1A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 25 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15149 Hoy por hoy Durante décadas nos definimos como un país de abundancia: de mariposas, de peces, de biodiversidad única. Esa riqueza natural sigue siendo orgullo nacional, pero hoy también podemos proclamarnos la cuna del flow. La llegada de los Premios Juventud a la ciudad de Panamá es un reconocimiento a nuestra fuerza musical. No es casual que el Centro de Convenciones Amador, a orillas del Canal de Panamá, reciba a las grandes estrellas hispanas: este istmo ha sido semillero de géneros que marcaron generaciones. Desde el reggae en español de Nando Boom y El General, hasta el reguetón que abrió paso a figuras globales; desde la salsa a la que Rubén Blades imprimió su sello, hasta el típico que Samy y Sandra Sandoval convirtieron en fiesta popular. A esa lista se suman, entre otros, la cumbia panameña, el jazz de Danilo Pérez, el tamborito que late en nuestra identidad y el calipso que nos recuerda nuestras raíces afrocaribeñas. Sin embargo, la celebración no debe eclipsar lo esencial: Panamá invirtió $5 millones para traer estos premios. Corresponde, pasada la fiesta, demostrar con transparencia si esa apuesta cultural y turística generó beneficios reales. Deportes Caballero recibe elogios por su entrega con los Yankees 4B Panorama Avión de Carretero, ligado al chavismo, sufre accidente 7A Gasoducto por el Canal despierta interés global Reyna Katiuska Hernández [email protected] La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó a 23 empresas energéticas el proyecto de construcción de un gasoducto interoceánico para LOGÍSTICA Un total de 23 empresas energéticas enviaron representantes a Panamá para conocer los detalles del proyecto. La ACP abrió la fase inicial con plazos y reuniones uno a uno. transportar etano, butano y propano, iniciativa que generó gran interés en el sector. Más de 45 representantes asistieron al encuentro en ciudad de Panamá, algunos de ellos viajaron exclusivamente para conocer los detalles. El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, explicó que las compañías tienen hasta el 10 de octubre para manifestar formalmente su interés. Posteriormente, se organizarán reuniones privadas, previstas para el 18 de noviembre, a fin de profundizar en propuestas específicas. VEA1B Foro sobre la familia empresaria La visión femenina en los negocios El liderazgo femenino marcó presencia en el foro ‘Fortaleciendo la familia empresaria’, donde Gaby Aued (Tecnasa) y Fanny Márquez (Grupo Car Rental Services) compartieron su experiencia al frente de compañías con trayectoria y futuro en el país. El encuentro fue organizado por EFG, Familias Empresarias de Panamá, Alessi Joyeros y La Prensa. Anel Asprilla Las presentadoras Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza. Anel Aprilla Por primera vez, los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos y Panamá es la sede esta noche. La gala reúne a 231 artistas en 41 categorías, con tributo especial a la música panameña, de “La murga” a Sech Bad Bunny y Danny Ocean encabezan las nominaciones con seis cada uno. La gala en el Centro de Convenciones Amador contará con actuaciones de Maluma, Camilo, Natti Natasha, Boza, Sech, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Érika Ender y Omar Alfanno.. VEA 5B MÚSICA El reglamento, víctima de la apatía política, una vez más Premios Juventud: Panamá, epicentro del talento latino La Comisión de Credenciales no logró quórum para discutir el reglamento interno. Solo asistieron dos diputados de los 15 diputados (Dana Castañeda y José Luis Varela), lo que obligó a suspender la sesión y reprogramar el debate. VEA 4A SerTv recibirá más fondos que el ITSE para su funcionamiento Con presupuestos totales similares, SerTv —canal estatal de radio y televisión— recibirá $19.1 millones para operar, $6 millones más que el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), instituto público de educación técnica superior. Diputados cuestionaron “los privilegios” de SerTv, su baja ejecución presupuestaria, viáticos elevados y auditorías que revelaron canjes publicitarios sin contrato. VEA 3A PRESUPUESTO En 2024, José Raúl Mulino irrumpió en Naciones Unidas con un tono de alarma: denunció un “Armagedón” en el Darién, acusó a Venezuela de provocar un éxodo regional y responsabilizó a las potencias por el abandono de Panamá frente a la crisis migratoria. Un año después, el escenario cambió radicalmente. El flujo irregular cayó en 99% tras las medidas de DoDiscurso de Mulino en la ONU: El Darién se apaga y el Canal gana protagonismo nald Trump, y el presidente panameño evitó insistir en el tema. En su lugar, el Canal se convirtió en eje de orgullo y advertencia: celebró 25 años de administración panameña, defendió su neutralidad y presentó el reservorio de Río Indio como respuesta estratégica a la crisis de agua que amenaza tanto a la población como al comercio mundial. VEA 6A José Raúl Mulino. EFE
2A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Prado sobre el presupuesto para SerTv: ‘Son privilegiados’ CONTRASTES El paso del Sistema Estatal de Radio y Televisión (SerTv) por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, repitió un escenario en el que otras entidades han estado: recibir menos asignación de presupuesto para inversiones, pero más para funcionamiento de cara al 2026. Un total de $20.5 millones recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para SerTv, pero en la Comisión de Presupuesto, Dustin Guerra, director del canal del Estado, detalló que solicitaron$24millones. Según Guerra, con $20 millones haría falta dinero para comprar derechos de transmisión, y puso como ejemplo que para el torneo de beisbol juvenil y mayor de todos los años, SerTv invierte hasta $150 mil en derechos de transmisión. Sin embargo, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, le recordó a Guerra que SerTv forma parte de un grupo de entidades públicas “privilegiadas”, que recibieron aumentos en el renglón presupuestario destinado al funcionamiento. Mientras en 2025 SerTv recibió$18.2millonesparafuncionamiento, en 2026 recibiría $19.1 millones. Prado pidió explicaciones, además, por gastos de viático a funcionarios de SerTv que rondan los $626 mil, puesto que la entidad pedía que se le destinaran $680 mil. Guerra le explicó que al cubrir eventos noticiosos en todo el país, requieren dicho monto para viáticos. Canjes sin contrato Durante la sustentación salió a relucir que, en una auditoría realizada por la firma Nexia Auditores en SerTv, se encontraron varios acuerdos de “canjes publicitarios” únicamente sustentados a través de correo electrónico. No había contrato, ni documentos que sustentaran los ‘canjes’. Sobre ello Prado pidió la presentación de una denuncia y la tramitación con celeridad del caso. La auditoría data del año 2023. Según explicó la directora de finanzas de SerTv, Denisse Guillén, no había controles en contabilidad fijados para los ‘canjes’, por lo que los auditores recomendaron su implementaciónparamejorarla gestión de los procesos. Baja ejecución y autogestión La diputada Prado recomendó a SerTv potenciar los ingresos para contribuir a su autogestión,puestoquealmomento solo se registran cerca de $400 mil dólares recopilados fuera de los que otorga el Estado