1A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 17 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15141 Hoy por hoy La advertencia de la Contraloría General sobre no refrendar contratos que ya se ejecutaron parece una obviedad: la Ley 22 de 2006 lo prohíbe expresamente. Sin embargo, lo que debería ser regla básica de transparencia se ha convertido en una práctica malsana instalada en el aparato estatal. Gobiernos de distinto signo han tolerado que ministerios, instituciones y proveedores actúen como si el control previo fuese un trámite decorativo, cuando en realidad constituye la garantía de que cada contrato cumple con la legalidad y el interés público antes de ejecutarse. Contratar primero y refrendar después no solo viola la ley, sino que abre la puerta a sobrecostos, discrecionalidad y corrupción. No es la primera vez que la Contraloría tiene que recordar lo obvio. Hace unas semanas, otra circular exigió la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas. Dos advertencias recientes que retratan un mismo mal: el Estado ha normalizado incumplir la ley. Si esas advertencias no se convierten en política sostenida, seguiremos validando lo inaceptable: normalizar la ilegalidad. Robert Redford, más que un guapo de Hollywood 5B Ellas. pa Panorama Corprensa anuncia cambios en su gerencia 7A Economía Refrendan el financiamiento de la línea 3 del metro 3B Puertos y gasoducto: las dos apuestas del Canal Reyna Katiuska Hernández [email protected] La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó su plan estratégico 2025-2035, una hoja de ruta de largo plazo que busca mantener la competitiHOJA DE RUTA El plan estratégico 2025-2035 de la Autoridad del Canal incluye inversiones entre $2,000 y $8,000 millones en gasoducto, nuevos puertos y obras hídricas, con miras a diversificar ingresos y fortalecer la competitividad. vidad de la vía interoceánica y diversificar sus ingresos más allá del tránsito de buques. La propuesta incluye dos proyectos emblemáticos: el desarrollo de nuevas terminales portuarias y la construcción de un gasoducto transístmico. El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, detallaron que los proyectos se enmarcan en cuatro ejes: optimización del negocio central, creación de un hub intermodal de contenedores, impulso al gasoducto y consolidación de un ecosistema logístico integrado. El plan contempla puertos en Corozal (Pacífico) e isla Telfers (Atlántico), además de un reservorio en el río Indio para asegurar agua. En cuanto al gasoducto, se prevé iniciar su construcción en 2027, con una inversión estimada entre $2,000 millones y $8,000 millones, dependiendo de la magnitud final del proyecto. VEA 1B El objetivo de los nuevos proyectos de la ACP es mantener y reforzar la competitividad del Canal de Panamá. Alexander Arosemena La Contraloría advirtió que no refrendará servicios, compras u obras ya ejecutadas sin aval legal, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 22 de 2006. La medida busca reforzar el control previo y frenar una práctica frecuente en el Estado: presentar contratos y órdenes de compra después de ejecutados. La circular del contralor Anel Flores afecta contratos millonarios del Minsa con los consorcios Hombres de Blanco y Sicarelle, aún en ejecución sin refrendo. Estos acuerdos podrían quedar sin efecto ni derecho a cobro. VEA 7A 43 entidades del Estado tienen seguros privados Mora quirúrgica y de citas en la CSS deja a 33 mil en lista de espera Contraloría cierra la puerta a contratos que carecen de refrendo previo Un total de 43 instituciones estatales costean pólizas privadas para su personal, por $95.5 millones anuales, pese a la cobertura de la Caja de Seguro Social, según registros de la Contraloría General de la República. VEA 3A La CSS enfrenta una mora quirúrgica y de consultas que afecta a unos 33 mil pacientes. Pese a avances parciales y $18.2 millones destinados a enfrentar esta crisis, garantizar atención oportuna sigue siendo un reto. VEA 4A FONDOS PÚBLICOS CRISIS DE SERVICIOS UI UNIDAD INVESTIGATIVA Ley 22 de 2006 Artículo 74. “Los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista...” Israel inicia ‘una gran ofensiva militar’ terrestre para tomarse la Ciudad de Gaza www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Las pólizas privadas representan para el Estado erogaciones cercanas a los $100 millones al año . Archivo La lista de las pólizas privadas del Estado: 43 entidades y $95.5 millones en seguros Mario De Gracia [email protected] FONDOS PÚBLICOS El informe revela la magnitud del gasto estatal en seguros privados, donde la mayoría de las entidades mantienen coberturas millonarias y destacan dependencias como el Ministerio de Seguridad, con la mayor proporción del presupuesto. Son 43 las entidades del Estado que actualmente cuentan con una póliza colectiva privada para su personal, según una lista elaborada por la Contraloría General de la República (CGR). Estos contratos —que en total suman 46— tienen un costo estimado anual de $95.5 millones de dólares. Solo la póliza contratada con Mapfre Panamá, S.A. por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), que incluye a todo el personal de los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Senan y Senafront), representa $67.9 millones. La lista de los seguros privados contratados por el Estado fue solicitada por el diputado Ernesto Cedeño al contralor Anel Flores, luego de que La Prensa revelara que el Órgano Judicial (OJ) acababa de renovar la póliza privada de vida, salud, accidentes y lesiones personales, a un costo de $15 millones. Esta póliza tiene una vigencia de 36 meses y brinda cobertura a 6,988 personas de la carrera judicial. La Contraloría desconoce quién paga estas pólizas: si el Estado asume el 100% del costo o si este es compartido con los funcionarios beneficiados. Esa información es “administrada” por cada entidad contratante. Por tanto, “no contamos con datos consolidados que permitan establecer con precisión cuánto ha pagado el Estado en concepto de seguros y si el costo es asumido en su totalidad por la institución o compartido con el funcionario”, explicó el contralor Flores en su respuesta al diputado Cedeño, el 10 de septiembre pasado. En el caso del OJ, se sabe que el Estado asumió completamente el pago, ya que se trata de un beneficio consignado en la Ley de Carrera Judicial. Dos listas Cuando el contralor Flores respondió la solicitud de información del diputado Cedeño, le entregó no una, sino dos listas: una de las entidades