1A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 21 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15145 Hoy por hoy El presupuesto del Estado para 2026, que supera los $34 mil millones, evidencia la urgencia de abordar el mal manejo de las finanzas públicas. La diputada Janine Prado advierte sobre recortes dramáticos en áreas sensibles como salud, ciencia y agro, mientras se mantienen privilegios innecesarios en seguros privados, sobresueldos y gastos de representación. Además, denunció el impacto de vigencias expiradas y prestaciones adeudadas, que agravan la situación fiscal del país. El mal manejo de los recursos se refleja en prácticas como contratar servicios, recibirlos y no pagarlos, generando un efecto acumulativo sobre las finanzas estatales. El Gobierno habla de austeridad, pero la ciudadanía exige hechos concretos. Las vistas presupuestarias que se desarrollan en la Asamblea son una oportunidad para demostrar transparencia y responsabilidad, asegurando que los recursos públicos se destinen a prioridades esenciales y no a cubrir deficiencias o privilegios injustificados. Ellas.pa La panameña Carolina Ponce, presente en el MBFWMadrid 6B Jennisín Rosanía revalida su título mundial de Jiu Jitsu 1B Deportes Panorama Meduca abre licitación para comprar 585 mil 250 ‘laptops’ 5A Economía Autoconsumo solar al borde del tope fijado por la ASEP 7A El juez de garantías Francisco Carpintero acogió la imputación de la Fiscalía Anticorrupción contra Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas del Ifarhu, por presunto peculado en el manejo de auxilios económicos (20192020). La fiscal Anais García detalló que ambos autorizaron ayudas a personas con altos ingresos, entre ellas exdiputados y familiares con recursos, y que la investigación documenta un perjuicio económico de $66 millones, con unos 2,000 expedientes aprobados irregularmente. También se detectó entrega de auxilios a centros de estudio no avalados y la facilitación de contratos a empresas privadas sin convenios formales con la institución. Sambrano y Rivera fueron aprehendidos en sus residencias. Durante la audiencia de ayer, el juez legalizó las detenciones por considerar que no se vulneraron sus derechos. El caso está relacionado con el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, también imputado por peculado y enriquecimiento injustificado, con quien Sambrano mantiene cercanía política. VEA 2A AUXILIOS ECONÓMICOS Juez imputa cargos a exdirectores de Becas y Finanzas del Ifarhu En entrevista con La Prensa, la diputada de Vamos, Janine Prado advierte sobre recortes dramáticos en áreas sensibles del presupuesto y denuncia el impacto de vigencias expiradas y prestaciones adeudadas que agravan las finanzas públicas. Señala además privilegios innecesarios en seguros, gastos de representación y sobresueldos. VEA 4A ‘Recortes dramáticos y vigencias expiradas agravan las finanzas’: Prado Colapso en El Guarumal bloquea la Transístmica Yaritza Mojica [email protected] El colapso de un tramo en la vía Transístmica, a la altura de El Guarumal, mantiene incomunicaINFRAESTRUCTURA El MOP contrató al Consorcio Gatún para rediseñar y estabilizar el tramo afectado, con plazo de 180 días para reabrirlo antes de fin de año. das a varias comunidades de Colón, como El Silencio, Quebrada Ancha y Gatún. Esto obliga a cientos de moradores a caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos. El cierre total de la carretera Boyd Roosevelt o Transístmica en ese punto se mantiene desde el 26 de agosto, tras el hundimiento de un tramo crítico. Mientras tanto, viviendasycomercioscercanos sufren daños y pérdidas económicas, y los habitantes dependen de rutas alternativas y las autopistas donde deben pagar peaje. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) contrató al Consorcio Gatún para ejecutar un rediseño estructural del tramo afectado, con un plazo de 180 días y trabajos que buscan estabilizar el suelo arcilloso y reabrir la vía antes de fin de año. VEA 6A Homenaje a Carlos Bolívar Pedreschi El jurista de trayectoria Carlos Bolívar Pedreschi, egresado del Instituto Nacional en 1952, fue homenajeado en vida a sus 92 años, ayer sábado en el aula máxima de ese colegio. Autor de unas 80 obras, ha aportado ideas claves en temas sensibles como la recuperación del Canal y otros debates jurídicos nacionales. Luis Reyes Daño en la carretera Transístmica a la altura de El Guarumal , provincia de Colón. Elysée Fernández El escándalo de manejo de auxilios económicos en el Ifarhu estalló antes de que el expresidente Laurentino Cortizo finalizara su periodo. Archivo
2A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 Un nuevo buque destructor de la armada de Estados Unidos (EUA) llegó a Panamá. Se trata del USS Stockdale, que arribó a la Base Naval Vasco Núñez de Balboa - Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicada en el área conocida como Rodman. La Embajada de Estados Unidos en Panamá hizo oficial la llegada del buque ayer, mientras que mediante geolocalización, este medio pudo constatar su ubicación en la base naval panameña con datos del sitio Marine Traffic. Para la Embajada, se trata de una “visita programada” que “resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera”, señaló en un comunicado. El Stockdale es el tercer buque de guerra del que se pudo constatar presencia en la base tras la firma de un memorándum de entendimiento en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá en el pasado mes de abril. A través del memorándum, ambos países acordaron incrementar la presencia militar en algunos espacios definidos, como el de la base naval en el área de Rodman. En agosto, los buques USS Sampson y el USS Lake Erie también llegaron a la base del Senan, en medio de un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe anunciado por el Pentágono para “luchar contra el narcotráfico”, particularmente, apuntando a Venezuela. Ante la particular situación, atizada por reclamaciones de Washington sobre el Canal de Panamá y exigencias de un paso gratuito para sus naves, el gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) USS Stockdale está en Rodman: buques de EUA siguen llegando a Panamá RELACIONES BILATERALES han aclarado que los buques aún siguen pagando peaje si transitan por la ruta. “Los tránsitos de los buques de la Marina de los Estados Unidos siguen pagando conforme a las reglas”, afirmó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez en un encuentro con periodistas el 