2A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Las pólizas privadas representan para el Estado erogaciones cercanas a los $100 millones al año . Archivo La lista de las pólizas privadas del Estado: 43 entidades y $95.5 millones en seguros Mario De Gracia [email protected] FONDOS PÚBLICOS El informe revela la magnitud del gasto estatal en seguros privados, donde la mayoría de las entidades mantienen coberturas millonarias y destacan dependencias como el Ministerio de Seguridad, con la mayor proporción del presupuesto. Son 43 las entidades del Estado que actualmente cuentan con una póliza colectiva privada para su personal, según una lista elaborada por la Contraloría General de la República (CGR). Estos contratos —que en total suman 46— tienen un costo estimado anual de $95.5 millones de dólares. Solo la póliza contratada con Mapfre Panamá, S.A. por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), que incluye a todo el personal de los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Senan y Senafront), representa $67.9 millones. La lista de los seguros privados contratados por el Estado fue solicitada por el diputado Ernesto Cedeño al contralor Anel Flores, luego de que La Prensa revelara que el Órgano Judicial (OJ) acababa de renovar la póliza privada de vida, salud, accidentes y lesiones personales, a un costo de $15 millones. Esta póliza tiene una vigencia de 36 meses y brinda cobertura a 6,988 personas de la carrera judicial. La Contraloría desconoce quién paga estas pólizas: si el Estado asume el 100% del costo o si este es compartido con los funcionarios beneficiados. Esa información es “administrada” por cada entidad contratante. Por tanto, “no contamos con datos consolidados que permitan establecer con precisión cuánto ha pagado el Estado en concepto de seguros y si el costo es asumido en su totalidad por la institución o compartido con el funcionario”, explicó el contralor Flores en su respuesta al diputado Cedeño, el 10 de septiembre pasado. En el caso del OJ, se sabe que el Estado asumió completamente el pago, ya que se trata de un beneficio consignado en la Ley de Carrera Judicial. Dos listas Cuando el contralor Flores respondió la solicitud de información del diputado Cedeño, le entregó no una, sino dos listas: una de las entidades que han contratado pólizas de vida y salud, en la que hay 14 entidades, y otra en la que solo están las instituciones que cuentan únicamente con pólizas de vida (más no de salud), en la que hay 32. La Zona Libre de Colón ha contratado ambas coberturas, por tanto, aparece en las dos listas entregadas por Flores. Las pólizas de vida y salud representan un gasto de $90.2 millones, mientras que las que solo cubren vida ascienden a $5.3 millones. Según la CGR, ese es el “valor estimado anual”, pero La Prensa observó que la suma incluyeelmontocompletode las pólizas del Órgano Judicial y del Minseg, que tienen una cobertura por tres años. En la lista no consta el monto de la póliza de salud contratada por el Tribunal Electoral (TE). Las más costosas Después de las pólizas del Minseg y del OJ, la del Benemérito Cuerpo de Bomberos es la más onerosa: $3.9 millones. Le sigue la del Ministerio de Educación, con $3 millones. El Ministerio de la Presidencia también figura, con dos pólizas de vida contratadas con Assa: una por $6,741.58 anuales y la otra por $3,932.44 anuales. Por sus montos, parece evidente que no ofrecen cobertura a todo el personal. Se desconoce a quiénes benefician. También cuentan con pólizas privadas la mayoría de las empresas estatales que operan bajo el modelo de sociedad anónima: la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA), el Metro de Panamá, S.A., y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa). Asimismo, han hecho las dos procuradurías —la de la Nación y la de la Administración— y las cuatro superintendencias: la de Bancos (SBP), la del Mercado de Valores, la de Seguros y Reaseguros, y la de Sujetos No Financieros. También está incluida la propia Contraloría, con una póliza colectiva de vida y salud que asciende a casi $2.2 millones. Autoridades de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) sustentaron su proyecto de presupuesto para el próximo año, con una solicitud puntual: quieren que se les asigne el mismo monto de 2025, es decir, $54 millones. El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, el mismo día en que la comisión atendió a los equipos docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la Universidad Marítima de Panamá. La presentación estuvo a cargo de la rectora de este centro de estudios superiores, Nicolasa Terreros Barrios. La rectora presentó a los diputados un detallado resumen de la gestión de esta universidad, que fue creada mediante la Ley 40 de del 18denoviembrede1997,tiene 13,139 estudiantes y una oferta académica que incluye 38 pregrados y grados distribuidos en cuatro facultades. Además de 64 postgrado y maestrías, dos doctorados y 289 diplomados. Terreros Barrios explicó que solicitaron $82.3 millones para 2026, distribuidos de la siguiente manera: $69.4 millones para funcionamiento y $12.9 millones para inversión. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó apenas $36.3 millones: $34.9 millones para funcionamiento y $1.4 millones para inversión. La rectora sustentó que el recorte del 56% al presupuesto de 2026 resulta preocupante, pues no solo comprometería el pago de las planillas docentes, sino que también pondría en riesgo la continuidad de las obras de construcción de las extensiones universitarias en Coclé, Colón y Los Santos. Añadió que otra de las áreas que se vería impactada son las investigaciones desarrolladas por estudiantes y profesores, fundamentales para que Udelas mantenga presencia en los ránquines académicos. LadiputadaJaninePrado, de la bancada independiente Vamos, consultó cuántos docentes y administrativos tiene la institución. Las autoridades de Udelas informaron que cuentan con 1,577 profesores, de los cuales 1,351 son temporales y 226 permanentes. Añadieron que estiman un incremento en la matrícula de entre 600 y 700 estuUdelas: recorte del 56% de fondos pone en riesgo obras e investigaciones PRESUPUESTO diantes, en línea con la tendencia de crecimiento de los últimos años, que oscila entre el 8% y el 10%. A la diputada Prado también le llamó la atención el renglón 163, correspondiente a gastos judiciales: $596,420. Joansky Quiroz, director de Finanzas de la universidad, explicó que esos gastos corresponden a trámites en notarías y otros procesos relacionados con la legalización de propiedades. Señaló que es necesario gestionar la documentación de las nuevas extensiones y cubrir los impuestos requeridos para inscribir dichas propiedades a nombre de la universidad. La diputada también preguntó sobre el renglón 172 destinado a consultorías. Quiroz contestó que son fondos destinados a la contratación de “servicios profesionales”, basados en una planificación para la incorporación de docentes extranjeros debido a las características de las especialidades que brinda Udelas. Cargo en firme Además, le preguntó a la rectora si su cargo estaba en firme. Deika Nieto, directora de Asesoría Jurídica de Udelas, respondió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha emitido cinco resoluciones favorables al proceso electoral que llevó a Terreros Barrios a la rectoría. No obstante, añadió que se han presentado 20 demandas en torno al proceso que “van a tomar su tiempo”. Sin embargo, dijo, los recursos legales que han sido resueltos “están dirigidos a declarar legal el proceso electoral que se derivó con la escogencia de la rectora Nicolasa Terreros (...)”. Al final, varios de los diputados de la comisión concluyeron en que el presupuesto debe ser reconsiderado. Eliana Morales Gil [email protected] Equipo de Udelas sustentando el presupuesto. Elysée Fernández Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama FE DE ERRORES En la edición del 16 de septiembre de 2025, en la página 6A, en la nota titulada “El nepotismo sigue enquistado en la Unachi: 200 personas investigadas”, se publicó por error una fotografía que no correspondía a la noticia. La imagen muestra al equipo de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), que, al igual que la Unachi, sustentó su presupuesto el 15 de septiembre. Plantean cambios a la ley de carrera administrativa El Consejo de Gabinete aprobó la redacción de un proyecto de ley que busca subrogar la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que rige actualmente la carrera administrativa de los servidores públicos. El nuevo proyecto plantea la creación de una nueva ley de carrera administrativa, informó Sheyla Valdez, directora general de carrera administrativa, adscrita al Ministerio de la Presidencia. A pesar de que fue aprobado en el Gabinete, Valdez aseguró que el proyecto fue trabajado de la mano con el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, y contó con el consenso de actores de la sociedad civil. “De la mano con el diputado Roberto Zúñiga hemos trabajado. Esto fue una iniciativa de él y a su vez fue parte del plan ejecutivo de gobierno. Ambas vías hemos tenido la sinergia de trabajar este proyecto en conjunto”, dijo la funcionaria. Asimismo, se informó que la nueva propuesta buscaría impulsar la eficiencia y el mérito en la carrera administrativa, a través de concursos abiertos al público o estableciendo un mecanismo de doble evaluación a los funcionarios públicos en ejercicio. CONSEJO DE GABINETE Mario De Gracia [email protected]
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