6A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Panorama Espías japoneses en Panamá: tratado Fábrega-Wilson y Filós-Hines José Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA El rechazo popular al tratado Filós-Hines en 1947 unió a estudiantes, mujeres y comunidades. Panamá defendió su soberanía frente a Estados Unidos, frenando la permanencia de bases militares tras la Segunda Guerra Mundial. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos trató de mantenerse fuera, pero un ataque sorpresa a su base en Pearl Harbor, Hawaii, que causó miles de muertes, llevó al presidente Franklin D. Roosevelt a declarar la guerra a Japón. A raíz de esto, el presidente de Panamá, Ricardo Adolfo de la Guardia, sin un ejército, también le declaró la guerra. Panamá fue la primera nación de Latinoamérica en hacerlo. Por esta razón, espías japoneses estaban en el país. Algunos se hacían pasar por pescadores o barberos, y su jefe residía en la Avenida B. Poco después, Panamá también le declaró la guerra a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler. Era una declaración simbólica, pero estratégica. Al declararle la guerra a los enemigos de Estados Unidos, aseguraba que ellos defenderían tanto el territorio panameño como el Canal, en medio del conflicto mundial. Por ello, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Edwin Wilson, solicitó al canciller Octavio Fábrega que el país cediera 15 mil hectáreas para establecer bases militares fuera de la Zona del Canal. Este fue el tratado Fábrega-Wilson. A cambio, Estados Unidos se comprometía a realizar 12 aportes en Panamá, como alcantarillados, carreteras y tierras, entre otros. La condición era que las 15 mil hectáreas regresarían a Panamá un año después de haber terminado la guerra. Sin embargo, tras el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, que puso fin al conflicto, y justo antes de que expirara el plazo, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó a Panamá su interés en mantener la base de Río Hato y otros 12 sitios estratégicos: Jaqué, Isla Grande, Isla del Rey, Las Margaritas (Coclé), Pocrí, Punta Mala, Salud (Colón), San Blas (nombre colonial de Guna Yala), San José, Taboga, Taboguilla y Victoria (cerca de Pacora). El presidente Enrique A. Jiménez nombró a Ricardo J. Alfaro como ministro de Relaciones Exteriores para negociar este asunto, pero no pudieron ponerse de acuerdo en algo: Río Hato. Estados Unidos lo quería por 20 años, mientras que Alfaro sostenía que no podía concederse por más de cinco. Jiménez decidió proponer una concesión por 10 años, prorrogables por otros 10. Alfaro, en absoluto desacuerdo, presentó su renuncia. El presidente designó entonces a su ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Filós, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Este, junto con el embajador estadounidense Frank Hines, negoció el convenio de sitios de defensa, conocido como Tratado Filós-Hines, que buscaba extender la presencia militar más allá de la guerra. Cuando se filtró la información, la Federación de Estudiantes, el Frente Patriótico de la Juventud, los alumnos del Instituto Nacional y otros sectores organizaron manifestaciones de rechazo. Mensajes de oposición llegaron a la Asamblea, y hasta miembros de esta (incluyendo a Ricardo J. Alfaro) se sumaron a las protestas. Desde Penonomé y Antón, estudiantes y comunidades viajaron hasta Río Hato para protestar. El 16 de diciembre de 1947, unas 10 mil mujeres marcharon en la ciudad de Panamá, en la movilización femenina más grande registrada en el país hasta ese momento. El 22 de diciembre, la Asamblea Nacional sesionó para decidir sobre el tratado. Al cerrar la votación, el tratado Filós-Hines había sido rechazado por unanimidad, y unos 22 mil panameños se reunieron cerca de Las Bóvedas para celebrar que el clamor popular y la resistencia de panameños y panameñas organizándose, frenaron las bases militares de uno de los países más poParte del dinero retenido por Aduanas. Cortesía En la ruta del ‘cash’ ilícito: decomisan casi $1 millón en lo que va de 2025 CONTRABANDO Eliana Morales Gil [email protected] El hallazgo de fajos de billetes ocultos en maletas o pegados al cuerpo de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen o a otras terminales aéreas del país, es un fenómeno que se replica constantemente. En lo que va de 2025, la Autoridad Nacional de Aduanas ha decomisado casi un millón de dólares en efectivo no declarado, una cifra que revela la magnitud de una práctica que conecta a Panamá con las rutas del lavado de dinero en la región. “Lo que ha cambiado en esta gestión es que cada centavo decomisado se reporta en tiempo real a las autoridades competentes”, aseguró la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, en entrevista con La Prensa. Según explicó, apenas se detecta un monto irregular, el caso pasa inmediatamente al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Contamos con mesas de trabajo interinstitucionales y una de ellas se realiza con la UAF, con la que mantenemos comunicación directa al 100%. Esto permite que ellos asuman sus investigaciones de manera inmediata y eficiente”, añadió la directora de Aduanas. El dinero incautado, en la mayoría de los casos proviene de países de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente Cuba. En este último caso, las autoridades presumen que no siempre está vinculado a organizaciones criminales, sino al hecho