2B La Prensa Panamá, sábado 20 de septiembre de 2025 Economía & Negocios Anati abre oficina en Capira para titulación masiva en río Indio PROYECTO HÍDRICO Wilfredo Jordán S. [email protected] En el centro de la comunidad de Capira, se inauguró ayer viernes una nueva oficina de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), donde los residentes de río Indio podrán recibir información y asesoría en materia de titulación de tierras. El espacio brindará soporte técnico a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)en la titulación de tierras como parte del proyecto del lago de río Indio, destinado a garantizar el consumo de agua de la población y las operaciones del Canal. La inauguración reunió a autoridades y representantes internacionales, entre ellos John Lagman, vicepresidente de la Oficina del Programa Hídrico de la ACP; Bettina Woll de Montenach, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá; y Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Anati. “Contar con un punto de apoyo especializado en esta región será fundamental para el éxito de los proyectos hídricos que impulsa la ACP en beneficio del país”, afirmó Lagman durante el acto. Añadió que la oficina facilitará el proceso de titulación de aquellas personas que tienen derechos posesorios dentro de la cuenca hidrográfica de río Indio. Por su parte, el administrador de Anati subrayó que la nueva sede forma parte de los esfuerzos por modernizar y descentralizar la institución. “Estamos dando un paso firme hacia una gestión más eficiente y transparente, que permita brindar respuestas oportunas y técnicas, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra cooperación con la ACP y con aliados como el PNUD”, dijo Pagés Chanis. La nueva oficina de la Anati en Capira se encargará de dar seguimiento a los procesos, verificar que no existan duplicidades en la entrega de terrenos y asegurar que los límites de las propiedades estén correctamente definidos. Lagman dijo que su objetivo es garantizar que cada predio quede debidamente registrado, de modo que las familias tengan certeza jurídica sobre su propiedad y puedan disponer de ella con confianza: heredarla, vender una parte o decidir el uso que deseen, como corresponde a cualquier dueño legalmente establecido. Ante las inquietudes de algunos residentes sobre un posible despojo de tierras, la ACP aclaró que ocurre todo lo contrario: la intención es brindar seguridad a quienes aún no cuentan con un título formal, confirmando que la tierra que habitan les pertenece. Con ello, podrán administrar su patrimonio con plena libertad y respaldo legal. Tras el corte de cinta, los asistentes recorrieron las instalaciones localizadas en la segunda planta de un edificio ubicado, en el centro de Capira, en la carretera Interamericana. El inicio de la construcción del proyecto de río Indio se tiene programado para 2027. Se calcula que su construcción tomará entre cuatro y cinco años. En estos momentos la ACP lleva a cabo un proceso de acercamiento con las comunidades que serán impactadas con el desarrollo de la obra. Los datos preliminares del censo indican que hay alrededor de 2 mil 500 personas, que representan aproximadamente 550 familias en 38 comunidades dentro de la huella del lago, con las cuales la ACP trabajará en un proceso de reasentamiento participativo, “respetando sus derechos y con compensaciones justas”. El lago de río Indio inundaría 4 mil 600 hectáreas, pero el programa de titulación de tierras es para toda la cuenca de río Indio que comprende58milhectáreas. El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza (izq.) y el administrador del Canal de Panamá (der.), Ricaurte Vásquez en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Cortesía Agua, prioridad en el presupuesto de $5,207 millones de la ACP Mario De Gracia [email protected] PROYECTO DE LEY Vásquez sustentó que el embalse en el área de río Indio es mejor frente a la alternativa del lago Bayano. Entre las interrogantes de los diputados de la Asamblea Nacional durante la sustentación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un tema fue constante: el agua para el consumo humano y el tránsito de los buques. Los recuerdos de la sequía de 2024 —que llevaron a la ACP a limitar el número de buques que podían transitar por las esclusas— circularon por la Comisión de Presupuesto, que finalmente aprobó en primer debate el proyecto de ley 309, que dicta el presupuesto de la entidad en $5,207 millones para la vigencia