4A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] VIP. En la planilla legislativa hay 48 personas supuestamente asignadas al despacho del diputado Raúl Pineda, cuyo salario le cuesta al Estado más de $81,600 mensuales (casi un millón de dólares al año). Sin embargo, cuando Pineda invitó a los periodistas Eliana Morales, Álvaro Alvarado y Carlos Vidal a recorrer su búnker en la Asamblea, los comunicadores constataron que casi no había personal laborando. Y eso que él mismo advirtió que esos son los aposentos donde atiende sus funciones legislativas; los otros, ubicados en el edificio nuevo, los utiliza para recibir visitas. Para colmo, en el periodo anterior de sesiones ordinarias (enero-abril de 2025), Pineda asistió, si acaso, al 9.5 % de las reuniones del pleno legislativo. ¿Qué se hace todo el día en esas oficinas, si el jefe casi nunca va? TARJETAZO. La Caja de Ahorros (CA) ha firmado un convenio estratégico con Mastercard para el pago de las becas escolares y —eventualmente— los subsidios estatales. A partir de 2026, se calcula que 500,000 estudiantes recibirán sus becas a través de tarjetas prepago. Sería mejor que aclaren pronto si esto implica que los beneficiarios o el Estado tendrán que pagar alguna anualidad o comisión por estas tarjetas. Porque tener medio millón de nuevos clientes por cortesía del Gobierno… no tiene precio. ERRATA. Ayer nos equivocamos en esta columna: el diputado Luis Duke no es el vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, aunque sí preside varias subcomisiones dentro de esta instancia. Nos disculpamos con nuestros lectores. El secuestro virtual que existe en esa comisión hace que el resto de su estructura se confunda en el actual escenario. FUERA. El Frente Sectorial de la Juventud del PRD ha pedido una renovación integral del CEN y reclama la elección de “nuevas caras” el próximo 23 de noLa psicóloga Zabdy González, la fiscal Janeth Rovetto y el fiscal Emeldo Márquez explicaron el comportamiento de los delitos. Cortesía Delitos sexuales: el 78% de las víctimas son menores de edad Juan Manuel Díaz [email protected] CRIMEN Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, el Ministerio Público recibió 21,447 denuncias por delitos sexuales. Aunque Panamá concentra la mayoría de casos, proporcionalmente la mayor incidencia corresponde a la comarca Ngäbe Buglé. El Ministerio Público (MP) recibió entre enero de 2023 y septiembre de 2025 un total de 21,447 denuncias por delitos sexuales en todo el país, de las cuales el 92% de las víctimas son mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad afectadas. Armando Javier Prado Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales (Conapredes), informó que las provincias con mayor incidencia de estos delitos son Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Los datos del MP revelan que en la provincia de Panamá se registraron 4,686 denuncias, en Panamá Oeste 2,732, en Bocas del Toro 2,444, en Chiriquí 3,092 y en la comarca Ngäbe Buglé 1,899 denuncias. Hay que recordar que, por ejemplo, la provincia de Panamá (1.4 millones de personas) tiene más de diez veces la población de la comarca Ngäbe Buglé (unos 212 mil habitantes). Se explicó que la alta incidencia de estos delitos en la comarca Ngäbe Buglé exige gestiones urgentes de diagnóstico que permitan reducir su comisión. Las estadísticas indican que el 78% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y que, en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas a ellos. Por su parte, la fiscal de Delitos Sexuales, Janeth Rovetto, recomendó a los padres y madres estar atentos a los cambios de conducta en sus hijos, que pueden ser indicadores de que estén siendo víctimas de un delito sexual. Rovetto, quien participó como panelista en el lanzamiento de la campaña “Ya No Más” para la prevención de la explotación sexual, explicó que los menores de edad víctimas de agresiones sexuales suelen asumir la culpa de los ataques y comienzan a mostrar comportamientos inusuales. La funcionaria detalló que, en estos casos, resulta muy difícil romper el silencio de las víctimas debido al temor al estigma social, agravado por la exposición en redes sociales. En estas situaciones —reconoció—, el abordaje debe realizarse a través de especialistas que orienten tanto a la víctima como a sus familiares sobre cómo manejar estas circunstancias. Por su parte, el fiscal especializado en Delitos contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, advirtió sobre la vinculación del crimen organizado con actividades de trata y explotación sexual, así como sobre el uso de redes sociales para la difusión de pornografía infantil. Márquez señaló que el crimen organizado mueve millones de dólares a través de actividades relacionadas con la explotación sexual y la difusión de pornografía infantil. En tanto, el procurador Luis Carlos Gómez detalló que la mayoría de las víctimas de agresiones sexuales se encuentra en el rango de 14 a 16 años de edad. Gómez aseguró que el Ministerio Público requiere la contribución de todos sus funcionarios, los brazos auxiliares y la ciudadanía para enfrentar estos delitos que causan un grave daño a las víctimas. El jefe del MP hizo un llamado nacional para establecer una alianza que permita enfrentar y denunciar estas conductas, que afectan en su mayor parte a la población joven del país. El 24 de junio de 2025, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 474, que modifica y adiciona artículos al Código Penal y al Código Procesal Penal. Entre los artículos ajustados se encuentran el 174, 175, 176 y 177, con penas más severas para distintos tipos de agresiones sexuales. La nueva ley establece que el agresor puede ser condenado a 