1A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 22 de septiembre de 2025 - Año 44 - Nº 15146 Hoy por hoy La reforma a la Carrera Administrativa es un tema recurrente en el debate político. Cada gobierno que asume el poder trae consigo su propio enfoque, generalmente con criterios clientelistas, pero la necesidad de profesionalizar el servicio público sigue siendo un desafío sin resolver. Esta vez, un grupo opositor ha abrazado una iniciativa del Ejecutivo, con cierto consenso, lo que ofrece una luz de esperanza para alcanzar un acuerdo que trascienda los intereses partidarios. Sin embargo, la situación es más compleja. En Panamá, instituciones clave como la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República operan con leyes de carrera administrativa propias. La Asamblea,porejemplo,hapermitido la incorporación automática de funcionarios sin concurso, mientras que la Contraloría ha reformado su régimen, pero aún mantiene diferencias con la Ley General. Esto refleja una falta de coherencia que dificulta la creación de un sistema profesional unificado. Lo fundamental es que el funcionariado deje de ser botín político y se respete la dignidad de los profesionales que legítimamente acceden a la carrera. Solo así el servicio público podrá garantizar eficiencia, meritocracia y transparencia, y coadyuvar con el sector privado al desarrollo económico del país. Goles, empates y triunfos en una emocionante jornada 4B Deportes Panorama Mulino ha gastado casi $2 millones en la partida dicrecional 2A Economía Tocumen proyecta 29 millones de pasajeros en 2030 1B El búnker intocable de Benicio Robinson y Raúl Pineda en la Asamblea Las oficinas VIP de Benicio Robinson y Raúl Pineda permanecen intocables en la Asamblea. Un búnker custodiado simboliza privilegios enquistados, pese a promesas de cambio del presidente Jorge Herrera. VEA 2A Alcaldía se endeuda con su propio contratista Mónica Palm [email protected] El Municipio de Panamá acordó un préstamo de hasta $27.2 millones con Multibank Inc., la misma empresa a la que El Municipio de Panamá aprobó un préstamo de $27.2 millones con Multibank, la misma empresa a la que debe pagarle por recaudar tributos, generando intereses adicionales y cuestionamientos sobre transparencia. adeuda esa suma por servicios de recaudación de tributos. Lo irónico es que el contratista no solo cobrará la deuda acumulada en tres años (2023-2025), sino también los intereses del financiamiento, lo que podría elevar el costo a unos $30 millones. La deuda se generó tras una adenda firmada en la administración de José Luis Fábrega, que incrementó la remuneración mensual fija de $75 mil a $683 mil, más un 6.5% variable sobre la recaudación base. El contrato, vigente desde 2008, expira el 30 de septiembre de 2025, y Multibank ya anunció que no lo renovará. Ante ello, el Consejo Municipal autorizó que el Banco Nacional de Panamá (BNP) asuma el servicio mediante un fideicomiso de 10 años. Aunque no se descarta que TX Panamá, subcontratista de Multibank, siga prestando el servicio, la decisión final dependerá del contrato de fideicomiso con el BNP y de su implementación práctica. VEA 6A Trayectoria Homenaje a Stanley Heckadon El antropólogo Stanley Heckadon, investigador del Smithsonian y autor de una docena de libros, recibió la Orden Belisario Porras en grado de Gran Cruz por parte de la Canillería por su legado en patrimonio natural, cultura e historia. Su aporte en comarcas indígenas y el Canal lo consolidan como puente entre ciencia y nación. Cortesía Solo el 5% de los 260 mil funcionarios estatales pertenece formalmente a la Carrera Administrativa, lo que refleja la precariedad del sistema. Con este diagnóstico en mano, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma que promete rescatar la meritocracia, transparentar los concursos de ingreso y reducir la discrecionalidad política que, por décadas, ha convertido al funcionariado en botín de gobierno. El proyecto cuenta con el respaldo del diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, quien lideró mesas multisectoriales con sindicatos, gremios empresariales, universidades, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. VEA 4A SERVICIO PÚBLICO El Reino Unido lidera nuevo apoyo diplomático a Palestina Solo el 5% de 260 mil funcionarios está en Carrera Administrativa El Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal anunciaron ayer el reconocimiento oficial del Estado palestino, buscando impulsar una solución de dos Estados. “Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; MEDIO ORIENTE $5,000 millones Este es el costo anual de la planilla estatal, que incluye los salarios de unos 260,000 funcionarios, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, un estudio del BID destaca que existe mucha discrecionalidad en los nombramientos y escasa aplicación del mérito como criterio para ingresar al sistema. en este momento no tenemos ninguno”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer. Israel rechazó la medida y adelanta una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza, mientras Estados Unidos reiteró que no seguirá el ejemplo diplomático de estos países. VEA 3A UI UNIDAD INVESTIGATIVA Por qué tardamos más de 2.000 años en saber cuán asombrosamente lejos había llegado Arquímedes en su conocimiento de matemáticas www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Mulino gasta cerca de $2 millones de forma discrecional FONDOS PÚBLICOS El uso de la partida discrecional —un fondo asignado al Despacho Presidencial— se acerca a los 2 millones de dólares durante la actual administración. Un informe reciente del Ministerio de la Presidencia, publicado en su página web, detalla que entre julio de 2024 y julio de 2025 el presidente José Raúl Mulino ha utilizado $1,921,705 de estos recursos. El más reciente reporte corresponde al mes de julio, periodo en el que destinó $90 mil. El documento detalla que utilizaron $70,000 para cubrir gastos médicos en el extranjero. Dos cheques, de $35,000 cada uno, fueron emitidos a la Fundación Cardio Infantil–Instituto de Cardiología para cirugías de trasplante hepático a dos menores en Bogotá, Colombia. Otro cheque, por $20,000, fue emitido a nombre de Mayra Ortega, Pequeñas Ligas, como donación para apoyar la participación del equipo panameño Los Toros de Antón en la Serie Mundial Junior de Béisbol, celebrada en agosto en Williamsport, Estados Unidos. En agosto pasado, la Presidencia informó que entre enero y junio de 2025 se utilizaron $613,217 de la partida discrecional. La mayor parte de esos fondos también se destinó a intervenciones médicas en el exterior, aunque se incluyen otros gastos que han generado debate público. Por ejemplo, el mandatario dio luz verde para que se utilizaran $24,352.27 con el objetivo de cubrir los costos de la misión oficial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Igualmente aprobó otorgar un aporte de $10,000.00 para rendirle un homenaje al excampeón mundial de boxeo Roberto Manos de Piedra Durán. En 2024, durante sus primeros cinco meses de gestión, Mulino gastó $1.2 millones,incluyendo$133,897 para renovar la cocina presidencial en el Palacio de las Garzas y $41,516 para restaurar su estructura y mobiliario. En