1A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 24 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15148 Hoy por hoy Ya sea por ética o simple pudor, los diputados que conservan oficinas paralelas en la Asamblea deberían devolverlas. El Legislativo necesita un gesto de transparencia que acompañe la palabra igualdad. El llamado “búnker” del Palacio Justo Arosemena no es un mito. Allí, figuras como Benicio Robinson y Raúl Pineda mantienen despachos separados, con acceso restringido y seguridad exclusiva. Mientras tanto, la mayoría de los diputados trabaja en espacios modestos, y algunos apenas cuentan con un cubículo. La desigualdad es evidente: unos pocos acumulan privilegios, otros se conforman con lo mínimo. El diputado Ernesto Cedeño lo recordó con crudeza: hubo quienes llegaron a tener hasta cuatro oficinas. Y el propio presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoce que estas concesiones existen desde hace décadas, aunque promete revisarlas. El problema no es arquitectónico, sino político. Son símbolos de poder, dinero público invertido en secreto y de una cultura de feudos personales. Con este acto, el diputado Pineda da muestras inequívocas de que no entiende el Estado de Derecho y, si lo entendiera, es peor porque significa que lo desprecia. Deportes Teen Sport: arranca la sexta semana 8A Panamá deja herencia en Madrid con Ricardo Miró 5B Ellas.pa Una visita incómoda al búnker VIP del Legislativo Eliana Morales Gil [email protected] Entrar al llamado “búnker” de la Asamblea Nacional nunca ha sido sencillo. Ese sector, en la parte trasera del Palacio Justo Arosemena, siempre estuvo rodeado de misterio y custodia, reservado para unos pocos diputados del PRD. La mañana en que intenPRIVILEGIOS El diputado Raúl Pineda no tuvo otra salida que abrir las puertas del polémico búnker. Dentro hallamos despachos paralelos, secretarias en silencio y privilegios que dividen a la Asamblea Nacional. tamos acceder, cinco guardias se interpusieron con firmeza, generando un ambiente tenso más propio de un recinto privado que de un poder público. La tensión se disipó parcialmente cuando apareció el diputado Raúl Pineda, quien, con gesto cordial pero bajo presión, terminó por abrir las puertas. Dentro encontramos despachos paralelos, secretarias en silencio y privilegios que revelan la desigualdad legislativa. VEA 2A Anel Flores. Archivo Rolando Rodríguez B. [email protected] El contralor general, Anel Bolo Flores, se echó para atrás en su postura y anunció que pagará los contratos de la empresa Hombres de Blanco, pese a carecer de refrendo previo. Estos acuerdos, adjudicados sin licitación pública por el Ministerio de Salud, ascienden a $20.7 millones. La decisión contradice la circular del 4 de septiembre en la que la Contraloría había advertido que no avalaría compromisos iniciados sin su visto bueno. VEA 6A CONTRADICCIÓN Contralor Flores da marcha atrás: autoriza pagos sin refrendo previo El diputado Raúl Pineda respondió cuestionamientos. Carlos Vidal Endara La apuestaAPP: 9,000 empleos y $1,000 millones en inversión Alex Hernández [email protected] El Gobierno anunció la ejecución de cuatro proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), con una inversión que supera los $1,000 millones y la posibilidad de generar más de 9,000 empleos directos. Entre las obras destacan la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana en sus tramos Este y Oeste, la ampliación del Puente Centenario con nuevos carriles reversibles y la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Las Garzas de Pacora. La cartera incluye proyectos viales y de infraestructura penitenciaria. Esta modalidad permite desarrollar obras sin comprometer recursos inmediatos del presupuesto anual, mediante concesiones o pagos multianuales sujetos a estándares de calidad. VEA 1B Premios Juventud Ensayos a todo ritmo Los equipos de producción de los Premios Juventud 2025 ensayaban ayer para la celebración de este evento, que tendrá lugar mañana 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, con más de 40 artistas en escena, entre ellos Marc Anthony, Willie Colón, Carlos Vives, Sech y Gloria Trevi. Es la primera vez que esta premiación se celebra fuera de Estados Unidos. VEA 4B Anel Asprilla Cómo la mezcla de política y religión en el homenaje a Charlie Kirk nos muestra el futuro del movimiento MAGA www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José Gonzalez Pinilla [email protected] José Blandón, presidente del Partido Panameñista . Tomada de Instagram Alianza Ciudadana pide suspender selección de jueces por opacidad JUDICIAL La Alianza Ciudadana Pro Justicia advirtió ayer 23 de septiembre sobre la falta de transparencia en el concurso de jueces que adelanta el Órgano Judicial. En un comunicado, la organización —con más de 20 años de trabajo en defensa del Estado de derecho y la participación ciudadana— anunció que no participará en la quinta fase del concurso de jueces convocado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. La decisión responde a la falta de respuesta formal a dos notas enviadas previamente a la Corte Suprema de Justicia, en las que solicitaba aclaraciones sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase del proceso. Según la Alianza, se aplicó de manera excepcional un método que permitió avanzar a candidatos con puntajes inferiores al 15 %, “contraviniendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial, que exige un mínimo de 15 % en cada fase para continuar”. “Consideramos que esta práctica afecta la transparencia y la confianza en el proceso, por lo que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia suspender la quinta fase y revisar el procedimiento de calificación aplicado”, concluyó la organización. José González Pinilla [email protected] Se agudiza disputa en el Panameñismo por elecciones internas POLÍTICA La pugna interna del Partido Panameñista se intensifica. Una de sus facciones impugnó el calendario de elecciones para la renovación de la cúpula del colectivo. El recurso fue presentado por el abogado Dionisio De Gracia Guillén, cercano al presidente del partido y excandidato presidencial José Isabel Blandón. De Gracia argumenta que el calendario aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y avalado por la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral “reduce sin justificación” el periodo de seis meses recomendado en 2022 mediante decreto. A su juicio, la convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria para el 23 de noviembre de 2025 es prematura. Considera que debía establecerse un plazo de cuatro a cinco meses “para cumplir el debido proceso electoral, con el tiempo necesario tanto para la membresía como para las autoridades electorales”. Por ello, propone que la convención se realice en enero o febrero de 2026. Herberte Young, quien respalda las aspiraciones de Carlos Raúl Piad a la presidencia del Panameñismo — político cercano a la expresidenta Mireya Moscoso—, cuestionó la impugnación. “¿Cuál es el miedo?”, expresó. Explicó que la fecha del 23 de noviembre fue fijada por el Comité Electoral conforme a un fallo del Tribunal Electoral. “El Directorio Nacional carece de facultad para cambiar esa fecha. Dejen de inventar y no más dilaciones”, añadió. El recurso de impugnación quedó radicado en el Juzgado Segundo Administrativo Electoral. El Partido Panameñista, que ahora busca renovarse, sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene —que postuló a