en presupuesto. Con ello, los fondos de autogestión de SerTv alcanzan solamente 2% del total de su presupuesto. Finalmente, Prado y el diputado Betserai Richards, quien trabajó en SerTv previamente, alertaron sobre la baja ejecución presupuestaria de la entidad hasta agosto de 2025. SerTv solo ha ejecutado el 15.1% de su presupuesto, y entre las razones que dieron, alegaron que varios actos públicos que emitieron para hacer inversiones no pudieron ser completados y la contención del gasto. Una entidad con presupuesto total similar, como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que tiene $21.8 millones, tiene menos dinero destinado a funcionamiento: $13.8 millones; unos $6 millones menos que SerTv. La villa diplomática, ubicada en Quarry Heights, Ancón. Archivo Contralor admite dudas sobre millonaria remodelación de la villa diplomática Ereida Prieto-Barreiro [email protected] FONDOS PÚBLICOS La remodelación de la villa diplomática, valorada en más de $7.1 millones, incluye salones presidenciales, cancha de tenis y estacionamiento subterráneo. El contralor general, Anel Flores, aunque defendió la remodelación de la villa diplomática —un proyecto valorado en más de $7.1 millones—, reconoció que el costo de la licitación debe revisarse y, eventualmente, reducirse o ejecutarse en plazos más largos. “Definitivamente, esas son cosas que vamos a revisar, a ver si podemos, de alguna manera, reducir esos costos o hacerlo en dos o tres años y posponerlo, porque sí, sí hay cosas que ver”, advirtió Flores en una entrevista en TVN Noticias. El contralor entiende que la vivienda, ubicada en Quarry Heights, Ancón, forma parte de la memoria nacional. “Esa es una casa que era de los generales que manejaban el Comando Sur. Es una pieza histórica y yo creo que esas son cosas que podemos ir haciendo poco a poco, como en efecto está proyectado. Son cosas que tenemos que rescatar de nuestra historia”, declaró Flores. Flores cuestionó el deterioro de otras propiedades que fueron transferidas por Estados Unidos a Panamá, en otras áreas revertidas. “Ahí tenemos el área revertida, en la zona de Amador, totalmente destruida. ¿Eso es lo que queremos los panameños?”, cuestionó. Según el pliego de cargos, la remodelación de la villa diplomática incluye la construcción de dos “salones presidenciales” de 180 metros cuadrados cada uno, con un costo superior a $834 mil; un pabellón y una cancha de tenis en la azotea del edificio que albergará los salones, valorados en más de $615 mil; un estacionamiento subterráneo por $792,513, y un espacio de oficinas de 280 metros cuadrados por $693,621. La semana pasada, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, defendió la millonaria inversión bajo el argumento de que “es un bien histórico”. No obstante, el contralor admitió que existen cuestionamientos legítimos sobre la pertinencia y el momento de la inversión, en medio de crecientes demandas de austeridad. “Hay derecho a cuestionar, hay derecho a que ustedes (los periodistas) pidan cuentas, que los diputados pidan cuentas, porque eso es lo que es. Nosotros hacemos eso todos los días: les pedimos cuentas a todos y revisamos qué están gastando y por qué lo están gastando”, expresó. Desistimiento Sin mayor justificación, la empresa Constructora Pacífico Atlántico (Copasa) desistió de la acción de reclamo que había interpuesto contra el informe de la comisión evaluadora del acto público convocado por el Ministerio de la Prevoca austeridad en el presupuesto”. En el documento, Copasa advertía que agotaría todas las “vías de transparencia” y las diligencias necesarias para lograr “una adjudicación justa y objetiva”. Con este desistimiento, el Ministerio de la Presidencia, a cargo de la licitación, quedaría en posición de adjudicar el contrato a favor de CMG, empresa que en pocos meses se ha llevado otros dos proyectos emblemáticos: la construcción del Hospital de Mascotas, por más de $14.1 millones, y un contrato directo de $12.2 millones otorgado por el Ministerio de Cultura para restaurar unas iglesias en Colón. sidencia para remodelar la villa diplomática. La comisión evaluadora otorgó la mayor calificación a la oferta que presentó Construction Management Group Inc. (CMG). El desistimiento fue presentado este lunes ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), poco después de que la entidad se acogiera a una prórroga de tres días hábiles para resolver el fondo del reclamo presentado por Copasa. Ahora, la DGCP admitió el desistimiento y ordenó el archivo del expediente, eliminando el único obstáculo legal sobre la licitación. Copasa había alegado que su oferta estaba $600 mil por debajo del precio de referencia, lo que representaba un ahorro para el Estado, “sobre todo en momentos en que la política panameña de gobierno inHistoria De cuartel militar a residencia diplomática La villa diplomática, antes “Casa 1” en Quarry Heights, fue construida en 1906 durante la presencia estadounidense en la Zona del Canal. Tras su traslado desde Culebra en 1915, albergó a altos mandos militares, incluido el general Wesley Clark. Posteriormente, el gobierno panameño la destinó a hospedar a jefes de Estado y delegaciones oficiales, consolidándose como símbolo histórico de la transición del enclave militar a un espacio de representación diplomática nacional. Anel Flores
3A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] OCUPAS. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, dijo que está buscando los mecanismos legales y técnicos para desalojar las oficinas VIP. ¿Acaso les va a dar un plazo de 30 días a Benicio Robinson y Raúl Pineda, como si se tratara de un desahucio o un lanzamiento por intruso? VAGANCIA. Por cierto, Pineda sostiene que las dos oficinas que le corresponden (como a cada diputado) en el edificio “nuevo” de la Asamblea, las utiliza para recibir a ministros y delegaciones oficiales. En las VIP, en tanto, atiende sus funciones legislativas. ¿Cuáles, si casi no presenta propuestas legislativas? En más de año y medio, solo introdujo cinco anteproyectos y ninguno ha pasado del primer debate. Si no presenta iniciativas y casi no asiste al pleno, entonces, ¿para qué se reúne con los ministros? MALA NOTA. Pareciera que el Gobierno está promoviendo el cierre del ITSE con el recorte presupuestario propuesto por el MEF: nada menos que 72% para el año 2026, lo que dejaría a 2,500 estudiantes en la calle. El presupuesto recomendado al ITSE es de $21 millones, casi la misma cantidad que sustentó ayer la televisora estatal SerTV. Señores, la educación no es un gasto; es una inversión. Sin duda, es una muestra del desprecio hacia la educación, con paso firme. BASE ROBADA. A propósito de SerTV, la televisora paga $150,000 al año para adquirir los derechos de transmisión de los partidos de la Fedebeis. Parece (otro) subsidio estatal. Esa plata se la podrían dar al ITSE. REGAÑO. Ernesto Cedeño, quien ahora preside la Comisión de Comercio de la Asamblea, perdió la paciencia porque el diputado Jhonathan Vega le hizo preguntas al gerente de la zona franca de Barú, Eriberto Guerra, sobre temas que no formaban parte del cuestionario previamente enviado José Luis Varela en la sala de reuniones esperando a sus colegas. Ohigginis Arcia Jaramillo Diputados se ausentan de debate sobre el Reglamento Interno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Solo dos de los nueve diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional asistieron a la sesión de ayer miércoles. La sala de la Comisión de Credenciales estaba casi vacía. De los nueve diputados que deberían debatir el polémico reglamento interno de la Asamblea Nacional, solo dos habían hecho acto de presencia. Afuera, el murmullo de la ciudad parecía burlarse del retraso: una deuda del Órgano con el país, dicen algunos, que se acumula en los pasillos silenciosos donde la burocracia se confunde con la indiferencia. La presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional y diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda, lamentó la ausencia de quórum en la sesión convocada para el miércoles 24 de septiembre. “Tenemos una Asamblea muy dinámica, con comisiones paralelas, y muchos diputados pertenecen a tres comisiones”, explicó, refiriéndose a la coincidencia de horarios que afecta la asistencia. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional de Panamá está integrada por nueve diputados de diversas bancadas, con la diputada Castañeda, de Realizando Metas, como presidenta, y Ariel Vallarino, también de su partido, como vicepresidente. Completan la nómina Arquesio Arias (PRD), como secretario; además de Yamireliz Chong y Augusto Palacios (Vamos), José Luis Varela (Panameñista), Benicio Robinson (PRD), Ernesto Cedeño (Movimiento Otro Camino) y Joan Guevara (Alianza). Sin embargo, en la última sesión de la comisión solo asistieron Castañeda y Varela,loqueobligóacerrarlareunión y postergar la discusión del reglamento interno. La sesión, prevista para la 1:00 p.m., fue cerrada pasadas las 2:30 p.m., ante la imposibilidad de avanzar con la agenda. “Hemos decidido cerrar la comisión hoy y abrirla el próximo lunes”, señaló Castañeda, quien insistió en la necesidad de que los diputados prioricen esta discusión, considerada clave para la operación del Legislativo. Las modificaciones Sobre el estado de la revisión del reglamento interno, la diputada indicó que la comisión se encuentra en la etapa final de análisis de los artículos que recibieron propuestas de modificación. “Hubo 16 propuestas y proyectos de modificación al reglamento; estamos revisando 147 artículos que no fueron tocados en la resolución presentada por la subcomisión”, detalló. Castañeda estimó que, en la próxima semana y en dos sesiones, la comisión debería darle forma definitiva al reglamento. Subrayó que este proceso permitirá a los nuevos diputados revisar los artículos pendientes y aportar sus observaciones, garantizando un texto más inclusivo y consensuado. Entre los cambios que considera prioritarios, la diputada destacó la reglamentación de recursos humanos y de planilla, incluyendo evaluaciones semestrales de desempeño. “Debemos asegurarnos de que los funcionarios que cobran cumplan con resultados; esto se puede hacer mediante dos evaluaciones al año”, afirmó, señalando que sería un avance significativo para la transparencia y eficiencia de la Asamblea. Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos. En quinto lugar figura la diputada Ana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675. Otros cambios Otro de los puntos clave que Castañeda propuso es la implementación de sanciones para quienes ofendan a colegas, directores o ministros. “La Asamblea debe basarse en el debate de ideas y propuestas, no en faltarle el respeto a nadie”, explicó, subrayando la importancia de un reglamento que regule la conducta dentro del pleno. Asimismo, la diputada abogó por garantizar igualdad de oportunidades en la discusión de proyectos de ley, evitando preferencias por bancadas o intereses particulares. Consideró que estas medidas contribuirían a una Asamblea más funcional, democrática y cercana a las expectativas de la ciudadanía. Sobre la estructura de las comisiones, Castañeda compartió que se analiza reducirlas de 15 a entre 12 y 13, en un esfuerzo por simplificar procesos y hacer más eficiente el trabajo legislativo. “Son propuestas interesantes que permitirán una Asamblea más funcional”, puntualizó. Respecto a la percepción pública de la Asamblea, la diputada reconoció la necesidad de un “nuevo rostro” para la institución, tras más de 14 años sin actualizar el reglamento. “Esta es una deuda que tenemos con el país; debemos unirnos para concluir este proceso y darle seriedad al debate”, afirmó, haciendo un llamado a la responsabilidad de todos los diputados. Antes de perderse en los pasillos de la Asamblea, la diputada reiteró la convocatoria de una nueva reunión de comisión. “No depende de la presidenta; depende de que los diputados entiendan que esto es una prioridad. Voy a llamar a capítulo para conversar y ver si hay voluntad de avanzar en este tema”, concluyó, dejando claro que la reforma del reglamento interno es una de las tareas más urgentes del actual periodo legislativo. Juan Manuel Díaz [email protected] Consejo Judicial reemplaza a Alianza Pro Justicia con el Colegio de Abogados SELECCIÓN DE JUECES De manera excepcional, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a los abogados Antonio Rodríguez, Zaida Latorraca y Rubén Elías Rodríguez, miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA), como representantes de la sociedad civil en la quinta fase del concurso para el nombramiento de jueces y magistrados en distintas jurisdicciones a nivel nacional. La decisión, contenida en el acuerdo No. 0-CACI-2025, se tomó luego de que los representantes de la AlianzaCiudadanaProJusticia decidieran no participar en esta fase del proceso, alegando falta de transparencia. Según el Consejo, los miembros de la Alianza no comparecieron a la sesión ni remitieron explicación formal sobre su ausencia. La Alianza explicó en un comunicado que su retiro se debió a que el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial no respondió a dos notas aclaratorias relacionadas con la calificación de la cuarta fase, donde se aplicó una técnica estadística que permitió avanzar a 77 aspirantes que no habían alcanzado el 15% mínimo requerido. La quinta fase corresponde a las entrevistas a los aspirantes, etapa decisiva del concurso abierto para cubrir 165 cargos de jueces y magistrados. Según el reglamento, los candidatos deben superar varias etapas: presentación electrónica de documentos y ejecutorias (20%), pruebas psicológicas y técnicas (20%), concurso de oposición (20%) y entrevista ante la autoridad nominadora con un representante de la sociedad civil. Cada fase exige un mínimo de 15% para acumular la calificación final. La designación de los nuevos representantes del CNA tiene efectos inmediatos y permitirá dar continuidad al proceso de selección, luego de un impasse que puso en entredicho la transparencia del concurso. El retiro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno de los principales veedores ciudadanos del sistema judicial, generó inquietud entre organizaciones sociales y gremiales que ven en este proceso una oportunidad clave para fortalecer la independencia y credibilidad del Órgano Judicial. Para estos grupos, la falta de respuesta a las solicitudes de aclaración constituye un retroceso en materia de transparencia y participación ciudadana. El Consejo de Administración de la Carrera Judicial, por su parte, defendió la continuidad del concurso, al señalar que la designación de los nuevos representantes del Colegio Nacional de Abogados garantiza la presencia de la sociedad civil en la etapa final del proceso. Sin embargo, persisten las críticas sobre el método de calificación aplicado en la cuarta fase, que abrió la puerta a candidatos que no alcanzaron el puntaje mínimo establecido y que ahora serán evaluados en la fase de entrevistas. a este funcionario. Cedeño alega que agregar preguntas al cuestionario original va en contra de la Constitución. Vega replicó que estaba haciendo uso de un derecho que le concede el reglamento de la Asamblea y Cedeño amenazó con quitarle la palabra a su colega si seguía con sus “extensiones de pensamiento”. El bloque de los 37 cada día se parece más a una familia disfuncional, en la que sus miembros se quieren, pero no se pueden ver. Sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo
5A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Panorama Los pacientes por años se quejan de la falta de medicamentos en la CSS. Archiva Pacientes crónicos rechazan recorte alpresupuesto desalud Yaritza Mojica [email protected] SALUD PÚBLICA La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas alertan sobre el desabastecimiento de medicamentos. La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), Emma Pinzón, alertó sobre la reciente reducción del presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa) y advirtió que esta decisión pone en riesgo la vida de miles de pacientes que dependen del sistema público. Pinzón explicó que aunque entiende que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca reordenar las finanzas del país, el 70% del recorte afecta el renglón de medicamentos, lo que considera inaceptable. “De nada sirve tener instalaciones si no hay medicinas para tratar a los pacientes. Un diagnóstico no cura; el medicamento sí”, afirmó. La dirigente detalló que, además de la reducción en fármacos, más de 650 plazas de salud no podrán ser nombradas, lo que impactará la apertura de instalaciones como el hospital de Metetí, en Darién; el de Guna Yala y el nuevo hospital de Penonomé. “¿Con qué personal los van a atender si no se asignan recursos para nombramientos?”, cuestionó. En nombre de las diversas asociaciones de pacientes, Pinzón denunció que en el caso específico de la CSS se recortaron $62 millones en medicamentos, pasando de $319.5 millones en 2025 a $257.3 millones para la próxima vigencia fiscal 2026. La vocera de los pacientes recordó que el presupuesto de la CSS de este año ya fue consumido en su totalidad y que las compras para 2026, específicamente la compra unificada de medicamentos con el Minsa, aún no ha iniciado. “Estamos en septiembre y no se ha hecho ni un solo acto público para garantizar los medicamentos del próximo año. Si con $319 millones hubo desabastecimiento, ¿cómo se pretende brindar el mismo servicio con $62 millones menos?”, cuestionó. Según Pinzón, el desabastecimiento contradice la Ley 419 de 2024-que regula los medicamentos y dicta otras disposiciones-que fue diseñada para solucionar la crisis de medicamentos en Panamá y que además protege los fondos para sus compras. En el caso del Minsa, el presupuesto solicitado para 2016 fue de $3,887.8 millones. Sin embargo, la recomendación del MEF fue de $3,445.8 millones. Una reducción de $442 millones. Según los pacientes aglutinados en la Fenaeccd, hay fármacos que actualmente faltan, como la amlodipina (para hipertensión) y la rosuvastatina (para colesterol), que no están disponibles ni en la CSS ni en el Minsa. Además, criticó que las autoridades justifiquen los problemas de abasto en supuestas mafias de medicamentos. “Si hay una mafia, que la investiguen y sancionen, pero recortar el presupuesto no va a detener el robo”, señaló, reiterando que los mecanismos de control interno ya existen para evitar abusos en el retiro de medicinas. Pinzón hizo un llamado al MEF, al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a la Asamblea Nacional a reconsiderar el recorte y devolver el presupuesto al Minsa, priorizando la salud de la población. “Nosotros, como asociación de pacientes, podemos colaborar como veedora ciudadana para garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y sin despilfarros”, destacó. 90% de abastecimiento Con respecto a los medicamentos en la CSS, el director de la CSS, Dino Mon, ha manifestado un abastecimiento de medicinas arriba del 90% en las farmacias de la institución. Recientemente, Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones Médicas de la CSS, informó que tanto CSS y Minsa se preparan para lanzar una licitación conjunta para adquirir al menos 500 medicamentos, bajo el marco de la Ley 419. Explicó que se trabaja en los procesos de licitación que prepara la institución para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en policlínicas y hospitales del país. Uno de los procesos más importantes es la compra conjunta con el Minsa, que estima una inversión que podría superar los 300 millones de dólares. Este proceso busca garantizar el suministro de fármacos por un período de 3 a 5 años. Minsa pide más recursos. El presupuesto que el Minsa tenía asignado para la compra de medicamentos en 2025, de $72 millones, ya fue ejecutado en su totalidad. Por ello, la entidad solicitó al MEF una partida de $8.5 millones para completar los procesos de compra de medicinas este año. De acuerdo con Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos, el Almacén Central de Medicamentos mantiene un abastecimiento cercano al 90%, lo que beneficia a los pacientes que diariamente acuden a puestos, centros y hospitales en todo el país. No obstante, todavía existen necesidades que cubrir. Los medicamentos más demandados están relacionados con el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y problemas cardiovasculares. Entre marzo y junio de este año, la compra de irbesartán 300 mg aumentó un 43%, la de lisinopril 20 mg un 41%, y la de rosuvastatina 10 mg un 36%, lo que evidencia un mayor consumo de fármacos para la atención de la hipertensión y el colesterol.
6A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Panorama José Raúl Mulino, presidente de la República en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Cortesía Presidencia de la República. Del rugido al aplauso: el calculado pragmatismo de Mulino en la ONU Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA GENERAL Mulino pasó de denunciar un Armagedón en el Darién a celebrar el multilateralismo en la ONU 2025, pero evitó pronunciarse sobre Gaza. Los discursos del presidente José Raúl Mulino en Naciones Unidas, en 2024 y 2025, exponen un viraje en la política exterior panameña. En un año pasó de denunciar un Armagedón en el Darién y acusar a las potencias de hostigamiento financiero, a celebrar el multilateralismo como motor de triunfos diplomáticos. El giro se entiende mejor a la luz de los sucesos ocurridos en el transcurso de un año: en enero de 2025 Donald Trump regresó a la Casa Blanca con dos movimientos que alteraron la ecuación panameña. Primero, aplicó una política migratoria dura que frenó de golpe el paso irregular por el Darién para los que buscan llegar a Estados Unidos. Segundo, puso su mirada sobre el Canal de Panamá, con la advertencia de que su país debía retomar el control de la vía interoceánica porque consideraba que estaba bajo “influencia china”, tema que Panamá