1A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 15 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15139 Hoy por hoy El próximo 11 de octubre entrará en vigor el nuevo Código Procesal Civil, una reforma largamente esperada que promete transformar la justicia en Panamá. Inspirado en la experiencia del Sistema Penal Acusatorio, el cambio introduce la oralidad en los procesos civiles, dejando atrás los expedientes interminables y las dilaciones que han alimentado el rezago judicial. El magistrado Olmedo Arrocha, principal impulsor de la iniciativa, asegura que los juicios de primera instancia, que hoy demoran un promedio de 900 días, podrán resolverse en un año. En segunda instancia, casos que antes tardaban hasta cuatro años deberán concluir en seis meses. El reto no es menor: la preparación de jueces, abogados y funcionarios será clave para que la reforma cumpla sus objetivos. También lo será la adecuada asignación de recursos, pues la modernización exige tecnología, capacitación y voluntad política. La justicia civil necesita credibilidad y eficiencia. Es, además, el mecanismo idóneo para igualar las asimetrías que generan los conflictos sobre bienes, contratos y derechos económicos, un aspecto esencial en una sociedad marcada por la desigualdad estructural. Si este código logra reducir los tiempos y fortalecer la confianza ciudadana, habrá marcado un hito en la administración de justicia panameña. Mundial de Karting: Rousseau finalizó en la sexta posición 9A Deportes Panorama Marcos Young: ‘La mejora en la CSS es lenta, pero necesaria’ 5A Economía Panamá requiere 4 mil trabajadores aeronáuticos 1B $7.1 millones para la villa diplomática 2.0 en Ancón Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La Presidencia impulsa la remodelación de una antigua residencia del Comando Sur con salones amplios piscina y cancha de tenis, pese a insistir públicamente en austeridad. El Ministerio de la Presidencia planea gastar $7.1 millones en la remodelación de la villa diplomática, ubicada en las faldas del cerro Ancón y antigua residencia de los jefes del Comando Sur estadounidense. En la licitación participaron 15 empresas, pero solo dos presentaron propuestas: Constructora Pacífico Atlántico, con $6.5 millones, y Construction Management Group (CMG), con poco más de $7.1 millones, cifra cercana al precio de referencia. La comisión evaluadora dio la mejor puntuación a CMG, aunque la adjudicación no se ha formalizado. El proyecto contempla dos salones presidenciales, un pabellón y cancha de tenis en la azotea, un mirador, fuente, estacionamiento, oficinas y la restauración de la casa principal y la piscina. La residencia, construida en 1906 y trasladada en 1915 a Quarry Heights, fue hogar de altos mandos militares y luego hospedó a jefes de Estado. Hoy refleja abandono, con techos caídos y paredes deterioradas. El gasto contrasta con el discurso oficial de austeridad. VEA 6A Arrocha: la justicia civil vive un cambio histórico En entrevista con La Prensa, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha asegura que el nuevo Código Procesal Civil reducirá en 50% los tiempos de resolución. Juicios que antes demoraban años deberán resolverse en meses, transformando la justicia civil y fortaleciendo la confianza ciudadana. VEA 2A Juan Manuel Díaz [email protected] El niño que aprendió a las malas que su ‘tío Tony’ era el verdugo de Panamá HISTORIA Eliana Morales Gil [email protected] El 27 de julio de 1987, el asalto militar a la casa de Roberto Díaz Herrera marcó la adolescencia de su hijo, Roberto Díaz Tapiero. Golpeado y señalado como “el junior”, comprendió a las malas que su “tío Tony”, Manuel Antonio Noriega, era verdugo de Panamá. Años después, la vida lo llevó a Suecia, donde descubrió modelos de familia más igualitarios que lo ayudaron a cuestionar el machismo de Roberto Díaz Tapiero. Anel Asprilla los cuarteles. Desde entonces busca sanar a través de la escritura, plasmando en libros infantiles y memorias su camino de reconciliación con un pasado marcado por los “hombres fuertes” de la dictadura. Sus recuerdos emergen justo 40 años después del asesinato de Hugo Spadafora, el médico guerrillero que enfrentó al régimen. Fue la confesión de su padre sobre la responsabilidad de Noriega en ese crimen lo que precipitó el asalto a su casa. VEA 4A FIG World Challenge Cup 2025 Karla Navas, junto a las gigantes europeas La panameña Karla Navas (a la derecha) subió al podio al conquistar la medalla de bronce en salto durante la FIG World Challenge Cup 