que han contratado pólizas de vida y salud, en la que hay 14 entidades, y otra en la que solo están las instituciones que cuentan únicamente con pólizas de vida (más no de salud), en la que hay 32. La Zona Libre de Colón ha contratado ambas coberturas, por tanto, aparece en las dos listas entregadas por Flores. Las pólizas de vida y salud representan un gasto de $90.2 millones, mientras que las que solo cubren vida ascienden a $5.3 millones. Según la CGR, ese es el “valor estimado anual”, pero La Prensa observó que la suma incluyeelmontocompletode las pólizas del Órgano Judicial y del Minseg, que tienen una cobertura por tres años. En la lista no consta el monto de la póliza de salud contratada por el Tribunal Electoral (TE). Las más costosas Después de las pólizas del Minseg y del OJ, la del Benemérito Cuerpo de Bomberos es la más onerosa: $3.9 millones. Le sigue la del Ministerio de Educación, con $3 millones. El Ministerio de la Presidencia también figura, con dos pólizas de vida contratadas con Assa: una por $6,741.58 anuales y la otra por $3,932.44 anuales. Por sus montos, parece evidente que no ofrecen cobertura a todo el personal. Se desconoce a quiénes benefician. También cuentan con pólizas privadas la mayoría de las empresas estatales que operan bajo el modelo de sociedad anónima: la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA), el Metro de Panamá, S.A., y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa). Asimismo, han hecho las dos procuradurías —la de la Nación y la de la Administración— y las cuatro superintendencias: la de Bancos (SBP), la del Mercado de Valores, la de Seguros y Reaseguros, y la de Sujetos No Financieros. También está incluida la propia Contraloría, con una póliza colectiva de vida y salud que asciende a casi $2.2 millones. Autoridades de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) sustentaron su proyecto de presupuesto para el próximo año, con una solicitud puntual: quieren que se les asigne el mismo monto de 2025, es decir, $54 millones. El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de septiembre, el mismo día en que la comisión atendió a los equipos docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la Universidad Marítima de Panamá. La presentación estuvo a cargo de la rectora de este centro de estudios superiores, Nicolasa Terreros Barrios. La rectora presentó a los diputados un detallado resumen de la gestión de esta universidad, que fue creada mediante la Ley 40 de del 18denoviembrede1997,tiene 13,139 estudiantes y una oferta académica que incluye 38 pregrados y grados distribuidos en cuatro facultades. Además de 64 postgrado y maestrías, dos doctorados y 289 diplomados. Terreros Barrios explicó que solicitaron $82.3 millones para 2026, distribuidos de la siguiente manera: $69.4 millones para funcionamiento y $12.9 millones para inversión. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó apenas $36.3 millones: $34.9 millones para funcionamiento y $1.4 millones para inversión. La rectora sustentó que el recorte del 56% al presupuesto de 2026 resulta preocupante, pues no solo comprometería el pago de las planillas docentes, sino que también pondría en riesgo la continuidad de las obras de construcción de las extensiones universitarias en Coclé, Colón y Los Santos. Añadió que otra de las áreas que se vería impactada son las investigaciones desarrolladas por estudiantes y profesores, fundamentales para que Udelas mantenga presencia en los ránquines académicos. LadiputadaJaninePrado, de la bancada independiente Vamos, consultó cuántos docentes y administrativos tiene la institución. Las autoridades de Udelas informaron que cuentan con 1,577 profesores, de los cuales 1,351 son temporales y 226 permanentes. Añadieron que estiman un incremento en la matrícula de entre 600 y 700 estuUdelas: recorte del 56% de fondos pone en riesgo obras e investigaciones PRESUPUESTO diantes, en línea con la tendencia de crecimiento de los últimos años, que oscila entre el 8% y el 10%. A la diputada Prado también le llamó la atención el renglón 163, correspondiente a gastos judiciales: $596,420. Joansky Quiroz, director de Finanzas de la universidad, explicó que esos gastos corresponden a trámites en notarías y otros procesos relacionados con la legalización de propiedades. Señaló que es necesario gestionar la documentación de las nuevas extensiones y cubrir los impuestos requeridos para inscribir dichas propiedades a nombre de la universidad. La diputada también preguntó sobre el renglón 172 destinado a consultorías. Quiroz contestó que son fondos destinados a la contratación de “servicios profesionales”, basados en una planificación para la incorporación de docentes extranjeros debido a las características de las especialidades que brinda Udelas. Cargo en firme Además, le preguntó a la rectora si su cargo estaba en firme. Deika Nieto, directora de Asesoría Jurídica de Udelas, respondió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha emitido cinco resoluciones favorables al proceso electoral que llevó a Terreros Barrios a la rectoría. No obstante, añadió que se han presentado 20 demandas en torno al proceso que “van a tomar su tiempo”. Sin embargo, dijo, los recursos legales que han sido resueltos “están dirigidos a declarar legal el proceso electoral que se derivó con la escogencia de la rectora Nicolasa Terreros (...)”. Al final, varios de los diputados de la comisión concluyeron en que el presupuesto debe ser reconsiderado. Eliana Morales Gil [email protected] Equipo de Udelas sustentando el presupuesto. Elysée Fernández Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama FE DE ERRORES En la edición del 16 de septiembre de 2025, en la página 6A, en la nota titulada “El nepotismo sigue enquistado en la Unachi: 200 personas investigadas”, se publicó por error una fotografía que no correspondía a la noticia. La imagen muestra al equipo de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), que, al igual que la Unachi, sustentó su presupuesto el 15 de septiembre. Plantean cambios a la ley de carrera administrativa El Consejo de Gabinete aprobó la redacción de un proyecto de ley que busca subrogar la Ley 9 del 20 de junio de 1994, que rige actualmente la carrera administrativa de los servidores públicos. El nuevo proyecto plantea la creación de una nueva ley de carrera administrativa, informó Sheyla Valdez, directora general de carrera administrativa, adscrita al Ministerio de la Presidencia. A pesar de que fue aprobado en el Gabinete, Valdez aseguró que el proyecto fue trabajado de la mano con el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, y contó con el consenso de actores de la sociedad civil. “De la mano con el diputado Roberto Zúñiga hemos trabajado. Esto fue una iniciativa de él y a su vez fue parte del plan ejecutivo de gobierno. Ambas vías hemos tenido la sinergia de trabajar este proyecto en conjunto”, dijo la funcionaria. Asimismo, se informó que la nueva propuesta buscaría impulsar la eficiencia y el mérito en la carrera administrativa, a través de concursos abiertos al público o estableciendo un mecanismo de doble evaluación a los funcionarios públicos en ejercicio. CONSEJO DE GABINETE Mario De Gracia [email protected]
