1A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 23 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15147 Hoy por hoy Mientras la mayoría de los diputados trabaja en oficinas relativamente modestas, un pequeño grupo mantiene espacios VIP con seguridad exclusiva. El llamado búnker de la Asamblea Nacional no es solo una rareza arquitectónica: es el reflejo de una cultura de feudos personales y privilegios dentro de un poder del Estado que debería ser ejemplo de transparencia y equidad. Los millones gastados en remodelaciones en gestiones anteriores no se tradujeron en una mejor producción legislativa ni en un ejercicio eficaz de las funciones constitucionales. En cambio, fortalecieron un sistema que premia a los aliados con múltiples despachos, mientras otros se conforman con un cubículo. La Asamblea ha convertido lo público en botín: desde planillas infladas hasta oficinas blindadas, siempre alejadas del escrutinio. Ese búnker es símbolo de poder, dinero público invertido en secreto y de una desigualdad que alcanza no solo a sus propios colegas, sino a toda la ciudadanía. Lo más grave es el silencio de la nueva directiva, que prefiere ignorar el tema en lugar de corregirlo. Quien se refugia en un búnker no gobierna: se esconde. Panamá Fashion Week en la Ciudad de las Artes 5B Deportes Economía en cifras positivas, pero con bolsillos vacíos Yolanda Sandoval [email protected] Panamá reporta un crecimiento del PIB de 4.4% en el primer semestre de 2025, equivalente a $40,379 millones en precios constantes. Sin embargo, los analistas advierten que el desempleo podría superar el 10% al cierre del año, la tasa más alta en dos décadas fuera de la pandemia. El contraste se debe a que el crecimiento se concentra en sectores que no generan empleo masivo, mientras actividades como la construcción y el comercio muestran debilidad. La recaudación del ITBMS cayó 11% hasta julio, reflejando menor consumo. A esto se suman informalidad, salarios estancados, tasas de interés más altas y falta de inversión, lo que alimenta la percepción ciudadana de un “crecimiento” que no mejora la vida cotidiana. VEA 1B CONTRASTES Credenciales archiva seis denuncias contra Mulino La Comisión de Credenciales de la Asamblea archivó seis denuncias contra el presidente José Raúl Mulino, presentadas por supuestas irregularidades. Entre los argumentos para desestimarlas se citó falta de fundamento legal, inexistencia de competencias del Legislativo en algunos casos, y ausencia de pruebas que vinculen al mandatario con delitos contemplados en la Constitución. VEA 2A LEGISLATIVO Movilidad Diplomacia en bicicletas El ministro consejero de España, Jorge Peralta, y el embajador de Países Bajos, Sander Cohen, participaron ayer en un recorrido en bicicleta por el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá para conmemorar el Día Internacional Sin Auto, que promueve movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo privado. El recorrido inició en la plaza de la Catedral, en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, y concluyó en el Centro Cultural de España (Casa del Soldado). EFE/Carlos Lemos CSS: médicos denuncian carencias; dirección exige mayor productividad Neurocirujanos y gastroenterólogos de la CSS denuncian falta de camas, insumos y quirófanos. La dirección médica, a través de Ricardo Sandoval, responde señalando que hay resistencia al traslado y baja productividad, en medio de crecientes listas de espera. VEA 5A Silencio alrededor del búnker legislativo Eliana Morales Gil [email protected] La junta directiva de la Asamblea Nacional guarda silencio ante las denuncias de privilegios que benefician a diputados como Benicio Robinson y Raúl Pineda, ambos del PRD. Aparte de sus despachos en el nuevo edificio, controlan oficinas VIP en un búnker junto a la clínica parlamentaria, con acceso restringido y seguridad especial pagada con fondos públicos. El presidente Jorge Herrera, del Partido Panameñista, llegó prometiendo transparencia, pero no ha respondido al cuestionario PRIVILEGIOS Oficinas VIP de Benicio Robinson y Raúl Pineda reavivan críticas sobre beneficios exclusivos en el Legislativo. de La Prensa ni se ha pronunciado públicamente. VEA 3A Antecedentes Poder y secretismo Los antecedentes son claros: durante las presidencias de Marcos Castillero y Jaime Vargas se gastaron millones en remodelaciones que beneficiaron a bancadas oficialistas, y entre 2017 y 2019, bajo Yanibel Ábrego, también se destinaron unos $5 millones a oficinas seleccionadas. Incluso en 2009 se reveló una “minisuite” oculta usada por diputados del PRD, lo que demuestra que estas prácticas tienen larga data en la Asamblea. Más datos El desempleo, rumbo a los dos dígitos 9.5% Es el porcentaje de desempleo al cierre de 2024, según datos del Instituto de Estadística y Censo. 1 millón Cantidad de personas informales o desocupadas. ‘Hace 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo’: por qué EU está en una peligrosa encrucijada www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 Para el Órgano Judicial, los $351 millones que le recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como presupuesto para 2026 no son suficientes. Esto, a pesar de que el recorte representa apenas el 11% de lo solicitado originalmente ($395 millones), en contraste con otras entidades a las que se les redujo hasta el 70% de sus fondos. Un ejemplo de esto es el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Los montos con los que pretende operar el Poder Judicial el próximo año fueron tema de debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ayer lunes 22 de septiembre. María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sustentó las cifras acompañada por sus colegas Olmedo Arrocha, Maribel Cornejo y María Cristina Chen, así como por Vielza Ríos, secretaria administrativa del Órgano Judicial. López advirtió que el recorte presupuestario afectará principalmente 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará a regir el próximo 13 de octubre. También señaló que se verán impactados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, servicios comerciales y mantenimiento y reparación de equipos de computación. Casi $20 millones en gastos de representación La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, preguntó sobre quiénes tienen derecho a cobrar gastos de representación, ya que el Órgano Judicial solicitó $20.2 millones para este renglón, pero el MEF recomendó $19.3 millones para ese propósito. López respondió que, por ley,estebeneficiocorresponde a los magistrados de la Corte, magistrados superiores, secretarios,subsecretarios,jueces, defensores