2025 en París. Con 21 años, obtuvo una puntuación de 13.883 que la ubicó tercera, detrás de la británica Abigail Martin (oro) y la alemana Karina Schoenmaier (plata). VEA 9A Tomado de @ffgymnastique UI UNIDAD INVESTIGATIVA El desconcierto en el pueblo de Estados Unidos donde se crió Tyler Robinson, el presunto asesino del comentarista Charlie Kirk: ‘conocemos a la familia’ www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Reyna Katiuska Hernández [email protected] Sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Cciap pide seriedad en designación de magistrados JUSTICIA La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) exhortó a que el proceso de designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se maneje con la seriedad que exige el futuro del país, pidiendo jueces y magistrados que trabajen con independencia, ética y compromiso. El gremio empresarial subrayó que no se trata de respaldar o rechazar nombres específicos, sino de defender principios claros: “La ciudadanía confía cuando ve decisiones valientes, tomadas sin ceder a presiones externas ni intereses particulares”. La advertencia surge luego de que el presidente de la República propusiera a Gisela Agurto y Carlos Villalobos para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. Según la Cciap, el perfil que Panamá necesita en sus más altos jueces exige valentía para enfrentar casos de alto perfil sin favoritismos; integridad para resistir presiones políticas, económicas o sociales; y verticalidad para aplicar la ley sin distinción de personas. En este sentido, el gremio consideró que los nominados tienen la oportunidad de reforzar la confianza ciudadana y consolidar un sistema judicial sólido. El pronunciamiento, hecho en el artículo La Cámara Opina, también recalcó que la responsabilidad no recae solo en los magistrados designados, sino en la Asamblea Nacional, que deberá evaluar y aprobar esas designaciones. La Comisión de Credenciales, advirtió, debe cumplir su tarea “de acuerdo con lo que manda la Constitución y no según pasiones, intereses o revanchas políticas”. Convertir el proceso en un espectáculo sería, añadió la Cciap, una falta grave con la nación. El gremio recordó que la justicia es la base de toda democracia y pilar del desarrollo económico. “Sin jueces probos no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni desarrollo”, enfatizó la Cciap, presidida por Juan Alberto Arias Strunz. El magistrado Olmedo Arrocha, durante su entrevista en La Prensa con Juan Díaz. Carlos Vidal Endara Arrocha: ‘La justicia civil dejará atrás años de espera’ Juan Manuel Díaz [email protected] ENTREVISTA El magistrado Olmedo Arrocha afirmó que el nuevo Código Procesal Civil reducirá en un 50% los tiempos de los juicios, introduciendo la oralidad y eliminando el rezago judicia. La entrada en vigencia el próximo 11 de octubre del nuevo Código Procesal Civil, promulgado mediante la Ley 402 del 9 de octubre de 2023, reducirá considerablemente la resolución de los procesos, que pasarán de años a unos cuanto meses, así los aseguró el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo. Arrocha, quien ha sido el motor detrás de esta nueva iniciativa, relató que el nuevo sistema, al igual que en el Sistema Penal Acusatorio que opera en la jurisdicción penal, introduce la oralidad en los procesos civiles, lo que es un cambio significativo en el manejo de estos procesos que hoy se hacen a través de voluminosos expedientes. Para Arrocha, el principal desafío del nuevo sistema es eliminar el rezago judicial que afecta a los despachos de la jurisdicción civil. La reforma busca agilizar los procesos mediante audiencias orales, en las que el juez tendrá contacto directo con la causa, lo que permitirá mayor celeridad y eficiencia en la resolución de los casos. A su juicio, esto permitirá resolver situaciones que antes tardaban meses en apenas unos días o semanas, reduciendo significativamente los términos de tramitación. Explicó que los procesos en primera instancia, que en promedio demoraban 900 días, ahora no deberían extenderse más de 365 días; mientras que en segunda instancia, que solía tomar entre dos y cuatro años, deberán resolverse en un plazo de seis meses. En otras palabras, el tiempo de resolución se reducirá en un 50% respecto a la actualidad. Agregó que ya están prácticamente habilitadas las salas de audiencia, concentradas en un solo centro, donde se celebrarán los juicios bajo la modalidad de oralidad. Todo el desarrollo de las audiencias quedará registrado en audio y