4A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] OCUPAS. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, dijo que está buscando los mecanismos legales y técnicos para desalojar las oficinas VIP. ¿Acaso les va a dar un plazo de 30 días a Benicio Robinson y Raúl Pineda, como si se tratara de un desahucio o un lanzamiento por intruso? VAGANCIA. Por cierto, Pineda sostiene que las dos oficinas que le corresponden (como a cada diputado) en el edificio “nuevo” de la Asamblea, las utiliza para recibir a ministros y delegaciones oficiales. En las VIP, en tanto, atiende sus funciones legislativas. ¿Cuáles, si casi no presenta propuestas legislativas? En más de año y medio, solo introdujo cinco anteproyectos y ninguno ha pasado del primer debate. Si no presenta iniciativas y casi no asiste al pleno, entonces, ¿para qué se reúne con los ministros? MALA NOTA. Pareciera que el Gobierno está promoviendo el cierre del ITSE con el recorte presupuestario propuesto por el MEF: nada menos que 72% para el año 2026, lo que dejaría a 2,500 estudiantes en la calle. El presupuesto recomendado al ITSE es de $21 millones, casi la misma cantidad que sustentó ayer la televisora estatal SerTV. Señores, la educación no es un gasto; es una inversión. Sin duda, es una muestra del desprecio hacia la educación, con paso firme. BASE ROBADA. A propósito de SerTV, la televisora paga $150,000 al año para adquirir los derechos de transmisión de los partidos de la Fedebeis. Parece (otro) subsidio estatal. Esa plata se la podrían dar al ITSE. REGAÑO. Ernesto Cedeño, quien ahora preside la Comisión de Comercio de la Asamblea, perdió la paciencia porque el diputado Jhonathan Vega le hizo preguntas al gerente de la zona franca de Barú, Eriberto Guerra, sobre temas que no formaban parte del cuestionario previamente enviado José Luis Varela en la sala de reuniones esperando a sus colegas. Ohigginis Arcia Jaramillo Diputados se ausentan de debate sobre el Reglamento Interno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Solo dos de los nueve diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional asistieron a la sesión de ayer miércoles. La sala de la Comisión de Credenciales estaba casi vacía. De los nueve diputados que deberían debatir el polémico reglamento interno de la Asamblea Nacional, solo dos habían hecho acto de presencia. Afuera, el murmullo de la ciudad parecía burlarse del retraso: una deuda del Órgano con el país, dicen algunos, que se acumula en los pasillos silenciosos donde la burocracia se confunde con la indiferencia. La presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda, lamentó la ausencia de quórum en la sesión convocada para el miércoles 24 de septiembre. “Tenemos una Asamblea muy dinámica, con comisiones paralelas, y muchos diputados pertenecen a tres comisiones”, explicó, refiriéndose a la coincidencia de horarios que afecta la asistencia. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional de Panamá está integrada por nueve diputados de diversas bancadas, con la diputada Castañeda, de Realizando Metas, como presidenta, y Ariel Vallarino, también de su partido, como vicepresidente. Completan la nómina Arquesio Arias (PRD), como secretario; además de Yamireliz Chong y Augusto Palacios (Vamos), José Luis Varela (Panameñista), Benicio Robinson (PRD), Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino) y Joan Guevara (Alianza). Sin embargo, en la última sesión de la comisión solo asistieron Castañeda y Varela,loqueobligóacerrarlareunión y postergar la discusión del reglamento interno. La sesión, prevista para la 1:00 p.m., fue cerrada pasadas las 2:30 p.m., ante la imposibilidad de avanzar con la agenda. “Hemos decidido cerrar la comisión hoy y abrirla el próximo lunes”, señaló Castañeda, quien insistió en la necesidad de que los diputados prioricen esta discusión, considerada clave para la operación del Legislativo. Las modificaciones Sobre el estado de la revisión del reglamento interno, la diputada indicó que la comisión se encuentra en la etapa final de análisis de los artículos que recibieron propuestas de modificación. “Hubo 16 propuestas y proyectos de modificación al reglamento; estamos revisando 147 artículos que no fueron tocados en la resolución presentada por la subcomisión”, detalló. Castañeda estimó que, en la próxima semana y en dos sesiones, la comisión debería darle forma definitiva al reglamento. Subrayó que este proceso permitirá a los nuevos diputados revisar los artículos pendientes y aportar sus observaciones, garantizando un texto más inclusivo y consensuado. Entre los cambios que considera prioritarios, la diputada destacó la reglamentación de recursos humanos y de planilla, incluyendo evaluaciones semestrales de desempeño. “Debemos asegurarnos de que los funcionarios que cobran cumplan con resultados; esto se puede hacer mediante dos evaluaciones al año”, afirmó, señalando que sería un avance significativo para la transparencia y eficiencia de la Asamblea. Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos. En quinto lugar figura la diputada Ana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675. Otros cambios Otro de los puntos clave que Castañeda propuso es la implementación de sanciones para quienes ofendan a colegas, directores o ministros. “La Asamblea debe basarse en el debate de ideas y propuestas, no en faltarle el respeto a nadie”, explicó, subrayando la importancia de un reglamento que regule la conducta dentro del pleno. Asimismo, la diputada abogó por garantizar igualdad de oportunidades en la discusión de proyectos de ley, evitando preferencias por bancadas o intereses particulares. Consideró que estas medidas contribuirían a una Asamblea más funcional, democrática y cercana a las expectativas de la ciudadanía. Sobre la estructura de las comisiones, Castañeda compartió que se analiza reducirlas de 15 a entre 12 y 13, en un esfuerzo por simplificar procesos y hacer más eficiente el trabajo legislativo. “Son propuestas interesantes que permitirán una Asamblea más funcional”, puntualizó. Respecto a la percepción pública de la Asamblea, la diputada reconoció la necesidad de un “nuevo rostro” para la institución, tras más de 14 años sin actualizar el reglamento. “Esta es una deuda que tenemos con el país; debemos unirnos para concluir este proceso y darle seriedad al debate”, afirmó, haciendo un llamado a la responsabilidad de todos los diputados. Antes de perderse en los pasillos de la Asamblea, la diputada reiteró la convocatoria de una nueva reunión de comisión. “No depende de la presidenta; depende de que los diputados entiendan que esto es una prioridad. Voy a llamar a capítulo para conversar y ver si hay voluntad de avanzar en este tema”, concluyó, dejando claro que la reforma del reglamento interno es una de las tareas más urgentes del actual periodo legislativo. Juan Manuel Díaz [email protected] Consejo Judicial reemplaza a Alianza Pro Justicia con el Colegio de Abogados SELECCIÓN DE JUECES De manera excepcional, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a los abogados Antonio Rodríguez, Zaida Latorraca y Rubén Elías Rodríguez, miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA), como representantes de la sociedad civil en la quinta fase del concurso para el nombramiento de jueces y magistrados en distintas jurisdicciones a nivel nacional. La decisión, contenida en el acuerdo No. 0-CACI-2025, se tomó luego de que los representantes de la AlianzaCiudadanaProJusticia decidieran no participar en esta fase del proceso, alegando falta de transparencia. Según el Consejo, los miembros de la Alianza no comparecieron a la sesión ni remitieron explicación formal sobre su ausencia. La Alianza explicó en un comunicado que su retiro se debió a que el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial no respondió a dos notas aclaratorias relacionadas con la calificación de la cuarta fase, donde se aplicó una técnica estadística que permitió avanzar a 77 aspirantes que no habían alcanzado el 15% mínimo requerido. La quinta fase corresponde a las entrevistas a los aspirantes, etapa decisiva del concurso abierto para cubrir 165 cargos de jueces y magistrados. Según el reglamento, los candidatos deben superar varias etapas: presentación electrónica de documentos y ejecutorias (20%), pruebas psicológicas y técnicas (20%), concurso de oposición (20%) y entrevista ante la autoridad nominadora con un representante de la sociedad civil. Cada fase exige un mínimo de 15% para acumular la calificación final. La designación de los nuevos representantes del CNA tiene efectos inmediatos y permitirá dar continuidad al proceso de selección, luego de un impasse que puso en entredicho la transparencia del concurso. El retiro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno de los principales veedores ciudadanos del sistema judicial, generó inquietud entre organizaciones sociales y gremiales que ven en este proceso una oportunidad clave para fortalecer la independencia y credibilidad del Órgano Judicial. Para estos grupos, la falta de respuesta a las solicitudes de aclaración constituye un retroceso en materia de transparencia y participación ciudadana. El Consejo de Administración de la Carrera Judicial, por su parte, defendió la continuidad del concurso, al señalar que la designación de los nuevos representantes del Colegio Nacional de Abogados garantiza la presencia de la sociedad civil en la etapa final del proceso. Sin embargo, persisten las críticas sobre el método de calificación aplicado en la cuarta fase, que abrió la puerta a candidatos que no alcanzaron el puntaje mínimo establecido y que ahora serán evaluados en la fase de entrevistas. a este funcionario. Cedeño alega que agregar preguntas al cuestionario original va en contra de la Constitución. Vega replicó que estaba haciendo uso de un derecho que le concede el reglamento de la Asamblea y Cedeño amenazó con quitarle la palabra a su colega si seguía con sus “extensiones de pensamiento”. El bloque de los 37 cada día se parece más a una familia disfuncional, en la que sus miembros se quieren, pero no se pueden ver. Sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo
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