y directores. Los nueve magistrados de la Corte, por ejemplo, reciben $4,000 en gastos de representación, además de un salario base de $10,000 El bono de $500 Prado también consultó sobre los $4.7 millones solicitados para bonos y aguinaldos, de los cuales el MEF recomendó $2.7 millones. López citó el artículo 63 de la Ley 53 de agosto de 2017, que respalda este beneficio. Sin embargo, aclaró que, aunque en 2023 se aprobó un bono de $500 para todos los funcionarios (7,020 El Órgano Judicial asignará casi $20 millones para gastos de representación en 2026 PRESUPUESTO 2026 servidores), el pago no se ha concretado por trámites pendientes con la Contraloría General de la República. “Se cuenta con los recursos, pero se está a la espera del contralor para hacerlo efectivo”, añadió. El fallo que blinda el presupuesto de la justicia La presidenta del Órgano Judicial recordó a los diputados de la Comisión de Presupuesto un fallo de la propia Corte que establece que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no podrán ser inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Las preguntas que no se hicieron La intervención de los magistrados en la Comisión de Presupuesto transcurrió sin mayores cuestionamientos. La única que formuló preguntas fue la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos. Ningún diputado les consultó sobre el polémico acuerdo que les permitía jubilarse con el 100% del salario, un documento que se vieron obligados a derogar tras las fuertes críticas ciudadanas. Tampoco hubo preguntas sobre el aumento salarial de los magistrados, que pasó de $10 mil a $14 mil. Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). Elysée Fernández ITSE: recorte de fondos superior al 70% afectaría la educación de 2,500 estudiantes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Eliana Morales Gil [email protected] COMISIÓN DE PRESUPUESTO El ITSE solicitó $78 millones para 2026, pero la recomendación apenas llega a $21 millones, un recorte a su aspiración del 73%. El reloj de la Asamblea Nacional marcaba cerca de las 11:00 a.m. cuando Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), tomó la palabra frente a la Comisión de Presupuesto. Con una carpeta repleta de cifras y gráficos, expuso lo que para ella no era un simple trámite contable, sino una alerta urgente. El ITSE solicitó $78 millones para 2026, pero la recomendación apenas llega a $21 millones, un recorte del 73% a lo que aspiraban. Esto, según advirtió, amenaza la operación del centro y dejará a miles de jóvenes fuera de sus aulas. “De mantenerse esta decisión, 2,500 estudiantes no podrán ingresar el próximo año, a pesar de que ya tenemos una lista de espera de 1,500 jóvenes”, dijo con tono firme, mirando a los diputados que la escuchaban desde la mesa. No se trataba solo de números, sino de muchachos que buscan un espacio en carreras técnicas de alta demanda, pero que podrían quedarse sin oportunidad. La rectora recordó que el ITSE necesita un mínimo de $27 millones al año para funcionar. En cambio, los recortes presupuestarios han reducido su capacidad en un 65% y, en más de una ocasión, han obligado a suspender clases presenciales por falta de mantenimiento. “El sábado tuvimos que parar operaciones y trasladarnos a la modalidad virtual. Así de frágil está nuestra situación”, relató. Para 2025, la entidad contaba con un presupuesto de $69 millones. Comparado con el monto que se le pretende otorgar, representa una baja de 70 %, equivalente a $48 millones. Educación superior En la sala, el ambiente se tensó cuando Gómez desplegó la fotografía más cruda de la educación superior panameña: el 92% de la población no accede a este nivel y solo el 8% logra culminarlo. “Esto es alarmante y debemos atenderlo lo más rápido posible”, insistió, subrayando que el problema no era de futuro, sino de presente. Para dar perspectiva, citó a la OCDE, que proyecta que en 2030 los países deberán tener al menos un 49% de su población con formación técnica superior si quieren sostener su productividad. Panamá apenas alcanza el 0.2 %. “Estamos en una situación crítica si no actuamos ahora”, recalcó, mientras algunos diputados tomaban nota. El mercado laboral, agregó, se transforma con una velocidad que no perdona rezagos. Según el Foro Económico Mundial, 97 millones de empleos desaparecerán pronto y 120 millones nacerán ligados a la ciencia, la tecnología y la innovación. “Hoy el 76 % de los panameños no tiene las habilidades que requiere el trabajo actual ni el que vendrá en cinco años”, alertó. El ITSE, planteó Gómez, intenta ser parte de la solución. Con autonomía académica y patrimonial, la institución ofrece técnicos superiores diseñados en colaboración con empresas y organismos internacionales. Su método combina laboratorios simulados, prácticas en compañías y proyectos de innovación que acercan a los estudiantes al mercado real. “Queremos democratizar la educación superior con estándares de calidad internacionales”, explicó. La oferta Enumeró entonces la oferta académica: cuatro escuelas de innovación digital, carreras en inteligencia artificial, big data, desarrollo de software y logística; seis programas diseñados con el Canal de Panamá y la carrera de mantenimiento de aeronaves en alianza con Copa Airlines. “Más del 80% de nuestros egresados tiene empleo. Ese es el impacto real”, sostuvo. Pero la rectora no solo habló de programas. Relató también las alianzas que han puesto al ITSE en el mapa: más de 140 convenios con actores públicos y privados. Sin embargo, regresó una y otra vez a la misma idea: los recortes amenazan todo ese esfuerzo. Mencionó la paralización de convenios con la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y el Canal de Panamá, la suspensión de seguros estudiantiles y la falta de insumos para talleres. “Estamos poniendo en riesgo carreras estratégicas para sectores como el aeronáutico y la logística, que son vitales para el país”, advirtió. Los cuestionamientos La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, cuestionó el recorte. “Es imposible subsistir con un recorte de esta magnitud”, advirtió durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, recordando que mientras el Ejecutivo proyecta millonarios recursos para remodelaciones y nuevas construcciones, la educación técnica —que muestra resultados concretos— queda relegada. Prado adelantó que su bancada no apoyará el proyecto de presupuesto si no hay una reconsideración de la asignación. La diputada se refirió a las incongruencias del modelo de gasto público y señaló la paradoja de que Panamá hable de atraer empresas de alta tecnología y de generar empleos, mientras limita los recursos de la institución que forma a los técnicos que esas mismas empresas demandan. “¿Cómo vamos a traer empresas extranjeras si no tenemos la mano de obra? Eso no se consigue de la noche a la mañana”, dijo, al tiempo que comparó la situación con el sector agropecuario: “No se puede exigir producir más sin respetar los tiempos de crecimiento”. Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Elysée Fernández Suspenden 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón SUJETOS NO FINANCIEROS José González Pinilla [email protected] La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ordenó la suspensión de los derechos corporativos de 26 personas jurídicas cuyo agente residente es el abogado Genaro López Bultrón, hijo del sindicalista Genaro López, quien tiene una medida cautelar de arresto domiciliario. La decisión de la Superintendencia se produce luego de que comprobara que López Bultrón no cumplió con la obligación de registrar a los beneficiarios finales en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, tal como lo exige la legislación en materia de transparencia. Según la Resolución No.S-061-2025, firmada el 12 de septiembre de 2025, el abogado —con idoneidad profesional 13300— no cargó la información requerida en el sistema al 25 de agosto de 2025. La medida aplicada por la Superintendencia la sustenta en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que creó el registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta normativa establece en su artículo 3 que todo abogado o firma de abogados que funja como agente residente debe inscribirse ante la SSNF y garantizar la carga de datos de las sociedades a su cargo. En tanto, el artículo 24 de la misma ley —modificado por la Ley 254 de 2021— autoriza a la Superintendencia a ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las sociedades que no hayan sido registradas o actualizadas dentro de los plazos señalados. El proceso y las sanciones están regulados también por el Acuerdo No. JD-01-2022 y la Resolución No. S-016-2022, que otorgan un máximo de 30 días calendario para subir la información una vez que el agente residente concluye su propio registro. La resolución incluye la publicación en la Gaceta Oficial de la lista de las 26 sociedades representadas por López Bultrón que se encuentran en incumplimiento, dejando claro que no cabe recurso administrativo alguno contra tal decisión.
3A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 Panorama Sede de las oficinas especiales de los diputados Robinson y Pineda. Anel Asprilla Así es el búnker: área de secretarías, sala privada y acceso restringido Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Los fortines de lujo en la Asamblea siguen intactos: espacios blindados, remodelaciones millonarias y privilegios exclusivos que simbolizan la cultura de opacidad que ningún presidente ha frenado. La junta directiva de la Asamblea Nacional guarda silencio sobre por qué ese órgano del Estado sostiene privilegios exclusivos para un grupo reducido de diputados, entre ellos Benicio Robinson y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ambos, figuras de peso dentro de la cúpula del PRD, no solo disponen de sus despachos en el llamado “nuevo edificio de la Asamblea”. También controlan un conjunto de oficinas VIP en un punto estratégico del palacio legislativo: un búnker impenetrable junto a la clínica parlamentaria, en la parte trasera del palacio Justo Arosemena. Nada cambia El nuevo presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, del Partido Panameñista, llegó al cargo prometiendo transparencia y un manejo responsable de la institución. Sin embargo, hasta ahora no ha dado señales de querer romper con las viejas prácticas políticas que blindan a ciertos diputados de cualquier fiscalización. La Prensa le envió un cuestionario para preguntarle cómo justifica que Robinson y Pineda dispongan de un área especial, con seguridad que restringe el acceso y vigila a quienes se acercan. Herrera no respondió. Tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el asunto. Así es por dentro Un diputado que ingresó al búnker de Robinson narró a este medio cómo luce este espacio, vedado para la ciudadanía, para la mayoría de los diputados e incluso para funcionarios de la propia Asamblea. Lo primero que advirtió fue: “allí no se entra”. La entrada principal se ubica cerca de la Comisión de Presupuesto, área que Robinson controló durante décadas. La puerta del fortín lleva un discreto letrero con la inscripción “Despacho técnico”. Tras cruzarla, aparece un área de secretaría atendida por unas 10 asistentes. “Es un salón como de una manzana”, relató la fuente. Después se abre otro espacio dividido con un vidrio especial que impide observar desde afuera hacia adentro. El lugar cuenta con sistema de intercomunicación, pisos de madera, muebles blancos y mesas adornadas con ramos de orquídeas. También incluye una sala de juntas, un baño y, según se presume, una habitación privada. Sobre el búnker de Raúl Pineda poco se sabe. Algunas versiones aseguran que allí mantiene documentos vinculados a procesos judiciales abiertos en su contra, entre ellos la Operación Jericó, un caso por supuesto blanqueo de capitales. A raíz de este proceso permanece detenido su hijo mayor, Abraham Rico Pineda. El área permanece bajo custodia permanente de un equipo especial, pagado con fondos del Legislativo. Remodelaciones millonarias Durante el periodo 20192024, la Asamblea quedó bajo el control del PRD. El último presidente, Jaime Vargas, diputado de Darién y ficha política de Robinson, habría incrementado el poder de Robinson en el Palacio Justo Arosemena. Ya antes, en los primeros ocho meses de la presidencia de Marcos Castillero, la Asamblea destinó más de $4.3 millones en remodelaciones de oficinas, según documentó este medio. La mayoría de esos trabajos beneficiaron a diputados perredistas y a la bancada del PRD. El derroche no se limitó al PRD. Entre 2017 y 2019, cuando Yanibel Ábrego presidió la Asamblea, se gastaron más de $5 millones en decoraciones, remodelaciones y mantenimiento de oficinas seleccionadas. No es la primera vez Los fortines secretos no son nuevos en la Asamblea. En 2009, bajo la presidencia del panameñista José Luis “Popi” Varela, se descubrió que el entonces diputado Pedro Miguel González, del PRD, tenía una habitación de descanso que la exdiputada Marilyn Vallarino describió como una “minisuite”. “El cuartito”, como le llamaron en la Asamblea y en círculos políticos, permanecía oculto detrás de una oficina con fachada común. Tras la salida de González, su