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4A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DESMEMORIADO. Según Benicio Robinson, la designación de Roxana Méndez como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) es “ilegal”. Sin embargo, su hijo —que lleva el mismo nombre que él y es su suplente— votó a favor de ese nombramiento el 24 de julio de 2024. Algo debió haber pasado en el último año para que ahora critique lo que, hace un año, era bueno. CINISMO 1. Camacho anunció dos noticias: una buena y otra mala. La buena es que mañana la Comisión de Gobierno (que él preside) discutirá un proyecto de ley presentado por el “procurador”. La “mala” es que ese procurador no es el actual (quien en julio presentó dos proyectos anticorrupción), sino el anterior, Javier Caraballo, actual embajador en Austria. El propio Camacho admite que esa es una “mala” noticia. Para quien se empeña en hacer el mal, eso debe sonar hasta gracioso. CINISMO 2. No se sabe a cuál proyecto se refiere Camacho, pero la última vez que se discutió una propuesta presentada por Caraballo —relacionada con la ciberdelincuencia— fue objetada inicialmente por el Ejecutivo por ser inconveniente e inexequible. Pero bueno, ese es Camacho. Qué se puede esperar... INTOCABLES. Después del puesto de CEO en una multinacional, el mejor cargo del mundo parece ser profesor en la Unachi. Durante la sustentación del presupuesto de esa universidad, los diputados se escandalizaron por los jugosos salarios del personal administrativo y docente. De hecho, 219 trabajadores ganan $7,000 o más. Y si esos salarios se reducen, el Estado se expone a recibir “4,000 demandas”, según dijo el vicerrector de Investigaciones de Unachi, Pedro González. Si eso no es una propuesta o un arreglo de paUna queja constante de los usuarios de la Caja de Seguro Social es el tiempo que deben esperar para realizarse cirugías, incluso para ser atendidos por médicos especialistas. Elysée Fernández CSS: al límite: 33,000 consultas y cirugías aún no realizadas Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La institución reconoce el rezago histórico y la necesidad urgente de planificación, presupuesto y transparencia para garantizar atención oportuna. La Caja de Seguro Social (CSS) arrastra una deuda histórica con sus asegurados que sigue pasando factura: la mora quirúrgica y de consultas se mantiene en niveles alarmantes, pese a los esfuerzos por reducirla. Hasta agosto pasado, la institución registraba 33,527 cirugías, consultas y procedimientos pendientes, mientras que en ese mismo mes apenas se lograron realizar 5,642 atenciones, según cifras oficiales. La mora inicial, que ascendía a 47,815 casos, evidencia que garantizar atención en un máximo de tres meses sigue siendo un reto pendiente. Para enfrentar esta situación, la CSS implementó el Plan de Recuperación de Consultas, Cirugías y Procedimientos, cuyo objetivo es reducir los tiempos de espera y asegurar que ningún paciente espere más de tres meses entre la orden médica y la atención. Sin embargo, los números muestran que alcanzar esta meta es más un desafío que una realidad. El director nacional de Prestaciones y Servicios de Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que, tomando en cuenta el promedio mensual de 5,947 procedimientos realizados, se necesitarían aproximadamente 8.04 meses para reducir la mora actual, considerando solo el 30 % de utilización de los recursos y capacidades disponibles. El presupuesto total destinado a cubrir la mora asciende a $18.2 millones, siendo las provincias con mayor recurso destinado Panamá ($4.4 millones), Chiriquí ($3.5 millones) y Coclé ($2.5 millones). Young destacó que, pese a la magnitud del desafío, se ha logrado una disminución del número de pacientes en listas de espera mayor a la esperada, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Avances parciales del plan Los avances por especialidad muestran resultados mixtos. En ecocardiogramas, de 5,760 pendientes, se han realizado 397, apenas un 7 %. En cataratas, de 3,190, se atendieron 952, un 30 %, mientras que en gastroenterología, de 3,880 procedimientos pendientes, se realizaron 948, un 24 %. Estas cifras evidencian que, aunque se han logrado avances parciales, muchos pacientes siguen esperando atención esencial, y la presión sobre el sistema sanitario se mantiene constante. Young reconoció que la CSS arrastra un rezago histórico, con 49 mil procedimientos pendientes y un abastecimiento de medicamentos cercano al 60 % cuando asumió la nueva administración. Subrayó que es importante dimensionar lo que se ha logrado: en el primer semestre se realizaron 6 millones de consultas, se dispensaron 14 millones de recetas y se llevaron a cabo 16 millones de exámenes de laboratorio. Ningún hospital privado en Panamá maneja ese volumen. Solo en el hospital J.J. Vallarino, en Juan Díaz, se entregan 4,5 millones de pastillas al mes. Sobre la demora en las citas médicas, Young indicó que aún existen casos pendientes y que se está trabajando intensamente para corregirlos. “Me alegra que se plantee la pregunta, porque hay denuncias en curso, incluso ante el Ministerio Público, para investigar por qué se venden citas o se manipulan los procesos de atención. Eso es inaceptable y debe terminar”, aseguró. La situación refleja la presión que enfrenta la CSS para garantizar atención oportuna a miles de pacientes en todo el país. Aunque se observan avances, la institución reconoce que el reto continúa y que será necesario ajustar presupuesto, recursos y planificación para reducir de manera significativa las listas de espera. La mora sigue siendo un desafío que impacta directamente a quienes dependen del sistema de salud pública, afectando no solo su salud, sino también su calidad de vida. La mora quirúrgica y de consultas de la CSS