Rómulo Roux como candidato presidencial y a Blandón como su compañero de fórmula— quedó en cuarto lugar. El diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda. Carlos Vidal Endara La otra Asamblea: en la oficina secreta de Raúl Pineda Eliana Morales Gil [email protected] DENTRO DEL BÚNKER El diputado Raúl Pineda defendió sus oficinas privadas en la Asamblea Nacional, asegurando que no son un lujo y que se utilizan para el trabajo legislativo. Era otro día normal en el Palacio Justo Arosemena, la sede del órgano que administra más de 100 millones de dólares al año. La misión se alejaba de la rutina: intentar entrar al espacio más hermético de la Asamblea Nacional, las oficinas paralelas de los diputados perredistas Benicio Robinson y Raúl Pineda. A ese sector todos le dicen “el búnker. Llegué acompañada de mi compañero de La Prensa Carlos Vidal, y del colega Álvaro Alvarado, de Radio Red. Pasadas las 11:30 de la mañana nos dirigimos al lugar del misterio. Él, como yo, quería constatar qué había detrás de esas puertas a las que pocos acceden. Desde el primer intento, nos frenó un agente de seguridad. —Usted no puede tocar la puerta aquí, señora —me advirtió. —¿Por qué no? —le respondí. Álvaro tomó la palabra: “Usted es funcionario público, lo paga el Estado. ¿Está en la planilla de la Asamblea? Entonces denos su nombre, por favor”. El hombre se negó. Apareció otro, otro y otro. Podrían ser cinco. Algunos de sus rostros quedaron registrados en el en vivo que hizo Carlos a través del You Tube de La Prensa. Alvaro también registraba todo con una pequeña cámara. ‘Adelante’ Cuando parecía que la discusión con los guardias se extendería por un buen rato, de pronto apareció el diputado Raúl Pineda. Saludó con una sonrisa y, para sorpresa nuestra, abrió la puerta. Alguién la avisó que estábamos tocando puertas, intentado entrar —Pase adelante, ¿cómo están? Lejos de relajarse, la atmósfera se volvió densa Entramos con cautela y caminamos por un pasillo estrecho que conducía a algunos espacios donde habían algunas mujeres sentadas. “Allá hay dos oficinas, la mía y la de Robinson. Son idénticas”, nos explicó. Pineda soltó un comentario cargado de sarcasmo: “Todavía no tenemos orquídeas ni pisos de madera”. Él hacía referencia a una noticia de este medio donde se describió el búnker de su colega Benicio Robison. Le expliqué que yo no había escrito de su despacho, que había detallado partes del de su copartidario. —Diputado, ¿por qué este espacio está separado del resto? —preguntó Álvaro. —La mayoría de los diputados tienen oficinas aquí, incluso el presidente de la Asamblea —contestó él. Le pregunté por los nombres. No mencionó ninguno. Privilegio Lo interrogué: —¿No es un privilegio contar con dos despachos, mientras hay colegas suyos que apenas tienen un espacio en condiciones deplorables? —Señorita periodista, yo tengo oficinas privadas mucho mejores que esta — respondió con firmeza—. Aquí lo que hacemos es trabajo, se reciben productores, técnicos, se revisan proyectos de ley.. La tensión volvió cuando Álvaro le recordó lo que vimos afuera. —El morbo lo genera que uno llega y lo rodean cinco guardias —le dijo. —No son míos, yo solo tengo un conductor. Pregúntenle al presidente por esa seguridad — contestó Pineda. Dentro, algunas secretarias merodeaban en silencio. El diputado nos aseguró que estaban en planilla legislativa y que lo acompañaban hasta la hora en que él se marchara. ¿Lujo? En medio del recorrido, Pinedamemiródirectamente: —¿Usted cree que esta oficina es un lujo? Era evidente que tenía condiciones distintas a las de otros diputados. —Digamos que es un espacio con más comodidades que el de muchos de sus colegas —le dije. Él se encogió de hombros y repitió: “No hay lujo aquí. No hay salón de reuniones, ni pisos de madera, ni orquídeas. Todo eso es falso”. Insistí en que nunca hablé de su despacho, que había descrito el de Robinson. Al final, aseguró que quería demostrar transparencia. “Bajé de comisión para que entraran y vieran. Espero que haya quedado aclarado”, nos dijo anYo solo tengo una oficina y estoy en el ghetto, como le llamamos. Aquí hay colegas con cuatro oficinas, con parqueaderos privados y hasta seguridad. Esos son beneficios de los históricos. Lo que deberíamos tener todos es igualdad, un solo despacho y listo. —¿Y su oficina cómo es, diputado? ¿También tiene baño, secretaria, protocolo? —le preguntamos. —Claro, todos los despachos tienen un baño — respondió—. Usted entra, ve al personal y al fondo estoy yo. Nada que ver con esta exclusividad. Antes de despedirse, volvió sobre su punto: —Pineda tenía cuatro oficinas cuando investigué. Una en el edificio viejo y otra en el nuevo, además de estas. No sé si ya se despojó de alguna, pero en ese momento estaban allí. La mayoría solo tenemos una, y así debería ser para todos. En su momento, Cedeño dijo que otros diputados que tienen más de un despacho son: De acuerdo con Cedeño, otros que cuentan con oficinas adicionales en el Legislativo son Jaime Vargas,Crispiano Adames,Jairo Salazar,Javier Sucre,Marcos Castillero,Arquesio AriasyNixon Andrade, del PRD. También figuran diputados del partido Realizando Metas (RM):Dana Castañeda,Nelson Jackson Palma,Ariel Vallarino,Lilia Batista,Shirley CastañedayJamis Acosta. Otro diputado con más de una oficina esIsaac Mosquera, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). ¿Qué dice el presidente de la Asamblea? El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista, anunció que está buscando los mecanismos legales y técnicos para acabar con estas concesiones que, según él, han existido durante décadas, tal vez incluso por 30 años. No obstante, adelantó que a Pineda ya le quitaron dos de las oficinas que tenía en el llamado “edificio nuevo” de la Asamblea, donde el resto de los diputados desarrolla su trabajo diario. tes de cerrar la puerta. La que permaneció sellada fue la del despacho de Benicio Robinson. Pineda insistió en que era “idéntico” al suyo, pero nunca la vimos. Salí de aquel búnker con la misma sensación con la que entré: la certeza de que, en un Legislativo existen oficinas VIP resguardadas como secretos de Estado. Aparece Ernesto Cedeño Pero la historia no termina aquí. El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, pasaba frente al búnker en un carro. Bajó la ventana y conversamos del tema. Todo comenzó precisamente porque en julio pasado él denunció en el pleno legislativo la existencia de estas oficinas VIP. Cedeño reforzó la idea de los privilegios: —Los privilegios que tienen algunos diputados… eso es lo que hay aquí. —dijo, señalando hacia la estructura—.