copartidario Yassir Purcait lo heredó. Varela ordenó eliminar la polémica habitación y en su momento declaró: “Hemos ordenado dar un uso más productivo para las labores legislativas y administrativas que realiza este Órgano del Estado”. La historia demuestra que, lejos de extinguirse, la práctica de blindar oficinas secretas y remodelaciones de lujo se ha institucionalizado en la Asamblea. Hoy, con una planilla legislativa de al menos 4,000 funcionarios, los fortines de Robinson y Pineda se convierten en el símbolo más visible de una cultura de privilegios que sigue intacta. Subcomisión analiza el reglamento interno. Cortesía /Asamblea Nacional Diputados de Vamos reclaman acelerar debate de reformas al Reglamento Interno LEGISLATIVO José González Pinilla [email protected] A pocas semanas de que concluya la actual legislatura, diputados de la bancada Vamos pidieron este lunes a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional que agilice el debate y la aprobación de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una propuesta que —según señalaron— busca modernizar la normativa, reducir privilegios y fortalecer la transparencia del Órgano Legislativo. La diputada Walkiria Chandler advirtió que el tiempo apremia, pues las sesiones ordinarias culminan el 31 de octubre. “Hago un llamado respetuoso solicitando que se priorice la discusión y aprobación del nuevo reglamento interno, que responda a las exigencias actuales y permita fortalecer nuestra institución. Han pasado tres semanas de mesas técnicas y no se ha votado un solo artículo”, reclamó. Su colega Jorge Bloise se sumó al pedido: “Es necesario que podamos traer a discusión, en el pleno, las modificaciones al reglamento interno”. Para Eduardo Gaitán, la reforma es clave para “recuperar legitimidad ante la ciudadanía”. “No podemos esperar indefinidamente. Estas reformas deben marcar el inicio de una Asamblea más transparente, con menos privilegios y rendición de cuentas permanentes”, dijo. El diputado Luis Duke recordó que restan “39 días y contando” para que termine el periodo ordinario. “No podemos seguir dándole largas. Quien no trabaje, que no cobre”, insistió, al pedir que se retome el informe de la subcomisión que analizó el tema en la legislatura anterior. En la misma línea, el diputado y jefe de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga destacó el “reclamo ciudadano” por cambios al reglamento. “Debemos llevar esta casa del pueblo a estándares modernos y de una democracia verdaderamente participativa”, expresó. Respuesta de la Comisión La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, respondió que no legisla “por presión” y recordó que ya se han realizado cinco reuniones para atender el tema. “Sabemos que el reglamento interno es una deuda con el país, pero no va a salir el que quiere la bancada Vamos, sino el que cuente con los votos de la mayoría, porque debemos respetar la democracia”, afirmó. Castañeda añadió que, además de las reformas al reglamento, la comisión debe atender otros asuntos, como la ratificación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que en total existen 16 proyectos distintos para modificar la normativa interna. El celular implica distracciones en el aula. Cortesía Plantean ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas EDUCACIÓN José González Pinilla [email protected] Una propuesta de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y privadas de Panamá fue presentada ante la Asamblea Nacional. La iniciativa, ingresada a través de la Oficina de Participación Ciudadana, pretende restringir el uso de estos dispositivos en las aulas de clase. Actualmente no existen limitaciones formales: el Ministerio de Educación (Meduca) informó a inicios de este año que el manejo de los celulares queda a discreción de la dirección de cada plantel. El documento presentado en el Legislativo argumenta que la prohibición es necesaria para “disminuir el uso excesivo del ciberespacio en los horarios de clases, combatir el ciberacoso escolar, prevenir riesgos en la salud mental de los estudiantes y promover ambientes sanos en la educación”. No obstante, contempla excepciones, como cuando el uso del dispositivo sea parte de actividades pedagógicas incluidas en el currículo aprobado por el Meduca, o en casos de estudiantes que requieran atención especial por condiciones de salud que justifiquen el uso de aparatos electrónicos. “El informe 2023 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda prohibir los celulares en las escuelas, al considerar que distraen a los alumnos y afectan negativamente su aprendizaje”, señaló Virgilio Sousa Valdés, proponente de la iniciativa. Benicio Robinson. Raúl Pineda.
4A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] APROVECHAMIENTO. Casi el 40% de las becas que entregó el Ifarhu en el distrito de La Chorrera entre 2020 y 2023 fueron a parar a un mismo corregimiento: Barrio Colón, cuyo representante actual es Héctor Sambrano, el imputado exdirector de becas de aquella época. ¿La Fiscalía Electoral ya estará al tanto de esto? YIN Y YANG. Camacho debe estar pensando que no le puede dar ni gripe, porque si le pasa algo, Luis Duke quedaría al mando de la Comisión de Gobierno. Duke es el actual vicepresidente de dicha comisión y, a diferencia de Camacho, ha demostrado no tener alergia a los proyectos que se alinean con la agenda anticorrupción. Ha defendido las dos propuestas del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, los cambios al reglamento interno de la Asamblea y la protección a testigos y denunciantes de actos de corrupción. Todas estas iniciativas han sido bloqueadas por Camacho. ¿Ahora entienden por qué era importante que algún independiente quedará como presidente de esa comisión? LANZAMIENTO. En un seminario sobre “motivación y liderazgo”, el diputado Alaín Cedeño dijo que, si Martinelli no va como candidato presidencial de RM en las elecciones de 2029, entonces él asumirá esa candidatura. No se sabe si es una advertencia o una amenaza. MILLONADA. El MEF recomendó $2.7 millones para pagar los aguinaldos del personal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2026. La Corte solicitó aumentar esa cantidad a $4.2 millones. Ya se reparten $19 millones al año en gastos de representación de los Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Archivo Credenciales archiva seis denuncias contra José Raúl Mulino Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL El presidente de la República fue denunciado por temas como el minero y el Memorando de Entendimiento con Estados Unidos. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional no admitió ayer seis denuncias presentadas contra el presidente de la República, José Raúl Mulino. El diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela, miembro de esa instancia, fue uno de los primeros en exponer los argumentos que llevaron al archivo de los expedientes. Varela detalló que la primera denuncia, identificada con la carpeta 012, se basaba en declaraciones del mandatario sobre la exportación de material extraído de la mina de Donoso. El diputado recordó que el artículo 257 de la Constitución establece que los recursos minerales pertenecen al Estado y que su manejo corresponde al presidente de la República y al Consejo de Gabinete. Bajo ese argumento, la denuncia carecía de fundamento y no podía ser admitida por la comisión. Memorando En su intervención, Varela agrupó también las denuncias numeradas como 013, 015 y 016. Todas ellas cuestionaban el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos. El diputado aclaró que no se trataba de un tratado internacional ni de un convenio multilateral, por lo que no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. Apoyado en el Convenio de Viena, Varela subrayó la diferencia entre un tratado que obliga al Estado y un acuerdo bilateral que forma parte de las facultades del Ejecutivo. Con base en esa interpretación, las denuncias tampoco encajaban dentro de las causales de sanción contempladas en el artículo 191 de la Constitución. El Memorando de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, firmado en abril pasado, contempla entrenamientos conjuntos, cooperación en seguridad marítima y cibernética, además de mejoras en antiguos sitios militares. Mientras el Gobierno asegura que no implica bases permanentes ni afecta la soberanía, sectores críticos advierten riesgos para el Tratado de Neutralidad del Canal. Otras denuncias Otra denuncia se originó por unas declaraciones de Mulino en un pódcast. El documento acusaba al presidente de delitos tipificados en el Código Penal, pero Varela recalcó que la Constitución solo permite procesar a un mandatario por tres causales: usurpación de funciones, violencia electoral u obstrucción de la Asamblea, y delitos contra la personalidad del Estado o la administración pública. A juicio del diputado, la denuncia no cumplía con ninguno de esos criterios. Algo similar ocurrió con la carpeta 020, un voluminoso documento de 77 páginas que Varela describió como “más un libro de ficción que una denuncia”, debido a la falta de coherencia y de pruebas que vincularan al presidente con los señalamientos. A su postura se sumaron otros diputados, como Yamileth Chong, de Vamos, quien recalcó que las denuncias carecían de pruebas fehacientes y que algunas confundían competencias que correspondían al Órgano Judicial, no al Legislativo. Chong aclaró que su voto a favor del archivo no significaba respaldo político al Ejecutivo, sino apego a la legalidad. El también diputado de Vamos, Augusto Palacio, intervino para destacar que la comisión debía actuar con responsabilidad y objetividad. Según explicó, tras revisar los artículos 88 y 89 del Código Procesal Penal, el análisis de forma y fondo revelaba que no existían elementos suficientes para admitir las denuncias ni iniciar un proceso de judicialización. En esa misma línea coincidió el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño. Finalmente, todos coincidieron en que no existían elementos probatorios suficientes y que, en consecuencia, ninguna de las denuncias contra el presidente Mulino debía ser admitida. Getzalette Reyes [email protected] Saúl Méndez (Izq.) es entrevistado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para su programa Conversando con Correa. Captura de pantalla Saúl Méndez sale en entrevista en RT mientras es buscado por Panamá PRÓFUGO Saúl Méndez, dirigente sindical y líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ha sido calificado por las autoridades panameñas como prófugo de la justicia. Méndez es investigado en Panamá −junto a otros líderes sindicales− por su presunta participación en estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y asociación ilícita, en perjuicio de más de 400 extrabajadores. Para evitar el proceso, Méndez solicitó asiló a la embajada de Bolivia, la Cancillería le dio el salvoconducto para viajar a ese país, pero de allí viajó a Venezuela. Aunque hasta la fecha su ubicación exacta se desconoce, todo apunta a que se encontraría en Venezuela. En los últimos meses, la cuenta oficial del Suntracs ha compartido videos de Méndez en entrevistas a distintos medios internacionales. Más recientemente, participó en el programa Conversando con Correa, transmitido por RT, cadena de televisión internacional de noticias financiada por el Estado ruso, donde denunció una supuesta “persecución política” en Panamá, criticó el memorando de entendimiento firmado en abril de 2025 entre el Gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos, entre otros asuntos. La entrevista estuvo dirigida por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que sigue muy presente en la vida política de su país a través de redes sociales, pesa una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación por el caso ‘Sobornos 20122016. Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, lo que le ha permitido evitar la cárcel en Ecuador. Se traslada constantemente de Bélgica a Venezuela y México. El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, informó a finales de julio que Interpol mantiene activa una alerta roja para su ubicación y captura, aunque en el portal público del organismo aún no aparece publicada. Gómez advirtió que las extradiciones desde Venezuela han sido en su mayoría negadas o ignoradas en los últimos cinco años, lo que complica la situación. De Panamá a Venezuela: la ruta de Saúl Méndez El 19 de julio pasado, Méndez viajó a Bolivia tras recibir un salvoconducto de asilo diplomático. Sin embargo, el 24 de julio abandonó ese país rumbo a Venezuela, quedando fuera de la protección otorgada por el gobierno boliviano. Antes de ello, el 21 de mayo, había ingresado de forma irregular a la Embajada de Bolivia en Panamá, donde entregó una nota al encargado de negocios, Carlos Javier Suárez, solicitando refugio. Un afiche difundido por la Policía Nacional de Panamá lo describe como prófugo internacional por presunta estafa agravada, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. magistrados, secretarios, subsecretarios, jueces, defensores y directores. Hay funcionarios que se comportan como si este país fuera un emirato. CAMPANAZO. En la tarde de ayer, el presidente Mulino fue el encargado de tocar la campana que marca el cierre de la jornada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ojalá esto no sea un preludio de que vienen más bonos como los de los corredores. Panorama