evidencia que, pese a los avances parciales, miles de pacientes continúan esperando atención esencial. La presión sobre el sistema de salud pública persiste, y la necesidad de recursos adecuados, planificación eficiente y transparencia en los procesos se vuelve cada vez más urgente. Para muchos asegurados, cada día de espera no solo representa incomodidad o dolor, sino un riesgo real para su salud y calidad de vida. La CSS reconoce que el desafío es histórico y complejo, y que solo a través de esfuerzos sostenidos y un compromiso real con la población se podrá reducir significativamente la mora y garantizar la atención oportuna que los panameños merecen. go, ¿qué es? ¿Una amenaza? SOBRECARGO. El próximo domingo, el presidente Mulino viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Será su tercer viaje a esa ciudad (que sepamos…) desde que tomó posesión del cargo y el primero en el que tendrá la oportunidad de interactuar con Donald Trump. Todavía no sabemos si eso es bueno o malo.
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6A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Panorama Espías japoneses en Panamá: tratado Fábrega-Wilson y Filós-Hines José Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA El rechazo popular al tratado Filós-Hines en 1947 unió a estudiantes, mujeres y comunidades. Panamá defendió su soberanía frente a Estados Unidos, frenando la permanencia de bases militares tras la Segunda Guerra Mundial. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos trató de mantenerse fuera, pero un ataque sorpresa a su base en Pearl Harbor, Hawaii, que causó miles de muertes, llevó al presidente Franklin D. Roosevelt a declarar la guerra a Japón. A raíz de esto, el presidente de Panamá, Ricardo Adolfo de la Guardia, sin un ejército, también le declaró la guerra. Panamá fue la primera nación de Latinoamérica en hacerlo. Por esta razón, espías japoneses estaban en el país. Algunos se hacían pasar por pescadores o barberos, y su jefe residía en la Avenida B. Poco después, Panamá también le declaró la guerra a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler. Era una declaración simbólica, pero estratégica. Al declararle la guerra a los enemigos de Estados Unidos, aseguraba que ellos defenderían tanto el territorio panameño como el Canal, en medio del conflicto mundial. Por ello, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Edwin Wilson, solicitó al canciller Octavio Fábrega que el país cediera 15 mil hectáreas para establecer bases militares fuera de la Zona del Canal. Este fue el tratado Fábrega-Wilson. A cambio, Estados Unidos se comprometía a realizar 12 aportes en Panamá, como alcantarillados, carreteras y tierras, entre otros. La condición era que las 15 mil hectáreas regresarían a Panamá un año después de haber terminado la guerra. Sin embargo, tras el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, que puso fin al conflicto, y justo antes de que expirara el plazo, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó a Panamá su interés en mantener la base de Río Hato y otros 12 sitios estratégicos: Jaqué, Isla Grande, Isla del Rey, Las Margaritas (Coclé), Pocrí, Punta Mala, Salud (Colón), San Blas (nombre colonial de Guna Yala), San José, Taboga, Taboguilla y Victoria (cerca de Pacora). El presidente Enrique A. Jiménez nombró a Ricardo J. Alfaro como ministro de Relaciones Exteriores para negociar este asunto, pero no pudieron ponerse de acuerdo en algo: Río Hato. Estados Unidos lo quería por 20 años, mientras que Alfaro sostenía que no podía concederse por más de cinco. Jiménez decidió proponer una concesión por 10 años, prorrogables por otros 10. Alfaro, en absoluto desacuerdo, presentó su renuncia. El presidente designó entonces a su ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Filós, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Este, junto con el embajador estadounidense Frank Hines, negoció el convenio de sitios de defensa, conocido como Tratado Filós-Hines, que buscaba extender la presencia militar más allá de la guerra. Cuando se filtró la información, la Federación de Estudiantes, el Frente Patriótico de la Juventud, los alumnos del Instituto Nacional y otros sectores organizaron manifestaciones de rechazo. Mensajes de oposición llegaron a la Asamblea, y hasta miembros de esta (incluyendo a Ricardo J. Alfaro) se sumaron a las protestas. Desde Penonomé y Antón, estudiantes y comunidades viajaron hasta Río Hato para protestar. El 16 de diciembre de 1947, unas 10 mil mujeres marcharon en la ciudad de Panamá, en la movilización femenina más grande registrada en el país hasta ese momento. El 22 de diciembre, la Asamblea Nacional sesionó para decidir sobre el tratado. Al cerrar la votación, el tratado Filós-Hines había sido rechazado por unanimidad, y unos 22 mil panameños se reunieron cerca de Las Bóvedas para celebrar que el clamor popular y la resistencia de panameños y panameñas organizándose, frenaron las bases militares de uno de los países más poParte del dinero retenido por Aduanas. Cortesía En la ruta del ‘cash’ ilícito: decomisan casi $1 millón en lo que va de 2025 CONTRABANDO Eliana Morales Gil [email protected] El hallazgo de fajos de billetes ocultos en maletas o pegados al cuerpo de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen o a otras terminales aéreas del país, es un fenómeno que se replica constantemente. En lo que va de 2025, la Autoridad Nacional de Aduanas ha decomisado casi un millón de dólares en efectivo no declarado, una cifra que revela la magnitud de una práctica que conecta a Panamá con las rutas del lavado de dinero en la región. “Lo que ha cambiado en esta gestión es que cada centavo decomisado se reporta en tiempo real a las autoridades competentes”, aseguró la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, en entrevista con La Prensa. Según explicó, apenas se detecta un monto irregular, el caso pasa inmediatamente al Ministerio Público y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). “Contamos con mesas de trabajo interinstitucionales y una de ellas se realiza con la UAF, con la que mantenemos comunicación directa al 100%. Esto permite que ellos asuman sus investigaciones de manera inmediata y eficiente”, añadió la directora de Aduanas. El dinero incautado, en la mayoría de los casos proviene de países de Latinoamérica: Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente Cuba. En este último caso, las autoridades presumen que no siempre está vinculado a organizaciones criminales, sino al