3A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Panorama Comisión de Gobierno en vivo en la Asambla Nacional. Captura de video de TVL Proyecto de ley ‘antibotellas’ avanza en la Asamblea Nacional Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] LEGISLATIVO La diputada Janine Prado impulsa el proyecto de ley ‘antibotellas’, que busca sancionar con prisión a funcionarios que ocupan plazas sin trabajar y a quienes las asignan, para combatir el clientelismo político. La Asamblea Nacional dio un primer paso en la discusión del llamado proyecto de ley “antibotellas”, presentado por la diputada de Vamos, Janine Prado, y admitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La iniciativa busca atacar una de las prácticas más cuestionadas en la administración pública: los funcionarios que cobran sin trabajar y los servidores públicos que facilitan esos nombramientos. El anteproyecto plantea endurecer el artículo 349 del Código Penal y crear el 349A, con el fin de sancionar tanto a los beneficiarios de estas plazas fantasmas como a quienes los nombran. Según el texto, el funcionario que acepte un puesto sin prestar servicio alguno enfrentaría penas de dos a cuatro años de prisión, que podrían aumentar hasta ocho años si el daño al Estado supera los 50 mil balboas. La diputada Prado subrayó, en la exposición de motivos, que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural. Recordó que Panamá tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región —15.6% de su fuerza laboral—, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10%. “El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, señaló. El proyecto también apunta directamente contra los nominadores. De aprobarse, cualquier servidor público que designe a una persona para no trabajar sería castigado con prisión de 4 a 6 años, y hasta 10 años si el nombramiento es para repartirse parte del salario o si la lesión patrimonial excede los $50 mil. En todos los casos, la norma contempla una reducción de la pena si se devuelve el dinero antes del juicio oral. Discurso del mandatario La propuesta recoge además el discurso del presidente José Raúl Mulino, quien desde su toma de posesión en julio de 2024 prometió “acabar con las botellas”. En su primer informe a la Nación, en enero de este año, el mandatario advirtió que “ya no habrá dinero público para gastos indiscriminados ni para contratos mal concebidos”, e instó a los diputados a legislar en favor de un Estado más austero. Las cifras de la Contraloría dan contexto a la discusión: hasta abril de 2025, la planilla estatal sumaba 256,750 funcionarios, con un costo mensual de 426.3 millones de balboas. Auditorías recientes han detectado casos de doble empleo y salarios sin justificación, remitidos al Ministerio Público para investigación. Para los impulsores del proyecto, la ausencia de sanciones claras contra los nominadores ha facilitado la impunidad. El prohijamiento en la Comisión de Gobierno abre ahora la ruta para el primer debate del proyecto, en un escenario donde la Asamblea ha sido señalada reiteradamente como la institución con mayor número de “botellas”. El reto para Prado y sus colegas de Vamos será conseguir los votos en un pleno donde muchos diputados han sido cuestionados por prácticas clientelistas. Las planillas de la Asamblea La Contraloría divulgó recientemente los datos de las planillas de la Asamblea Nacional y reveló que, entre los diputados con mayor gasto en personal, se encuentra Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con una planilla que supera los $261 mil mensuales, seguido por los expresidentes legislativos Marcos Castillero y Jaime Vargas, con montos de $225 mil y $164 mil, respectivamente. También destacan Crispiano Adames, con $122, y la expresidenta de la Asamblea por el partido Realizando Metas, Dana Castañeda, con una planilla que ronda los $120 mil. Estas cifras reavivan el debate sobre el uso de los recursos públicos y el histórico cuestionamiento ciudadano a la planilla legislativa. Este año, la Contraloría inició un proceso de auditoría en la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de fiscalización sobre el uso de fondos públicos. La revisión busca determinar posibles irregularidades en la administración de recursos y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas que, desde hace años, cuestionan la transparencia de la institución legislativa. Los educadores fueron trasladados a áreas de difícil acceso. Cortesía/Meduca. Docentes de la comarca Ngäbe Buglé reclaman al Meduca transporte aéreo EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Docentes de áreas de difícil acceso, específicamente de la comarca Ngäbe Buglé, denunciaron que el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió el servicio de transporte aéreo que, desde hace más de 10 años, garantizaba la seguridad de los maestros que laboran en zonas apartadas y de alto riesgo. Armando Pineda, educador de la comunidad de Coronte, en el distrito de Kankintú, señaló en un medio televisivo que este derecho, reconocido en administraciones anteriores, fue eliminado en el último trimestre, lo que ha puesto en riesgo la integridad física de los docentes al tener que trasladarse por su cuenta hasta sus puestos de trabajo. Según indicó, la suspensión del servicio fue atribuida por el Meduca a los efectos de la huelga docente y a la falta de recursos de la institución para cubrir los traslados a estas regiones. Los educadores piden a las autoridades que restablezcan el transporte, pues consideran que es una medida de seguridad necesaria para cumplir con su labor en comunidades apartadas. Ante esta denuncia, el director general de Educación, Edwin Gordón, aclaró que el Meduca ha cumplido con lo que establece la Ley Orgánica de Educación respecto al traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso. Explicó que la normativa obliga a garantizar el transporte de los educadores al inicio y al final del año escolar, y que este servicio se realizó de manera regular en 2024 y también al inicio del año escolar 2025. Con respecto a los acuerdos que menciona el docente, de hace 10 años, Gordón explicó que el ministerio no tiene evidencia de acuerdos escritos o formales que respalden el traslado durante recesos o semanas de vacaciones escolares. “Nosotros no tenemos evidencia de que, en administraciones anteriores, se haya garantizado transporte en los recesos. No existe un acuerdo escrito que así lo establezca”, señaló Gordón. Agregó que, además de trasladar a los docentes, el ministerio también cubre el costo de transportar su carga personal y, en algunos casos, a sus familiares, pese a que este gasto adicional no está contemplado en la norma. El funcionario recalcó que el presupuesto de la institución es limitado y que cada hora de vuelo en helicóptero cuesta aproximadamente 1,400 dólares, mientras que el transporte en avión ronda los 800 dólares por hora. Gordón también afirmó que el “Meduca atiende traslados extraordinarios por emergencias médicas tanto de docentes como de estudiantes, aunque esto no está contemplado en el presupuesto”. “Nos sorprende que los docentes mencionen estar enfermos y que algunos no puedan desplazarse, cuando durante la huelga no solicitaron ser trasladados. En ese momento, solo descendieron para participar en la huelga y regresaron únicamente después de que esta finalizó. Gordón pidió a los educadores que presenten por escrito la supuesta norma o acuerdo que respalde su solicitud de transporte durante los recesos, para que la institución pueda evaluar el caso. Actualmente, el Meduca moviliza aproximadamente 400 docentes en Ñocribo y 285 en la comarca Emberá, Guna Yala y Darién, utilizando helicópteros, aviones y transporte terrestre. Recortes dejan al Idaan con la mitad del presupuesto solicitado COMPARECENCIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, llegó a la Asamblea Nacional con el peso de 358.7 millones de dólares en sus manos y la atención de los diputados puesta sobre él. Cada cifra del presupuesto 2026 recorría los pasillos de la sala, mientras la Comisión de Presupuesto escuchaba con atención. Villarreal explicó que el plan se dividía en 155.8 millones para funcionamiento y mantenimiento, y 202.9 millones para inversiones. El 43% estaba destinado a sostener la maquinaria que garantiza agua potable y saneamiento, y el 57% a proyectos en