5A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 Panorama Ricardo Sandoval, director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Ciudad de la Salud. Elysée Fernández ‘Se resisten a trasladarse a la Ciudad de la Salud’: director médico de la CSS Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval, aseguró que los colegas médicos han emitido comunicados y cartas sobre la situación de los servicios de Neurocirugía y Gastroenterología con inexactitudes. Médicos de los servicios de Neurocirugía y Gastroenterología de la Caja de Seguro Social (CSS) han denunciado, mediante comunicados y cartas, la falta de camas, insumos y un ambiente hostil en su labor, tanto en la Ciudad de la Salud como en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Un grupo de alrededor de 15 neurocirujanos alertó sobre la crítica situación que enfrenta la atención en esta especialidad, marcada por la escasez de camas de cuidados intensivos, quirófanos habilitados, personal técnico y suministros médicos. Según los especialistas, la altademandadepacientesha generado un verdadero “embudo”enelsistemasanitario. Los médicos subrayan que la creciente lista de espera no puede atribuirse a una supuesta falta de productividad del personal, sino a carencias estructurales. “Para responder adecuadamente, se requieren infraestructura, herramientas y facilidades para procedimientos de alta complejidad”, señalaron. En paralelo, el Servicio de Gastroenterología de la CSS, en una carta fechada el 19 de septiembre y dirigida al director de la entidad, Dino Mon, advirtió sobre problemas recientes que afectan su capacidad para brindar atención de calidad, segura y oportuna a los pacientes. Entre los principales puntos de la misiva se destaca la extralimitación de funciones en los procesos de admisión. De acuerdo con los gastroenterólogos, las decisiones clínicas importantes son tomadas unilateralmente por médicos generales, sin las competencias necesarias para evaluar casos complejos. Estas decisiones adoptadas sin consultar al personal especializado, terminan recayendo en la dirección médica, a menudo sin sustento técnico. Para los especialistas, esta práctica pone en riesgo la seguridad y la calidad de la atención. Quirófanos limitados Sin embargo, el director médico de ambas entidades, Ricardo Sandoval, aseguró en entrevista con La Prensa que gran parte del problema radica en la resistencia de algunos especialistas a trasladarse a la Ciudad de la Salud y a cumplir con las normas establecidas de horarios y procedimientos. El hospital debe cumplir con la normativa establecida. Por ejemplo, si mi responsabilidad es atender a 10 pacientes al día, como administrador debo asegurarme de que se cumpla este objetivo. Si no se lleva a cabo el trabajo de manera adecuada, es mi deber emitir un llamado de atención. Eso es precisamente lo que reflejan las notas que ha estado enviando. Son comunicaciones solicitando acciones. También tenemos que recordar que las circulares existen para asegurar que se cumpla con las tareas asignadas. Es fundamental que cumplamos con los horarios, entreguemos los cupos y aprovechemos las plazas disponibles, porque los cupos están establecidos y deben ser otorgados. Sandoval explicó que, en el Complejo Hospitalario, solo ocho de los 20 quirófanos están operativos debido a problemas estructurales que requieren intervención inmediata. Durante el primer año de su gestión se evaluó la situación y se concluyó que operar con esa capacidad limitada solo aumentaría la mora quirúrgica. Mientras tanto, en la Ciudad de la Salud, de 25 salones de operaciones, solo se estaban usando siete, entre 7:00 a.m. y 1:00 p.m., y muchos cerraban incluso antes de las 11:00 a.m. Para optimizar recursos, se trasladó personal del Complejo Hospitalario, aumentando la capacidad de quirófanos de ocho a 15 y extendiendo el horario de operación de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Esta medida permitió generar 900 horas adicionales de cirugía en un solo mes, ampliando la oferta de procedimientos para los asegurados. El director médico aseguró que todos los materiales necesarios están disponibles y que las salas de neurocirugía y oficinas correspondientes en la Ciudad de la Salud están habilitadas, aunque aún no se han mudado. “No se trata de cuestionar la labor de los colegas, sino de organizar la operación y garantizar que se cumplan las normas institucionales”, enfatizó. Cumplimiento de normas y productividad En Gastroenterología, el traslado de cinco suites (áreas para endoscopía) en el Complejo Hospitalario a ocho en la Ciudad de la Salud implicó que todos los gastroenterólogos deban cumplir con el número de procedimientos establecidos diariamente. Según Sandoval, hasta ahora, entre todos realizaban 12 procedimientos, cuandocadaespecialistadebería completar 12 por día. Sandoval también mencionó que especialidades como ortopedia ya cuentan con quirófanos disponibles y operan hasta 24 horas para atender la demanda acumulada. Advirtió que la negativa de algunos médicos a trasladarse y cumplir con las normas pone en riesgo la eficiencia del sistema y la atención a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchos que van a hacer resistencia, hay otros que se van a acomodar y hay otros que se van a ir. Los mejores nos quedamos. Esta no es la primera vez que tenemos transiciones”, dijo. El director médico lanzó un llamado directo a sus colegas: “si llevas 2, 3 o 4 años sin realizar tu trabajo al 100 %, lo que debes hacer es aumentar tu compromiso y esfuerzo. Estamos empezando a solicitar que incrementes tu productividad. ¿Qué va a pasar si no lo haces? No se trata de perseguir, sino de cumplir con sus responsabilidades”. La declaración de Sandoval pone sobre la mesa el debate sobre la gestión hospitalaria, la organización de recursos y la productividad del personal en la CSS. Mientras los especialistas insisten en que las deficiencias de insumos son las que impiden ofrecer atención de calidad, la dirección médica sostiene que el cumplimiento de normas y la disposición a trasladarse son esenciales para optimizar la capacidad instalada y reducir las listas de espera para un procedimiento o atención médica. En un contexto donde la demanda de atención especializada sigue creciendo, el conflicto entre la falta de recursos y la visión de la dirección médica sobre la responsabilidad individual amenaza con prolongar la mora quirúrgica y afectar directamente la atención a los