16 de septimebre. Por otro lado, hasta la fecha se han registrado dos intervenciones de fuerzas militares de Estados Unidos a lanchas de presuntos traficantes de droga en el mar Caribe. El más reciente fue hace seis días, el 15 de septiembre y dejo un saldo de, al menos, tres muertos. Asimismo, derribaron una lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Acerca de la presencia de buques de guerra de Estados Unidos en los muelles panameños, La Prensa envió preguntas a la Embajada de Estados Unidos pero no ha recibido respuesta. Momento en que Héctor Sambrano y Rosalinda Rivera son aprehendidos. Cortesía/Policía Nacional Imputan cargos por peculado a exfuncionarios del Ifarhu Juan Manuel Díaz [email protected] Mario De Gracia [email protected] FONDOS PÚBLICOS El exdirector de Becas y la exdirectora de Finanzas fueron imputados por la presunta comisión del delito de peculado por manejo irregular de los auxilios económicos. El juez de garantías Francisco Carpintero acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Héctor Sambrano, exdirector de Becas, y Rosalinda Rivera, exdirectora de Finanzas, ambos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) por la presunta comisión del delito de peculado por el manejo irregular de auxilios económicos. Sambrano, quien es representante de corregimiento de Barrio Colón, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue aprehendido en su residencia ubicada en el PH Vista Park, en el corregimiento de San Francisco; mientras que la aprehensión de Rivera se produjo en la residencia de su madre, en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Rivera mantiene residencia en el distrito de Arraiján. La fiscal anticorrupción Anais García aseguró que en este caso Sambrano y Rivera, siendo miembros de la comisión evaluadora para el otorgamiento de auxilios económicos del Ifarhu, autorizaron la entrega de estos beneficios a personas que mantenían altos ingresos económicos y que, por ende, no necesitaban de esta ayuda. La fiscal García también detalló que en este caso se cuenta con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, correspondiente a 2019-2020 —durante el gobierno de Laurentino Cortizo—, que reveló la existencia de una afectación económica por la suma de $66 millones. Durante su intervención, la fiscal también presentó testimonios de los trabajadores sociales, a los que correspondía efectuar una verificación del estatus económico de los solicitantes de los auxilios económicos, y quienes relataron que en el caso de las personas con un buen poder adquisitivo ellos dejaban a criterio de la comisión evaluadora el otorgamiento o no de los auxilios económicos. Explicaron que observaron la entrega de auxilios económicos a personas que tenían ingresos de $5,000 mil y hasta de $12,000 mil, ya que fueron autorizados por la comisión evaluadora. La fiscal citó como ejemplo el auxilio económico otorgado al exdiputado Erick Broce, por un monto de $17 mil para estudiar una Licenciatura en Administración Pública, a pesar de que mantenía ingresos por $5,000. También mencionó el auxilio entregado a Fernando Broce, quien aparecía con ingresos por $6 mil 500 y recibió $141 mil 677 para estudiar Bellas Artes. Así mismo relató que Anastasia Liakopulos, quien recibió un auxilio económico de $100 mil para estudiar diseño gráfico en el extranjero, mantenía altos ingresos económicos y su familia es propietaria de una cadena de restaurantes. La investigación de la fiscalía reveló que unos 2,000 expedientes de auxilios económicos fueron “firmados” (aprobados), entre los que habían estudiantes de alto poder adquisitivo. La fiscalía también aportó como evidencia una certificación de la Universidad de Panamá en la que consta que se entregaron auxilios económicos para estudios en centros que no están avalados por dicho centro de estudios superiores. También la fiscalía presentó un informe de Actuación Financiera de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en el que se detalla que Sambrano y Rivera facilitaron contratos con empresas privadas a las que se les entregaron fondos del Ifarhu sin tener convenios con esta entidad. La fiscalía también aportó como evidencia en su imputación una interceptación telefónica de agosto de 2025 —momento en que ella ya está fuera de la institución— hecha del teléfono celular de Rivera. En dicha comunicación esta solicita a funcionarios del Ifarhu eliminar nombres que estaban en la lista de beneficiarios de los auxilios económicos. Previamente, y en el mismo acto de audiencia, el juez Carpintero legalizó la aprehensión de Sambrano y Rivera alegando que la actuación del Ministerio Público fue acorde con los requerimientos legales y que no violentó los derechos humanos de ambos procesados. En el desarrollo de la audiencia se conoció que la fiscalía ha girado solicitudes de audiencia para la imputación de otras 12 personas relacionadas con el escándalo de los auxilios económicos. Por este caso ya se imputaron cargos por peculado y se impusieron medidas cautelares de reporte periódico al exdirector del Ifarhu Bernardo Meneses. Meneses permanece detenido por un caso de enriquecimiento injustificado. Sambrano es un personaje muy cercano al exdirector Meneses. En 2022, ante una ausencia temporal de Meneses, Sambrano ejerció como director encargado. Ambos militan en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y fueron candidatos en las elecciones de mayo de 2024: Meneses buscó una curul como diputado en el circuito 13-1 y Sambrano fue candidato a representante de Barrio Colón. Meneses perdió la elección; Sambrano ganó. Una investigación de La Prensa documentó que con Meneses y Sambrano en el Ifarhu se repartieron miles de becas en los distritos y corregimientos donde ambos hicieron campaña. Incluso sectores con mayor población recibieron menos ayuda que aquellos en los que estaban los electores de Meneses y Sambrano. La fiscalía obtuvo información de que solo en Barrio Colón el Ifarhu entregó auxilios económicos a unas 30 personas. Al cierre de esta edición, la audiencia continuaba, para decidir las medidas cautelares que se dictarían a los investigados. Funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisaron 300 kilos de cocaína en operativos realizados en el Porvenir en la comarca Guna Yala, en una terminal portuaria en la provincia de Panamá, en Bique y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. El primer decomiso se realizó en el sector de Costa Esmeralda, San Carlos (Panamá Oeste), donde