planos y contratos. Sin embargo, la diferencia entre lo solicitado y lo asignado era amplia. El Idaan había pedido 789.2 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó 358.7 millones. Esto obligaba a priorizar la operación por encima de las nuevas obras. Para 2025, la institución recibió 414.3 millones, es decir, 55.6 millones más que lo previsto para 2026. Por primera vez, el presupuesto de mantenimiento superaba al de inversiones. El Idaan administra una red de 125 acueductos, 55 plantas potabilizadoras, una desaladora, 58 plantas de tratamiento, 529 tanques, 604 pozos, 901 tanques sépticos y más de 13,500 kilómetros de tuberías. Cada cifra representaba comunidades enteras. Los recursos de funcionamiento se dividían en cuatro áreas: Dotación de Agua y Alcantarillado, con 90.5 millones; Servicios Regionales, con 29.8 millones; Administración General, con 25 millones; y Comercialización, con 9.3 millones. Pero los recortes golpeaban. De 29.3 millones solicitados para mantenimiento solo se aprobaron 2.5, y de 25 millones para químicos apenas 8. En inversiones, 202.9 millones se destinarían a 76 proyectos, la mayoría vinculados al agua potable. El diputado Betserai Richards cuestionó la falta de agua en comunidades y el uso de cisternas ligadas a empresas amigas. Villarreal defendió que proyectos como las plantas Cabra 1 y 2 y la ampliación de La Primavera ya estaban en fase de formalización. Finalmente, reconoció que el Idaan es centralizado y que urge coordinar con juntas comunales para atender tuberías rotas y fallas locales sin depender de la burocracia. TE da luz verde al proceso de revocatoria contra Mayer El Tribunal Electoral (TE) publicó un boletín donde autoriza el inicio del proceso para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. La autorización obliga al solicitante de la revocatoria, el ciudadano José Guardia Bernal, y a sus simpatizantes, a capacitarse por dos semanas para poder iniciar la recolección de firmas. Las dos semanas de capacitación se cumplirían entre el 6 y 7 de octubre próximo. El TE anunció que 217,322 firmas, correspondientes al 30% del padrón electoral del distrito, deberán ser recogidas para que el proceso revocatorio avance. El plazo de recopilación de firmas será de 120 días calendario. No obstante, esta sería la primera etapa de un largo proceso, puesto que si se consiguieran todas las firmas, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum en el distrito para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria de Mizrachi. Por ahora, la capacitación de activistas se extenderá por dos semanas hasta que inicie la carrera por las 217 mil firmas. Aquellos interesados en firmar, podrán hacerlo únicamente de manera presencial en las sedes del TE. Asimismo, tendrán el derecho de renunciar a su firma si así lo eligieran después. POLÍTICA Mario De Gracia [email protected]
4A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] VIP. En la planilla legislativa hay 48 personas supuestamente asignadas al despacho del diputado Raúl Pineda, cuyo salario le cuesta al Estado más de $81,600 mensuales (casi un millón de dólares al año). Sin embargo, cuando Pineda invitó a los periodistas Eliana Morales, Álvaro Alvarado y Carlos Vidal a recorrer su búnker en la Asamblea, los comunicadores constataron que casi no había personal laborando. Y eso que él mismo advirtió que esos son los aposentos donde atiende sus funciones legislativas; los otros, ubicados en el edificio nuevo, los utiliza para recibir visitas. Para colmo, en el periodo anterior de sesiones ordinarias (enero-abril de 2025), Pineda asistió, si acaso, al 9.5 % de las reuniones del pleno legislativo. ¿Qué se hace todo el día en esas oficinas, si el jefe casi nunca va? TARJETAZO. La Caja de Ahorros (CA) ha firmado un convenio estratégico con Mastercard para el pago de las becas escolares y —eventualmente— los subsidios estatales. A partir de 2026, se calcula que 500,000 estudiantes recibirán sus becas a través de tarjetas prepago. Sería mejor que aclaren pronto si esto implica que los beneficiarios o el Estado tendrán que pagar alguna anualidad o comisión por estas tarjetas. Porque tener medio millón de nuevos clientes por cortesía del Gobierno… no tiene precio. ERRATA. Ayer nos equivocamos en esta columna: el diputado Luis Duke no es el vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, aunque sí preside varias subcomisiones dentro de esta instancia. Nos disculpamos con nuestros lectores. El secuestro virtual que existe en esa comisión hace que el resto de su estructura se confunda en el actual escenario. FUERA. El Frente Sectorial de la Juventud del PRD ha pedido una renovación integral del CEN y reclama la elección de “nuevas caras” el próximo 23 de noLa psicóloga Zabdy González, la fiscal Janeth Rovetto y el fiscal Emeldo Márquez explicaron el comportamiento de los delitos. Cortesía Delitos sexuales: el 78% de las víctimas son menores de edad Juan Manuel Díaz [email protected] CRIMEN Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, el Ministerio Público recibió 21,447 denuncias por delitos sexuales. Aunque Panamá concentra la mayoría de casos, proporcionalmente la mayor incidencia corresponde a la comarca Ngäbe Buglé. El Ministerio Público (MP) recibió entre enero de 2023 y septiembre de 2025 un total de 21,447 denuncias por delitos sexuales en todo el país, de las cuales el 92% de las víctimas son mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad afectadas. Armando Javier Prado Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales (Conapredes), informó que las provincias con mayor incidencia de estos delitos son Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Los datos del MP revelan que en la provincia de Panamá se registraron 4,686 denuncias, en Panamá Oeste 2,732, en Bocas del Toro 2,444, en Chiriquí 3,092 y en la comarca Ngäbe Buglé 1,899 denuncias. Hay que recordar que, por ejemplo, la provincia de Panamá (1.4 millones de personas) tiene más de diez veces la población de la comarca Ngäbe Buglé (unos 212 mil habitantes). Se explicó que la alta incidencia de estos delitos en la comarca Ngäbe Buglé exige gestiones urgentes de diagnóstico que permitan reducir su comisión. Las estadísticas indican que el 78% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y que, en la mayoría de los casos, los agresores son personas cercanas a ellos. Por su parte, la fiscal de Delitos Sexuales, Janeth Rovetto, recomendó a los padres y madres estar atentos a los cambios de conducta en sus hijos, que pueden ser indicadores de que estén siendo víctimas de un delito sexual. Rovetto, quien participó como panelista en el lanzamiento de la campaña “Ya No Más” para la prevención de la explotación sexual, explicó que los menores de edad víctimas de agresiones sexuales suelen asumir la culpa de los ataques y comienzan a mostrar comportamientos inusuales. La funcionaria detalló que, en estos casos, resulta muy difícil romper el silencio de las víctimas debido al temor al estigma social, agravado por la exposición en redes sociales. En estas situaciones —reconoció—, el abordaje debe realizarse a través de especialistas que orienten tanto a la víctima como a sus familiares sobre cómo manejar estas circunstancias. Por su parte, el fiscal especializado en Delitos contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, advirtió sobre la vinculación del crimen organizado con actividades de trata y explotación sexual, así como sobre el uso de redes sociales para