agosto, el mandatario defendió el uso de estos fondos, afirmando que no está “pagándole barrigas a gordo”, aludiendo al escándalo por el desembolso de $711,288.64 para cirugías bariátricas a 46 personas durante la administración de Laurentino Cortizo. De hecho, recientemente la Fiscalía Anticorrupción realizó inspecciones oculares en la Caja de Seguro Social, el Ministerio de la Presidencia y el Banco Nacional de Panamá como parte la investigación por el delito contra la administración pública, por el supuesto pago de las cirugías bariátricas con fondos de la partida discrecional. El diputado Ernesto Cedeño, crítico de este tipo de fondos, reiteró en su momento su posición: “Yo soy enemigo de la partida discrecional, totalmente. Hubo una presidenta que se vistió con la partida discrecional y regaló relojes. Otro puso a rebajar a la gente con la partida discrecional”, recordó. En las últimas siete administraciones, incluyendo la actual, el gasto con cargo a la partida discrecional es de $200.8 millones. El expresidente Laurentino Cortizo, (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), gastó $31.2 millones; Juan Carlos Varela, (2014-2019), del Partido Panameñista, $41.7 millones; Ricardo Martinelli, (20092014), del partido Cambio Democrático, $55.7 millones; Martín Torrijos, (20042009), del PRD, $22.3 millones; Mireya Moscoso, (1999-2004), del Partido Panameñista, $23 millones, y Ernesto Pérez Balladares, (1994-1999), del PRD, $25 millones. Las oficinas de Robinson y Pineda en el palacio Justo Arosemena. Anel Asprilla ¿Qué esconde el búnker VIP de Benicio Robinson y Raúl Pineda? Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Se trata de un búnker impenetrable permanentemente custodiado por un equipo de seguridad especial pagado por el Legislativo desde donde operan Robinson y Pineda. Algunas cosas no cambian en la Asamblea Nacional. Las oficinas VIP de poderosos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como Benicio Robinson y Raúl Pineda, siguen intactas pese a las promesas de cambio de la nueva junta directiva de ese órgano del Estado, presidida por el panameñista Jorge Herrera. Se trata de un búnker impenetrable, ubicado junto a la clínica parlamentaria, en la parte trasera del palacio Justo Arosemena, de frente a la avenida de los Mártires. Un fortín sin ventanas, permanentemente custodiado por un equipo de seguridad especial pagado por el Legislativo. Allí nadie entra sin permiso. Incluso caminar por afuera se siente como pisar en tierras hostiles. El pasado jueves, este medio intentó documentar el lugar desde el exterior, pero dos agentes de seguridad aparecieron de inmediato. Con tono autoritario, advirtieron que estaba prohibido tomar fotografías o grabar videos sin autorización. En otras palabras: a pesar de tratarse de un espacio público, costeado con los impuestos de los panameños, funciona en la práctica como un territorio vedado a la ciudadanía. ¿Qué esconde el búnker? ¿Qué esconde el búnker? ¿Cómo es por dentro? ¿Por qué su acceso es restringido? Son preguntas que pocos se atreven a contestar. Un alto funcionario de la Asamblea, que solicitó no ser citado, aseguró que nunca ha tenido acceso al recinto. “No tiene ventanas, las puertas permanecen cerradas y siempre hay dos personas de seguridad vigilando el área”, narró. Ni siquiera los propios diputados son bienvenidos en esa fortaleza. El diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, denunció el tema en julio pasado. Informó que en el Palacio Justo Arosemena hay diputados con hasta cuatro despachos, mientras que otros deben conformarse con uno solo, en un edificio que se está deteriorando. “Yo pido igualdad… hay otros que tienen palacetes”, dijo, refiriéndose al caso de Robinson y Pineda. Siguió: “Estoy en desacuerdo con que existan privilegiados en esta Asamblea Nacional. Ese día le solicité al presidente Jorge Herrera que pasara la tijera por esos despachos. Sin embargo, hasta la fecha, esa tijera no ha pasado. “No he visto cambios. Hay gente que está con su búnker y varios despachos. Sería bueno que la junta directiva nos dijera qué se va a hacer con esos diputados VIP. Yo soy diputado del ghetto, estoy en un solo despacho y no tengo ningún tipo de problema. Pero discrepo de la teoría de que hay diputados que pueden tener varios despachos”, dijo Cedeño a La Prensa. Y habló directamente del búnker de Robinson y Pineda. Incluso, hasta dio la ubicación de la fortaleza. “Al lado de la bancada de Realizando Metas hay un espacio que está custodiado. Por las investigaciones que he hecho, una puerta es personal de Pineda y otra de Benicio Robinson. Usted vaya, que ahí está”, manifestó. Una concesión de siempre El búnker no es nuevo. Es un espacio que se consolidó en la última década, principalmente en el quinquenio 2019-2024, cuando el PRD dominaba los órganos Ejecutivo y Legislativo. En ese periodo, la Asamblea estuvo presidida por los perredistas Marcos Castillero, Crispiano Adames y Jaime Vargas. Castillero y Adames incluso se reeligieron. Fueron años en que el presupuesto legislativo se disparó, las planillas se abultaron y los contratos secretos se multiplicaron para intereses políticos determinados. Solo en los primeros ocho meses de la presidencia de Castillero se invirtieron $4.3 millones en remodelaciones de distintas oficinas del Legislativo, según documentó este medio. Muchas de esas reformas beneficiaron a diputados perredistas y a la bancada del PRD. Algo similar hizo Yanibel Ábrego, cuando presidió ese poder del Estado entre 2017 y 2019, gastando más de $5 millones en decoraciones, remodelaciones y mantenimiento en ciertas oficinas. En la Asamblea, a medida que el presupuesto crecía año tras año, también se multiplicaban los privilegios de una casta política atrincherada en el poder. Un grupo que, mientras inflaba planillas y se repartía despachos como botín, drenaba millones del Estado para alimentar sus propios intereses, siempre de espaldas a lo que la Constitución exige de la Asamblea: hacer leyes, representar al pueblo y fiscalizar al Órgano Ejecutivo, entre otras funciones. Preguntas a Jorge Herrera La Prensa intentó obtener la versión del presidente Jorge Herrera para esta nota. Se le enviaron las siguientes preguntas: ¿Bajo qué criterios institucionales o reglamentarios algunos diputados tienen hasta cuatro despachos? En el caso de Benicio Robinson y Raúl Pineda, ¿cómo justifica que tengan un área especial e impenetrable junto a la clínica parlamentaria, con seguridad que restringe el acceso y vigila a quienes se acercan, pese a que se trata de instalaciones públicas que deberían estar al servicio de toda la Asamblea? ¿Qué acciones inmediatas y verificables piensa adoptar para revisar y redistribuir esos espacios de forma justa, de modo que la Asamblea deje de ser percibida como un lugar de privilegios para unos pocos? Sin embargo, al momento de redactar esta nota, no se había obtenido respuesta. 