se incautaron de 59 kilos de cocaína que se encontraban en una embarcación artesanal. Dentro de la embarcación también se ubicó el cadáver de un hombre de unos 35 años de edad que se presume fue víctima de un tumbe de drogas. Por este caso se abrió una investigación por los delitos de homicidio y tráfico internacional de drogas. En una segunda operación realizada por el Senan en el área de El Porvenir (comarca Guna Yala) se ubicaron 145 kilos de drogas. En este operativo se detuvo a tres personas a quienes se vincula con la droga que era transportada en una embarcación. El otro golpe al narcotráfico se registró en el área de Bique (Panamá Oeste), donde se decomisaron 89 paquetes de drogas que eran transportados en una embarcación dedicada a la pesca artesanal. En este caso la droga estaba oculta en varios sacos que pretendían ser llevados a tierra para su posterior comercialización. La última operación fue realizada en el puerto del sector Pacífico, donde se ubicó un maletín flotando y en su interior habían 22 paquetes de cocaína. Se desconoce si el maletín fue arrojado al mar de forma intencional al detectar la presencia de las autoridades o si se trata de una nueva modalidad usada para el tráfico de estupefacientes. En lo que va del año se han decomisado 69 toneladas de droga en todo el país. Senan decomisa 300 kilos de cocaína en varios operativos NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] El buque Sotckdale en uno de los muelles dentro de los limites de la base naval del Senan. Cortesía/Embajada de EUA Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama
3A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 Panorama Anel Asprilla Janine Prado: ‘En salud, ciencia y agro hay recortes dramáticos’ Eliana Morales Gil [email protected] ENTREVISTA La diputada de la Comisión de Presupuesto asegura que el país arrastra un hueco financiero agravado por ‘millones y millones en vigencias expiradas y prestaciones adeudadas’ y compara la situación de la Asamblea con un ‘cáncer metastásico’ que mina la confianza ciudadana. En medio de jornadas maratónicas que en algunas ocasiones se extienden hasta la madrugada, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, revisa estos días las solicitudes de cada institución del Estado para 2026. Janine Prado, diputada de la bancada Vamos y una de las voces más activas de esta instancia Legislativa, advierte que los presupuestos aprobados en el quinquenio pasado fueron “una aberración” y que ese legado todavía pesa sobre las finanzas públicas. En entrevista con La Prensa denuncia recortes “dramáticos” en áreas sensibles como salud, ciencia y agro, mientras se mantienen privilegios como seguros privados, gastos de representación y sobresueldos. Prado asegura que el país arrastra un hueco financiero agravado por “millones y millones en vigencias expiradas y prestaciones adeudadas” y compara la situación de la Asamblea con un “cáncer metastásico” que mina la confianza ciudadana. También cita el caso del Cuarto Puente, cuyo costo se duplicó por sobrecostos sin que se señale a los responsables. ¿Qué siente al discutir un presupuesto que la ciudadanía apenas comprende, mientras muchos perciben que los fondos públicos son una especie de botín político? En efecto, estamos realizando estas vistas presupuestarias, que no son más que revisar renglón por renglón en qué se gasta el dinero de todos los panameños en cada institución.Vemosqueenalgunas hace falta invertir más y que se están aplicando recortes realmente dramáticos y preocupantes. Entre ellas, ayer [el miércoles] Senacyt, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En contraste, en otros rubros donde realmente se puede ahorrar, viáticos, seguros, gastos de representación, sobresueldos, no se está haciendo. Si tuviera que definir con una sola palabra la responsabilidad de la comisión, ¿sería transparencia, prudencia u otra? Principalmente es la transparencia. Eso es lo que buscamos con este análisis de cara a la ciudadanía. También está la gran responsabilidad que tenemos ante este presupuesto. La ciudadanía debe entender que nosotros solo podemos aprobarlo o rechazarlo. La comisión puede hacer sugerencias, pero no puede modificarlo, lamentablemente. ¿Qué reflexión puede hacer sobre el contraste entre los reclamos de más fondos y la enorme deuda que arrastra el país? Los responsables del saqueo que ha sufrido este país dejaron un hueco enorme. No solo el gobierno pasado duplicó la deuda, también nos dejó millones y millones en vigencias expiradas y en primas de antigüedad, que son prestaciones laborales adeudadas a miles de panameños. Eso lo vemos en cada institución y representa una carga aún mayor sobre las finanzas del Estado. Si pudiera deshacer una sola decisión histórica de la Asamblea sobre el presupuesto, ¿cuál sería? ¿Asumiría las consecuencias políticas de ese cambio? Volvería al menos una década atrás. Definitivamente, la aprobación de los presupuestos, especialmente en el quinquenio pasado (20192024), fue una aberración. Eso sería lo primero que cambiaría en materia presupuestaria. ¿Cuál es su mayor temor al revisar proyectos inconclusos que siguen recibiendo fondos? Estamos viendo esas vigencias expiradas y muchos traslados de partida para pagos de obras que tratamos de verificar si realmente se ejecutaron, si todavía están dentro de los periodos de garantía o no, o si al menos cumplen con todas las formalidades. El temor es que se terminen pagando proyectos que nunca se concluyeron. ¿Cree que la transparencia que pregona el Gobierno es realmente una prioridad o solo un discurso? La transparencia tiene que ser una prioridad, pero no siempre la vemos. Al final todos pagamos los sobrecostos, como ocurre con el Cuarto Puente. Es increíble que una obra que comenzó con un presupuesto de aproximadamente 1,500 millones de dólares ahora nos cueste el doble, por negligencia y por la falta de certeza del castigo en este país. Si pudiera comparar a la Asamblea con un organismo vivo, ¿qué órganos estarían enfermos y cuáles aún podrían salvarse? Esto se parece a un cáncer metastásico. Mis esperanzas están en que la ciudadanía asuma su rol fiscalizador. Aquí mismo en la Asamblea se rechazó un proyecto de ley quebuscabaprotegeralosdenunciantes. El caso de la AIG esunejemplo:unsubdirector denunció irregularidades, fue destituido y, tras un largo proceso, ahora vemos que el Ministerio Público investiga a ciertos responsables. ¿Qué opina de los seguros privados que paga el Estado