hecho de los cubanos no pueden mover capitales por vías regulares. Panamá pierde hasta $500 millones por el contrabando Si el dinero en efectivo tiene en alerta a las autoridades, el contrabando representa un golpe aún más duro a las finanzas públicas. Solo por cigarrillos y mercancía ingresada mediante servicios courier, Panamá pierde entre 200 y 500 millones de dólares al año, reveló Valdivieso. El caso de los cigarrillos es especialmente alarmante: lo que antes parecía un negocio menor, hoy constituye una plataforma de financiamiento para redes criminales internacionales. “El rédito de este comercio ilícito es de hasta 700%, lo que lo hace más rentable que el narcotráfico”, advirtió. Las cajetillas ilegales provienen principalmente de India, aunque también llegan de China y Corea del Norte. Su entrada al país no solo impacta la recaudación estatal y pone en jaque al comercio formal, sino que además ha obligado a la institución a desempolvar herramientas legales. Por primera vez en años, Aduanas aplicó la ley penal aduanera, con la que se han logrado detenciones y procesos contra cabecillas de estas redes. El comercio por courier, en tanto, se ha convertido en otro reto. “Todas las aduanas del mundo tienen ese problema. Se han convertido en almacenes, en locales, y no tenemos la capacidad al 100% para fiscalizar que todos los impuestos se paguen”, relató Valdivieso, quien recientemente participó en una cumbre aduanera en Bélgica donde se abordó el asunto. Tecnología como aliada La batalla contra el contrabando y el lavado no se libra solo con operativos y detenciones. En los últimos meses, Aduanas ha dado pasos hacia la modernización tecnológica, conscientes de que el volumen de pasajeros y mercancías hace imposible un control manual efectivo. El primer cambio fue la digitalización de la declaración jurada de viajeros, que sustituyó los formularios en papel. El nuevo sistema permite perfilar con mayor precisión a quienes ingresan con montos superiores a los $10 mil, en lugar de dispersar los esfuerzos en cientos de pasajeros de un mismo vuelo. El siguiente paso será el rediseño de los carriles en aeropuertos. Según la directora de Aduanas, el propósito es adquirir tecnología para que las maletas sean escaneadas automáticamente una vez bajen del avión. Un software de análisis de riesgo decidirá en segundos qué equipaje se revisa, cuál requiere documentos adicionales y cuál puede salir sin demoras. Con ello, ya no será el inspector ni la policía quien decida en la fila, sino un sistema automatizado. “Estamos cerrando brechas que antes permitían que dinero o mercancía ilícita entrara sin control”, destacó Valdivieso. Más allá de cifras y decomisos, la funcionaria insiste en que el contrabando no es un problema que afecta solo al Estado. Detrás de un producto falsificado puede haber riesgos directos para la salud: desde medicamentos adulterados hasta alimentos sin controles sanitarios. “El comercio ilícito no solo erosiona la recaudación, también desarticula a la economía formal y pone en riesgo a los consumidores”, concluyó la jefa de Aduanas. María Eugenia López. Archivo López Arias reconoce que debe superar falta de confianza en el sistema JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La magistrada presidenta María Eugenia López reconoció que la desconfianza en el sistema judicial es uno de los principales obstáculos a superar para lograr una administración de justicia eficiente. Durante un acto de rendición de cuentas y transparencia sobre la gestión de los años 2024-2025, López afirmó que solo a través de la transparencia, la efectividad judicialylapreparacióndejueces, magistrados y personal judicial podrá superarse esa desconfianza. Recientemente, el Órgano Judicial ha estado en el centro de las críticas por la aprobación de aumentos salariales para magistrados de la Corte y el intento frustrado de establecer una jubilación especial para jueces y magistrados a costa del presupuesto general del Estado. López Arias explicó que la resolución efectiva y oportuna de los casos es un instrumento clave para evaluar la eficiencia del sistema de justicia. Añadió que otro factor esencial para generar confianza es garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema judicial, sin importar su condición económica o social. Recalcó, además, la necesidad de un marco legal estable y claro que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y obligaciones, y que asegurealosadministradoresde justicia la aplicación justa de las normas. Cifras del Órgano Judicial revelan que en los últimos cinco años se gestionaron 821 mil casos, de los cuales se resolvieron 763 mil, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial. En este mismo período, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió 7 mil procesos: un 62% correspondió a amparos de garantías constitucionales, 15% a habeas corpus, 11% a demandas de inconstitucionalidad, 7% a habeas data y 6% a asuntos penales. Los datos indican que entre 2021 y 2025 la Corte Suprema atendió 26 mil 631 nuevos procesos, todos resueltos en su totalidad. Por su parte, el magistrado Abel Zamorano, presidente del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, informó que la implementación de la carrera judicial ha alcanzado un 60%, pendiente únicamente del nombramiento de 102 jueces del Sistema Penal Acusatorio, entre ellos jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento.
7A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Panorama Sede de Corprensa en la avenida 12 de Octubre. Archivo Corprensa comunica cambios en la gerencia general MEDIOS Redacción de La Prensa [email protected] Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) comunica la renuncia del ingeniero Juan Carlos Planells, gerente general de la empresa hasta el pasado 15 de septiembre. El ingeniero Planells fue parte de la corporación desde el año 1985. En 40 años, ocupó diversas posiciones en las zonas de producción y tecnología. Le correspondió vivir distintas transformaciones del periódico: la impresión de blanco y negro a colores; el nacimiento de Mi Diario y de varias revistas; la incorporación del internet y de www.prensa.com y www. midiario.com, los cambios en el modelo de negocios, la transformación digital, el bloqueo de un contratista del Estado, un secuestro civil y una pandemia respiratoria, entre otros eventos. En el año 2011 fue nombrado gerente general. La junta directiva de Corprensa expresa su agradecimiento al ingeniero Planells por su dedicación, liderazgo y