0 1,000,000 500,000 116,033 83,972 346,923 243,026 428,539 1,218,493 34,352.27 160,468.11 127,034.75 51,356.9 35,000 205,000 90,000 703,212.03 Partida de gasto discrecional de la Presidencia de Panamá Cifras en dólares Fuente: Presidencia de la República Julio 2024 Agosto 2024 Septiembre 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Total Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Total 2025 Enero 2025 Senan y Fiscalía frenan cargamento de drogas Un total de 140 paquetes de presunta droga fueron decomisados en las últimas horas en puertos del país, informó el Ministerio Público. El primer decomiso se realizó en un puerto del Pacífico, donde funcionarios del Ministerio Público, en conjunto con agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicaron tres bultos dentro de un contenedor. Al revisar la carga, las autoridades determinaron que contenía 96 paquetes de presuntas sustancias ilícitas. En un segundo operativo, también en un puerto del Pacífico, la Fiscalía de Drogas y estamentos de seguridad hallaron otros 44 paquetes de droga dentro de un contenedor. En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado un total de 69 toneladas de drogas en operaciones realizadas en el territorio nacional. El Senan, por ejemplo, ha incautado 36 toneladas en 97 operaciones, droga que en su mayoría tenía como destino el mercado europeo. NARCOTRÁFICO José González Pinilla [email protected] Parte del decomiso. Cortesía
3A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] GOL. La Caja de Ahorros remodelará su palco en el estadio Rommel Fernández, para lo cual ha reservado una partida presupuestaria de $63,647. El banco alega que el mobiliario actual está en malas condiciones y “desgastado”. Desgastada está la paciencia de la población con estos derroches de fondos estatales. ¿Acaso no hay un mejor uso para ese dinero? FAVORITO. El diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea desde el pasado 1 de julio, sería la figura de mayor consenso para presidir el Partido Panameñista. Herrera, que ya es vicepresidente del colectivo, contaría con el aval de José Blandón. A este paso, también va a querer la presidencia de la República en la próxima vuelta. ADVERTENCIA. La Comisión de Credenciales de la Asamblea se reunirá hoy para examinar las denuncias y querellas pendientes contra el presidente de la República. Ojalá esto no sea un intento por intimidar a Mulino, ahora que se presentó un nuevo proyecto para beneficiar a Martinelli. Y la comisión ni siquiera necesita darle curso a alguna de esas denuncias; con solo mantenerlas pendientes, manda el mensaje. BRINDIS. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó reconocimientos a Francisco Sierra, Óscar Ramírez y Ricardo Arango, quienes formaron parte de su junta directiva hasta junio pasado. Como si el Canal necesitara que le inventaran más “cuentos chinos”, en la ceremonia apareció Jorge González, actual directivo de la ACP y supuesto consultor del contratista del cuarto puente para el Canal. Después de todo, ¿“consultoría” y “coima” significan lo misEl ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sustentó la propuesta en la Asamblea Nacional. Archivo ¿Romperá la nueva reforma décadas de política y discrecionalidad? Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY Según los datos, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en el estatus de Carrera Administrativa, lo que limita que se efectúen las evaluaciones. Cada gobierno que llega al poder promete lo mismo: modernizar la Ley de Carrera Administrativa. Y, uno tras otro, los intentos se han quedado a medio camino, atrapados entre intereses políticos y resistencias burocráticas. No obstante, el Ejecutivo volvió a sacudir el tablero con la presentación de un nuevo proyecto que busca reformar de raíz el servicio civil. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reforma la Carrera Administrativa, subrayando que su objetivo es “fortalecer el servicio civil basado en la transparencia, la eficiencia y el mérito”. La iniciativa surgió tras una serie de encuentros multisectoriales impulsados por el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, en los que participaron representantes de sindicatos, gremios empresariales, universidades, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Las seis mesas de trabajo convocadas permitieron identificar los principales desafíos de la Ley 9 de 1994 y plantear propuestas de cambio, en línea con lo que establece el artículo 302 de la Constitución. Este artículo define los derechos y deberes de los servidores públicos, así como los principios que deben regir su nombramiento, ascenso, traslado o destitución. El diagnóstico Uno de los puntos centrales del diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2023 fue la debilidad institucional del sistema actual. El estudio alertó sobre la excesiva discrecionalidad en los nombramientos, la escasa aplicación del mérito como criterio de ingreso y la falta de concursos públicos efectivos. Según los datos, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260,000) se encuentra en el estatus de Carrera Administrativa, lo que limita la realización de evaluaciones. Con la nueva reforma que se propone, estos serán incorporados con transparencia para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía. El diagnóstico también revela que el 87% de los servidores públicos en puestos de carrera no tiene el estatus correspondiente, por lo que se cuenta con el consenso de los grupos de trabajadores organizados para corregir esta situación. La planilla del Estado panameño, integrada por unos 260,000 funcionarios, representa uno de los mayores compromisos fiscales del país. Según cifras oficiales, el gasto mensual en salarios ronda los 430 millones de dólares, lo que equivale a unos 5,000 millones de dólares anuales destinados únicamente al pago de sueldos brutos. Estos montos reflejan la magnitud del aparato público. Los concursos Ante esta situación, el proyecto de ley coloca el concurso público como pilar fundamental para el ingreso y la movilidad dentro del servicio civil. La propuesta también incluye mecanismos modernos de evaluación de desempeño y busca garantizar igualdad de oportunidades y transparencia en todos los procesos de personal. Orillac explicó que la reforma se alinea con el Plan de Gobierno 2024-2029, que prioriza la profesionalización de la función pública y la reducción de la discrecionalidad política en la toma de decisiones. El plan contempla, además, la creación de un Instituto Nacional de Administración Pública, con autonomía y capacidad técnica, que asumiría la rectoría integral del sistema de gestión de recursos humanos del Estado. En paralelo, se crea el Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño (SIRHE), una plataforma tecnológica que centralizará los procesos de personal en el sector público. Desde el reclutamiento hasta las evaluaciones de desempeño, pasando por concursos, expedientes digitales y reportes automatizados, el SIRHE busca garantizar trazabilidad, transparencia y seguridad de la información. El proyecto también regula el ingreso a la carrera. Los funcionarios deberán someterse a concursos regulares de antecedentes, exámenes de oposición, pruebas psicotécnicas y entrevistas registradas. De esta forma, se busca cerrar los espacios de discrecionalidad y fortalecer el principio de meritocracia en la función pública. En cuanto a los cargos de libre nombramiento y remoción, se delimita claramente su alcance. Estos puestos —destinados a