niega de manera rotunda. Sin embargo, mientras otros mandatarios dedicaron buena parte de sus intervenciones al conflicto en Gaza y al reconocimiento de un estado palestino, Mulino evitó referirse a este tema, a pesar de su peso en la agenda global. El Darién: otros tiempos En 2024, con apenas dos meses en el poder, Mulino puso a la migración por Darién en el centro de su discurso. Incluso describió el paso fronterizo con Colombia como “la nueva frontera de Estados Unidos”. Denunció un escenario de colapso humanitario y ambiental: cadáveres abandonados, montañas de desechos y crimen organizado controlando las rutas. Acusó a Venezuela de provocar un éxodo regional y reclamó que Panamá no podía cargar solo con los costos. En ese momento, Mulino no ocultó la indignación. Insistió en que la indiferencia internacional obligaba a Panamá a convertirse en muro de contención para los intereses de Estados Unidos. El tono era de urgencia: el país estaba al borde de una crisis social y ambiental. Actualmente la fotografía es distinta: el flujo migratorio cayó en 99%. Aunque Mulino se atribuyó el fin de la migración ilegal, la caída dramática del tránsito se explica principalmente por las duras medidas implementadas por Trump. En mayo pasado, el gobierno de Mulino cerró la estación temporal de recepción migratoria de Lajas Blancas, considerada el principal centro de acogida de los viajeros. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, por allí pasaron más de un millón de personas desde su apertura. El Canal como vitrina Otro gran eje del discurso fue el Canal. Hace un año apenas ocupó un espacio lateral en la retórica. Este miércoles 24 de septiembre, se convirtió en eje de orgullo y advertencia. Mulino celebró los 25 años de administración panameña con énfasis en “eficiencia, neutralidad y sostenibilidad”, pero admitió la vulnerabilidad más seria: la crisis de agua que amenaza tanto a la población como al comercio internacional que depende de la vía. La sequía de 2023 y 2024 ya había reducido los tránsitos, lo que evidenció que el cambio climático no es un desafío futuro, sino un riesgo inmediato. Ante la comunidad internacional, el presidente anunció el proyecto del río Indio como solución estratégica, con la doble misión de garantizar agua potable y sostener el 4% del comercio mundial que cruza el istmo. Este proyecto está a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, que administra la vía. “Ante esta Asamblea, Panamá reafirma, una vez más, su serio y sostenido compromiso hacia el régimen establecido en el Tratado concerniente a la Neutralidad permanente, y a cuyo protocolo se han adherido numerosos Estados. La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro Canal, un bien de utilidad global”, manifestó. Y como para no dejar espacios a la duda, repitió una de las frases que más ha compartido en los últimos meses: “El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”. Del choque al aplauso El contraste más evidente entre los dos discursos apareció en el manejo de las listas financieras. En 2024, Mulino acusó a Europa y Estados Unidos de discriminar a Panamá y anunció represalias contra sus empresas y su influencia en organismos internacionales En 2025, con el país fuera de las listas del GAFI y de la Unión Europea, el presidente cambió el libreto: celebró el triunfo del multilateralismo y presentó el desenlace comoéxitodesudiplomacia. En julio de este año, la Unión Europea retiró a Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Ejecutivo celebró el tema con bombos y platillos. Cambio climático El mandatario también ahondó en la política ambiental. El año pasado, Mulino reclamó que la condición de país carbono-negativo no traía beneficios tangibles y acusó a las potencias de exigir lo que ellas mismas no cumplieron en su desarrollo. El tono era de queja: el pulmón verde de la región no recibía recompensa. En 2025, el presidente se presentó como líder ambiental. Prometió restaurar cien mil hectáreas de ecosistemas y reforzó el compromiso con la neutralidad de carbono. El mensaje pasó de exigir compensación a ofrecer liderazgo, en sintonía con la narrativa global de sostenibilidad. También le dio espacio a la agenda global de reformas, con un énfasis particular en el papel de la ONU. Planteó la necesidad de transformar el Consejo de Seguridad para hacerlo más eficiente, y de la Asamblea General para que refleje mejor la diversidad de voces. Exigió, además, una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de decisión. “Panamá confía en una ONU renovada, que fortalezca la seguridad digital y la cooperación internacional con criterios éticos y con participación; que acompañe transiciones energéticas justas y que defienda la libertad de expresión”, manifestó. El gran tema ausente: Gaza Aunque la crisis en Gaza marcó buena parte del debate internacional, Mulino no se refirió a la ofensiva israelí, la situación humanitaria en los territorios palestinos ni al reconocimiento de Palestina por parte de varios países, asuntos que ocuparon un lugar central en la agenda de otros líderes. Diputados Jorge Bloise, de la Comisión de Educación. Cortesía Becas y auxilios económicos: reformas al Ifarhu para eliminar privilegios INICIATIVA LEGISLATIVA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional dio un paso que sus miembros calificaron como decisivo ayer24 de septiembre: aprobar en primer debate un proyecto de ley para transformar el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La iniciativa, que busca borrar de raíz los privilegios y las recomendaciones políticas, propone una plataforma pública con los nombres y montos de cada beca y establece que los auxilios solo podrán llegar a quienes los merezcan por su esfuerzo académico o por la urgencia de su situación económica. El diputado de Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Jorge Bloise, defendió la propuesta, que en términos generales busca transparentar el otorgamiento de becas y auxilios económicos, una demanda ciudadana que ha cobrado fuerza tras múltiples denuncias de discrecionalidad en la institución. Como se recordará, entre 2014 y 2024 el Ifarhu gastó 380.8 millones de dólares en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos. Incluso, el exdirector de la entidad, Bernardo Meneses, fue detenido el 7 de julio de 2025 por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, tras irregularidades en la asignación de más de 260 millones de dólares en auxilios. Los detalles Bloise explicó que la iniciativa no elimina los auxilios económicos, pues están respaldados por la Constitución, pero sí establece restricciones claras para que solo puedan otorgarse bajo criterios de mérito académico o de necesidad socioeconómica. Para ello, se plantea la creación de un consejo técnico que evalúe los casos, evitando que las decisiones recaigan únicamente en la discrecionalidad de un director. El proyecto también contempla la creación de una plataforma digital en la que se publiquen los nombres de todos los beneficiarios, garantizando el acceso abierto a la información. Según el diputado, incluso en casos de menores de edad se usará un código fuente para proteger datos sensibles, pero la lista seguirá siendo pública y verificable. Uno de los puntos más sensibles del debate fue la exclusión de la influencia política enelaccesoabecasyauxilios. Bloise