compromiso, deseándole el mayor de los éxitos en las actividades profesionales y personales que ahora emprenderá. La junta directiva anunció que su presidente, Jorge Molina Mendoza, asumirá las tareas gerenciales de forma interina. Basilio Fernández, Sudy de Chassin y Casilda Pérez se mantienen como gerentes de Producción y Logística, de Ventas y Comercial y de la División Comercial, respectivamente. CSJ rechaza demanda del Suntracs contra la CA por el cierre de cuentas JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia revocó una decisión de noviembre de 2024 y declaró no admitida la demanda de indemnización presentada por el Sindicato ÚnicoNacionadeTrabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) contra la Caja de Ahorros (CA). El sindicato reclamaba $5 millones por daños tras el cierre de 18 cuentas bancarias en noviembre de 2023, en medio de las protestas contra el contrato minero con Minera Panamá. La resolución fue comunicada el 16 de septiembre mediante edicto No.2021, firmado por la magistrada María Cristina Chen Stanziola. En primera instancia, la demanda había sido admitida con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, pero ahora la Sala Tercera varió su criterio. La CA justificó el cierre de las cuentas en “políticas internas”, lo que generó reclamos del sindicato, que también interpuso una queja administrativa ante la Superintendencia de Bancos por presunta violación del secreto bancario, al filtrarse la información. El Ministerio Público abrió una investigación contra el Suntracs por blanqueo de capitales tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero. Aunque el caso fue archivado por falta de pruebas, dirigentescomoGénaroLópez, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud enfrentan procesos vinculados a supuestas apropiaciones en Bocas del Toro. Sede de la Contraloría General de la República. Archivo Contraloría no refrendará compras y servicios que se prestaron sin su aval Rolando Rodríguez B. [email protected] La Contraloría advirtió que no refrendará contratos ya ejecutados, práctica común en el Estado. El caso del Minsa, con millonarios servicios de limpieza hospitalaria sin aval legal, expone la normalización de la ilegalidad. La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia dirigida a todo el Gobierno, incluidos los ministerios, procuradurías, tribunales, entidades descentralizadas, superintendencias, empresas y universidades estatales, gobiernos locales, proveedores del Estado y personas naturales y jurídicas que mantengan negocios con el Estado: no se otorgará el refrendo a aquellos servicios, compras u obras que ya se han prestado, recibido o están en ejecución. El artículo 74 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, establece que “los contratos se entenderán perfeccionados cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República, y surtirán sus efectos a partir de la fecha de notificación o entrega de la orden de proceder al contratista...” En otras palabras, ninguna obra o servicio contratado por el Estado debe llevarse a cabo sin que previamente el contrato haya sido avalado por el contralor Anel Flores. ¿Por qué la Contraloría hace esta advertencia? Pues parece que el gobierno, en su conjunto, ha estado incumpliendo este artículo de la ley. “Observamos —describe la institución— que con frecuencia se presentan para nuestro refrendo órdenes de compra y contratos de suministros, obras y servicios que ya han sido recibidos antes de que la Contraloría General de la República, en ejercicio del control previo, realice el refrendo de dichos documentos.” La advertencia del contralor Flores está contenida en la Circular No. 12-25-DCDFG —de carácter interno— del 4 de septiembre pasado, que en su parte medular indica que: “La Contraloría General de la República, como institución garante del cumplimiento de los procesos establecidos en el ordenamiento jurídico, no refrendará ningún documento contractual en el que se hayan recibido con antelación los bienes, obras o servicios objeto del compromiso”. ¿Qué hará el Minsa? Si la norma —y la advertencia de la Contraloría— fueran respetadas, como se expresa en la citada circular, los contratos firmados por el Ministerio de Salud (Minsa) con el Consorcio Salud e Higiene Hospitalaria —liderado por la empresa Hombres de Blanco, Corp.— y con el Consorcio Bioseguridad Hospitalaria, encabezado por Sicarelle Holdings, Inc., no deberían recibir el refrendo de la Contraloría. En consecuencia, no podrían cobrar por los servicios prestados, ya que dichos contratos —actualmente en ejecución— no han cumplido con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Se trata de contratos directos —otorgados mediante procedimientos especiales— que suman millones de dólares en servicios que, hasta ahora, el Minsa no ha logrado perfeccionar ante la Contraloría. De hecho, la Contraloría ha devuelto dichos contratos al ministerio sin el correspondiente refrendo para su respectiva subsanación. Dos de esos contratos fueron adjudicados en diciembre de 2024 al consorcio en el que está Hombres de Blanco, con una vigencia de seis meses, que se cumplieron el pasado 30 de junio. Esta empresa fue la encargada de limpiar y desinfectar seis hospitales estatales en todo el país: el Nicolás Solano (La Chorrera), el Instituto de Salud Mental Matías Hernández (Río Abajo), el San Miguel Arcángel (San Miguelito), el Anita Moreno (El Ejido, Los Santos), el Joaquín Pablo Franco Sayas (Las Tablas) y el Cecilio A. Castillero (Chitré) Por estos servicios, Hombres de Blanco pactó sendos contratos por un monto total de $5.4 millones, fondos que el Minsa gestionó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde obtuvo $5.9 millones, a pesar de que los contratos carecían —entonces y ahora— del refrendo de la Contraloría. Por su parte, Sicarelle Holdings y sus socios fueron contratados (también por la vía de un procedimiento especial) para la limpieza — también por seis meses, con vencimiento el pasado 30 de junio— de dos hospitales: el Luis Chicho Fábrega (Santiago, Veraguas) y el Aquilino Tejeira (Penonomé, Coclé). El valor de sus servicios ascendió a $2.4 millones. Ninguno de estos contratos ha sido perfeccionado con el refrendo correspondiente. Pero el asunto no terminó ahí. Al consorcio al que pertenece Hombres de Blanco se le prorrogaron sus dos contratos por un año más y se le adjudicó un tercero —el que comprende los dos hospitales que antes limpiaba Sicarelle Holdings—, luego de que el Minsa decidiera que la limpieza hospitalaria debía ser prestada por un solo proveedor. Nada de esto ha sido refrendado. Silencio Si el contralor cumple lo que establece su circular del pasado 4 de septiembre, ninguno de los dos consorcios podría reclamar ni tendría derecho a cobrar por sus servicios, dada la presunta violación del artículo 74 de la Ley 22. La Prensa envió cuestionarios el pasado lunes en la mañana a Hombres de Blanco y al Minsa. La vocera de la empresa –Edilsa Sánchez– dijo que prefería que el Minsa se pronunciara al respecto, mientras que, de parte el Minsa, no hubo respuesta al cierre de la edición de este martes. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