a ciertos funcionarios? ¿Cómo se justifican esos beneficios frente a un país tan endeudado? A mi criterio son injustificables. En un momento que exige contención del gasto y austeridad, esos privilegios son innecesarios. Sí creo en mejorar las condiciones de los servidores públicos, pero debemos entender las circunstancias actuales. Todos debemos tener acceso a la Caja de Seguro Social y al Minsa. Los seguros privados deben quedar para más adelante, cuando logremos sanear las finanzas del Estado. ¿Cree que existe una casta de funcionarios privilegiados en el Estado? Sin duda. Lo vemos principalmenteendirectivosyaltos cargos con gastos de representación y otros privilegios. En estos días de vistas presupuestarias, ¿cuál es tema que más le ha llamado más la atención? El tema de los privilegios: seguros, gastos de representación y, sobre todo, el número desproporcionado de administrativos frente a los funcionarios con especialidad en las áreas donde realmente se necesitan. La adquisición de cuatro aviones de combate A29 Super Tucano a la empresa brasileña Embraer S.A., mediante contratación por procedimiento excepcional, fue autorizada por el Consejo de Gabinete y asciende a $68.2 millones, de los que hasta $30 millones serían buscados a través de financiamiento. Así quedó registrado en la Gaceta Oficial 30369-B, emitida el pasado viernes, donde se autorizó al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) a proceder con la contratación. La adquisición había sido anunciada desde el 11 de marzo de 2025, cuando la Presidencia comunicó que, mediante la Resolución N°.05-25 se destinarían $78 millones para la compra. Sin embargo, en la Gaceta Oficial de este viernes se publicó laResoluciónN°.23,también fechada el 11 de marzo, en la que se autoriza formalmente la contratación por $68.2 millones. La Prensa preguntó a la Presidencia las razones del cambio en el monto final, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición de esta nota. Tras aquel primer anuncio en marzo, la Presidencia reiterólacompradelosA-29Super Tucano durante una visita oficial a Brasil el pasado 28 de agosto. En la Resolución N°.23 se detalla que los Super Tucano fortaleceríanlascapacidades operativas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en lo referente a interceptación, vigilancia, reconocimiento y ataque. Su misión principal sería “ejercer el dominio del espacio aéreo y marítimo” de Panamá, así como dar “respuesta rápida ante cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad del Canal de Panamá”. Detalles de la adquisición El costo base de los Super Tucano es de $63.7 millones, según detalla la Resolución N°.23, pero en concepto del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), se suman $4.5millones,loquedauntotal de $68.2 millones. El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a suscribir un contrato de financiamiento con una entidad crediticia por un monto de hasta $30 millones para financiar la compra. No obstante, este deberá pasar un proceso de “negociación”, por lo que el monto final podría cambiar. Con ello, cerca de mitad del dinero para adquirir los cuatro Super Tucano vendría a través del crédito. En la resolución se establece que el MEF deberá presentar el acuerdo de crédito al Consejo de Gabinete para su aprobación, basado en los “mejores intereses para el Estado”. Hasta el momento en Panamá no se ha confirmado qué entidad crediticia se encargará del financiamiento. En la región, diferentes países han realizado compras a Embraer S.A. de aeronaves Super Tucano, incluyendo Paraguay, que adquirió seis a través de un préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil por un monto total de $101 millones, y que fueron recibidos en julio del presente año. Cuando se dieron los primeros anuncios de la adquisición, tanto en marzo como en agosto, la noticia despertó críticas ciudadanas, principalmente por tres motivos: el procedimiento excepcional (sin licitación), en medio de llamados a la austeridad, y la adquisición de equipo militar para un país sin ejército. A las preocupaciones ciudadanas se suman aquellas que esbozan los datos fríos: una deuda pública que alcanzaba los $57 mil 815 millones hasta agosto de 2025, según la Dirección de Financiamiento Público del MEF. Aviones Super Tucano costarán $68.2 millones; una parte será financiada SEGURIDAD Mario De Gracia [email protected] Avión A29 Super Tucano. Tomada de internet Exposición Primera Expo Cartoon Del 15 al 18 de septiembre, tuvo lugar el Primer Festival de Caricaturas de Panamá. Como parte del evento, se hizo una exposición en el auditorio del Tribunal Electoral, y un jurado integrado por destacados caricaturistas de Colombia y de Costa Rica eligieron a los ganadores. Para la actividad se hizo una convocatoria internacional, que atrajo artistas de 30 países, entre ellos, Irán, China, Rusia y República del Congo. Se recibieron poco más de 200 caricaturas y, luego de seleccionadas se presentaron 100. El primer lugar se lo llevo Zlatkovsky Mikhail, de Rusia; y el segundo lugar, Vladimir Kazanevsky, de Ucrania. Además, se otorgaron tres menciones honoríficas, que fueron para: Evzen Davi, de República Checa; Mehdi Azizi, de Irán; y Hazem Nassar, de Estados Unidos. Anel Asprilla
5A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 Panorama Entrega de 113 computadoras a estudiantes graduandos de Zapallal, en Darién, en septiembre de 2020. Cortesía Meduca abre licitación para comprar 585 mil 250 ‘laptops’ Yaritza Mojica [email protected] LICITACIÓN PÚBLICA El precio de referencia es de $230 millones 262 mil 640 e incluye 21 mil licencias de Microsoft M365 A3. Se comprarán 54 mil computadoras portátiles para docentes y 531 mil 250, para estudiantes. El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la licitación pública para la compra de 585,250 computadoras portátiles para docentes y estudiantes, así como la licencia de operación Microsoft M365 A3, con un precio de referencia global de $230,262,640.00. Del total, 54,000 laptops serán destinadas a los docentes, con un precio unitario de $472.38 y un monto global de referencia de $27,294,300. Estos equipos deberán contar con procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 16 GB, disco de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas, bloqueo antirrobo, sellado a prueba de líquidos, capacidad para funciones de inteligencia artificial, garantía y soporte técnico a nivel nacional, entre otros requisitos solicitados por el Meduca. En el