subrayó que la norma busca erradicar la práctica de exigir cartas de recomendación de diputados o de afiliación partidaria como requisito para optar por un beneficio. “Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que nadie debe pedir una recomendación política para poder tener una beca”, sostuvo. Discusión El político de Vamos recordó que el proyecto es resultado de más de un año de trabajo en la subcomisión, que reunió a cinco diputados proponentes de reformas, además de aportes del Ifarhu, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información y organizaciones de la sociedad civil. Tras cinco reuniones de discusión, se consolidó un documento que, según Bloise, “es robusto” y que esperan logre los votos suficientes en segundo debate. Otro eje de la propuesta es la rendición de cuentas frente a las irregularidades denunciadas en la administración anterior. Bloise insistió en que los millones de dólares perdidos deben ser recuperados y que quienes hayan cometido delitos “tienen que ir presos”. La iniciativa también fija requisitos más estrictos para la designación de directores y subdirectores del Ifarhu, así como una cláusula de conflicto de interés. Según el diputado, ningún funcionario de alto rango ni sus familiares podrán estar vinculados a empresas que ofrezcan cursos académicos o que mantengan contratos con la institución. De hecho, recordó el caso del exdirector Bernardo Meneses, a quien señaló por vínculos con empresas favorecidas con contratos que no cumplieron lo pactado. “Se les dio millones de dólares a programas que nunca se realizaron como tenían que realizarse de manera presencial”, denunció, advirtiendo que la nueva ley busca blindar al Ifarhu frente a estas prácticas. Ahora, el gran desafío para otros diputados de la comisión, como Grace Hernández, es que los 71 diputados que conforman el pleno de la Asamblea respalden la iniciativa en el segundo debate. “Esperamos el apoyo de todos”, concluyó.
7A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Accidente en aeropuerto en Venezuela. De Cuba a Panamá: el historial de vuelos del jet accidentado en Maiquetía Rolando Rodríguez B. [email protected] CONEXIONES DEL CHAVISMO El panameño Ramón Carretero Napolitano usó con frecuencia el Learjet accidentado en Maiquetía, aeronave ligada al chavismo que realizó vuelos a Cuba y Panamá antes del siniestro que dejó dos sobrevivientes. Una aeronave privada –un Learjet 55, con matrícula YV-3440– se estrelló este miércoles 24 de septiembre a primeras horas de la tarde en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Maiquetía, ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste de Caracas, Venezuela. A bordo iban cuatro personas, dos de las cuales habrían sobrevivido, según los primeros informes oficiales y extraoficiales del incidente. El jet sería presuntamente propiedad de una empresa venezolana controlada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. La aeronave ha realizado frecuentes vuelos a Cuba, Panamá y Cancún (México), entre otros destinos. Su último vuelo a Panamá en lo que va de año habría sido hace menos de dos semanas, el 12 de septiembre, cuando, procedente de La Habana (Cuba), aterrizó en Panamá para luego regresar –aparentemente– a La Habana el 23 de septiembre. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que los dos pasajeros a bordo fueron rescatados con vida y se encuentran en condición estable, tras recibir atención médica inmediata, luego de que el avión se precipitara a tierra a las 12:52 p. m. (11:52 a. m., hora de Panamá) durante las maniobras de despegue. La aeronave siniestrada ha sido identificada como un avión utilizado con frecuencia por miembros de la cúpula chavista para vuelos hacia La Habana, incluyendo cuatro vuelos a ese destino en los últimos tres meses. Según reportes de diversas fuentes –tanto oficiales como extraoficiales–, a bordo iba la tripulación conformada por Riger Bermúdez y David Daza, quienes habrían perdido la vida. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las otras dos personas que fueron rescatadas con vida. Un panameño, usuario frecuente Esa aeronave también fue utilizada con frecuencia por un panameño: Ramón Carretero Napolitano, vinculado al régimen de Maduro. Se trata de un empresario que ha prosperado notablemente en Venezuela gracias a obras otorgadas por ese gobierno. Se desconoce si Carretero Napolitano iba a bordo de la aeronave siniestrada, aunque fuentes extraoficiales panameñas aseguran que sí, pero que no sufrió heridas de consideración. Las mismas fuentes indican que está recluido en un hospital, fuera de peligro, aunque sería sometido a una cirugía, cuyos detalles no han sido revelados. Carretero Napolitano, primo de un cercano amigo del presidente de la República, Félix Falabella Napolitano, habría utilizado el avión accidentado al menos en unas treinta ocasiones. La primera vez fue en febrero de 2021, cuando arribó al aeropuerto de Albrook a bordo de esa aeronave. Ese mismo año, Carretero Napolitano lo utilizó otras seis veces para entrar y salir del país rumbo a Cuba o Venezuela. En 2022, usó el Learjet en al menos cuatro ocasiones para vuelos entre Venezuela y Panamá. Sin embargo, el año en que más lo utilizó fue 2023, con un total de 19 vuelos registrados con destino u origen en Cuba y Venezuela. La Prensa solo obtuvo registros hasta principios de 2024. El otro avión de Carretero Carretero Napolitano también ha utilizado otro avión privado para sus viajes desde y hacia Cuba, Venezuela y Panamá: un Raytheon Hawker 800XP, con matrícula panameña HP-715. En esta aeronave ha volado al menos 70 veces entre 2022 y principios de 2024. Los viajes de Carretero en el HP-715 comenzaron en diciembre de 2020, con tres vuelos registrados ese mes. En 2021, realizó 30 vuelos; en 2022, al menos 32, principalmente entre Venezuela y Panamá, aunque también incluyó algunos a Cuba. En 2023, se registraron cinco vuelos más. Este mismo avión fue utilizado por su primo, Félix Falabella, en un viaje que realizó junto con el entonces candidato presidencial José Raúl Mulino a Costa Rica, el 18 de abril de 2024. En ese vuelo también viajaron el abogado Michel Soto Movilla y el financista Edilberto Moreno Velásquez, conocido como “Pecheche”. Falabella Napolitano ha usado también el HP-715 para viajar a Cuba. Mulino nunca explicó el motivo de ese viaje a Costa Rica ni la razón de sus acompañantes, mientras que los medios costarricenses solo reportaron su presencia en una reunión con el presidente de ese país, Rodrigo Chaves. Carlos Godoy, director del Ifarhu. Elysée Fernández. Ifarhu pedirá al MEF ‘rejuego’ en el presupuesto para becas del 2026 EDUCACIÓN Mario De Gracia [email protected] Un ‘rejuego’ en algunos renglones del presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 es lo que pedirá el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La fórmula para lograrlo la explicó el director del Ifarhu, Carlos Godoy, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y tendría el objetivo de cumplir con el pago de becas, tanto atrasadas como nuevas. Para becas, el MEF recomendó en el proyecto de presupuesto 2026 un total de $482.7 millones, sin embargo, en la Comisión, Godoy señaló que habían pedido $527 millones. El escenario fue complejo de explicar para Godoy, ante preguntas puntuales de