video mediante equipos electrónicos sofisticados. Asimismo, recalcó que se ha trabajado intensamente en la capacitación de los funcionarios, a fin de que se familiaricen con el nuevo diseño de tramitación de los procesos. En este sentido, hizo un llamado a los abogados que litigan en materia civil para que conozcan y dominen el sistema antes de su implementación. “Cada abogado tiene el deber de adaptarse al cambio. No puede llegar a aprender ni a ensayar cuando el nuevo sistema esté en vigencia. Su deber es estar preparado y actualizado para responder y desempeñarse con eficiencia en beneficio de su cliente”, enfatizó. Por otra parte, relató que los fondos para la implementación del nuevo sistema provienen del presupuesto asignado al Órgano Judicial. Sin embargo, no descartó que en algún momento se requieran recursos adicionales para fortalecer el sistema de gestión en la esfera civil. Parte del cargamento decomisado. Cortesía Golpe al narcotráfico: incautan 1,200 kilos de cocaína en Rodman NARCOTRÁFICO Juan Manuel Díaz [email protected] Una operación realizada por la Policía Nacional en el Puerto de Rodman logró la ubicación de 1,200 kilos de cocaína que se encontraban dentro de un contenedor que se encontraban en tránsito cuyo destino final era Dinamarca. El decomiso se logró en horas de la mañana de hoy domingo 14 de septiembre, durante una inspección realizada a un contenedor tras haberse recibido información de inteligencia sobre la posible presencia de estupefacientes en su interior. Los agentes policiales procedieron a la revisión del contenedor en su interior fueron ubicados una gran cantidad de paquetes que no correspondían con la carga declarada. Durante la inspección se logró establecer que la carga viajaría de Panamá a Bélgica con destino final puertos de Dinamarca. Según las autoridades esta es una de las rutas más activas usadas por las redes del narcotráfico para mover droga al mercado europeo, ya que en Bélgica y Dinamarca poseen puertos con un gran movimiento de carga. El ministro de seguridad, Frank Ábrego anunció la instalación de un equipo de trabajo interinstitucional con la Dirección Nacional de Aduanas, la Autoridad Marítima de Panamá y los estamentos de seguridad para hacer frente al creciente uso de los puertos nacionales para el tráfico de drogas. Ábrego adelantó que sostendrá reuniones con los encargados de seguridad de los diferentes puertos del país, a fin de establecer una estrategia unificada para enfrentar al crimen organizado. El funcionario reconoció que la falta de personal especializado en el manejo de los escáneres para la revisión de los contenedores se convierte en un obstáculo que puede permitir la contaminación de contenedores con drogas.
3A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Revive esta experiencia escaneando el QR
4A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PARCE. En Colombia, el loco ha convocado a una cumbre entre el dream team y Camacho. Estos abogados litigantes son tan buenos que, antes de hacer cualquier cosa, deben sentarse primero con un diputado que en su vida estudió Derecho. Seguramente estarían viendo cómo aprovechan el virtual secuestro de la Comisión de Gobierno de la Asamblea para colar la revisión de la condena del “gurú” por blanqueo de capitales en el caso New Business. MAGNITUD.INC Ransom, el grupo que se atribuye el hackeo al MEF, dice que dispone de 1.5 terabytes de información. Para tener una idea, eso equivaldría a más de la mitad de lo que fue sustraído en su momento a la extinta firma Mossack Fonseca: 2.6 terabytes. Entonces, si lo que anunció INC Ransom es cierto, el MEF nos debe varios millones de explicaciones. Y si la información comprometida incluye datos personales (lo que es sumamente probable), alguien habría estado dejando de cumplir con las obligaciones que, por ley, tiene ante los dueños de esa información. MEZCLA. El 12 de septiembre, cierto abogado defensor de varias conspicuas figuras de casos de alto perfil festejaba alegremente su cumpleaños, y dicen que el alma de la fiesta era una conocida magistrada. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Acaso estaba esperando que en la rumba también aparecieran los clientes del letrado? Así baila nuestra justicia. CULIBRITAS. Esta semana se abre el período de inscripción de las nóminas para la renovación de la directiva del Partido Panameñista, que será el 23 de noviembre. Hasta ahora, Willie Bermúdez y Carlos Raúl Piad (con Mireya Moscoso ejerciendo como jefa de campaña ad hoc) aspiran a reemplazar a José Blandón en la presidencia del colectivo. Y hablando de expresidentes panameñistas: si Varela le da su respaldo a alguno de los candidatos, será solamente en forma de apoyo moral, porque para esas fechas tendría que estar sentado en la sala del juicio del caso Odebrecht. GARRAFÓN. La Universidad Roberto Díaz Tapiero, hijo del excoronel Roberto Díaz Herrera. Anel Asprilla Roberto Díaz Tapiero, ‘El junior’: la infancia en el corazón del régimen de Noriega Eliana Morales Gil [email protected] HISTORIAS Roberto Díaz Tapiero tenía 15 años cuando los militares asaltaron su casa. Ese 27 de julio, más de 50 personas, familiares, guardaespaldas y aliados, se refugiaron en el cuarto de su padre mientras desde los techos disparaban las fuerzas leales a Noriega. Aquí narra la historia. El ruido de los helicópteros estremeció el amanecer del 27 de julio de 1987. Explosiones y ráfagas de armas marcaron el inicio de un asalto militar en la casa de Altos del Golf donde vivía el coronel Roberto Díaz Herrera, hasta hacía poco jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Díaz Herrera había sido forzado a jubilarse por presiones del dictador Manuel Antonio Noriega, y semanas antes había decidido hablar con periodistas sobre el fraude electoral de 1984, el asesinato de Hugo Spadafora y otras tretas del régimen. Su casa se convirtió en un oasis de información, un punto de encuentro para dirigentes opositores, corresponsales extranjeros y antiguos adversarios, bajo la protección de unos pocos leales armados. Su hijo, Roberto Díaz Tapiero, tenía 15 años cuando los militares asaltaron su casa. Ese 27 de julio, más de 50 personas, familiares, guardaespaldas y aliados, se refugiaron en el cuarto de su padre mientras desde los techos disparaban las fuerzas leales a Noriega. “Veo con mis propios ojos cómo las balas abren huecos. El sol del amanecer se cuela por cada uno de ellos porque estaba amaneciendo y veo cómo el material de la madera comprimida cae, como si fuera nieve”, dice Díaz Tapiero. Entonces abraza a uno de sus hermanos. Piensa que va a morir. ‘El junior’ Durante el asalto, uno de los militares lo identificó como “el junior” y le propinó una golpiza. “Prefiero que me metan un tiro antes de que me maten a golpes”, pensó. “Ese incidente me marcó de por vida, hubo varios, pero este sobre todo”, añade. En efecto. Ese día definió un antes y un después en su adolescencia, en su relación con su padre y con la vida en general. Los guardaespaldas que los protegían, al mismo tiempo, reforzaban códigos de masculinidad extremos. “Un guardaespaldas me decía: ‘Los hombres no lloran’. Todo eso lo mantuve dentro por años. Guardé rencor, odio. Me estaba matando a mí mismo”, confiesa. “Por décadas he querido saber quién soy. Cada día busco redefinirme como persona”, dice una mañana de septiembre en la redacción de La Prensa. Después de ese episodio, él y algunos miembros de su familia se fueron a Venezuela y luego a Estados Unidos. Lo que aprendió en Suecia La vida lo llevó a Estocolmo, donde vivió dos años con su primera esposa. Se había casado muy joven y fue ella quien le pidió mudarse a Suecia. La experiencia lo sacudió. En Estados Unidos había pasado años rodeado de un ambiente latino que replicaba patrones conocidos: la rigidez del machismo y la marginación de las mujeres. Pero en Suecia le sorprendió, por ejemplo, ver a sus suegros levantarse cada sábado para limpiar la casa juntos. Ese gesto cotidiano lo desconcertó: “para mí fue un shock ver al papá compartir y hacer eso”, recuerda. Era la primera vez que advertía con claridad que existían otras formas de familia, más igualitarias, ajenas al mundo que había marcado su infancia. Esa nueva perspectiva, que desarmaba los códigos rígidos de su pasado, fue la que años después le daría las herramientas para enfrentar su historia de una manera distinta. Una carta al ‘tío Tony’ Su relación con el régimen fue ambigua. Noriega no era solo el dictador: hasta antes del asalto a su casa, para él era el “tío Tony”. Aunque dice que ‘lo veía muy poco’, sí fue un factor en su familia. Lo veía en ocasiones especiales, como cuando ascendió a general, en bodas o en reuniones donde siempre se imponía la solemnidad del uniforme y el peso del poder. La paradoja fue inevitable: quien alguna vez fue “el tío Tony” terminó siendo el verdugo, el mismo que mandó a irrumpir en su hogar. Ese contraste acompañó su vida, hasta que con el tiempo logró ponerle palabras a través del perdón. En los años en que Noriega cumplía condena en una cárcel de