la difusión de pornografía infantil. Márquez señaló que el crimen organizado mueve millones de dólares a través de actividades relacionadas con la explotación sexual y la difusión de pornografía infantil. En tanto, el procurador Luis Carlos Gómez detalló que la mayoría de las víctimas de agresiones sexuales se encuentra en el rango de 14 a 16 años de edad. Gómez aseguró que el Ministerio Público requiere la contribución de todos sus funcionarios, los brazos auxiliares y la ciudadanía para enfrentar estos delitos que causan un grave daño a las víctimas. El jefe del MP hizo un llamado nacional para establecer una alianza que permita enfrentar y denunciar estas conductas, que afectan en su mayor parte a la población joven del país. El 24 de junio de 2025, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 474, que modifica y adiciona artículos al Código Penal y al Código Procesal Penal. Entre los artículos ajustados se encuentran el 174, 175, 176 y 177, con penas más severas para distintos tipos de agresiones sexuales. La nueva ley establece que el agresor puede ser condenado a 7 a 12 años de prisión si obtiene acceso carnal mediante violencia o intimidación (antes era de 5 a 10 años). En los casos en que la víctima sea un menor de 14 años, tenga alguna discapacidad, no pueda consentir el acto o se encuentre bajo abuso de poder o confianza, la pena será de 12 a 18 años, en lugar de los 10 a 15 años anteriores. Asimismo, se elevan las penas por actos libidinosos, que ahora se sancionan con 2 a 4 años de prisión. La condena podrá aumentar a 4 a 8 años si hay violencia, intimidación, si la víctima es menor de 14 años o si el agresor es un familiar cercano, ministro de culto, cuidador o tutor. Yaritza Mojica [email protected] Concejo de Panamá ratifica nueva zonificación para San Francisco URBANISMO El Concejo de Panamá aprobó la nueva zonificación del corregimiento de San Francisco al ratificar el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) con 18 votos a favor y 7 abstenciones. El plan fue trabajado durante 11 meses por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) del Municipio de Panamá, tras múltiples acercamientos con los residentes, algunos de los cuales se realizaron en un ambiente de tensión. Anteriormente, el proyecto había sido sometido a votación de los moradores del corregimiento el 8 de septiembre, luego pasó por la Junta de Planificación Municipal y finalmente llegó al Concejo donde fue ratificado. El siguiente paso será su publicación en la Gaceta Oficial. Uno de los puntos más polémicos es que la nueva zonificación no incluye a la comunidad de Boca La Caja, cuyos residentes habían pedido ser excluidos del plan. Serena Vamvas, representante de San Francisco, calificó el nuevo plan como “mucho mejor” que el esquema vigente —la zonificación que data de 2003 mediante la Resolución Nº 112— al que tildó de provocar un “desorden monumental”. Manifestó que la falta de consenso entre los residentes había generado desconfianza por los procesos de zonificación anteriores, en parte por la debilidad de los mecanismos de fiscalización y sanción, que no logran frenar las edificaciones que incumplen normativas. Vamvas informó además que en los últimos días se han reunido con diputados para impulsar reformas que permitan que las multas, clausuras y demoliciones en casos de construcciones ilegales puedan aplicarse de forma más rápida y eficaz. Enfatizó la importancia de “devolver la confianza” a los residentes de San Francisco y del distrito, asegurando que los problemas del ordenamiento urbano no son exclusivos del corregimiento. Entre los detalles clave de la nueva zonificación se encuentran: • La introducción de nuevos códigos de uso de suelo, incluyendo zonas mixtas (ZM6, ZM7, ZM8), que combinan usos residenciales, comerciales y de servicios con el objetivo de promover barrios autosuficientes, más caminables y menos dependientes del automóvil. • Límites en la altura de edificaciones, con número máximo de pisos permitidos, según la calle y tipo de uso. • Definición clara de actividades permitidas en cada calle, tras talleres participativos con la comunidad. • La figura del “suelo programado”, un mecanismo que permite intensificar uso del suelo cuando se cumple con compensaciones, buscando equilibrio entre beneficios del promotor y obligaciones de sostenibilidad. Los promotores del nuevo PLOT sostienen que la zonificación vigente ya no responde a la realidad del corregimiento ni a las exigencias del desarrollo sostenible, mientras que muchas otras zonas de la ciudad ya cuentan con regulaciones modernas para usos mixtos y espacios comunitarios mejor conectados. viembre. El grupo emplaza a los actuales dirigentes a no buscar la reelección y asumir un “rol estratégico de asesoría”. ¿Eso ya lo sabrá Benicio? AHORRO. El ministro Fernando Boyd ordenó suspender una actividad que el Minsa había programado en un hotel de Veracruz, porque ese gasto no tenía su aval. El evento se celebrará próximamente en el Salón José Renán Esquivel, ubicado en la sede del Minsa. Al fin esta gente hace algo bueno. Fiscalías Anticorrupción investigan 4 mil casos CORRUPCIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] El procurador Luis Carlos Gómez informó que el Ministerio Público está manejando más de 4,000 investigaciones relacionadas con actos de corrupción en Panamá, abarcando casos de retención de cuotas obrero-patronales, peculados millonarios, corrupción de funcionarios y malversación de fondos. Aseguró que todos los casos se están investigando rigurosamente, respetando siempre la presunción de inocencia de los implicados, y que se están llevando a cabo múltiples diligencias para recolectar pruebas y evidencias. Entre las investigaciones más destacadas, se encuentra la relacionada con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), que involucra un contrato para instalar unidades sanitarias en varias áreas de la provincia de Los Santos, con un perjuicio estimado de más de $718,000. Además,Conades ha presentado más de 20 denuncias sobre irregularidades en el Programa de Sanidad Básica, iniciado durante la administración de Juan Carlos Varela. También están en curso 300 denuncias por malos manejos de fondos otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización, en los que se han formulado cargos por peculado contra 20 exrepresentantes y 18 extesoreros. Otras investigaciones incluyen posibles irregularidades en la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) por el uso indebido de la plataforma Listo Walett, el desvío de 600 vigas del Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento fraudulento de auxilios económicos por el Ifarhu, la compra irregular de máquinas perforadoras por el Ministerio de Salud.
