3A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Panorama Comisión de Gobierno en vivo en la Asambla Nacional. Captura de video de TVL Proyecto de ley ‘antibotellas’ avanza en la Asamblea Nacional Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] LEGISLATIVO La diputada Janine Prado impulsa el proyecto de ley ‘antibotellas’, que busca sancionar con prisión a funcionarios que ocupan plazas sin trabajar y a quienes las asignan, para combatir el clientelismo político. La Asamblea Nacional dio un primer paso en la discusión del llamado proyecto de ley “antibotellas”, presentado por la diputada de Vamos, Janine Prado, y admitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La iniciativa busca atacar una de las prácticas más cuestionadas en la administración pública: los funcionarios que cobran sin trabajar y los servidores públicos que facilitan esos nombramientos. El anteproyecto plantea endurecer el artículo 349 del Código Penal y crear el 349A, con el fin de sancionar tanto a los beneficiarios de estas plazas fantasmas como a quienes los nombran. Según el texto, el funcionario que acepte un puesto sin prestar servicio alguno enfrentaría penas de dos a cuatro años de prisión, que podrían aumentar hasta ocho años si el daño al Estado supera los 50 mil balboas. La diputada Prado subrayó, en la exposición de motivos, que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural. Recordó que Panamá tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región —15.6% de su fuerza laboral—, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10%. “El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, señaló. El proyecto también apunta directamente contra los nominadores. De aprobarse, cualquier servidor público que designe a una persona para no trabajar sería castigado con prisión de 4 a 6 años, y hasta 10 años si el nombramiento es para repartirse parte del salario o si la lesión patrimonial excede los $50 mil. En todos los casos, la norma contempla una reducción de la pena si se devuelve el dinero antes del juicio oral. Discurso del mandatario La propuesta recoge además el discurso del presidente José Raúl Mulino, quien desde su toma de posesión en julio de 2024 prometió “acabar con las botellas”. En su primer informe a la Nación, en enero de este año, el mandatario advirtió que “ya no habrá dinero público para gastos indiscriminados ni para contratos mal concebidos”, e instó a los diputados a legislar en favor de un Estado más austero. Las cifras de la Contraloría dan contexto a la discusión: hasta abril de 2025, la planilla estatal sumaba 256,750 funcionarios, con un costo mensual de 426.3 millones de balboas. Auditorías recientes han detectado casos de doble empleo y salarios sin justificación, remitidos al Ministerio Público para investigación. Para los impulsores del proyecto, la ausencia de sanciones claras contra los nominadores ha facilitado la impunidad. El prohijamiento en la Comisión de Gobierno abre ahora la ruta para el primer debate del proyecto, en un escenario donde la Asamblea ha sido señalada reiteradamente como la institución con mayor número de “botellas”. El reto para Prado y sus colegas de Vamos será conseguir los votos en un pleno donde muchos diputados han sido cuestionados por prácticas clientelistas. Las planillas de la Asamblea La Contraloría divulgó recientemente los datos de las planillas de la Asamblea Nacional y reveló que, entre los diputados con mayor gasto en personal, se encuentra Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con una planilla que supera los $261 mil mensuales, seguido por los expresidentes legislativos Marcos Castillero y Jaime Vargas, con montos de $225 mil y $164 mil, respectivamente. También destacan Crispiano Adames, con $122, y la expresidenta de la Asamblea por el partido Realizando Metas, Dana Castañeda, con una planilla que ronda los $120 mil. Estas cifras reavivan el debate sobre el uso de los recursos públicos y el histórico cuestionamiento ciudadano a la planilla legislativa. Este año, la Contraloría inició un proceso de auditoría en la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de fiscalización sobre el uso de fondos públicos. La revisión busca determinar posibles irregularidades en la administración de recursos y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas que, desde hace años, cuestionan la transparencia de la institución legislativa. Los educadores fueron trasladados a áreas de difícil acceso. Cortesía/Meduca. Docentes de la comarca Ngäbe Buglé reclaman al Meduca transporte aéreo EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Docentes de áreas de difícil acceso, específicamente de la comarca Ngäbe Buglé, denunciaron que el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió el servicio de transporte aéreo que, desde hace más de 10 años, garantizaba la seguridad de los maestros que laboran en zonas apartadas y de alto riesgo. Armando Pineda, educador de la comunidad de Coronte, en el distrito de Kankintú, señaló en un medio televisivo que este derecho, reconocido en administraciones anteriores, fue eliminado en el último trimestre, lo que ha puesto en riesgo la integridad física de los docentes al tener que trasladarse por su cuenta hasta sus puestos de trabajo. Según indicó, la suspensión del servicio fue atribuida por el Meduca a los efectos de la huelga docente y a la falta de recursos de la institución para cubrir los traslados a estas regiones. Los educadores piden a las autoridades que restablezcan el transporte, pues consideran que es una medida de seguridad necesaria para cumplir con su labor en comunidades apartadas. Ante esta denuncia, el