tareas de asesoría, asistencia o confianza— quedan fuera de la nómina regular y dependerán de la relación de confianza con la autoridad nominadora. Evaluación de desempeño Otro eje relevante es la evaluación del desempeño. El nuevo sistema prevé evaluaciones anuales obligatorias y extraordinarias cuando los resultados sean deficientes. Los criterios estarán basados en metas, calidad de los resultados y capacidad de resolución de problemas, lo que busca elevar los estándares de gestión en la administración pública. El exdirector de la Carrera Administrativa, David Montenegro, advierte que la profesionalización del servicio público en Panamá no se logrará únicamente con concursos de ingreso. Aunque reconoce que la convocatoria abierta y transparente es “vital”, subraya que sectores como salud, educación y seguridad muestran que, pese a los concursos, persisten las quejas ciudadanas por la calidad del servicio. Para Montenegro, el problema radica en la ausencia de evaluaciones efectivas de desempeño y en la falta de una ley general de sueldos que garantice equidad salarial conforme con la normativa vigente. Montenegro también cuestiona que apenas el 5% de los funcionarios del Estado pertenezca formalmente a la Carrera Administrativa, lo que refleja un incumplimiento sistemático de la ley. A su juicio, la suspensión reiterada de la norma obedece a la necesidad de los gobiernos de turno de atender “apetitos políticos” a través de nombramientos discrecionales. José González Pinilla [email protected] Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar POLÍTICA Un poco más de mil firmas han sido recogidas por activistas que buscan la revocatoria de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y del vicealcalde, Oliver Ríos. Abdiel González Tejeira, quien lidera este proceso, informóqueduranteelfindesemana se recopilaron más de mil rúbricas. “Los residentes han salido por sus propios medios a dar su firma de respaldo a la revocatoria”, dijo González Tejeira, quien añadió que están haciendo “un gran esfuerzo para llevar a cabo esta acción ciudadana, levantando nuestras voces ante una serie de irregularidades por parte de estas autoridades”. El dirigente explicó que esperan que el Tribunal Electoral (TE) les permita utilizar la aplicación móvil y los kioscos de recolección para “tener mayor movilidad”. El TE estableció que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativadebenestarinscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del TE en Arraiján, ubicadas en Plaza Paseo Arraiján, local N°.1-A, corregimiento de Cerro Silvestre, en horario de 7:30a.m.a3:30p.m. Mediante un anuncio, la Dirección de Organización Electoral oficializó el proceso de recolección de firmas desde el jueves 18 de septiembre hasta el jueves 15 de enero de 2026. De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se necesitan 57,465 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024. mo en mandarín? BURLA. La empresa seleccionada por MiAmbiente para conducir la auditoría de la mina en Donoso “no debe realizar actividades de monitoreo ni toma de muestras, sino únicamente revisar los registros existentes”. Y si encuentran alguna inconsistencia o irregularidad, ¿cómo la van a verificar? ¿Repitiendo lo que dice la minera? Jardín Botánico Summit Un cumpleaños para el águila harpía Panamá La emblemática águila harpía “Panamá”, símbolo nacional y embajadora de la conservación, celebró ayer su cumpleaños número 16 rodeada de admiradores en el Jardín Botánico Summit. Un poco más de 4 mil visitantes se unieron a la tradicional entonación de “Cumpleaños feliz”, homenaje que cada año convoca a familias y amantes de la naturaleza alrededor del Centro de Visitantes. Cortesía/Municipio de Panamá
5A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 Panorama Falta de insumos y decisiones fuera de competencia afectan la gastroenterología en la CSS. Archivo Otro servicio en crisis: gastros denuncian falta de insumos Aleida Samaniego C. [email protected] CAJA DE SEGURO SOCIAL Gastroenterólogos y neurocirujanos de la CSS denuncian falta de insumos, camas y extralimitación de funciones, alertando sobre la crisis en la atención hospitalaria. El Servicio de Gastroenterología de la Caja de Seguro Social (CSS), en una carta fechada el 19 de septiembre y dirigida al director de la entidad, Dino Mon, advierte sobre una serie de problemas recientes que están afectando su capacidad para cumplir con la misión de brindar una atención de calidad, segura y oportuna a todos los pacientes que acuden a sus instalaciones. Entre los principales puntos planteados en la misiva se encuentra la extralimitación de funciones en los procesos de admisión, donde decisiones clínicas importantes son tomadas unilateralmente por médicos generales, quienes no cuentan con las competencias necesarias para evaluar casos complejos que requieren atención especializada. Estas decisiones se adoptan sin consultar al personal del Servicio de Gastroenterología y, en última instancia, recaen en la Dirección Médica, a menudo sin sustento técnico especializado. Según los médicos, esta práctica pone en riesgo la seguridad y la calidad de la atención ofrecida. Otro problema es la interferencia en las decisiones clínicas, que limita la autonomía de los especialistas y compromete la seguridad de los pacientes. Los médicos denunciaron, además, la falta recurrente de insumos y equipos esenciales, así como la escasez de pruebas de laboratorio y medicamentos básicos, elementos indispensables para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento adecuado de los pacientes. La carencia de camas de cuidados intensivos también limita la capacidad de atender oportunamente a pacientes en condición crítica, aumentando la vulnerabilidad de quienes requieren atención inmediata. Asimismo, en la misiva se indica que la falta de respuesta a propuestas formales de mejora constituye otro punto crítico. Según los médicos, solicitudes dirigidas a optimizar la atención y reducirlamoradeconsultasyprocedimientos no han recibido respuesta por parte de la Dirección Médica, lo que genera desorganización y afecta la coordinación de los servicios. A esto se suma un déficit en la comunicación institucional y prácticas consideradas autoritarias, que contravienen principios de respeto, colaboración y equidad que deberían regir en un hospital público. El personal médico enfatizó que, de mantenerse estas condiciones, se pone en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes asegurados, además de contradecir los principios de transparencia y buen gobierno institucional que la CSS promueve. A pesar de los obstáculos, los especialistas reafirmaron que su prioridad son los pacientes y que continuarán ejerciendo su labor con ética, profesionalismo y compromiso. El Servicio de Gastroenterología solicitó reuniones urgentes con las autoridades de la CSS, incluyendo al director general, Dino Mon; al director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, Marcos Young; y al presidente de la Junta Directiva, Ricardo Sotelo Guedes, con el objetivo de buscar soluciones concretas a los problemas planteados. Entre los médicos firmantes se encuentran especialistas en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Ciudad