de los cubanos no pueden mover capitales por vías regulares. Panamá pierde hasta $500 millones por el contrabando Si el dinero en efectivo tiene en alerta a las autoridades, el contrabando representa un golpe aún más duro a las finanzas públicas. Solo por cigarrillos y mercancía ingresada mediante servicios courier, Panamá pierde entre 200 y 500 millones de dólares al año, reveló Valdivieso. El caso de los cigarrillos es especialmente alarmante: lo que antes parecía un negocio menor, hoy constituye una plataforma de financiamiento para redes criminales internacionales. “El rédito de este comercio ilícito es de hasta 700%, lo que lo hace más rentable que el narcotráfico”, advirtió. Las cajetillas ilegales provienen principalmente de India, aunque también llegan de China y Corea del Norte. Su entrada al país no solo impacta la recaudación estatal y pone en jaque al comercio formal, sino que además ha obligado a la institución a desempolvar herramientas legales. Por primera vez en años, Aduanas aplicó la ley penal aduanera, con la que se han logrado detenciones y procesos contra cabecillas de estas redes. El comercio por courier, en tanto, se ha convertido en otro reto. “Todas las aduanas del mundo tienen ese problema. Se han convertido en almacenes, en locales, y no tenemos la capacidad al 100% para fiscalizar que todos los impuestos se paguen”, relató Valdivieso, quien recientemente participó en una cumbre aduanera en Bélgica donde se abordó el asunto. Tecnología como aliada La batalla contra el contrabando y el lavado no se libra solo con operativos y detenciones. En los últimos meses, Aduanas ha dado pasos hacia la modernización tecnológica, conscientes de que el volumen de pasajeros y mercancías hace imposible un control manual efectivo. El primer cambio fue la digitalización de la declaración jurada de viajeros, que sustituyó los formularios en papel. El nuevo sistema permite perfilar con mayor precisión a quienes ingresan con montos superiores a los $10 mil, en lugar de dispersar los esfuerzos en cientos de pasajeros de un mismo vuelo. El siguiente paso será el rediseño de los carriles en aeropuertos. Según la directora de Aduanas, el propósito es adquirir tecnología para que las maletas sean escaneadas automáticamente una vez bajen del avión. Un software de análisis de riesgo decidirá en segundos qué equipaje se revisa, cuál requiere documentos adicionales y cuál puede salir sin demoras. Con ello, ya no será el inspector ni la policía quien decida en la fila, sino un sistema automatizado. “Estamos cerrando brechas que antes permitían que dinero o mercancía ilícita entrara sin control”, destacó Valdivieso. Más allá de cifras y decomisos, la funcionaria insiste en que el contrabando no es un problema que afecta solo al Estado. Detrás de un producto falsificado puede haber riesgos directos para la salud: desde medicamentos adulterados hasta alimentos sin controles sanitarios. “El comercio ilícito no solo erosiona la recaudación, también desarticula a la economía formal y pone en riesgo a los consumidores”, concluyó la jefa de Aduanas. María Eugenia López. Archivo López Arias reconoce que debe superar falta de confianza en el sistema JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La magistrada presidenta María Eugenia López reconoció que la desconfianza en el sistema judicial es uno de los principales obstáculos a superar para lograr una administración de justicia eficiente. Durante un acto de rendición de cuentas y transparencia sobre la gestión de los años 2024-2025, López afirmó que solo a través de la transparencia, la efectividad judicialylapreparacióndejueces, magistrados y personal judicial podrá superarse esa desconfianza. Recientemente, el Órgano Judicial ha estado en el centro de las críticas por la aprobación de aumentos salariales para magistrados de la Corte y el intento frustrado de establecer una jubilación especial para jueces y magistrados a costa del presupuesto general del Estado. López Arias explicó que la resolución efectiva y oportuna de los casos es un instrumento clave para evaluar la eficiencia del sistema de justicia. Añadió que otro factor esencial para generar confianza es garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, sin importar su condición económica o social. Recalcó, además, la necesidad de un marco legal estable y claro que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones, y que asegurealosadministradoresde justicia la aplicación justa de las normas. Cifras del Órgano Judicial revelan que en los últimos cinco años se gestionaron 821 mil casos, de los cuales se resolvieron 763 mil, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial. En este mismo período, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió 7 mil procesos: un 62% correspondió a amparos de garantías constitucionales, 15% a habeas corpus, 11% a demandas de inconstitucionalidad, 7% a habeas data y 6% a asuntos penales. Los datos indican que entre 2021 y 2025 la Corte Suprema atendió 26 mil 631 nuevos procesos, todos resueltos en su totalidad. Por su parte, el magistrado Abel Zamorano, presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, informó que la implementación de la carrera judicial ha alcanzado un 60%, pendiente únicamente del nombramiento de 102 jueces del Sistema Penal Acusatorio, entre ellos jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento.
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