Miami, le envió una carta en la que le dijo que lo perdonaba. Era un manuscrito lleno de tachones y correcciones, que él interpreta como un reconocimiento silencioso del dolor y la necesidad de reconciliación. Sin embargo, ese gesto de perdón no borró lo vivido. Su infancia estuvo marcada por la cercanía al poder, la vigilancia constante y la ausencia de una vida familiar convencional. “Había un sentido de que en cualquier momento me podía pasar algo. Eso también marcó mi vida”, dice, evocando la rutina de los domingos por la tarde, cuando su padre llegaba uniformado a la casa. “Siempre estaba trabajando”, dice. “Lo que viví fue inusual, pero hay muchas personas que han vivido traumas mucho más fuertes. Les exhorto a buscar cómo sacar eso, cómo hablarlo”, añade. Manuel Antonio Noriega, jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá y gobernante de facto entre 1983 y 1989. Su régimen autoritario se caracterizó por la represión política, el fraude electoral y la violación sistemática de derechos humanos. La invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, que dejo decenas de muertos y desaparecidos, derivó en su captura, juicio y condena a 40 años de prisión por narcotráfico. Murió en 2017. Los libros La experiencia le permitió reconstruir su narrativa personal años después. Crecer bajo la sombra del poder y la violencia no fue solo cuestión de supervivencia física; implicó procesar el miedo y la culpa, reflexionar sobre la infancia y la adolescencia interrumpidas. Esa búsqueda constante de su lugar en el mundo es lo que finalmente lo llevó a enfrentar y nombrar sus heridas. Ahora escribe libros infantiles. Ha escrito cinco. Uno de ellos se titula Mi orgullo panameño. También prepara otro con los recuerdos de su infancia y su vida en el corazón del régimen. La escritura se ha convertido en su forma de desarmar el pasado. Portada de La Prensa que recogió las declaraciones de Roberto Díaz Herrera. Captura de pantalla del documental La Cruzada Civilista Autónoma de los Pueblos Indígenas ha resultado una botella difícil de romper. Su rector, Demetrio Santamaría, fue designado de forma interina por dos años, pero se mantiene en el cargo (tres años y medio después), sin que a nadie se le ocurra todavía convocar a elecciones para decidir quién será su sucesor. ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra? Y como es “autónoma”, nadie se puede meter. Si le rebajaran el salario a una cuarta parte, seguro que de una vez encuentra la fecha para hacer la elección. El 12 de agosto de 1983 Manuel Antonio Noriega asume el control total de las Fuerzas de Defensa . Archivo
5A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Panorama Marcos Young conversa sobre los retos de los servicios de salud de la CSS. Isaac Ortega Marcos Young: ‘La mejora en la CSS es lenta, pero necesaria’ Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD En esta entrevista, Marcos Young, director de Prestaciones de la CSS, destaca avances en consultas y cirugías, pero reconoce el rezago histórico y las quejas de los pacientes por la falta de insumos. Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) llevan años repitiendo las mismas quejas: la falta de medicamentos, la escasez de insumos, las cirugías pendientes y las citas médicas que, en algunos casos, tardan más de un año en concretarse. Las autoridades reconocen la situación y aseguran que trabajan en cambios dentro de la institución para mejorar la atención. Aun así, la desesperación crece entre los asegurados, que a diario expresan su molestia en redes sociales o directamente en las instalaciones de la CSS, donde la frustración se ha convertido en parte de la rutina. Ante este escenario, La Prensa entrevistó al director nacional de Prestaciones y Salud de la CSS, Marcos Young, quien calificó la atención con una nota de 4.5 sobre 5, reconociendo que la institución arrastra un rezago histórico, con 49 mil procedimientos pendientes y un abastecimiento de medicamentos cercano al 60%. Además, defendió los avances recientes —como el incremento en consultas, cirugías y estudios de laboratorio— y resaltó que ningún hospital privado del país maneja el volumen que asume la entidad. ¿Cómo califica la atención de la CSS en los servicios de salud del 1 al 5? Yo le pondría un 4.5. ¿Por qué? Venimos de una mora histórica en la atención de salud, tanto en el ministerio como en la Caja, y ahora, con la nueva ley, la gente esperaba que mágicamente todo cambiara de la noche a la mañana. Pero la realidad es otra: teníamos un