caso de las computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, el Meduca busca adquirir 531,250 unidades con un precio unitario de referencia de $348.93 y un monto global de $198,347,500. Entre las especificaciones técnicas solicitadas para estos equipos están: procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 8 GB, disco de 256 GB, pantalla de 14 pulgadas, conectividad LTE (con eSIM integrada), bloqueo antirrobo y batería de larga duración, con una autonomía mínima de 16 horas, entre otros detalles. En cuanto a las licencias de Microsoft M365 A3, la entidad busca adquirir 21,000 licencias que cubrirán la totalidad de los equipos por un periodo de cuatro años, con un precio unitario de $220.04 y un precio de referencia total de $4,620,840.00. Según el pliego de condiciones publicado en el portal Panamá Compras, la licitación pública será adjudicada por renglón (tres en total). La reunión de homologación se realizará el próximo 14 de octubre, mientras que la presentación y apertura de propuestas será el 12 de noviembre. Para el Meduca, cada computadora representa un compromiso para cerrar la brecha no solo educativa, sino también tecnológica. El pasado jueves, durante su rueda de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la licitación de estas laptops de última generación, con inteligencia artificial y capacitación para docentes. Indicó que “el Meduca está implementando un mejor acceso a internet en las escuelas, reduciendo costos en un 95% e incorporando paneles solares”. Cabe recordar que esta es la segunda vez que la ministra de Educación, Lucy Molinar, anuncia la compra de computadoras portátiles para estudiantes y docentes. La primera vez fue mediante un convenio que firmó el Meduca con la organización estadounidense One Laptop Per Child (OLPC), que contemplaba la compra directa de 654,000 computadoras portátiles por un monto total de $241.7 millones. Sin embargo, esta forma de adquisición no se concretó. El 14 de enero de este año, el contralor general de la República, Anel Flores, indicó que no refrendaría el convenio con la fundación OLPC. Acto seguido, la ministra de Educación anunció que convocaría a una licitación pública para adquirir las computadoras portátiles. Momento en que la Comisión de Presupuesto vota el traslado de partidas solicitado por el Minsa. Tomada de @asambleapa Minsa reasigna $11.8 millones para pago de deudas y recorta a mantenimiento PRESUPUESTO PARA HOSPITALES Yaritza Mojica [email protected] El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó dos traslados de partidas por un monto global de $11.8 millones a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el objetivo de pagar contratos que datan de 2017, correspondientes a proyectos de mejoras y construcción de diversos centros de salud, así como del Depósito Nacional de Biológicos, que actualmente está en funcionamiento. Los traslados de partidas provienen de fondos solicitados por el propio Minsa en mayo pasado, los cuales se utilizarían para el mantenimiento de hospitales regionales como el Nicolás A. Solano en La Chorrera, el Luis Chicho Fábrega en Veraguas, el Joaquín Pablo Franco en Los Santos y el Cecilio Castillero en Chitré, entre otros. Sin embargo, dichos fondos no fueron utilizados para este fin y ahora se emplearán para pagar deudas a proveedores. El primer traslado aprobado fue por $6 millones 807 mil 317, mientras que el segundo correspondió a $5 millones 21 mil 837, recursos con los que se saldarán cuentas pendientes con proveedores y empresas que realizaron mejoras y/o construcción de centros de salud. Los proyectos a los que se les dará prioridad son las mejoras y construcciones de los centros de salud de Río Hato (Panamá Oeste), La Palma (Darién), Guararé (Los Santos), La Mesa en Changuinola (Bocas del Toro), Tambo (Coclé), San Miguel (Panamá este) y Guna Nega, informó Julio Arosemena, secretario general del Minsa. Los centros de salud con mayor avance de obra son el de Río Hato, que tuvo un costo de $15.5 millones y reporta 96% de avance físico y 20.5% de avance financiero; y el de La Mesa, en Changuinola, con un avance físico del 100% y financiero de 88.2%. Por el contrario, el centro de salud de La Palma, con un costo de $24.8 millones, registra apenas un 18.6% de avance físico y un 6.09% de avance financiero. En cuanto al Depósito Nacional de Biológicos, cuyo costo total es de $10 millones, el traslado de partida aprobado permitirá abonar $1.5 millones, quedando un saldo pendiente de $8.4 millones, informó Abdiel Escobar, director de Infraestructura del Minsa. Cuestionan fondos de mantenimiento Janine Prado, diputada independiente de la coalición Vamos, cuestionó por qué el Minsa no utilizó los fondos asignados desde mayo para dar mantenimiento a los hospitales. Enfatizó la urgencia de atender áreas críticas, como la sala de quimioterapia del Hospital Luis Chicho Fábrega, donde “el cielo raso se está cayendo”. “No podemos dejar pasar meses sin atender estas neSe busca optimizar la flota en los distritos de Panamá y San Miguelito. Archivo 20 empresas muestran interés en licitación de MiBus para adquisición de 60 autobuses medianos TRANSPORTE PÚBLICO Henry Cárdenas P. [email protected] La Empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó llevó a cabo el proceso de homologación para la adquisición de 60 autobuses medianos, y 20 empresas mostraron interés en la licitación. Los proponentes realizaron consultas y observaciones técnicas. En esta licitación, con un precio de referencia de $9.6 millones, se incluirán buses de entre 9 y 10 metros de largo, equipados con motor diésel Euro V, tecnología que cumple con altos estándares internacionales de reducción de emisiones. Los vehículos estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y asientos abatibles cesidades, especialmente en áreas donde se atiende a pacientes inmunosuprimidos”, recalcó Prado. En el caso del Hospital Nicolás Solano, se han reportado denuncias de presuntas negligencias médicas y la falta de mantenimiento ha sido objeto de críticas. Ante estos señalamientos, el Minsa confirmó que ha reformulado el presupuesto 2026 para garantizar el mantenimiento de estos hospitales y de otros centros de salud en todo el país, debido a que en el proyecto actual del presupuesto no hay partida asignada para mantenimiento. Santamaría, representante del Minsa, explicó que la suspensión de los procedimientos excepcionales anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en agosto