5A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Panorama El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco Rolando Rodríguez B. [email protected] El contralor Anel Flores decidió refrendar y pagar contratos de limpieza hospitalaria adjudicados sin licitación y sin aval previo, contradiciendo su propia circular del 4 de septiembre. El contralor general Anel Bolo Flores refrendó a las 4:28 p.m. ayer uno de los dos contratos para la limpieza de hospitales que el Ministerio de Salud (Minsa) otorgó de forma directa a la controvertida empresa Hombres de Blanco, Corp. Este contrato fue ejecutado en su totalidad sin contar con el refrendo de la Contraloría, al igual que un segundo contrato con la misma empresa, que aún está pendiente de refrendo. Por ambos, la empresa recibirá al menos $5.4 millones. De esta forma, el contralor se desdice de una circular que dirigió a todo el Gobierno el pasado 4 de septiembre, en la que advertía que no iba a refrendar ningún pago en el que obras y servicios se hubiesen entregado sin un contrato perfeccionado con el refrendo de la Contraloría. Pero, una vez más, Hombres de Blanco obtiene una excepción a la regla, lo que supone una violación a la Ley de Contrataciones Públicas de 2006, de acuerdo con la propia circular del contralor Flores. El anuncio Como si se tratara de una obra ensayada, Flores abordó, en el noticiero de TVN la mañana de este martes 23 de septiembre —y sin que nadie le preguntara sobre el tema— el estado de los contratos de Hombres de Blanco. En ese espacio, anunció que pagaría los contratos de limpieza de hospitales que maneja la mencionada empresa, obtenidos mediante procedimientos especiales sin licitación pública. Dos contratos con Hombres de Blanco fueron concedidos por el Minsa en diciembre pasado, mediante el procedimiento de cotización en línea, lo que permite contratar de forma directa, sin licitación. Así, la empresa comenzó a prestar sus servicios en seis hospitales del Minsa durante seis meses, por poco más de $5 millones. Los contratos vencieron el 30 de junio pasado, pero tres meses después de haber concluido sus servicios, aún seguían sin el refrendo de la Contraloría… hasta hoy. Pero no fue todo. Desde el 1 de julio pasado, Hombres de Blanco tiene no dos, sino tres contratos adjudicados de forma directa, con vigencia de un año cada uno, para la limpieza de ocho hospitales. Estos contratos vencerán el 30 de junio de 2026 y comenzaron a ejecutarse, una vez más, sin el refrendo de la Contraloría. En términos económicos, Hombres de Blanco recibiría por sus servicios del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 un total de $15.3 millones. A esta cantidad hay que sumarle el monto de los dos contratos que vencieron en junio pasado, que ascienden a $5.4 millones. En total, la empresa recibiría $20.7 millones, sin licitación pública. La otra empresa beneficiada al mismo tiempo que Hombres de Blanco —Sicarelle Holding— recibió del Minsa un contrato de $2.4 millones, con seis meses de vigencia (que también venció hace tres meses), para la limpieza de dos hospitales, adjudicado mediante el mismo procedimiento: cotización en línea. Este contrato tampoco ha sido refrendado y, de hecho, el Minsa aún no lo ha enviado a la Contraloría para su refrendo y mucho menos ha consignado el pago. En contraste, el Minsa ya obtuvo los fondos para pagarle a Hombres de Blanco, gestionados ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por sus servicios durante los primeros seis meses del año. Obtuvo el dinero sin que los contratos hubiesen recibido el refrendo de la Contraloría. Flores se desdice En sus declaraciones de este martes a TVN Noticias y sin importar el contenido de la circular que dirigió a todo el Gobierno, el contralor se desdijo de ese documento —que lleva su firma— anunciando que honraría el pago de los contratos a Hombres de Blanco, a pesar de que esto implicaría violar la Ley de Contrataciones Públicas, según sus propias palabras. “Yo creo que tengo que pagarlo —dijo el contralor—, no podemos parar hasta que haya una licitación nueva [para la limpieza de los hospitales del Minsa]. Eso es parte de lo que viene siendo el arrastre de lo que no se hizo. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables. Es muy fácil criticar, pero gobernar es otra cosa. Cuando hay que tomar decisiones como esa, se toman por el bien del país”. La circular que Flores hizo llegar a todas las entidades del Gobierno dice los iguiente: “La Contraloría General de la República, como institución garante del cumplimiento de los procesos establecidos en el ordenamiento jurídico, no refrendará ningún documento contractual en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”. El sustento de su disposición lo basó en el artículo 74 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, que señala que: “Los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista…”. División de materia Pero hay más. El contralor ni siquiera ha reparado en el hecho de que los tres contratos que ahora tiene Hombres de Blanco por servicios de limpieza y desinfección hospitalaria antes fueron objeto de un solo contrato, que en varias ocasiones fue adjudicado a Sicarelle Holding en licitaciones públicas. El último acto público adjudicado a Sicarelle entró en vigor el 1 de enero de 2023 y tenía una vigencia de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2024. Flores tampoco ha considerado que en esta ocasión el Minsa hizo contrataciones directas, sin darle oportunidad a otros oferentes de competir por el mejor precio para el Estado. Esto, a pesar de que el Minsa tuvo tiempo suficiente para convocar una licitación, ya que contaba con al menos seis meses para hacerlo en 2024, antes de que concluyera el contrato con Sicarelle Holding. Incluso tuvo un año para convocarla cuando concedió seis meses de servicios en 2025 a ambas empresas. El contrato que obtuvo Sicarelle en 2023 sigue aún vigente, ya que no ha sido liquidado por el Minsa, a pesar de que hace casi 10 meses esa empresa concluyó sus servicios para los ocho hospitales que ahora tiene que limpiar Hombres de Blanco. Por esta razón, Sicarelle ha solicitado al Minsa que se incluyan—medianteunaadenda— los servicios de limpieza que prestó de enero a junio de este año en dos hospitales, como parte del contrato que le fue adjudicado en 2023. El contralor añadió en la entrevista concedida a TVN que cree que se están preparando los pliegos para una nueva licitación en 2026, pero mientras tanto, ¿qué?, se preguntó. “En este momento tenemos a esa gente [de Hombres de Blanco] trabajando dentro de los hospitales. Y entonces me llama la gente y me dice: ‘Oye, ¿cómo no vas a firmar los contratos de esa empresa?’ Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paro la limpieza de los hospitales de este país con el problema de dengue que tenemos y montones de temas sanitarios ahora mismo?”, se preguntó Flores, cuya respuesta puede hallarse en la Ley de Contrataciones Públicas. Anel Flores, contralor general de la República. Archivo La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) presentó su propuesta para el año fiscal 2026. La institución solicitó 93.2 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo recomendó $66 millones, lo que representa un recorte de $27.2 millones. El administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, advirtió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el presupuesto recomendado no será suficiente para garantizar la recolección de desechos en la capital ni el manejo del relleno sanitario de cerro Patacón. Señaló que el recorte obligará a realizar traslados de partidas, lo que genera inestabilidad en la planificación. De los fondos recomendados, $51.9 millones se destinarán a funcionamiento y $14.1 millones a inversión. Uno de los puntos críticos expuestos fue el recurso humano. La entidad cuenta con 2,472 trabajadores, de los cuales 2,260 son permanentes y 212 transitorios. Muchos tienen más de 10 años en posiciones eventuales, sin acceso a crédito ni posibilidad de adquirir vivienda. Además, 226 funcionarios enfrentan condiciones de salud graves como ceguera, amputaciones o problemas lumbares, resultado de años de trabajo pesado. Pese a ello, la mayoría