director general de Educación, Edwin Gordón, aclaró que el Meduca ha cumplido con lo que establece la Ley Orgánica de Educación respecto al traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso. Explicó que la normativa obliga a garantizar el transporte de los educadores al inicio y al final del año escolar, y que este servicio se realizó de manera regular en 2024 y también al inicio del año escolar 2025. Con respecto a los acuerdos que menciona el docente, de hace 10 años, Gordón explicó que el ministerio no tiene evidencia de acuerdos escritos o formales que respalden el traslado durante recesos o semanas de vacaciones escolares. “Nosotros no tenemos evidencia de que, en administraciones anteriores, se haya garantizado transporte en los recesos. No existe un acuerdo escrito que así lo establezca”, señaló Gordón. Agregó que, además de trasladar a los docentes, el ministerio también cubre el costo de transportar su carga personal y, en algunos casos, a sus familiares, pese a que este gasto adicional no está contemplado en la norma. El funcionario recalcó que el presupuesto de la institución es limitado y que cada hora de vuelo en helicóptero cuesta aproximadamente 1,400 dólares, mientras que el transporte en avión ronda los 800 dólares por hora. Gordón también afirmó que el “Meduca atiende traslados extraordinarios por emergencias médicas tanto de docentes como de estudiantes, aunque esto no está contemplado en el presupuesto”. “Nos sorprende que los docentes mencionen estar enfermos y que algunos no puedan desplazarse, cuando durante la huelga no solicitaron ser trasladados. En ese momento, solo descendieron para participar en la huelga y regresaron únicamente después de que esta finalizó. Gordón pidió a los educadores que presenten por escrito la supuesta norma o acuerdo que respalde su solicitud de transporte durante los recesos, para que la institución pueda evaluar el caso. Actualmente, el Meduca moviliza aproximadamente 400 docentes en Ñocribo y 285 en la comarca Emberá, Guna Yala y Darién, utilizando helicópteros, aviones y transporte terrestre. Recortes dejan al Idaan con la mitad del presupuesto solicitado COMPARECENCIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, llegó a la Asamblea Nacional con el peso de 358.7 millones de dólares en sus manos y la atención de los diputados puesta sobre él. Cada cifra del presupuesto 2026 recorría los pasillos de la sala, mientras la Comisión de Presupuesto escuchaba con atención. Villarreal explicó que el plan se dividía en 155.8 millones para funcionamiento y mantenimiento, y 202.9 millones para inversiones. El 43% estaba destinado a sostener la maquinaria que garantiza agua potable y saneamiento, y el 57% a proyectos en planos y contratos. Sin embargo, la diferencia entre lo solicitado y lo asignado era amplia. El Idaan había pedido 789.2 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó 358.7 millones. Esto obligaba a priorizar la operación por encima de las nuevas obras. Para 2025, la institución recibió 414.3 millones, es decir, 55.6 millones más que lo previsto para 2026. Por primera vez, el presupuesto de mantenimiento superaba al de inversiones. El Idaan administra una red de 125 acueductos, 55 plantas potabilizadoras, una desaladora, 58 plantas de tratamiento, 529 tanques, 604 pozos, 901 tanques sépticos y más de 13,500 kilómetros de tuberías. Cada cifra representaba comunidades enteras. Los recursos de funcionamiento se dividían en cuatro áreas: Dotación de Agua y Alcantarillado, con 90.5 millones; Servicios Regionales, con 29.8 millones; Administración General, con 25 millones; y Comercialización, con 9.3 millones. Pero los recortes golpeaban. De 29.3 millones solicitados para mantenimiento solo se aprobaron 2.5, y de 25 millones para químicos apenas 8. En inversiones, 202.9 millones se destinarían a 76 proyectos, la mayoría vinculados al agua potable. El diputado Betserai Richards cuestionó la falta de agua en comunidades y el uso de cisternas ligadas a empresas amigas. Villarreal defendió que proyectos como las plantas Cabra 1 y 2 y la ampliación de La Primavera ya estaban en fase de formalización. Finalmente, reconoció que el Idaan es centralizado y que urge coordinar con juntas comunales para atender tuberías rotas y fallas locales sin depender de la burocracia. TE da luz verde al proceso de revocatoria contra Mayer El Tribunal Electoral (TE) publicó un boletín donde autoriza el inicio del proceso para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. La autorización obliga al solicitante de la revocatoria, el ciudadano José Guardia Bernal, y a sus simpatizantes, a capacitarse por dos semanas para poder iniciar la recolección de firmas. Las dos semanas de capacitación se cumplirían entre el 6 y 7 de octubre próximo. El TE anunció que 217,322 firmas, correspondientes al 30% del padrón electoral del distrito, deberán ser recogidas para que el proceso revocatorio avance. El plazo de recopilación de firmas será de 120 días calendario. No obstante, esta sería la primera etapa de un largo proceso, puesto que si se consiguieran todas las firmas, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum en el distrito para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria de Mizrachi. Por ahora, la capacitación de activistas se extenderá por dos semanas hasta que inicie la carrera por las 217 mil firmas. Aquellos interesados en firmar, podrán hacerlo únicamente de manera presencial en las sedes del TE. Asimismo, tendrán el derecho de renunciar a su firma si así lo eligieran después. POLÍTICA Mario De Gracia [email protected]
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