de la Salud, como la Dra. Julissa Lombardo, el Dr. Iván Ramos, la Dra. Fátima López, la Dra. Solanis Rivas, el Dr. Orlando Quiroz, el Dr. Eric Peñafiel, el Dr. Fernando Yun, el Dr. Eric Ortiz, el Dr. Alexis McKenzie y el Dr. Ángel M. Wong, quienes sostienen que la defensa de la salud pública y los derechos de los asegurados es su prioridad. En su comunicación, el Servicio enfatiza que la atención de calidad no depende únicamente de la infraestructura, sino también de contar con personal capacitado, insumos, medicamentos, laboratorios funcionales y una coordinación eficiente entre las distintas áreas de la CSS. Los especialistas advierten que solo mediante la colaboración entre médicos y autoridades será posible garantizar la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de los estándares de atención en gastroenterología. Los médicos concluyen que mantener su labor en condiciones éticas y profesionales requiere respaldo institucional, comunicación efectiva y soluciones rápidas a las deficiencias detectadas, subrayando que los pacientes deben ser siempre la prioridad de la institución. Esta carta se suma al comunicado enviado por los neurocirujanos, en el que un grupo de especialistas del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la CSS alertó sobre la crítica situación que enfrenta la atención en neurocirugía en Panamá, debido a la falta de camas de cuidados intensivos, quirófanos habilitados, personal técnico y suministros médicos. Según el comunicado, firmado por alrededor de 15 especialistas, estos deben hacer frente a una alta demanda de pacientes, lo que ha generado un verdadero “embudo” en el sistema sanitario. Los médicos recalcaron que la ineficiencia no puede atribuirse a una supuesta falta de productividad del recurso humano, ya que, para responder adecuadamente, se requieren infraestructura, herramientas y facilidades para procedimientos de alta complejidad. La creciente lista de espera, advirtieron, es consecuencia directa de las carencias estructurales del sistema de salud. Los neurocirujanos también calificaron como imprudentes las recientes declaraciones televisivas de altos funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), quienes redujeron el problema a un tema de horarios o desatención. Señalaron que expresiones como “quien trabaja en el sector público no debería hacerlo en el privado y viceversa” desvían la discusión del verdadero problema y no aportan soluciones reales. El alto funcionario del Minsa al que se referían es el propio ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien indicó que los médicos que laboran en el sector público no deberían ejercer en el sector privado, y viceversa. Boyd Galindo también señaló que ha recibido múltiples quejas de pacientes que aseguran que algunos doctores trabajan hasta ciertas horas y luego se trasladan a sus clínicas privadas. Cámra Marítima apoya veto de Mulino al proyecto sobre Panama Railway FERROCARRIL José González Pinilla [email protected] La Cámara Marítima de Panamá (CMP) respaldó las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en rechazo al proyecto de ley 119, que busca derogar el contrato entre el Estado y Panama Railway Company, operadora del ferrocarril transístmico. En un comunicado, el gremio advirtió que “modificar o revocar contratos sin los procesos legales y técnicos adecuados pone en riesgo la estabilidad del país como hub logístico y afecta su credibilidad internacional”. La CMP, que agrupa a más de 250 empresas del sector marítimo y logístico, destacó que la seguridad jurídica es esencial para mantener la confianza de inversionistas y clientes, y coincidió con Mulino en que cualquier revisión de concesiones debe hacerse con transparencia y dentro del marco legal. El presidente reiteró que vetará la iniciativa si llega a convertirse en ley. El anteproyecto, presentado en agosto por los diputados Crispiano Adames (PRD) y Joan Manuel Guevara Rodríguez (Partido Alianza), pretende derogar la Ley 15 de 1998, que sustenta el contrato estatal con Panama Railway. La CMP recalcó que su prioridad es proteger la conectividad transístmica — Canal, puertos e infraestructura estratégica— para mantener la competitividad y los empleos que genera el sector. Sobre las denuncias Lo que dice la administración La administración de la CSS aclara que las quejas de los gastroenterólogos y neurocirujanos sobre falta de insumos y espacios no reflejan la realidad completa. Según el director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la la Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval, el servicio de gastroenterología cuenta con cinco ‘suites’ de endoscopía en el Complejo Hospitalario y ocho en la Ciudad de la Salud. Sostuvo que la organización del hospital, y las gestiones recientes han permitido aumentar la disponibilidad de salas y garantizar atención oportuna a los pacientes.
6A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 Panorama El Concejo ya autorizó que el servicio de recaudación tributaria lo haga el Banconal, ya que el contrato actual vence el 30 de septiembre. Archivo El contratista presta y cobra: el municipio le paga con intereses Mónica Palm [email protected] El contratista es Multibank Inc. (que subcontrató a la sociedad TX Panamá), empresa que desde 2008 se encarga de cobrar las tasas, tributos y contribuciones del distrito capital. El Municipio de Panamá suscribirá un préstamo por hasta $27.2 millones para pagar facturas (acumuladas a través de las dos últimas administraciones) a uno de sus contratistas. Pero más allá de lo peculiar que resulta la dimensión del monto adeudado, lo realmente irónico es que esa facilidad crediticia la otorgará la misma empresa contratista que recibirá el producto del préstamo. De ese modo, el contratista ya no solo cobrará el monto que se le adeuda, sino que sería el beneficiario del interés del préstamo sobre esa misma suma. Así, una deuda de $27.2 millones podría terminar costando más de $30 millones. Y todo se da entre las mismas partes. El contratista es Multibank Inc. (que a su vez subcontrató a la sociedad TX Panamá), empresa que desde 2008 se encarga de cobrar las tasas, tributos y contribuciones del distrito capital. El contrato termina el 30 de septiembre próximo y la empresa ha manifestado que no le interesa mantener la relación. Por lo tanto, a partir de esa fecha, el servicio lo prestará un nuevo concesionario. Pero antes de dar por terminado el servicio, Multibank ha pedido que se le pague lo que se le debe: nada menos que $27.2 millones. Tres años sin pagar La deuda es por facturas que el municipio no pagó a la empresa por la prestación de los servicios de recaudación de TX Panamá, correspondientes a la vigencia fiscal de los años 2023, 2024 y 2025. En el contrato original se había pactado una remuneración fija de $75,000 al mes. Pero en la administración del alcalde José Luis Fábrega se invocó la figura del equilibrio contractual para justificar una adenda (la número 5) en la que se acordó que el Municipio de Panamá pagará una remuneración fija mensual de $683,000, lo que suma poco más de $8.1 millones al año. También se introdujo una remuneración variable, equivalente al 6.5% sobre la recaudación base anual. Esta