continúa laborando por necesidad económica. La AAUD subrayó que su Autoridad de Aseo recibe $27 millones menos de lo solicitado para 2026 PRESUPUESTO operación es continua, con turnos hasta la medianoche en áreas como el Casco Antiguo y hasta cuatro recolecciones diarias en puntos críticos. No obstante, el presupuesto es insuficiente para dotar de equipos de protección a todo el personal operativo, lo que compromete su seguridad. En materia financiera, la entidad arrastra compromisos como el pago de 183,987 dólares anuales en seguros que cubren personal y flota vehicular, además del arrendamiento del estacionamiento de su sede, propiedad de la Caja de Seguro Social. A ello se suma una morosidad acumulada de 116.1 millones de dólares en los sectores residencial, comercial y gubernamental. La actual moratoria, vigente hasta el 31 de octubre, ha permitido recaudar más de 2 millones. Durante su comparecencia, la AAUD solicitó el traslado de dos partidas que suman 1.9 millones de dólares. La primera, de 417,346 dólares, busca cubrir primas de antigüedad adeudadas desde 2012 a 2018, incluso a familias de exfuncionarios fallecidos. La segunda, de 1.5 millones, se destinará a mejoras urgentes en cerro Patacón, como una nueva tina de vertido, el sistema de lixiviados y la captura de metano, además de cubrir parte de la recolección en Panamá norte. El relleno sanitario recibe diariamente más de 3 mil toneladas de desechos de Panamá y San Miguelito. Hasta septiembre, la AAUD adeuda 6.2 millones por operación diaria y advierte que el presupuesto 2026 no contempla amortización de esta deuda acumulada. Yaritza Mojica [email protected] UI UNIDAD INVESTIGATIVA
7A La Prensa Panamá, miércoles 24 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. que me preocupa lo político y social; tengo adicción a la ciencia del Derecho, y al principio de que los actos de gobierno deben darse considerando a la sociedad entera y no a personas o grupos específicos. De aquí surge mi apego a la investigación del manejo de estas cosas. Sobre la Constitución, ella requiere la históricamente definida armonía en sus componentes y, en nuestro caso, normas explícitas, circunstanciadas y entendibles que no se presten para interpretaciones oportunistas. Además, he expresado mi presentimiento de que el confuso proyecto de Constitución que en 2019 elaboró el Consejo de la Concertación Nacional será revivido para impulsar una controversia política que genere un escenario propicio para confundir a la ciudadanía. En aquel ejercicio exhibieron, conscientemente o no, una trama ideológica obsoleta, mecanismos institucionales de imposible manejo político, y algunas concepciones inoperantes copiadas de la Constitución colombiana de 1991. Podría sospechar que se forzaron criterios categóricos para nublar la visión de los destinatarios finales. Esa es una táctica conocida, y serviría de paso para empezar de cero con la constituyente originaria, que no tiene límites formales: da por sentado que no existe nada y ejerce su mando único aboliendo todas las instituciones existentes, comenzando con el Órgano Ejecutivo. Si bien subsisten ciertos pensamientos válidos sobre la vida económica y social de los pueblos, otros fueron utópicos o lanzados en términos de la visión de determinada situación, y ya consumieron su ciclo de vida. Esta realidad hace indispensable Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Panamá: ¿Hub logístico o enclave de trasbordo? Industria marítima La pregunta es directa: ¿es Panamá un verdadero hub logístico? La respuesta, a mi modo de ver, es clara: no lo es. El espejismo del ‘hub’ EsciertoquetenemoselCanal,puertosmodernos y conexiones aéreas, pero toda esa infraestructura está concentrada en un solo eje: Canal– ciudad de Panamá–Colón. Eso no constituye un hub logístico integral, sino un enclave de trasbordo que opera al margen de la economía nacional. Limitaciones estructurales • Carreteras desconectadas: la red vial no está diseñada para articular un país logístico, sino para sostener el Canal con dos ciudades principales. • Ferrocarril insuficiente: solo conecta contenedores en tránsito, sin atender la producción local. • Carretera Panamericana saturada: columna vertebral colapsada, sin estándares de corredor de alta velocidad. • Tapón del Darién: no solo representa una barrera física, sino que es un símbolo de nuestra desconexión con Centroamérica y Sudamérica. El olvido de nuestras costas Con 3,000 kilómetros de litoral, Panamá no ha desarrollado puertos para su propio beneficio productivo. La carga que manejamos es de trasbordo, no de exportación nacional. Costa Rica exporta más de 800,000 contenedores de productos agrícolas; Panamá apenas 8,000, a pesar de ser sede del llamado “Hub Global de las Américas”. La exclusión del interior El interior del país está marginado del sistema logístico. No existe integración de la producción agrícola e industrial con los corredores principales ni con los puertos. Esta desconexión frena el desarrollo nacional, crea barreras logísticas y nos impide ser competitivos en un mercado globalizado. La visión de un país conectado Así como por el Canal unimos dos océanos, resulta aún más importante unir mediante un tren de frontera a frontera que enlace dos continentes. Este tren permitiría transformar los territorios del interior en nodos logísticos, logrando que todo el país tenga acceso directo al mundo globalizado. No se trata solo de mover carga: se trata de integrar regiones, multiplicar oportunidades y democratizar la ventaja geográfica de Panamá. Conclusión Panamá no es un hub logístico. Es un nodo de trasbordo al servicio del comercio global, pero desconectado de su propio territorio. Para ser verdaderamente un hub, debemos transformar carreteras, ferrocarriles y puertos en una red nacional interconectada, capaz de unir la producción local con el mundo. Mientras eso no ocurra, lo que tenemos es un país sentado sobre su ventaja geográfica, pero incapaz de convertirla en prosperidad para todos. La protección de denunciantes: un reto aún por abordar en Panamá Lucha anticorrupción gula la protección de quienes informen sobre infracciones normativas o delitos en el ámbito público y privado. Se aplica a empleados, proveedores y exempleados que detecten irregularidades, incluidas infracciones administrativas graves y delitos penales. Prohíbe despidos, cambios de puesto y hostigamiento, garantiza la confidencialidad, ofrece apoyo psicológico y adopta medidas cautelares durante la investigación. Además, exige que las empresas y entidades públicas implementen canales internos seguros para la presentación de denuncias. Desde agosto de este año, se han establecido también canales externos gestionados por la Autoridad Independiente de Protección del Informante o por las fiscalías. El plazo máximo para resolver la investigación es de tres meses, prorrogable, y el denunciante recibe actualizaciones periódicas, pudiendo impugnar las resoluciones desfavorables. En Estados Unidos, la Foreign Corrupt Practices Act (1977) protege a quienes denuncian prácticas ilícitas en el extranjero, garantiza el anonimato y cubre a denunciantes extranjeros. Otras normas que refuerzan esta protección son la Whistleblower Protection Act (1989), la Sarbanes-Oxley Act (2002) y la Sección 922 de la Ley Dodd-Frank (2010), que además otorgan incentivos económicos. En Colombia, la Ley 1474 de 2011 y el Código Penal consagran la confidencialidad, la protección física y la prohibición de