4A La Prensa Panamá, sábado 20 de septiembre de 2025 Panorama —Pero dime, Luly,- si Mireya tiene su casona en Punta Mala, ¿por qué no puedo tener la casa de los generales? ¿Crees que soy menos que ella?, se pregunta el que comparte su oficina con unos pájaros cazados en una charca en Pacora para su cautiverio y convivio con humanos. —Por supuesto que no, mi señor. Usted se merece eso y mucho más, le respondió Luly, el ministro de la sagrada congregación “Meshi Tacorta”, encargado de hacer desistir al amo de gastar $7 millones en hacer habitable una vieja casa de madera usada por los generales gringos, y que hoy es escenario de suculentos banquetes de xilófagos, algo que quiere cambiar el mandamás por sus propios festines. —Amo –insiste el ministro– recuerde que el presidente Mafá, perdón, el Maga ese, no para de molestar con lo de las bases. Ya tuvimos que darle varias que nos costaron una platita acondicionarlas. Pero si se entera de que usted le quitó la casa de sus generales, va a coger una clase de berrinche que entonces sí nos va a costar todo el país. Por eso no es recomendable en este momento. Más adelante, quizás… Pero ahora no es aconsejable, amo. —Mira, Luly, llevo en esta pocilga vieja, húmeda y mal ubicada más de un año. El pueblo es testigo de mi sacrificio. Pero hasta aquí. Ese salitre no me deja en paz, sufro de calores asfixiantes y esa subidera de escaleras me tiene la espalda reventada. Ya ni disfruto mis viajes en el Embraer por el dolor que me causa hasta estar parado. Y encima, tengo que estar esquivando esos pajarracos de pantano que no sé por qué a Porras se le ocurrió aceptarlos. He estado a punto de caerme varis veces porque se me ponen en el camino. Así que voy a hacerlo, así venga Saúl a sabotear la obra. —Amo, se lo pido una vez más. Además, son $7 millones. Ni el conde de El Coco, le costó tanto dinero su palacete en los llanos del marqués Marín. —Luly, yo aspiro a ser el próximo rey. Ese conde de Montecoco tiene ese título porque lo condecoró un tal Julio, que ni palacio tenía. Así que ese conde no llegará a marqués y menos a ser el duque que soy yo. Pero si voy a ser rey, debo tener una casa digna, un palacio con salones de pindín; de hamacas, de tomar té y agua (ardiente); estacionamientos para carruajes y SPI, un trapiche para hacer panela, un cuartel para mi guardia personal… y una villa familiar. Mmm, por cierto, Luly, ¿incluiste establos? Mis caballos van a donde voy yo. Encárgate de eso y de que ese lugar se llame ahora Finca El Relinchadero. Había pensado en El Bramadero, pero dirían que me copié. —Pero, amo, ¿un establo? ¿en la casa de los generales? ¿Bromea? —El duque miró a Luly como quien mira al camarero intentando cobrarle propina al dueño del bar. Repito, Luly –y por última vez–: ¡A dónde voy yo, van mis caballos! Y punto, ¡y cuadrado, para que no ruede! —Pero eso aumentará el costo, advirtió el ministro. —Luly, ese es MI asunto, no el tuyo. Si cuesta $8 millones, le quitamos $1 millón a los bomberos, y ya. Total, es invierno. Así que mete el maldito establo. Yo no voy a ser menos que Mireya ni que cualquier wannabe. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Yaritza Mojica [email protected] El pronunciamiento de Apadea tuvo lugar ayer, en una rueda de prensa. Yaritza Mojica Aseguradoras advierten que el proyecto de ley 53 encarecerá los seguros ATENTADO A LA LIBRE EMPRESA La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) pedirá al Ejecutivo vetar el proyecto de ley 53, aprobado en la Asamblea Nacional, que ordena un 25% de descuento en la renovación del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT) para conductores sin siniestros en un año. El gremio advierte que la norma atenta contra la libre empresa y podría encarecer las pólizas de autos al reducir la oferta de productos. El presidente de Apadea, Ian Van Hoorde, explicó: “Si se obliga a las compañías a ofrecer coberturas en condiciones que no son viables, algunas dejarán de vender el producto, lo que reducirá la oferta y generará un incremento en los precios”. Añadió que el informe de la Universidad de Panamá fue entregado tarde y mal interpretado, lo que genera conclusiones erradas. El gremio sostiene que el seguro obligatorio tiene una función social: garantizar cobertura y asistencia a las víctimas de accidentes. Para cumplir con ese fin, dijo, se requieren tarifas técnicas basadas en riesgos y reservas financieras. Solo este año se han pagado 116,044 reclamos por $110.5 millones, con una siniestralidad cercana al 60%. La vicepresidenta Gina Herrero recordó que en Colombia un descuento similar fue declarado inconstitucional en 2022 y que en Francia existen rebajas y recargos, pero bajo normas de libre competencia. “No veamos esto como un problema de las aseguradoras, sino del país. La Asamblea está regulando temas que afectan la libre competencia”, afirmó, advirtiendo que de sancionarse acudirán a la Corte Suprema de Justicia. El superintendente de Seguros, Luis Enrique Bandera, también rechazó la iniciativa, calificándola de “populista y política”. Aseguró que se basa en una ley derogada hace 13 años, lo que “resta credibilidad” al estudio usado para justificarla. Alertó además que el Legislativo no puede regular precios ni alterar la estructura de la Superintendencia. El diputado proponente Ricardo Vigil defendió la medida alegando que fue discutida en consultas ciudadanas durante casi un año y que el estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá respalda su viabilidad sin afectar el costo de las pólizas. Por su parte, Apadea recordó que en la pandemia de covid-19 las aseguradoras otorgaron descuentos voluntarios en pólizas de autos ante la reducción de riesgos, y resaltó que hoy los consumidores aún pueden negociar directamente con su aseguradora o corredor en un marco de libre empresa. Nueve de los exrepresentantes a los que se les han imputado cargos pertenecen a las filas del PRD, también figuran ediles de Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Molirena y del Panameñista. LP/Archivo Van 38 imputados por peculado en fondos de la descentralización Juan Manuel Díaz [email protected] DESCENTRALIZACIÓN PARALELA Fuentes del Ministerio Público confirmaron que hasta ahora se han efecuado unas 50 audiencias en las que han sido imputados 18 exrepresentantes de corregimiento, 18 extesoreros y dos ediles actuales. La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado a 18 exrepresentantes de corregimiento, 18 extesoreros y dos representantes de corregimiento implicados en el manejo irregular de fondos de la descentralización, que ha ocasionado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que hasta ahora se han realizado unas 50 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelación ante los tribunales superiores, en las que se han aplicado medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación periódica tras imputarse cargos por el delito de peculado. Un total de nueve de los exrepresentantes a los que se les han imputado cargos pertenecen a las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también figuran exrepresentantes de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y del Partido Panameñista. Entre los exrepresentantes imputados figuran Mario Jaén, del corregimiento de Arosemena; Antonio Atencio, Burunga; Isaac Figueroa, del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena; Luis González, de la Trinidad; y el actual representante de Villa Rosario, Carlos Almengor, todos en la provincia de Panamá Oeste. También aparecen el exrepresentante de Natá, Samuel Castillo; la exrepresentante de Río Hato, Ibeth Navas; de Capellanía, Ceferino Barría; y Gustavo Márquez, del corregimiento de Coclé, todos en la provincia de Coclé. Asimismo, figuran en la lista de imputados los exrepresentantes de Solano, en Tierras Altas, Franklin Espinosa; José Morales, de Bugaba; Elena Rojas, de Dolega; Guillermo Santamaría, de Tolé; Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra; y Juan Carlos Lezcano, en Volcán; en la provincia de Chiriquí. Mientras que en la provincia de Veraguas se imputó a los exrepresentantes de Bisballes, Euclides Mendoza; y Jorge Barría, del corregimiento de Boro. De igual manera, se imputaron cargos al actual representante de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez. El Ministerio Público aún mantiene por ubicar unos 50 exrepresentantes de corregimiento, tesoreros y alcaldes a los que se les entregaron recursos de la descentralización para la realización de obras de interés social, pero que no se concluyeron. Por este caso la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS (Programa de Desarrollo de Inversión Social). Producto de las diligencias la fiscalía obtuvo evidencias en la Contraloría que reflejan fluctuaciones en el manejo de los fondos de la descentralización dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van desde los $300 mil hasta los $800 mil. La Autoridad Nacional de Descentralización ha enviado al Ministerio Público unas 300 denuncias relacionadas con el mal manejo de fondos entregados a juntas comunales y municipios para la construcción de obras y ejecución de proyectos en corregimientos de todo el país. La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 66 de 2015, que reformó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la Administración Pública. Esta entidad se estableció para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales y la coordinación con el gobierno central. Restauración delMARTA registra 42% de avance La restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), cerrado desde 2013, avanza en un 42.1%, con una inversión de $20 millones y una finalización prevista entre finales de 2026 e inicios de 2027, informó el Ministerio de Cultura. “La restauración del museo es un compromiso con nuestra memoria histórica y con el legado de la doctora Reina Torres de Araúz. Este proyecto devolverá al país un espacio de conocimiento, creatividad y encuentro comunitario que fortalece nuestra identidad cultural y contribuye a la reconstrucción del tejido social”, destacó la ministra María Eugenia Herrera. La colección, que fue trasladada en 2005 por el deterioro de la sede de 1912, pasó de 16,000 a 23,000 piezas, pese al robo de unos 200 objetos en 2003. Incluye orfebrería, cerámica, lítica y etnografía que muestran la historia cultural del país. Las obras abarcan recuperación arquitectónica, modernización de sistemas eléctricos y mecánicos, reconstrucción de muros y restauración de carpintería y herrería. El nuevo diseño contempla salas de exhibiciones permanentes y temporales, auditorio, cafeterías, tienda y elevadores. Tras retrasos por problemas técnicos y contractuales, el proyecto fue retomado en abril. MINISTERIO DE CULTURA Mario De Gracia [email protected]
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