recaudación base se calculó en $72 millones. No obstante, el año pasado, una fuente indicó a La Prensa que al año se recauda un promedio de $136 millones, más del doble de lo pactado en el contrato. Si esto es así, eso significaría que el contratista podría quedarse con el 6.5% de unos $60 millones que se recauden al año, en concepto de remuneración variable. En la adenda 5 también se decidió que el municipio pagaría $8 millones a cambio del código fuente del sistema informático denominado ARI (Asistente en la Recaudación de Impuestos), lo que supuestamente le garantizaría el control exclusivo de la plataforma de recaudación y, por tanto, de los datos personales de los contribuyentes. El contratista presta y cobra Ante la imposibilidad del Municipio de Panamá de “asumir de manera inmediata” el pago de las facturas pendientes derivadas del contrato de recaudación tributaria, Multibank Inc. ofreció un financiamiento. Se trata de un préstamo a mediano plazo (45 meses) por $27.2 millones, con una tasa de 7.5%. El desembolso se haría de forma única, antes de la fecha “de cierre” que es, a más tardar, el 30 de septiembre. Ese día termina la vigencia del contrato de recaudación tributaria que ejecuta TX Panamá. El municipio pagaría el préstamo en 14 cuotas trimestrales de $2.1 millones (incluye capital e intereses) y una última cuota por el saldo insoluto de la deuda. El préstamo ya fue autorizado por el Consejo Municipal de Panamá, a través del Acuerdo No. 259 del 16 de septiembre de 2025. El documento fue firmado por los representantes Senén Mosquera y Mario Kennedy, presidente y vicepresidente de ese organismo, respectivamente, y el secretario general Manuel Jiménez Medina. TX La salida de Multibank Inc. abre una interrogante: ¿ahora quién prestará el servicio de recaudación tributaria? El Municipio de Panamá ya tiene un elegido: el Banco Nacional de Panamá (BNP). Y esa elección ya fue avalada por el Consejo Municipal: a través de un acuerdo (el número 258, que es el anterior al del préstamo), también del 16 de septiembre, los concejales autorizan al alcalde Mayer Mizrachi a suscribir un contrato de fideicomiso con el BNP, “para los servicios integrados que permiten administrar la captación y canalización de los pagos a través de plataformas físicas, digitales y administrativas”. En el Acuerdo No. 258 se explica que la captación y canalización de tributos es un “producto financiero para los municipios” implementado por el BNP, mediante un fideicomiso. El BNP, en su condición de fiduciario, recibirá, administrará y dispondrá los aportes de las recaudaciones de los tributos del Municipio de Panamá y todos lo fondos que este, en su calidad de fideicomitente, aporte en el futuro. Para prestar el servicio de recaudación, el BNP podrá contratar “a terceros”. Una fuente familiarizada con los manejos del municipio confió que, ante la premura con la que se conoce la salida de Multibank, no se descarta subcontratar a TX Panamá, la misma que ya ejecuta esa tarea. El contrato de fideicomiso es de carácter “irrevocable”. Eso significa que el Municipio de Panamá, como fideicomitente, no podrá revocarlo, salvo que invoque las causales de terminación que sean consignadas en el contrato. El fideicomiso tendrá una duración de 10 años, contados a partir de la fecha de refrendo de la Contraloría General de la República. Se intentó ampliar este tema como el alcalde Mizrachi, pero su relacionista público no atendió el requerimiento de La Prensa. Israel continúa con su operativo militar para tomar completamente la Ciudad de Gaza, desplazando fozosamente a decenas de miles de palestinos.. Getty Images Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen al ‘Estado palestino’ El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció ayer que Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina, un importante cambio en la política exterior de su gobierno. En un video publicado en las redes sociales, Starmer declaró: “En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados”. Y agregó: “Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno”. El primer ministro continuó diciendo que “el momento ha llegado” para ese reconocimiento. Australia, Canadá y Portugal también reconocieron al Estado palestino ayer, en un contexto en el que varios países del G7, el grupo de las economías dominantes del mundo, se han unido al respaldo de un Estado para el pueblo palestino. La medida ha sido severamente criticada por Israel, que cataloga el anuncio como una recompensa para Hamás. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que “no habrá un Estado palestino al oeste de Jordania”. Y Estados Unidos también se opone, declarando con anterioridad que “no tiene planes” de seguir el ejemplo de los otros países. Canadá se anticipó al anuncio de Starmer, convirtiéndose en el primer país del G7 -las siete economías dominantes del mundo- en dar su respaldo. Su primer ministro, Mark Carney, declaró que, a partir de este 21 de septiembre, “Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración en construir la promesa de un futuro en paz para el Estado de Palestina y el Estado de Israel”. Poco después, Australia también anunció que reconoce a Palestina como un estado soberano. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, escribió que en conjunto con Canadá y Gran Bretaña formarán “un esfuerzo internacional para una solución de dos Estados”. Los tres países ya habían adelantado su intención de dar este paso durante la Asamblea General de la ONU que se celebra estas semana en Nueva York, donde se espera que otras naciones europeas hagan lo mismo. El primer ministro británico no asistirá a la Asamblea General, pero un anuncio de esta magnitud no se podía dejar en manos de otros representantes del gobierno británico, escribió el corresponsal diplomático de la BBC en Nueva York, James Landale. Más tarde llegó el anuncio de Portugal, cuyo canciller, Paulo Rangel, declaró en Nueva York: “Reconocer al Estado de Palestina es el cumplimiento de una política fundamental, coherente y ampliamente consensuada”. “Portugal defiende la solución de dos Estados como la sola vía para alcanzar una paz justa y duradera, que promueva la coexistencia y las relaciones pacíficas entre Israel y Palestina”, dijo Rangel a periodistas. Starmer expresó que se ha reunido con familias británicas de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza y ve “la tortura que soportan todos los días” y el dolor que golpea profundamente los corazones de las personas en Israel y Reino Unido. Los rehenes deben ser liberados de inmediato, declaró Starmer, y agregó que “seguiremos luchando para regresarlos a casa”. “Nuestro llamado a una solución genuina de dos estados es exactamente lo contrario de la visión odiosa [de Hamás]”, agregó. Simbólicamente importante, pero ¿qué significa? ANÁLISIS Palestina es un estado que existe y no existe. Goza de un amplio grado de reconocimiento internacional, cuenta con misiones diplomáticas en el exterior y equipos que compiten en eventos deportivos, incluyendo las Olimpíadas. Sin embargo, dada la larga disputa y enfrentamiento con Israel, es mucho lo que hace falta: no tiene fronteras internacionalmente acordadas, no tiene capital y no tiene ejército. Debido a la ocupación militar de Israel en Cisjordania, la Autoridad Palestina -que fue establecida allí como parte de los acuerdos de paz en la década de los 1990- no tiene control completo de su tierra ni de su pueblo. Gaza, donde Israel también es la potencia ocupadora, está en medio de una devastadora guerra. La separación de 77 años de estos territorios y 18 años de división interna han osificado la política palestina, generando profundo cinismo entre los palestinos sobre un liderazgo político y posibilidades de reconciliación. Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias fueron en 2006. “El hecho de que no hayamos tenido elecciones en todo este tiempo es asombroso”, comenta la abogada palestina Diana Buttu. “Necesitamos nuevos líderes”. En vista de su situación como un tipo de cuasiestado, el reconocimiento es inevitablemente algo simbólico. Representa una declaración moral y política fuerte, pero cambiará muy poco sobre el terreno. Pero el simbolismo es poderoso y el reconocimiento internacional no es un sinsentido. “Podría ser realmente valioso”, declara Buttu con algo de cautela: “Depende de por qué estos países lo están haciendo y cuáles son sus intenciones”. Por ahora, para la abogada y otros palestinos hay un asunto más urgente que estos países podrían atender: impedir que haya más muertes en Gaza. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
7A La Prensa Panamá, lunes 22 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. justicia; sé que los errores deben investigarse y que la negligencia intencional no tiene cabida en esta profesión. Pero duele ver cómo se confunde el error humano con el crimen, la adaptación con la falta, la valentía clínica con la temeridad. La medicina defensiva ya está aquí. Médicos que piden estudios innecesarios, que retrasan decisiones, que se limitan a lo que dicta un manual aun cuando saben que el paciente podría beneficiarse de algo más. Se apaga la chispa de la innovación, se encoge el impulso de arriesgarse por el bien del enfermo. El miedo reemplaza a la confianza. Y en ese escenario, pierde el paciente, perdemos todos. La inquisición moderna no tiene hogueras, pero sí expedientes y titulares. El médico se convierte en villano público, señalado y condenado antes de ser escuchado. Las conversaciones entre colegas se vuelven cautelosas; las experiencias difíciles, en lugar de compartirse para aprender, se esconden. Y así se erosiona algo fundamental: la transmisión honesta del conocimiento. Necesitamos un punto medio. No se trata de negar la justicia, sino de hacerla justa. Que exista investigación, sí, pero con la capacidad de distinguir entre una falla inevitable y una negligencia real. Que se busque reparar y aprender, no destruir. Que se entienda que cada Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Democracias en declive Polarización política La era que vivimos se define por la polarización política. Atrás ha quedado la búsqueda del consenso, aquel ejercicio político en el que se asumía que, dentro de una democracia pluralista, era esperado y hasta deseable tener distintas maneras de procurar el bien colectivo. En la actualidad, el contraste es marcado e innegable. El “otro” se ha convertido en enemigo más que en alguien con opiniones distintas. Así, la polarización se entiende como la creciente hostilidad entre facciones políticas que, lejos de buscar la consolidación de consensos, incrementan sus divisiones, generando aún más prejuicios en una gobernabilidad democrática cada vez más debilitada. Estos elementos de deterioro se manifiestan en el aumento de la violencia política, el estallido frecuente de protestas sociales masivas y un sentimiento generalizado de hartazgo en una población civil cada vez más desmotivada. El ejemplo más reciente, y quizás más impactante, es el asesinato de Charlie Kirk, comentarista político conservador, que ilustra el declive de las estructuras políticas en la democracia constitucional más antigua del mundo. En un contexto global donde Estados Unidos ha solido marcar la pauta de la política internacional, resulta valioso analizar la causa de este profundo divisionismo y el impacto que puede acarrear para el mundo. Al arrojar luz sobre este punto de inflexión, quizás la causa más significativa yace en un electorado desmotivado por ofertas políticas repetitivas que, por consecuencia, se siente atraído hacia propuestas populistas definidas en oposición a un supuesto enemigo del pueblo, o “el otro”. En la mayoría de los casos, ese “otro” suele ser la élite política, percibida como corrupta y ajena a las necesidades de la población. En otras palabras, los partidos políticos tradicionales, habiendo ostentado previamente el poder, son presentados como culpables de los problemas que aquejan al ciudadano. Sin entrar a debatir la certeza de esta afirmación, el peligro de esa narrativa radica en que promueve discursos divisorios y despectivos que, lejos de entender la democracia como un proceso pluralista, apelan a la emocionalidad del electorado para definir al opositor como enemigo del pueblo y amenaza para la nación. Mediante el fomento del miedo y la desconfianza en el ordenamiento político, el pueblo se ve empujado a la radicalización, rompiendo la fe en los procesos democráticos y, por ende, en la democracia misma. Bajo este pensamiento, el ciudadano se convierte en prisionero de una política corrupta, desleal y lejana a sus necesidades, lo que justifica acudir a canales externos a la democracia como única vía de incidencia. Desafortunadamente, los recientes acontecimientos demuestran que, a partir de ese punto, los riesgos para la paz y la armonía social son enormes. El momento histórico actual nos llama a recordar que la piedra angular de toda democracia yace en su propósito de reflejar una sociedad en la que conviven, en igualdad, una pluralidad de opiniones, puntos de vista, intereses y objetivos. Dicho principio fortalece el proceso político al reconocer que todo ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión y que esta debe ser tomada en cuenta por la clase gobernante. Si perdemos de vista esta verdad —simple y a la vez compleja— seremos incapaces de resistir la tentación de buscar incesantemente a “otros” a quienes culpar. En un futuro en el que la sociedad termine disuelta en facciones irreconciliables, lo que nos aguarda es el derrumbe de la democracia y el caos. ¿Estamos aún a tiempo? Del Canal a Donoso: una comparación absurda Mina rando nuestro mayor orgullo nacional —el Canal de Panamá— con la explotación de la mina es una estrategia errónea, absurda y deleznable. Estoy claro en que la conversación final sobre la reapertura girará inevitablemente en torno al argumento favorito de políticos y empresarios: el “chen chen”. Pese a ello, considero que utilizar la reapertura de la mina como bandera de panacea frente a los problemas económicos y de desempleo, sin consultar al pueblo mediante un referéndum —lo mínimo que nos merecemos—, y privilegiando únicamente la opinión de la Cámara de Comercio y de la Cámara Minera, constituye un desatino gubernamental. Más aún cuando es evidente que en la Asamblea Nacional no existe la mínima intención, ni de tirios ni de troyanos, de prohijar leyes o