represalias, ofreciendo incentivos como reducciones de pena a quienes colaboren en investigaciones. Desde inicios de este año, la Línea Anticorrupción 157 de la Secretaría de Transparencia permite presentar denuncias anónimas, y la Unidad Nacional de Protección asume medidas de seguridad que incluyen reubicación y cambio de identidad en casos extremos. La Ley 1908 de 2018 reforzó la protección de testigos y denunciantes, y la Ley 1755 de 2015 garantiza el derecho de petición, estableciendo plazos de respuesta y sanciones a funcionarios que lo incumplan. En México, la protección a denunciantes se encuentra regulada de manera diferenciada en cada estado. Existen leyes específicas en Hidalgo (Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, 2021) y en Nuevo León (Ley para Incentivar la Denuncia de Actos de CoTomás Cristóbal Alonso ‘Donde ves el humo está el fuego’ ‘Constitución’ Es cierto que “donde ves el humo está el fuego”, y también lo es que el estruendo delata lo que sucede con algunos asuntos públicos. En un escrito anterior me referí a la bondad del delicado programa de “alfabetización constitucional”; pero en esta oportunidad quiero advertir los peligros que trae. Me refiero a que se está promoviendo el mecanismo de la constituyente originaria como única vía para procurarnos una nueva Constitución. ¿Y qué hay del artículo 314 de la Constitución vigente, que determina que las instancias para la adopción de una nueva Constitución son exclusivas de una constituyente paralela? La alfabetización no parece educar sobre esta obligación, y ahora está llevando la pretensión originaria a los segundos ciclos del país. Lo que estamos viendo con este nuevo rumbo es una forma de mediatizar el razonamiento de los futuros ciudadanos y de sus padres. No puede permitirse que en una actividad pública como ésta se entremezclen preconceptos que desvirtúen nuestro derecho a pensar libremente. Aclaro nuevamente que no soy jurista, pero poseo cultura cívica y social que me fue inculcada desde la niñez. Me adentro experimentalmente en esos senderos porque ahora expongamos enfoques hacia el futuro, y tengamos el tiempo antiguo más como referencia. Hoy dependemos de nuevas ideas y tecnologías para solucionar las privaciones que afectan a todos los ámbitos de la población; ya no se trata de resolver un problema concreto, sino de atender las penurias de la sociedad teniendo en mente el desarrollo humano general. Este planteamiento lo hago para levantar el velo a cualquier engañoso o pasado “ismo” que impulse esquemas de cualquier color extraídos de ideologías decadentes. Para concluir, considero impostergable presentar una perspectiva de higiene política y social que nos rescate de la pérdida de confianza en la Constitución, nos libere de la enfermiza forma de legislar y acabe con la nebulosidad con que se ha venido aplicando la administración de justicia. El fortalecimiento de las normativas constitucionales tiene que tender a eliminar los vicios, fueros, privilegios, falsedades, abusos legislativos, paternalismo estatal, desigualdad ante la ley y el clientelismo de los partidos políticos. Es importante señalar esto, porque el futuro de nuestra nación no depende de actos irreflexivos: reposa en la inteligencia con que logremos descontaminar ese orden de convivencia que se llama Constitución Política. El progreso del país no se obtiene a través de ilusorias relaciones de poder político, sino a través de una evolución concertada, educada, pacífica y humana de la población. Opinión EL AUTOR es exdirector de La Prensa. EL AUTOR fue embajador ante las Naciones Unidas. EL AUTOR es abogado, docente y doctor en Derecho. Carlos Ernesto González de la Lastra rrupción de Servidores Públicos, 2013), mientras que a nivel federal aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se prevén disposiciones sobre confidencialidad, prohibición de represalias y protección física, así como recompensas económicas en determinadas entidades. Los canales de denuncia dependen de los Órganos Internos de Control y de plataformas estatales. En Brasil, las leyes 12.846/2013 (Anticorrupción), 13.964/2019 (Anticrimen) y 13.608/2018 (servicio telefónico de recepción de denuncias) establecen principios de confidencialidad, prohibición de represalias y recompensas por colaboración efectiva. Las instituciones y empresas deben contar con canales internos de denuncia, supervisados por el Ministerio Público Federal a través de plataformas digitales. En Argentina, la Ley 25.764 de protección de testigos y la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria amparan la confidencialidad, prohíben represalias y habilitan medidas de seguridad física para los denunciantes. Desde 2025, el nuevo Sistema de Protección Administrativa, gestionado por el Ministerio de Seguridad, coordina canales judiciales, internos y administrativos con un alcance creciente. En Panamá, no existe aún un marco normativo específico e integral para la protección de denunciantes. Se aplican las disposiciones generales del Código Procesal Penal, y las salvaguardas disponibles son administradas por la Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SEPROVIT). Recientemente, la Asamblea Nacional rechazó el Proyecto de Ley 131 de 2025, cuyo objetivo era regular nuevas protecciones, lo que representa una oportunidad desaprovechada. En el derecho comparado se incluyen mecanismos como la confidencialidad de la identidad, domicilio y datos laborales; la prohibición de despidos o modificaciones contractuales desfavorables; medidas de protección física como custodia policial, cambio de residencia o reubicación internacional; e incluso recompensas económicas para los denunciantes. Resulta notable que, en Panamá, aún no exista una regulación integral destinada a proteger a quienes denuncian actos de corrupción, conocidos como denunciantes protegidos, informantes o whistleblowers. Las disposiciones legales varían según la jurisdicción, pero comparten cuatro principios fundamentales: fomentar la denuncia de irregularidades, garantizar la confidencialidad de la identidad del informante, prevenir represalias y ofrecer mecanismos de apoyo institucional. En algunos marcos normativos, los denunciantes pueden incluso recibir una compensación económica proporcional al monto recuperado por el Estado. A nivel global, las legislaciones nacionales se inspiran en tratados y convenciones internacionales que reconocen la protección de los denunciantes como un elemento esencial para combatir la corrupción y fortalecer la democracia. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos promueven la adopción de canales de denuncia seguros, la reserva de la identidad y procedimientos claros para la investigación de las denuncias. En Europa, la Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados miembros a establecer sistemas de denuncia internos y externos, con protección frente a represalias laborales —como suspensiones, degradaciones o despidos— y con garantía de anonimato. A su vez, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y las recomendaciones de la OCDE sobre el combate al soborno subrayan la necesidad de asistencia jurídica gratuita y, en casos de especial riesgo, medidas de protección física como la reubicación o el cambio de identidad. En España, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, transpuso la directiva europea y reRamón Morales Quijano Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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