afectó proyectos previamente planificados, provocando retrasos en los trabajosdemantenimiento. El presupuesto reformulado destina $1.3 millones para el mantenimiento del Hospital Luis Chicho Fábrega y $1.2 millones para la impermeabilización de su losa. Para el Hospital Nicolás Solano se asignaron $2 millones para mejoras inmediatas. El Minsa adelantó que en el Nicolás Solano se ejecutará una remodelación integral, que incluirá la climatización total del hospital, la ampliación del área de urgencias, el rediseño de áreas internas, la impermeabilización de techos y la pintura general. También se contempla la construcción de un nuevo centro materno infantil para trasladar el servicio de neonatología. Las autoridades subrayaron que el programa de mantenimiento regional seguirá operando para atender proyectos pendientes y que se buscará reforzar el presupuesto operativo y de inversión en los próximos años, a fin de evitar el deterioro de la infraestructura hospitalaria. Al final de las intervenciones la Comisión de Presupuesto aprobó al Minsa los dos traslados de partidas por un monto de $11 millones 829 mil 154 millones. para mayor flexibilidad. La presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el 20 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m. La empresa explicó que estos buses medianos permitirán dar un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y calles de difícil acceso. Actualmente, MiBus cuenta con una flota de 1,436 buses tipo Padrón, de los cuales 1,233 son Marcopolo Gran Viale (597 con cajas automáticas Voith Diwa 5 y 636 con cajas automáticas ZF) y 203 son Marcopolo Torino. Sin embargo, en los distritos de Panamá y San Miguelito existen vías de difícil acceso donde los buses Gran Viale y Torino no pueden operar de manera adecuada ni segura. Para atender esta situación, Transporte Masivo de Panamá, S.A. aprobó modificaciones al Contrato de Concesión No. 21-10, específicamente la Adenda No. 12, que introduce la posibilidad de contar con una composición mixta de flota, y la Adenda No. 16, que establece que el concesionario puede agregar buses de tipología distinta a la flota inicial, previa autorización de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Según la empresa, con estas adendas se busca mejorar el servicio, especialmente en zonas con baja demanda diaria, donde el uso de buses grandes representa un sobrediseño. Los nuevos buses podrán funcionar como rutas internas colectoras, garantizando mayor cobertura y eficiencia en la operación.
6A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 Un severo hundimiento mantiene interrumpido el tráfico en la carretera Boyd Roosevelt, en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, Colón. Elysée Fernández La comunidad que camina kilómetros por el cierre de la Transístmica Yaritza Mojica [email protected] COLÓN En Guarumal hay cansancio y pérdidas económicas por el hundimiento de la carretera Boyd Roosevelt; y la reparación del tramo afectado costará $6 millones. Como un verdadero sufrimiento describe Eleuterio Rivera, un octogenario de la comunidad de El Silencio, la odisea que viven cientos de personas que, desde hace semanas, deben caminar varios kilómetros para cruzar de un sector a otro. Todo ocurre por el severo hundimiento que mantiene interrumpido el tránsito por la carretera Boyd Roosevelt, en el sector de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón. El cierre se mantiene desde el pasado 26 de agosto, cuando la vía Boyd Roosevelt —conocida como la Transístmica— fue cerrada totalmente en este tramo por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por seguridad. Desde entonces, los moradores de comunidades como Quebrada Ancha, Quebrada Bonita, Gatún, Nueva Italia, El Guarumal y El Silencio se ven obligados a caminar largos trayectos, incluso atravesando parte del terreno donde se produjo el deslave, para poder continuar su camino. En un recorrido de La Prensa por el área, encontramos al señor Rivera descendiendo por el tramo afectado. Relató su rutina diaria: tomar un bus, bajarse en la parada de la estación Terpel de El Guarumal, caminar por la orilla donde tuvo lugar el derrumbe y continuar hasta el otro lado del punto cerrado, que permanece señalizado con letreros de advertencia. “Esto es un sufrimiento para los que vivimos aquí”, dice, mientras señala el terreno agrietado que corta en dos la carretera. Tras cruzar, aún le resta caminar cerca de una hora para llegar a su destino en El Silencio. Bajo el implacable sol del mediodía, aparece Calixto Barría Pérez, avanzando con rapidez para no sentir el ardor que sube desde el asfalto. Camina junto a la cerca, aun sabiendo que está prohibido. “No hay de otra”, afirma. Explica que la calle está cerrada por el hundimiento y que el camino no es nada fácil. “Tenemos que cruzar por un precipicio por ahí”, cuenta, describiendo la peligrosa ruta improvisada que ahora recorren los residentes. “Es mucha distancia dar la vuelta por otro lado”, comenta resignado. Barría detalla que debe caminar unos 45 minutos para llegar a la parada donde toma el autobús hacia el sector Nueva Italia. Además de la incomodidad y el riesgo, Calixto ha visto afectado su sustento. Como pequeño comerciante, depende de la venta de productos agrícolas como guineo, plátano, yuca, ñame y jengibre. “No se vende nada porque no pasan carros por aquí para hacer ventas”, lamenta. El peregrinaje continúa para madres con sus hijos, adultos mayores, vendedores informales, trabajadores cargando mercancía y visitantes. Todos deben caminar desde donde los deja el transporte público en la estación de Terpel de Quebrada Bonita —punto en el que está cerrada la vía— hasta el otro extremo, donde se ubica la parada en Quebrada Ancha. La rutina diaria se ha convertido en una travesía que mezcla cansancio, preocupación y la esperanza de que los trabajos de reparación del MOP avancen con rapidez. A finales de agosto, el MOP habilitó accesos a la autopista Panamá–Colón desde las comunidades de El Giral y Quebrada Ancha para facilitar el tránsito y aliviar la presión sobre el tramo afectado. Casas afectadas y comercios en crisis El problema no se limita a las largas caminatas. Varias viviendas situadas en la parte baja del terreno donde ocurrió el deslave han resultado afectadas. Además, los comercios cercanos al cierre registran pérdidas, ya que los clientes no llegan. Una residente, que pidió reservar su nombre, relató que el año pasado el MOP contrató a una empresa para contener