pacientes asegurados. “ La solución a la crisis hospitalaria radica en optimizar los recursos disponibles, aumentar la productividad del personal y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas”. Ricardo Sandoval, director médico de la CSS Programa de trasplantes de hígado continuará: Sandoval La Asociación Panameña de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (Apged) expresó su preocupación por la renuncia de Julissa Lombardo Quezada, jefa del Servicio de Gastroenterología y Hepatología de la Caja de Seguro Social (CSS), quien también lideraba el programa de trasplante hepático. La Apged subrayó la importancia de garantizar la continuidad de este servicio vital para pacientes con enfermedades hepáticas complejas y aquellos que esperan un trasplante de hígado. En su carta de renuncia, Lombardo explicó que su decisión fue producto de abusos administrativos, desorganización, falta de insumos y un ambiente laboral hostil, lo que dificultaba el ejercicio ético de su labor. A pesar de su salida, Ricardo Sandoval, director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, aseguró que el programa de trasplantes continuará con otros especialistas encargados de coordinar la atención de los pacientes. La Apged hizo un llamado urgente a las autoridades para que se busquen soluciones que aseguren la atención de calidad y la confianza en el sistema de salud. El Colegio Médico de Panamá expresó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional el pasado 18 de septiembre, en el que se busca tipificar como delitos culposos a los profesionales de la salud por cualquier tipo de error en la práctica médica. La organización advirtió que esta propuesta criminaliza el acto médico y rompe con principios fundamentales de la profesión, como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, al tratar a los médicos como potenciales criminales sin diferenciar entre los eventos adversos inevitables, la verdadera negligencia o la inobservancia de normas que ya están contempladas en la legislación vigente. El gremio recordó que incluso la Convención de Ginebra reconoce y protege la labor médica bajo los principios humanitarios, garantizando la vida e integridad del personal de salud en contextos tan extremos como la guerra. “En Panamá, sin embargo, este proyecto coloca a todos los médicos del país en la condición injusta de ser potenciales criminales. Siendo que los buenos médicos somos más, qué rápido se ha olvidado la labor de los médicos panameños durante la pandemia”, expresó la directiva. De aprobarse, el Colegio Médico advirtió que la medida generaría ambientes hostiles en los servicios de salud, desmotivaría a los Médicos rechazan anteproyecto de ley que busca criminalizar ‘un error’ MALA PRAXIS profesionales a seguir ejerciendo en el país y pondría en riesgo la confianza de la población en la atención médica. El comunicado de los médicos reafirma el compromiso del gremio con la seguridad del paciente y la rendición de cuentas mediante certificación, recertificación y comités de calidad y ética médica. Asimismo, hizo un llamado a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y al movimiento Cinta Chocolate para entablar un diálogo constructivo que permita elaborar una ley que fortalezca la seguridad del paciente y la calidad de los servicios, sin destruir la esencia humanista de la profesión médica. La propuesta legislativa fue presentada por la diputada independiente de la coalición Vamos, Yamireliz Chong. Aleida Samaniego C. [email protected] Reclamar ante la justicia un caso de mala praxis médica es un proceso que puede durar años. Archivo
6A La Prensa Panamá, martes 23 de septiembre de 2025 Panorama Gaza destruida con un saldo de unos 60 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images Muchos reconocen el Estado palestino, ¿pero quién lo gobernaría? La incorporación de Reino Unido y otras potencias al reconocimiento de Palestina marca un hito diplomático, aunque persisten dudas sobre liderazgo, territorio y viabilidad real de un Estado palestino. A principios de este mes, un diplomático palestino llamado Husam Zomlot fue invitado a un debate en el centro de estudios Chatham House de Londres. Bélgica acababa de unirse a Reino Unido, Francia y otros países en su promesa de reconocer al Estado palestino este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y el doctor Zomlot dejó claro que se trataba de un momento significativo. “Lo que verán en Nueva York podría ser el último intento real de implementar la solución de dos estados”, advirtió. “No dejemos que fracase”. Semanas después, eso es lo que está ocurriendo. Reino Unido, Canadá y Australia, todos ellos aliados tradicionales de Israel, fueron las primeras potencias en concretar el reconocimiento este domingo. Horas después se les sumó Portugal. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la decisión de Reino Unido en un video publicado en las redes sociales. “Ante el creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno de los dos”, dijo Starmer. Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante. “Palestina nunca ha tenido tanto poder en el mundo como ahora”, afirma Xavier Abu Eid, exfuncionario palestino. “El mundo se ha movilizado por Palestina”. Pero hay preguntas complicadas que responder, como qué es Palestina y si existe siquiera un Estado que reconocer. Los antecedentes En la Convención de Montevideo de 1933 se enumeran cuatro criterios para la condición de Estado. Palestina puede reivindicar legítimamente dos de ellos: una población permanente (aunque la guerra en Gaza la pone en riesgo) y la capacidad de entablar relaciones internacionales, de lo cual el diplomático Zomlot es prueba fehaciente. Sin embargo, aún no cumple el requisito de un “territorio definido”. Sin un acuerdo sobre las fronteras definitivas —y sin un proceso de paz real— es difícil saber con certeza qué se entiende por Palestina. Para los propios palestinos, el Estado que tanto anhelan consta de tres partes: el este de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, todas conquistadas por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Basta con mirar un mapa para ver dónde empiezan los problemas. Cisjordania y Gaza han estado separadas por Israel desde 1948; la Autoridad Palestina solo administra alrededor del 40% de Cisjordania y su control se ha ido reduciendo por los asentamientos. Jerusalén Este ha quedado rodeada de colonias israelíes, mientras que Gaza ha sufrido una devastación casi total tras la guerra iniciada en octubre de 2023. El cuarto criterio de Montevideo —un gobierno efectivo— sigue siendo el mayor reto para los