la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado. Sin embargo, el director del Ifarhu señaló que buscarían subsanar la brecha pidiendo al MEF mover algunos montos. De un total de $143 millones asignados a becas en vigencia (de 2025 y periodos anteriores), Ifarhu pediría mover cerca de $50 millones para un renglón de becas nuevas, explicó Godoy. Como en ese escenario el monto destinado a becas en vigencia se reduciría —y considerando que la entidad tiene pagos atrasados a estudiantes—, buscarían un traslado de partida para balancear el presupuesto. La petición sería directamente entre el Ifarhu y el MEF, mientras que la Comisión de Presupuesto sería notificada del arreglo, explicó una fuente de la Comisión a La Prensa. Asimismo, se pudo conocer que la propia Comisión haría recomendaciones al MEF, puesto que solo pueden rechazar o aprobar, mas no modificar montos en el proyecto presupuestario. La compleja situación se extiende, además, a otras entidades que han reprochado las asignaciones en el proyecto de presupuesto 2026, como el Registro Público. Particularmente el Ifarhu sufrió una delicada situación financiera entre 2024 y 2025, cuando se destaparon casos de presunto peculado por el escándalo de los auxilios económicos. Godoy también fue consultado al respecto de los auxilios y reiteró que el programa no será eliminado, sino que se fortalecerán los controles para su otorgamiento. Ahora un comité de selección se encargará de revisar las condiciones socioeconómicas de los potenciales beneficiarios. Asimismo, con el ‘rejuego’ que solicitará el Ifarhu al MEF, se espera poder oxigenar las finanzas para abrir la convocatoria al concurso general de becas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Cabe recordar que, este año 2025, el habitual concurso general de becas no fue celebrado. Panorama
8A La Prensa Panamá, jueves 25 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. plotadosracionalmente,segúnlodisponga la ley, procurando su preservación. El mensaje es claro: la economía puede y debe crecer, pero no a costa de hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Jurisprudencia y doctrina La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental de incidencia colectiva, cuyo disfrute corresponde a todos y que debe armonizarse con otros derechos como el de propiedad y la libertad de empresa. En fallos recientes, la Sala Tercera ha dejado claro que la protección ambiental no es un “lujo verde”, sino una condición de la propia dignidad humana. En el campo doctrinal, juristas panameños coinciden en que el gran reto es la sostenibilidad: producir sin destruir, crecer sin arrasar y trabajar sin precarizar. La experiencia latinoamericana lo confirma: en Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido la “Constitución ecológica” como marco de toda actividad económica; en Chile, el debate constitucional ha girado en torno al agua como bien público; en México, la Suprema Corte ha reiterado que la inversión extranjera es bienvenida siempre que respete los estándares laboralesyambientales. Un pacto de triple ganancia La economía no puede avanzar sacrificando los recursos naturales ni los derechos de los trabajadores;delmismomodo,laprotección ambiental y laboral no debe convertirse en un obstáculo absoluto para la inversión. Panamá necesita un pacto de triple ganancia: • Que la actividad económica genere emLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Entre el fracaso y la vocación: ¿qué escuela estamos construyendo Educación Desde que tengo memoria, anhelé ser maestra. No docente, no profesora, ni magíster… Maestra: el título más honroso que podían escuchar mis oídos. En mis artículos he explorado realidades que, aunque espinosas, debemos enfrentar. Vivimos en una sociedad que ha perdido la koinonía. Y esa palabra tan repetida —empatía— suena en todos lados, pero se practica mucho menos de lo que significa. Nuestros centros educativos no escapan de esta escasez afectiva. El tema se comenta en pasillos, buses y esquinas de las escuelas… pero pocas veces se aborda con la seriedad que requiere. Sé que lo que escribo puede incomodar, pero no escribo para agradar: escribo para mostrar realidades, por crudas que parezcan. El fin del ciclo escolar 2025 está cerca, y los fracasos ya celebran en las libretas de muchos profesores. ¿Cuántos hemos oído frases como: “Ese profesor es teso, si pasan 10 de 30 estudiantes es mucho”, o “Aquí se hace lo que yo digo y punto”, o “Ese no es mi problema”, o incluso “Aquí nadie pasa”? Expresiones que convierten la escuela en una cárcel de barrotes invisibles más que en un espacio para aprender. Muchos colegas insisten en que los estudiantes son “flojos” o “no quieren estudiar”. Yo misma lo he dicho en ocasiones. Pero, ¿y si en vez de repetir ese juicio nos preguntáramos si el estudiante realmente no quiere aprender, o si hay barreras que se lo impiden? Allí aparece el docente que disfruta ver las notas teñidas de rojo, como si fuera una escena de terror, y que confunde la burla con autoridad: “conmigo nadie pasa”. Me pregunto: ¿es esta nuestra misión? ¿Estamos preparados de verdad para atender a esta generación? ¿Estamos siendo formados no solo para enseñar contenidos, sino para aprender con ellos en el aula? ¿Hay vocación auténtica? Lanzo estas preguntas al aire, buscando respuestas. Porque al comprometernos a educar, en nuestro corazón debería latir un mantra que adopté hace años: “Tratar a mis alumnos como me gustaría que trataran a mis hijos y enseñarles como me gustaría que mis hijos aprendan”. Sin confianza no hay integración: pacientes y profesionales primero Salud pública Si no se atienden estas carencias básicas, no habrá gremio dispuesto a creer en promesas de integración. Más aún: la desconfianza se convertirá en un terreno fértil para la protesta y la resistencia. La integración requiere un nuevo pacto con los profesionales de la salud basado en tres principios mínimos: • Respeto a su labor. • Condiciones de trabajo dignas. •Sustitución de enfoques punitivos por mecanismos de calidad, auditorías y certificación. 3. La confianza de la población Del lado de los pacientes y asegurados, la situación tampoco es alentadora. Enfrentan largas listas de espera, desabastecimiento de medicamentos y falta de acceso a especialistas. Muchos cotizantes de la CSS, a pesar de pagar mensualmente sus cuotas, recurren a servicios privados para resolver lo que el sistema público no garantiza. Los planes piloto de integración deben demostrar con resultados visibles que esta realidad puede cambiar. Lo básico es lo que más cuenta: medicamentos disponibles, reducción de listas de espera, quirófanos funcionando y una atención primaria capaz de resolver la mayoría de los problemas sin hospitalización. 