impulsar un esfuerzo serio para acabar con el flagelo de la corrupción, primera y principal causa de los males que nos aquejan: pobreza, desempleo e inequidad. Esta corrupción nos convierte, ante la mirada internacional, en un país paradójicamente rico pero lleno de pobres y oportunistas de cuello blanco. A propósito de planteamientos sesgados, recientemente Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá, expresó que “el desafío radica en quitar la Ley 407 (moratoria minera) del entramado legal, ya que no se puede prohibir el aprovechamiento de los recursos minerales cuando la Constitución los define como de interés público y bienestar social” (arts. 257 y 259). Con amigos empresariales así, First Quantum no necesita abogados caJoaquín González J. La Inquisición del siglo XXI Judicialización de la medicina Veo con tristeza el gozo de algunos al judicializar la medicina. Convertir el arte, el estudio y la experiencia en un acto punible. Transformar la inventiva, la capacidad de suplir un insumo en un momento crítico, en delito. Entristece ver cómo se regocijan con el daño que pueden causar al gremio médico. La caza de brujas ha comenzado: bienvenidos a la inquisición del siglo XXI. Soy cirujano y escribo desde la piel de quien vive en carne propia esa paradoja. Cada día entro a un quirófano con la convicción de que allí me juego más que una técnica: me juego la confianza de un ser humano que se entrega a mis manos. La cirugía no es mecánica pura; es ciencia, sí, pero también arte, intuición y experiencia. Muchas veces, frente a un paciente, los libros no alcanzan. No siempre hay insumos, no siempre hay protocolos claros. Allí nace la creatividad: improvisar con prudencia para salvar una vida. Hoy, sin embargo, esa misma creatividad empieza a verse como sospechosa. Ya no se pregunta por la intención, ni por las circunstancias, ni por la urgencia del momento. Se abre un expediente, se etiqueta como delito. Lo que antes era un acto de humanidad se convierte en un acto punible. No escribo para pedir impunidad. Sé que los pacientes merecen protección y decisión clínica se toma en un contexto: con un paciente real, en un hospital con limitaciones, en un tiempo que no espera. La documentación clara, la comunicación sincera con los pacientes y sus familias, la formación en habilidades no técnicas —como la gestión del riesgo o la toma de decisiones bajo presión— son herramientas que pueden protegernos a todos. Pero ni siquiera la mejor historia clínica será suficiente si lo que reina es la cultura del castigo y no la del aprendizaje. Me preocupa, sobre todo, lo que viene para las nuevas generaciones. ¿Queremos formar médicos que teman cada decisión, que se refugien en la comodidad de lo obvio, o profesionales capaces de pensar, de actuar con juicio y de asumir riesgos razonables en beneficio de sus pacientes? La valentía clínica no puede convertirse en un crimen. Es hora de un diálogo sincero entre sociedad, pacientes, juristas y médicos. La justicia no debe ser enemiga de la medicina, y la medicina no puede cerrarse al escrutinio. Ambos mundos pueden encontrarse si se busca un objetivo común: proteger al paciente sin sofocar la esencia de la práctica médica. Escribo estas líneas con la misma pasión con la que entro a un quirófano. Porque creo que la medicina necesita confianza, no inquisición. Necesita comprensión, no persecución. Ojalá construyamos un sistema que entienda que cuidar es mucho más que seguir un protocolo: es decidir con conocimiento, humanidad y coraje. Y esa responsabilidad, lejos de ser criminalizada, debería ser honrada. Opinión EL AUTOR es abogado, amigo de la Fundación Libertad y becario Erasmus Mundus en la Universidad de Leipzig. EL AUTOR es neurocirujano. EL AUTOR es escritor y pintor. Georgios M. Vassilopoulos nadienses. En consecuencia, no sería descabellado suponer que las aspiraciones de la Cámara Minera podrían concretarse mediante el nefasto reparto de sobres amarillos, que en el pasado ha funcionado de maravilla en la Asamblea panameña, tanto para diputados corruptos como para empresarios corruptores. La historia política nacional está llena de ejemplos; recordemos a Afú exhibiendo fajos de billetes en televisión. Otro asunto que genera suspicacia es la denuncia por posible conflicto de intereses, hecha por Diego Vásquez en redes sociales, según la cual Aníbal Galindo —amigo, consejero y asesor del presidente Mulino, e integrante del Consejo de Relaciones Exteriores— es también asesor de First Quantum. Al menos se sabe que fungió como tal en 2013, durante la compra de Minera Panamá. Señor presidente, aclare esto cuando se recupere del hombro. En resumen, fue imperdonable que un gobierno como el del PRD, en complicidad con intereses privados, aprobara y permitiera el saqueo y el deterioro ambiental generado por este aberrante proyecto minero. Peor aún sería que ahora, con un nuevo gobierno, se repita el error e incluso se intente presentar a la empresa como víctima de su cierre, bajo el argumento de que representaba el 5% del PIB y 40 mil empleos. La lección es clara: los bienes nacionales, como el Canal, no son negociables ni pueden ponerse al servicio de intereses foráneos o de malos panameños a costa del futuro ambiental y social del país. Escuchar y atender al pueblo es un acto de responsabilidad de todo gobernante. De lo contrario, estaremos condenados a repetir la historia. ‘El que es elegido príncipe con el favor de otro, debe procurar conservar al pueblo como su amigo’ . Esta frase, atribuida a Maquiavelo, me parece un consejo oportuno al presidente Mulino, sobre todo en lo concerniente al manejo que su gobierno pretende darle —al parecer de manera inminente— al escabroso y polémico asunto de la eventual reapertura de la mina de cobre ubicada en el distrito de Donoso, entre las provincias de Coclé y Colón. Las elocuentes y lejanas palabras del presidente Mulino, hace ya más de un año en su discurso de toma de posesión —cuando se comprometió a “respetar las leyes, el fallo de la Corte y el pedido de nuestro pueblo”— han dado paso a una nueva fórmula, según él creativa, para que la mina sea de Panamá sin licitación, sin aprobación de la Asamblea ni consulta popular. Todo ello a fin de disfrazar, bajo la figura de un supuesto “operador técnico”, lo que en efecto no sería más que una nueva concesión a la misma empresa. Reemplazar un exabrupto jurídico, como lo fue el leonino contrato con Minera Panamá (First Quantum Minerals), derogado por la Corte Suprema de Justicia luego de las protestas masivas de 2023, por otro arreglo de igual talante y bajo la premisa de que “la mina va porque va”, constituye a todas luces una irresponsabilidad de dimensiones antidemocráticas, inconstitucionales y catastróficas para la nación. Buscar aceptación popular compaYa no se pregunta por la intención, ni por las circunstancias, ni por la urgencia del momento. Se abre un expediente, se etiqueta como delito. Lo que antes era un acto de humanidad se convierte en un acto punible. Mauricio Rodríguez Bravo ‘‘El que es elegido príncipe con el favor de otro, debe procurar conservar al pueblo como su amigo’. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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