un deslave en la parte baja de El Guarumal. Sin embargo, asegura que la intervención debilitó la carretera que está en la parte alta y, sumado a las lluvias, el terreno comenzó a ceder aún más. “Lo que hicieron fue empeorar la situación, por eso la calle cedió”, expresó. Ahora denuncia que su vivienda presenta deslizamientos, fracturas en pisos y paredes, y está llena de lodo, lo que la hace inhabitable. “Tuve que abandonar mi casa por seguridad; ahora vivo alquilada y mis hijos duermen en el piso de la casa de mi hija”, contó. La afectada insiste en que las autoridades deben actuar de manera urgente, pues la situación empeora con cada día de lluvia. “Si mañana vuelven las lluvias, el terreno seguirá cediendo. Ellos adelantaron en meses un problema que tal vez se hubiera dado en cinco años”, advirtió. Por su parte, Germán Bonilla, administrador de la estación Terpel de Quebrada Bonita, denunció que el cierre ha provocado un impacto económico y social severo en la zona. Explicó que los residentes no han recibido información oficial ni fechas de reapertura, lo que ha obligado a la comunidad a organizar reuniones y alianzas para enfrentar la crisis. Solo en su estación trabajan 20 colaboradores, quienes podrían verse afectados si la situación se prolonga. El empresario estimó pérdidas de miles de dólares mensuales y señaló que una estación de combustible en el área ya cerró operaciones. “No hay flujo vehicular ni clientes en el tramo cerrado y la única alternativa es una vía privada de pago”, indicó. MOP contrata nueva empresa Para enfrentar el problema, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 112-25, que autoriza la contratación —mediante procedimiento excepcional— del Consorcio Gatún (Equibal, S.A. y Constructora Bal, S.A.) para resolver el punto crítico de El Guarumal, por un monto de 6 millones de dólares. La empresa deberá ejecutar el “Estudio, diseño y desarrollo de planos de solución de punto crítico – El Limón Guarumal”, en la provincia de Colón. Los trabajos deberán completarse en un plazo de 180 días. Jorge Murgas, director Nacional de Inspección, informó que el contratista ya presentó un rediseño que está en evaluación por la Dirección de Estudio y Diseño del MOP. Una vez aprobado, se iniciarán los trabajos en la calzada afectada. Murgas explicó que el proyecto incluye un rediseño estructural, ya que el suelo arcilloso saturado ha generado asentamientos críticos. “Estamos evaluando las nuevas medidas con el objetivo de que la vía esté operativa antes de fin de año”, señaló. Afirmó que una de las premisas será que el rediseño no supere los dos meses de ejecución, para restablecer el paso lo antes posible. “A pesar de que se avecinan los meses más lluviosos, somos optimistas de poder completar los trabajos para fin de año”, agregó. Actualmente se mantienen habilitados los accesos a la autopista Panamá–Colón desde las comunidades de El Giral y Quebrada Ancha, además de un acceso temporal en el kilómetro 31 de El Giral, corregimiento de Buena Vista, para la circulación vehicular hacia la ciudad de Colón. CONTENIDO EXTRA Escanea el código QR y mira el video de la situación en El Guarumal en Youtube. Residentes de al menos seis comunidades se ven obligados a caminar varios kilómetros para entrar o salir de sus residencias. esidentes Archivo Muro levantado para tratar de evitar que otra sección se derrumbe. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, domingo 21 de septiembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Autoconsumo solar, al borde del tope fijado por la ASEP El sector solar advierte que el rápido crecimiento del autoconsumo rebasará pronto el tope actual y solicita a la ASEP establecer un nuevo reglamento que brinde certeza a usuarios y empresas. Se proyecta que el costo de las instalaciones solares para autoconsumo continúe disminuyendo en los próximos años, mientras los fabricantes producen paneles de mayor capacidad. Archivo Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El 29 de abril pasado, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, firmó la resolución 20197 que elevó de forma transitoria a 4% el límite máximo de la demanda de energía que puede cubrirse mediante autoconsumo, es decir, con paneles solares instalados en residencias o comercios”. El ajuste obedeció a que en ese momento se estaba cerca de alcanzar el 3% fijado en abril de 2024, producto del crecimiento acelerado que se ha registrado en la instalación de paneles solares para autoconsumo. Solo el año pasado se añadieron 40 megavatios de energía distribuida, como se le denominaalageneraciónmediante paneles solares para consumo residencial o comercial. Para este año las proyecciones del sector apuntan a superar las cifras anteriores, por lo cual la Cámara Panameña de Energía Solar pide a la ASEP que se adopte cuanto antes una decisión para elevar nuevamente el porcentaje del consumo máximo anual de energía en gigavatios-hora (GWh) generados para autoconsumo. Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, declaró a La Prensa que actualmente el porcentaje ya superó el 3%, situándose en 3.2%, y añadió que de mantenerse el ritmo actual el 4% establecido en abril pasado se sobrepasaría antes de que finalice el año. Las cifras de la ASEP reflejan el interés de la población en contar con un mecanismo alternativo para abastecerse de energía en sus hogares y comercios. A finales de 2024 la institución reportó 5,122 clientes de autoconsumo, cifra que aumentó a 6,006 a inicios de septiembre, lo que representa un incremento de 884 usuarios. González comentó que, tras la caída registrada durante la pandemia de coronavirus (Covid-19), desde 2023 se ha dado un crecimiento sostenido en la demanda de paneles solares, impulsado por factores como la reducción en el precio de los equipos, mayor oferta de proveedores y personal calificado, además de mejores esquemas de financiamiento. “En la plaza hay más de 10 instituciones financieras que cuentan con productos con tasas competitivas para financiar la instalación de paneles solares en residencias y comercios”, señaló. La mayoría de los clientes que han optado por instalar paneles solares para autoconsumo están en el régimen tarifario BTS (Baja Tensión Simple), que corresponde a residencias y pequeños comercios con una demanda máxima de 15 kilovatios o menos. También hay un grupo en el esquema MTD (Media Tensión Doble), dirigido a industrias o comercios de mayor consumo, el cual contempla cargos diferenciados por potencia