8A La Prensa Panamá, miércoles 17 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. promedio del debido reemplazo generacional necesario para siquiera mantener su identidad cultural y autóctona y también han incrementado amenazas de conflictos civiles, religiosos o ideológicos. Por otra parte, los grandes avances de la ciencia médica están alargando el promedio de vida de los adultos mayores por encima de los 70 años, creando una carga adicional y extraordinaria en las finanzas públicas de los gobiernos a causa de incrementos en subsidios, jubilaciones y servicios básicos a los ancianos. La buena noticia es que, según la Cepal y la ONU, Panamá aún no ha llegado a cruzar ese punto del no regreso entre la curva del descenso de su población económicamente activa versus el aumento de la económicamente dependiente. Sin embargo, la mala noticia es que si no iniciamos de inmediato un plan para revertir dicha desproporción poblacional, para el año 2045 se estarán ya atravesando ambas curvas (la de menos de 19 años en descenso con la de más de 65 años en ascenso) y para entonces habremos perdido la posible oportunidad de revertirla. Las estadísticas a nivel global son irrefutables: el promedio de nacimientos por familia en 1950 estaba en más de 5 hiLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Innovación climática: el camino urgente hacia soluciones transformadoras Ambiente El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y la degradación de los océanos ya impactan comunidades, economías y modos de vida. En América Latina, la región más biodiversa del planeta, estas amenazas se expresan con sequías prolongadas, huracanes más intensos, presión sobre los recursos hídricos y pérdida acelerada de ecosistemas. La inacción compromete la seguridad alimentaria,impulsamigracionesyagravadesigualdades. No se trata solo de proteger el medio ambiente, sino de preservar las condiciones que hacen posible la vida digna y sostenible. Frente a esto, necesitamos liderazgo climático audaz y ambicioso, capaz de escalar soluciones innovadoras que transformen realidades. El Earthshot Prize, creado en 2020 por Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, responde aestedesafíocomoelpremioambientalmás prestigioso del mundo. Bajo la ecuación Urgencia+Optimismo=Acción,otorgacadaaño £1 millón a cinco ganadores en las categorías de: Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar Nuestro Aire, Revivir Nuestros Océanos, Construir un Mundo sin Residuos y Arreglar Nuestro Clima. Desde 2021 tengo el honor de servir como Nominador Oficial, un rol que me ha permitido visibilizar cómo el liderazgo climático evoluciona hacia enfoques más integrados e inclusivos. Los ganadores pasados muestran el poder de esta plataforma: - Coral Vita (Bahamas, 2021), que restaura arrecifes con corales resistentes. - Takachar (India, 2021), que transforma desechos agrícolas en bioproductos. - Mukuru Clean Stoves (Kenia, 2022), con estufas limpias que reducen la exposición al humo tóxico. - Notpla (Reino Unido, 2022), con envases de algas que reemplazan plásticos de un solo uso. Estos ejemplos confirman que la innovación apoyada con visibilidad, redes y financiamiento puede escalar e inspirar cambios globales. En 2025, el Earthshot Prize se celebrará por primeravezenAméricaLatina,enRíodeJaneiro (el próximo 5 de noviembre), un hito histórico que refleja el potencial de nuestra región. Invito a innovadores, emprendedores y organizaciones de República Dominicana, Centroamérica y todo el continente a seguir de cerca este momento y a preparar desde ya propuestas con impacto transformador para la edición de 2026. El cambio climático es el reto de nuestra generación. La innovación, la colaboración y el reconocimiento son las llaves para enfrentarlo. América Latina tiene talento, creatividad y compromiso para liderar esta transformación global. El cambio del año fiscal para la República Presupuesto recibiría un presupuesto completo al inicio de su gestión. Pasemos a enumerar algunas de las instituciones beneficiadas en su administración presupuestaria: ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, además de todas esas entidades autónomas como la Caja de Seguro Social e Idaan, que incluyen en sus presupuestos considerables sumas para realizar obras civiles. Reforzando los argumentos, beneficiando al Ministerio de Educación, qué óptimo sería que el periodo de reparaciones y adecuaciones de las escuelas coincidiera con las vacaciones escolares, para que cuando retornaran a clases estuvieran las aulas listas y equipadas, y claro está, que todos los maestros y profesores estén nombrados en propiedad en sus respectivos puestos. ¿No creen ustedes que esta medida contribuiría a mejorar la calidad de la educación? No podemos dejar de mencionar los beneficios que pudieran redundar en mejorar las finanzas públicas. El Estado recibe sus mayores recaudaciones de la actividad económica que se genera en el último trimestre calendario de cada año. La tendencia optimista siempre ha sido pensar que van a ingresar mayores recursos de los que en realidad se producen, obligando a realizar malabarismos para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal o simplemente dejando de pagar obligaciones y trasladándolas hacia la vigencia del próximo año. Es lógico pensar, como lo haría un buen padre de familia, que es necesario conocer de primera mano lo que va a ingresar y luego gastar en Jorge G. Obediente Mejor es prevenir hoy que lamentar mañana Reemplazo generacional Existe un problema subyacente y grave que enfrentan hoy los países asiáticos, europeos y Estados Unidos: el demográfico. Nuevas condiciones económicas, sociales, intrafamiliares y migratorias han estado socavando lentamente las raíces naturales de las poblaciones. Los últimos censos mundiales demuestran claramente que los reemplazos generacionales en casi todos