7 a 12 años de prisión si obtiene acceso carnal mediante violencia o intimidación (antes era de 5 a 10 años). En los casos en que la víctima sea un menor de 14 años, tenga alguna discapacidad, no pueda consentir el acto o se encuentre bajo abuso de poder o confianza, la pena será de 12 a 18 años, en lugar de los 10 a 15 años anteriores. Asimismo, se elevan las penas por actos libidinosos, que ahora se sancionan con 2 a 4 años de prisión. La condena podrá aumentar a 4 a 8 años si hay violencia, intimidación, si la víctima es menor de 14 años o si el agresor es un familiar cercano, ministro de culto, cuidador o tutor. Yaritza Mojica [email protected] Concejo de Panamá ratifica nueva zonificación para San Francisco URBANISMO El Concejo de Panamá aprobó la nueva zonificación del corregimiento de San Francisco al ratificar el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) con 18 votos a favor y 7 abstenciones. El plan fue trabajado durante 11 meses por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) del Municipio de Panamá, tras múltiples acercamientos con los residentes, algunos de los cuales se realizaron en un ambiente de tensión. Anteriormente, el proyecto había sido sometido a votación de los moradores del corregimiento el 8 de septiembre, luego pasó por la Junta de Planificación Municipal y finalmente llegó al Concejo donde fue ratificado. El siguiente paso será su publicación en la Gaceta Oficial. Uno de los puntos más polémicos es que la nueva zonificación no incluye a la comunidad de Boca La Caja, cuyos residentes habían pedido ser excluidos del plan. Serena Vamvas, representante de San Francisco, calificó el nuevo plan como “mucho mejor” que el esquema vigente —la zonificación que data de 2003 mediante la Resolución Nº 112— al que tildó de provocar un “desorden monumental”. Manifestó que la falta de consenso entre los residentes había generado desconfianza por los procesos de zonificación anteriores, en parte por la debilidad de los mecanismos de fiscalización y sanción, que no logran frenar las edificaciones que incumplen normativas. Vamvas informó además que en los últimos días se han reunido con diputados para impulsar reformas que permitan que las multas, clausuras y demoliciones en casos de construcciones ilegales puedan aplicarse de forma más rápida y eficaz. Enfatizó la importancia de “devolver la confianza” a los residentes de San Francisco y del distrito, asegurando que los problemas del ordenamiento urbano no son exclusivos del corregimiento. Entre los detalles clave de la nueva zonificación se encuentran: • La introducción de nuevos códigos de uso de suelo, incluyendo zonas mixtas (ZM6, ZM7, ZM8), que combinan usos residenciales, comerciales y de servicios con el objetivo de promover barrios autosuficientes, más caminables y menos dependientes del automóvil. • Límites en la altura de edificaciones, con número máximo de pisos permitidos, según la calle y tipo de uso. • Definición clara de actividades permitidas en cada calle, tras talleres participativos con la comunidad. • La figura del “suelo programado”, un mecanismo que permite intensificar uso del suelo cuando se cumple con compensaciones, buscando equilibrio entre beneficios del promotor y obligaciones de sostenibilidad. Los promotores del nuevo PLOT sostienen que la zonificación vigente ya no responde a la realidad del corregimiento ni a las exigencias del desarrollo sostenible, mientras que muchas otras zonas de la ciudad ya cuentan con regulaciones modernas para usos mixtos y espacios comunitarios mejor conectados. viembre. El grupo emplaza a los actuales dirigentes a no buscar la reelección y asumir un “rol estratégico de asesoría”. ¿Eso ya lo sabrá Benicio? AHORRO. El ministro Fernando Boyd ordenó suspender una actividad que el Minsa había programado en un hotel de Veracruz, porque ese gasto no tenía su aval. El evento se celebrará próximamente en el Salón José Renán Esquivel, ubicado en la sede del Minsa. Al fin esta gente hace algo bueno. Fiscalías Anticorrupción investigan 4 mil casos CORRUPCIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] El procurador Luis Carlos Gómez informó que el Ministerio Público está manejando más de 4,000 investigaciones relacionadas con actos de corrupción en Panamá, abarcando casos de retención de cuotas obrero-patronales, peculados millonarios, corrupción de funcionarios y malversación de fondos. Aseguró que todos los casos se están investigando rigurosamente, respetando siempre la presunción de inocencia de los implicados, y que se están llevando a cabo múltiples diligencias para recolectar pruebas y evidencias. Entre las investigaciones más destacadas, se encuentra la relacionada con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que involucra un contrato para instalar unidades sanitarias en varias áreas de la provincia de Los Santos, con un perjuicio estimado de más de $718,000. Además,Conades ha presentado más de 20 denuncias sobre irregularidades en el Programa de Sanidad Básica, iniciado durante la administración de Juan Carlos Varela. También están en curso 300 denuncias por malos manejos de fondos otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización, en los que se han formulado cargos por peculado contra 20 exrepresentantes y 18 extesoreros. Otras investigaciones incluyen posibles irregularidades en la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) por el uso indebido de la plataforma Listo Walett, el desvío de 600 vigas del Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento fraudulento de auxilios económicos por el Ifarhu, la compra irregular de máquinas perforadoras por el Ministerio de Salud.
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