de recomendación de diputados o de afiliación partidaria como requisito para optar por un beneficio. “Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que nadie debe pedir una recomendación política para poder tener una beca”, sostuvo. Discusión El político de Vamos recordó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo en la subcomisión, que reunió a cinco diputados proponentes de reformas, además de aportes del Ifarhu, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información y organizaciones de la sociedad civil. Tras cinco reuniones de discusión, se consolidó un documento que, según Bloise, “es robusto” y que esperan logre los votos suficientes en segundo debate. Otro eje de la propuesta es la rendición de cuentas frente a las irregularidades denunciadas en la administración anterior. Bloise insistió en que los millones de dólares perdidos deben ser recuperados y que quienes hayan cometido delitos “tienen que ir presos”. La iniciativa también fija requisitos más estrictos para la designación de directores y subdirectores del Ifarhu, así como una cláusula de conflicto de interés. Según el diputado, ningún funcionario de alto rango ni sus familiares podrán estar vinculados a empresas que ofrezcan cursos académicos o que mantengan contratos con la institución. De hecho, recordó el caso del exdirector Bernardo Meneses, a quien señaló por vínculos con empresas favorecidas con contratos que no cumplieron lo pactado. “Se les dio millones de dólares a programas que nunca se realizaron como tenían que realizarse de manera presencial”, denunció, advirtiendo que la nueva ley busca blindar al Ifarhu frente a estas prácticas. Ahora, el gran desafío para otros diputados de la comisión, como Grace Hernández, es que los 71 diputados que conforman el pleno de la Asamblea respalden la iniciativa en el segundo debate. “Esperamos el apoyo de todos”, concluyó.
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