contratada y por consumo en distintas franjas horarias, con el fin de incentivar el uso eficiente de la energía y la planificación del gasto eléctrico. En ambos casos, la mayor concentración de clientes con sistemas solares se encuentra en las provincias de Panamá, Herrera, Coclé y Veraguas. González recalcó que es importante que la ASEP tome una decisión oportuna que permita a los clientes seguir optando por la energía solar para reducir el costo de la factura eléctrica, además de sostener las inversiones de las 100 empresas que participan en este segmento y que generan más de 2 mil empleos directos. Recientemente, la administradora de la ASEP manifestó durante el Café con La Prensa titulado “Educación y Energía: Clave para un futuro sostenible en Panamá” que la institución está finalizando el documento que establecerá los lineamientos del autoconsumo en el país. Explicó que el documento es producto de una consultoría contratada en 2023 y aseguró que la normativa se elabora con el objetivo de proteger a los clientes que adopten esta tecnología y a aquellos que ya hicieron la inversión. “Próximamente vamos a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), publicado en 2021, indica que el 72% del consumo eléctrico se encontraba en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, seguido por Chiriquí (8%) y Colón (6%). El documento añadía que, por las características de las edificaciones en esas zonas —mayormente bajas— existía “una gran cantidad de viviendas y comercios” aptos para la instalación de sistemas de autoconsumo. Aunque depende del tipo de instalación, el director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar precisó que, con los precios actuales —los cuales se espera sigan bajando—, un cliente puede recuperar la inversión en un periodo inferior a 5 años, mientras que la vida útil del proyecto es de unos 20 años. “Queremos que esto se democratice y que cada uno pueda instalar sus sistemas solares en su hogar, residencia o comercio”, afirmó González, quien subrayó que ha aumentado el número de clientes que incluyen en sus cotizaciones la instalación de baterías, lo que potenciaría aún más el uso de la energía solar al permitir aprovechar un porcentaje durante la noche. A nivel mundial, los costos de instalar paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo han disminuido de forma considerable en la última década. De acuerdo con Our World in Data, un proyecto de investigación de la Universidad de Oxford que recopila y analiza datos globales sobre desarrollo, energía y medio ambiente, los precios de los módulos solares se redujeron en torno al 90% en los últimos diez años. Este descenso obedece, en parte, a la caída periódica de los precios cada vez que se duplica la capacidad de producción global, lo que ha favorecido tanto a los componentes como a los costos de instalación total. En Panamá, el informe Generación Solar Distribuida en Panamá proyecta que los costos de instalación seguirán descendiendo a un ritmo cercano al 3.6% anual hasta 2030, consolidando una tendencia hacia sistemas cada vez más accesibles para residencias y comercios. ENERGÍA LIMPIA estar sacando eso, pero ahora tenemos otros temas más prioritarios; sin embargo, estamos trabajando para implementarlo rápidamente con la Secretaría Nacional de Energía”, dijo la funcionaria. Los actuales 6,006 clientes de autoconsumo solar representan 170 megavatios (MW), un incremento notable frente a 2016, cuando apenas se habían instalado 600 kilovatios (kW), lo que equivale a un crecimiento superior a 280 veces. Para González, lo recomendable para Panamá es seguir el ejemplo de otros países como México, que no han fijado un porcentaje máximo de autoconsumo. La Estrategia Nacional de Generación Distribuida incluso señala que Panamá tiene potencial para instalar cerca de 1,700 MW de generación solar distribuida al año 2030. Un informe del Programa Procedimiento de protección de derechos del contribuyente Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] En el Código de Procedimiento Tributario (CPT) existe un procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos del contribuyente. Dicho reclamo se interpone ante el Tribunal Administrativo Tributario (TAT), dentro de un plazo de 10 días hábiles, contra aquellas actuaciones u omisiones de la Dirección General de Ingresos (DGI) que se consideren vulneran los derechos del contribuyente listados en el artículo 381 del CPT. Recibida la acción de reclamo, el TAT examinará su admisión o no en un plazo no mayor de 5 días hábiles, pudiendo ser rechazada por errores no subsanables. En caso de que dichos errores sean subsanables, el TAT ofrecerá un plazo de 8 días hábiles al contribuyente para la corrección de estos. La DGI, posterior a la admisión de la acción de reclamo por parte del TAT, recibirá el traslado por 5 días hábiles para que presente su contestación. Una vez transcurrido este término, se abrirá un período probatorio de 5 días hábiles para que tanto el contribuyente como la DGI rindan sus pruebas ante el TAT en relación con los hechos en controversia. El TAT dictará una resolución que resuelva la acción de reclamo presentada una vez termine el plazo probatorio, dentro de los siguientes 15 días hábiles. Dicha resolución contendrá todas las medidas que el TAT determine necesarias para restablecer los derechos y asegurar la debida protección del contribuyente, sin que se excluyan otros derechos que el mismo pueda hacer valer ante la autoridad administrativa o los tribunales correspondientes. El propio CPT establece que, entre estas medidas y según la gravedad de la violación, el TAT podrá ordenar lo siguiente: 1) el cese de la conducta o actividad que vulnere el derecho; 2) el restablecimiento de los derechos vulnerados; 3) la entrega de la información solicitada; 4) la devolución de los archivos o equipos incautados; 5) la apertura del establecimiento o local;6) la nulidad de lo actuado. Cápsula fiscal: Un aspecto importante de este procedimiento especial de reclamo por vulneración de los derechos del contribuyente es que el TAT podrá dictar medidas de protección provisionales mientras dicta la resolución final que decida la acción presentada, en favor del contribuyente para evitar perjuicios y en virtud del tiempo. El autor es abogado especializado en materia tributaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.68 pies 242.41 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
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