4. Lecciones internacionales: lo que funciona y lo que no La experiencia internacional ofrece contrastesquePanamánopuedeignorar.Costa Rica y Uruguay son ejemplos exitosos: sistemas integrados, financiamiento sólido y gasto de bolsillo reducido para las familias. Cuba —y no comparto su visión política—, pese a la precariedad de su economía y determinantes sociales adversos, ha mantenido indicadores aceptables gracias a una fuerte red preventiva. No se trata de ideología, sino de evidencia: la prevención puede sostener la salud pública incluso en contextos difíciles. En el otro extremo, Guatemala refleja lo que ocurre cuando el Estado no invierte lo suficiente: en 2021 destinó apenas 2.3% del PIB al gasto público en salud, dejando más del 60% del financiamiento en manos de los ciudadanos. El resultado: cobertura limitada y esperanza de vida menor al promedio regional. Panamá, con muchos más recursos, no puede seguir gastando cerca del 10% de su PIB en salud para obtener resultados mediocres. Está en una encrucijada: o fortalece la prevención y la integración, o seguirá pagando caro por un sistema que no responde. Francisco Sánchez Cárdenas Ambiente, economía y trabajo pueden armonizarse Por un modelo sostenible EnPanamá,elambiente,laeconomíay el trabajo no deben entenderse como conceptos excluyentes ni enfrentados. Por el contrario, la Constitución establece, por un lado, el derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y, por otro, el deber del Estado de promover el desarrollo económico y social con justicia y respeto a la dignidad humana. No es un pulso entre pacificadores e inconformistas ni un dilema de echarle agua o leña al fuego: lo que está en juego es evitar que nos quememos todos y encontrar una salida que garantice el bienestar del país. El mandato constitucional panameño El artículo 118 de la Constitución dispone que el Estado garantizará a la población un ambiente sano y libre de contaminación, adecuado para la vida humana. Al mismo tiempo, el artículo 64 reconoce la obligación estatal de promover el pleno empleo y asegurar a los trabajadores una existencia decorosa. Ambos mandatos no se contraponen, sinoquesecomplementan:unambientesano es requisito para la vida, y un trabajo digno es condición para la justicia social. A ello se suma el artículo 257, numerales 5 y 6, que establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y deben ser expleo. • Que el empleo respete los derechos laborales. • Que todo ello se realice en armonía con la naturaleza. Se trata de garantizar que la riqueza producida beneficie al país entero y no solo a unos pocos, que el trabajo ofrezca estabilidad y dignidad, y que los recursos naturales sean aprovechados con visión de futuro. Una oportunidad para Panamá El país puede convertirse en un ejemplo regional. Con la ratificación de tratados ambientales, el desarrollo de energías renovables y la apuesta por el turismo sostenible, Panamá puede demostrar que desarrollo económico, empleo digno y protección ambiental no solo son compatibles, sino aliados inseparables. La tarea exige voluntad política, responsabilidad empresarial y compromiso ciudadano. No bastan leyes bien redactadas si no se cumplen, ni discursos ambientales que no se traduzcan en acciones. La educación cívica, laparticipacióncomunitariaylatransparencia en las decisiones públicas son indispensables. Conclusión Ambiente,economíaytrabajosontresvértices de un mismo triángulo. Desbalancear uno es condenar a los otros dos al fracaso. Panamá tiene hoy la oportunidad de decidir: o seguir atrapada en falsas dicotomías que enfrentan a trabajadores, empresarios y ambientalistas, o abrirse paso hacia un modelo sostenible donde todos ganen. La historia juzgará si supimos aprovechar este momento. La pregunta no es si podemos armonizar ambiente, economía y trabajo, sino si tenemos la valentía de hacerlo. Opinión LA AUTORA es docente y escritora. EL AUTOR es exmagistrado de la Corte. EL AUTOR es neurocirujano. Ebony López Castillo 5. Tensiones políticas concomitantes La desconfianza no solo proviene de hospitales y gremios. El clima político añade ruido constante. Proyectos de ley mal diseñados, declaraciones públicas que enfrentan al sector privado con el público, pugnas entre la CSS y el Minsa, y rivalidades interhospitalarias generan un ambiente hostil que entorpece cualquier intento de integración. Si las autoridades no logran separar el debate sanitario de la coyuntura política, corren el riesgo de desperdiciar una oportunidad histórica para transformar el sistema. 6. Un llamado a deponer antagonismos La integración de la salud no puede construirse sobre la base del antagonismo. Minsa, CSS y profesionales de la salud deben deponer la política pequeña, las imposiciones y la confrontación. La ciudadanía no puede seguir atrapada en un sistema que, en lugar de atenderla con dignidad, le ofrece precariedad, maltrato y desconfianza. Hoy el país tiene la oportunidad de hacer lo necesario. No se trata de imponer modelos, sino de generar consensos básicos en torno a lo que la gente exige: acceso, medicamentos, atención primaria sólida y hospitales que funcionen. Si no se aprovecha este momento, la fragmentación seguirá cobrando vidas y profundizando la crisis. Conclusión La integración de los servicios de salud en Panamá no será viable sin confianza. Y la confianza no se decreta: se construye con hechos concretos, con respeto a los profesionales, con resultados visibles para los pacientes y con un liderazgo político capaz de mirar más allá de un período de gobierno. El país no puede seguir atrapado en un sistema costoso e ineficiente. Los actores del sector salud deben entender que el verdadero adversario no es el otro gremio ni la otra institución, sino la precariedad que vive la población día tras día. Integrar es responder al mandato constitucional, pero, sobre todo, es un acto de justicia social. “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el líder arregla las velas”. —WilliamArthurWard Seamos líderes. Introducción L a integración de los servicios de salud en Panamá no será posible si antes no se resuelve un problema de fondo: la desconfianza. Desconfianza de los profesionales hacia las autoridades, de los pacientes hacia el sistema y de la ciudadanía hacia la capacidad del Estado de cumplir sus promesas. Sin confianza, cualquier propuesta de reforma será vista como un ejercicio retórico o como un instrumento político más. 1. Un ambiente de tensiones que alimenta la desconfianza Enlasúltimassemanassehanmultiplicado las denuncias dentro de la Caja de Seguro Social. Primero fueron los neurocirujanos, que alertaron sobre la falta de insumos y condiciones mínimas para operar. Luego, una hepatóloga en la Ciudad de la Salud presentó su renuncia irrevocable, denunciando abusos de autoridad y un ambiente laboral hostil. Más recientemente, los gastroenterólogos de la CSS expusieron problemas similares: escasez de insumos y deterioro de infraestructura. A esto se sumó el comunicado del Colegio Médico de Panamá, que rechazó un anteproyecto de ley por considerarlo una criminalización del acto médico. Para los gremios, dicha iniciativa desconoce la diferencia entre errores inevitables de la práctica clínica y negligenciareal,aumentandolapercepciónde hostilidad contra el personal de salud. Estos episodios demuestran que la distancia entre autoridades y profesionales no es un tema abstracto: se alimenta día a día con hechos concretos. Mientras esa brecha persista, cualquier intento de hablar de integración sonará vacío. 2. La confianza de los profesionales Médicos, enfermeras, técnicos y administrativos sostienen el sistema, muchas veces con recursos precarios y en condiciones laborales adversas. Sin embargo, enfrentan atrasos en el pago de beneficios, sobrecarga de trabajo y falta de respeto a su labor. Edgardo Molino Mola Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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