los centros urbanos es menor de 1.6 hijos por pareja, mientras que el reemplazo mínimo estimado para lograr sostener un balance racial, étnico y cultural adecuado es de más de 2 hijos por mujer. Pero cada vez es más evidente que ambos padres tienen que trabajar para poder cubrir las necesidades básicas actuales del hogar o siquiera cubrir los enormes costos de los medicamentos, lo cual les exige planificar su descendencia, que sumado a legislaciones permisibles al libre aborto les permite solo parir un dependiente. Algunos países europeos en las últimas décadas han tratado de revertir este fenómeno demográfico pero en muchos casos ya resulta irreversible, pues además han consentido una abierta migración desde el Medio Oriente, África, Balcanes, Magreb, etc., cuyas familias en promedio engendran más de 4 hijos, disminuyendo así, en esos países de acogida, el jos y en 2024 ya se encontraba en menos de 1.8 hijos. No será fácil emprender tan difícil tarea y desafiar el nivel actual de reemplazo generacional, pero existen métodos para por lo menos comenzar a postergar dichas proyecciones de población, como por ejemplo: campañas para desincentivar el aborto (actualmente se incentiva), realizar giras comunales sobre técnicas de cuidados de salud y cómo reducir la mortalidad materna o natal con programas para mejorar la alimentación pre y posparto a las madres y neonatos, campañas en las redes sociales y programas sobre cómo tratar con métodos naturales (homeopatía) algunas enfermedades mortales que son habituales o recurrentes, crear estrategias para reducir la deserción escolar y ofrecerles sin costo a los bachilleres en ciencia diplomados como profesionales en programación, en informática o en principios de inteligencia artificial, que son carreras más cortas y mejor pagadas. La triste realidad es que los panameños no estamos habituados a cuidar ni dar mantenimiento a nuestros bienes, propios o colectivos, ni siquiera cuidamos debidamente nuestra salud o la de nuestros familiares, pero sí sabemos culpar a terceros por nuestros propios perjuicios. Veinte años no son nada y los números y estadísticas no mienten, ojalá las próximas generaciones no tengan que lamentar mañana lo que a todas luces es posible vaticinar y comenzar a subsanar hoy. Opinión EL AUTOR es empresario. EL AUTOR fue ministro de Comercio e Industrias y embajador de Panamá tanto en Washington como en Italia. EL AUTOR es ciudadano. Roberto Herrera P. función de lo que se tiene. Nuestros gobernantes están acostumbrados a gastar más de lo que ingresa y a financiar ese déficit con deuda, que continúa comprometiendo el futuro financiero de la república, tal como lo están prediciendo las agencias calificadoras de riesgo. Esta situación cambiaría si el Estado recibe la mayor parte de sus recaudaciones al inicio del año fiscal y así puede planificar sus compromisos financieros desde una base confiable. Los aportes presupuestados o extraordinarios que realiza la Autoridad del Canal se dan durante el último trimestre del año calendario, por lo que, con el cambio del período fiscal, se recibirían durante el primer trimestre. El cambio de periodo fiscal para la República traería beneficios cuantificables mediante ahorros y otros que, aunque no se les asignen valores económicos, mejorarían la calidad de vida, como sería en la educación, los ahorros en las obras de infraestructura y un mejoramiento general en la administración pública de todos los recursos aportados por los panameños a través del pago de impuestos. Los burócratas pensarán que esta acción por sí sola no contribuye a solucionar los problemas integrales del Estado y que abogan por una reforma o transformación integral para alcanzar la administración pública que todos aspiramos. Respetuosamente discrepo de esta forma mezquina de pensar, pues el cambio de periodo fiscal es una medida sencilla y fácil de implementar, que puede redundar en beneficios económicos sin ser la solución integral. Claro está que mientras no se detenga y erradique el flagelo de la corrupción, que cada día se hace más palpable en este y los gobiernos pasados, no hay ni habrá recursos o reformas que valgan. Resumiendo: si el Estado introdujera este cambio en la administración presupuestaria, así como muchas otras medidas —tal como una verdadera contención del gasto, el manejo responsable del déficit fiscal y el endeudamiento— con el pasar del tiempo, la sumatoria de todas ellas reflejaría los ahorros y demás cambios positivos que redundarían en beneficio de todos. Este no es un tema nuevo para mí, pues tengo más de 20 años de estar ventilando el mismo, pero sin haber encontrado nivel de acción por parte de las autoridades competentes. Varios ministros, e inclusive un presidente lo encontró atractivo, pero sin mayores consecuencias. Recuerdo claramente que había sido invitado por Apede a una de sus reuniones regulares para exponerle el tema, y hubo variados intercambios con los asistentes reflejando interés, hasta que un excontralor (q.e.p.d.) gritó en voz viva: “El hecho de que me cambien la fecha de pago, no aumenta el monto de mi jubilación”. Esta expresión fue seguida de un silencio sepulcral en la sala y se levantó la reunión. Esperemos que ahora que ha resucitado el tema con el asunto de las propuestas de reformas a las leyes educativas, pretendiendo cambiar el periodo escolar para aprovechar los meses de verano y tener los planteles listos para el beneficio de los estudiantes, no pudiera estar más de acuerdo, pero debemos aprovechar la ocasión para hacerlo extensivo a toda la República. Un año fiscal distinto al año calendario traería grandes beneficios, por lo que pudiéramos pensar en uno que empiece el 1 de octubre de cada año y termine el 30 de septiembre, igual al que tiene la Autoridad del Canal, aunque otra alternativa viable pudiera ser del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, que coincidiría cada 5 años con la toma de posesión del nuevo mandatario, quien Veinte años no son nada y los números y estadísticas no mienten, ojalá las próximas generaciones no tengan que lamentar mañana lo que a todas luces es posible vaticinar y comenzar a subsanar hoy. Roberto Alfaro Estripeaut El cambio del año fiscal debe hacerse, no solo en el Ministerio de Educación, sino también en el resto de las instituciones de la República. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Subdirector Asociado Rolando Rodríguez B. Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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