fiscal de 2026. En la Comisión fueron expuestas las medidas que está tomando la ACP para garantizar la sostenibilidad hídrica tanto para el consumo humano como para el tránsito de buques: el proyecto de embalse río Indio. “La solución de río Indio es una solución que podemos decir, es desesperada, ante una situación de generar el bienestar a todo el país a través de los ingresos del Canal de Panamá (...). Esta solución, que resuelve por 50 años, no significa que el país ahora tiene 50 años de holgura para ver cómo resuelve el resto del problema, es un problema urgente y de ya, un tema nacional donde el Canal de Panamá aporta su competencia para ayudar a resolverlo“, dijo Ricaurte Vásquez, administrador de la ACP sobre el proyecto de río Indio. La “mejor opción” ante la urgencia del abastecimiento de agua para el consumo humano y para las operaciones del Canal “es río Indio”, explicó Vásquez. No obstante, el administrador admitió que el proyecto no es una solución definitiva. El proyecto de embalse generó cuestionamientos por parte del diputado Manuel Samaniego, de la Coalición Vamos, particularmente porque implica el desplazamiento de los residentes de comunidades aledañas al río Indio. Vásquez sustentó que el embalse en el área de río Indio es mejor frente a la alternativa del lago Bayano, puesto que ella implicaría que la ACP hiciera una inversión fuera de su propiedad, algo que dice, sería una experiencia nueva. En cuanto a inversión, también es más conveniente el río Indio porque se estima en $1,600 millones, mientras Bayano superaría los $4 mil millonees, además de los impactos sociales que tendría. Entre 2006 y junio de 2024, el área de río Indio se encontraba fuera de la cuenca de la ACP, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2024 restituyó los límites de una norma de 1999, entre los que se incluye río Indio como parte de la jurisdicción de la ACP. Vásquez explicó, además, que cualquier opción afectaría en algún grado a la población, al tiempo que detalló que el problema para el abastecimiento de agua para el consumo humano es de distribución, no de producción. Por su parte, Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP, explicó que el proyecto es urgente, puesto que “estamos viendo cada vez años secos más frecuentes”. Aseguró que la comunidad en el territorio quiere colaborar con el Canal y que aquellos que lo hagan tendrán compensaciones proporcionales a los bienes materiales y los medios de vida que poseen. No obstante, en mayo de 2025, moradores del sector realizaron una marcha acuática contra el proyecto. “El río Indio enfrenta su mayor amenaza ante el apetito insaciable de la junta directiva de la ACP (...)”, aseguró entonces Florentino Chirú, vocero de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, organización que se opone al proyecto. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha achacado a “la izquierda radical y grupos de la Iglesia católica radical de la izquierda” la oposición de moradores al proyecto, mientras el Canal continuará con el trabajo en sitio para convencer a los moradores de la reubicación hasta febrero de 2026. De $1,600 millones, que cuesta río Indio, $400 millones serían para compensaciones. Los números duros De acuerdo con las cifras presentadas, la ACP proyecta ingresos totales por $5,207 millones para el año 2026, de los cuales $3,796 millones corresponden a peajes y $1,321 millones a otros servicios de tránsito. Los gastos de operación ascienden a $1,615 millones, siendo los servicios personales (752 millones), prestaciones laborales (106 millones) y depreciación y deterioro (208 millones) los rubros más representativos. Sin embargo, se prevé una reducción en los ingresos de cerca de $400 millones, cuando se compara el mismo rubro con el año 2025. La utilidad neta estimada para el año fiscal 2026 alcanza $3,369 millones, de los cuales, tras provisiones y reservas, se generarían excedentes por $2,648 millones. Además, el programa de inversiones asciende a $756 millones, lo que refleja la estrategia de la ACP para mantener y fortalecer la competitividad de la ruta. Igualmente, se esperan aportes de la ACP al Tesoro Nacional por el orden de $3,193 millones para 2026. El proyecto, finalmente pasará a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera llegue la próxima semana, antes del 30 de septiembre de 2025. John Lagman, Andrés Pagés Chanis y Bettina Woll de Montenach. Wilfredo Jordán
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