palestinos. “Necesitamos un nuevo liderazgo” La Autoridad Nacional Palestina (AP) se creó en 1994 tras los Acuerdos de Oslo, con un control civil parcial sobre Gaza y Cisjordania. Pero desde 2007, tras el conflicto entre Hamás y Fatah, los palestinos quedaron divididos bajo dos gobiernos rivales: Hamás en Gaza y la AP en Cisjordania, dirigida por Mahmud Abás. Han sido décadas de separación geográfica y 18 años de división política, con una población cada vez más escéptica hacia sus dirigentes. La última vez que se celebraron elecciones fue en 2006; ningún palestino menor de 36 años ha votado jamás. “Es alucinante que no hayamos tenido elecciones en todo este tiempo”, señaló la abogada Diana Buttu. La guerra de Gaza en 2023 agravó la desconfianza: Abás se ha limitado al papel de espectador impotente ante la devastación de su pueblo. Años de discordia interna Las tensiones vienen de lejos. Tras el regreso del líder de la OLP, Yasser Arafat, muchos políticos locales quedaron marginados, y las acusaciones de corrupción dañaron la reputación de la Autoridad Palestina. Lo más grave es que la AP no pudo frenar la expansión de los asentamientos ni cumplir la promesa de independencia que simbolizó el apretón de manos entre Arafat e Isaac Rabin en 1993. Las iniciativas de paz fracasaron, la violencia de extremistas de ambos bandos se intensificó y la división interna entre Hamás y Fatah se volvió irreconciliable. “En condiciones normales habrían surgido nuevas figuras políticas, nuevas generaciones”, explica el historiador Yezid Sayigh. “Pero los palestinos viven fragmentados en pequeños enclaves, lo que hace casi imposible que emerjan liderazgos unificados”. Barghouti desde prisión Un nombre, sin embargo, sigue sobresaliendo: Marwan Barghouti. Líder popular durante la segunda intifada, fue encarcelado en 2002 por Israel, acusado de planear ataques mortales, cargos que él niega. Desde prisión se ha convertido en el dirigente palestino más popular: una encuesta reciente mostró que el 50% lo elegiría presidente, muy por delante de Abás. A sus 66 años, debilitado pero aún símbolo de resistencia, Barghouti encarna para muchos la esperanza de un liderazgo renovado. Israel no muestra intención de liberarlo, aunque su nombre aparece en las listas de canje de rehenes que plantea Hamás. Netanyahu y la creación de un Estado palestino Incluso antes de la actual guerra en Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu era claro en su oposición. “Soy yo quien lleva décadas bloqueando la creación de un Estado palestino que pondría en peligro nuestra existencia”, declaró en 2024. En agosto, su gobierno aprobó un plan de asentamientos que separaría Jerusalén Este de Cisjordania, con 3,400 nuevas viviendas. Para el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, la medida “entierra la idea de un Estado palestino”. La línea oficial de Netanyahu insiste en excluir a la Autoridad Palestina de cualquier papel futuro en Gaza, alegando que Abás no condenó los ataques de Hamás en 2023. Para analistas como Sayigh, nada de esto es nuevo: “Podrías poner al arcángel Miguel al frente de la Autoridad Palestina y no cambiaría nada. Las condiciones lo hacen imposible”. ¿Es suficiente el simbolismo del reconocimiento? Con Abás debilitado, Barghouti en prisión y Hamás diezmado, Palestina carece de cohesión y liderazgo. Sin embargo, el reconocimiento internacional puede tener valor. “En realidad podría ser muy valioso”, dice Diana Buttu, aunque advierte que dependerá de la intención de quienes lo promueven. Un funcionario británico lo resume: “El mero simbolismo no basta; necesitamos medidas tangibles para que la Asamblea General no se convierta en una fiesta de reconocimientos”. La Declaración de Nueva York, firmada por Reino Unido y apoyada por 142 países, pide unificar Gaza y Cisjordania, celebrar elecciones palestinas y reconstruir Gaza con apoyo árabe. Los obstáculos son enormes. Israel amenaza con anexar Cisjordania y Estados Unidos mantiene su derecho a vetar un reconocimiento pleno en la ONU. El presidente Donald Trump se aferra a su “Plan Riviera”, que plantea un control a largo plazo de Gaza sin mención a un Estado palestino, solo una autonomía limitada. El futuro inmediato de Palestina se juega entre planes diplomáticos, proyectos de reconstrucción y la presión internacional. Para muchos palestinos, sin embargo, la urgencia es otra: “Lo que realmente preferiría”, insiste Diana Buttu, “es que estos países hicieran algo para detener la matanza, en lugar de centrarse solo en la cuestión de la condición de Estado”. El primer ministro británico, Keir Starmer, con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. Bloomberg vía Getty Images Marwan Barghouti AFP via Getty Images Cisjordania celebra el reconocimiento de Palestina El reconocimiento reciente internacional de Palestina como Estado, en especial por países como Reino Unido, Canadá, Australia y otros, ha sido recibido con esperanza en Cisjordania. Muchos palestinos ven ese gesto como un impulso diplomático crucial que valida su aspiración de autonomía y les da mayor legitimidad en foros internacionales. No obstante, hay fuertes preocupaciones. La anexión israelí —tanto formal como de facto— de territorios ocupados amenaza con socavar la posibilidad de un Estado palestino viable. En Cisjordania, los asentamientos israelíes continúan expandiéndose, limitando el control efectivo de la Autoridad Palestina sobre grandes zonas, fragmentando territorios y dificultando la gobernabilidad. Otro punto delicado es la fragmentación política interna palestina. Tras la división entre Hamás y Fatah (2007), la ausencia de elecciones nacionales desde 2006 ha generado falta de liderazgo representativo, especialmente entre los jóvenes. Muchos sienten que sus líderes no tienen herramientas reales para negociar ni protegerlos, especialmente frente a acciones israelíes. El reconocimiento internacional trae cierto simbolismo y presión diplomática para Israel, pero también enfrenta límites prácticos. Para que tenga valor real, se requiere que se traduzca en acciones concretas: detener la expansión de los asentamientos, garantizar fronteras definidas, restaurar la autoridad de gobierno palestino en todas las áreas, y lograr un proceso político creíble que incluya elecciones. El reconocimiento, aunque celebrado en Cisjordania, convive con la sensación de vulnerabilidad. Entre la expansión de asentamientos, la falta de unidad política y el temor de anexiones israelíes, muchos palestinos lo perciben más como una oportunidad frágil que como una victoria asegurada.
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