déficit de 49 mil procedimientos y un abastecimiento de medicamentos alrededor del 60%. La situación ahora es diferente, aunque aún requiere mejoras. Dicho esto, también hay que dimensionar lo que se ha logrado. En el primer semestre se realizaron 6 millones de consultas, se dispensaron 14 millones de recetas y se llevaron a cabo 16 millones de exámenes de laboratorio. Ningún hospital privado en Panamá maneja ese volumen. Solo en J.J. Vallarino (Juan Díaz), por ejemplo, se entregan 4.5 millones de pastillas al mes. Esto no sería posible sin el compromiso de miles de funcionarios que trabajan día y noche, aunque, como en cualquier organización, siempre habrá quienes no cumplan al 100%. El mayor reto es el cambio de mentalidad, tanto dentro como fuera de la institución. Sí, hay casos de mala atención, pero no representan a todos nuestros funcionarios. Hoy las consultas han crecido un 10% y las cirugías un 15%, y aun así, si comparamos con los 16 millones de atenciones y recetas que damos al año, las quejas son mínimas. ¿Cómo explica que aún haya pacientes que deban madrugar para conseguir una cita y que, en casos como una resonancia magnética, se les programe hasta diciembre de 2026? Es cierto que todavía vemos casos como esos y estamos trabajando intensamente para corregirlos. Me alegra que se plantee la pregunta, porque hay denuncias en curso, incluso ante el Ministerio Público, para investigar por qué se venden citas o se manipulan los procesos de atención. Eso es inaceptable y debe terminar. Si miramos las cifras, ningún hospital privado realiza el volumen que maneja la Caja: en seis meses se hicieron alrededor de un millón de estudios y se atiende a una población de 2.6 millones de personas. Claro que hay demoras, pero también avances. Esto no es exclusivo de Panamá: en Costa Rica, algunos pacientes del Seguro Social han recibido citas para resonancias hasta el año 2042. En otras palabras, enfrentamos un rezago histórico y los cambios derivados de la nueva ley no se verán de un día para otro. Solo llevamos seis meses de trabajo efectivo; los demás meses se destinaron a ajustar la normativa y los procesos internos. ¿Se justifica que los pacientes no puedan realizarse pruebas, como las de tiroides, por falta de insumos? Por supuesto que los pacientes se están quejando. Durante ocho meses, se recibieron reactivos de química e inmunohistoquímica de manera insuficiente en provincias como Los Santos. Esto se debió a un proceso legal que la administración de la CSS entabló contra una empresa, lo que afectó la realización de estudios como los de azúcar, perfil hepático, tiroides y otros análisis. Salomónicamente, la institución decidió trabajar con dos proveedores mientras se actualizan todos los equipos de laboratorio. La realidad es que la prueba de laboratorio más costosa es la que no se puede realizar, y hubo una gran discusión sobre la transición de química líquida a química seca —la primera usa agua y la segunda no—, y se eligió la opción que garantizaba abastecer la demanda. No intento justificar la decisión, sino explicar que nos vimos obligados a actuar frente a una situación compleja. Si la Caja no hubiera hecho esta inversión, ¿qué habría pasado con los servicios durante la crisis del agua en Los Santos o en la ciudad de Panamá? Los problemas de calidad del agua que enfrenta el Idaan complican aún más la operación de los laboratorios, y la decisión tomada permitió que los servicios continuaran funcionando frente a estas limitaciones. ¿Cuánto es el tiempo de espera de un paciente con problemas de corazón del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid a la Ciudad de la Salud? El tiempo de espera depende del funcionamiento de la red de transporte sanitario. Antes no contábamos con suficientes ambulancias, por lo que se adquirieron 55 unidades; actualmente, alrededor de 30 están en proceso de reacondicionamiento y reparación. Una vez listas, el plan del director general es que cada policlínica cuente nuevamente con una ambulancia para traslados de corta distancia. Además, el aumento de enfermedades respiratorias —como covid-19, influenza A y B, H1N1 y virus sincitial respiratorio— ha incrementado la demanda de traslados, no solo para cardiología, sino también para insuficiencia respiratoria y pacientes oncológicos. Por eso, se optimizan los horarios de traslado: de nada sirve tener una ambulancia parada en un tranque si el paciente está en camilla; buscamos la mayor eficiencia posible. Se está reforzando el personal, especialmente en áreas como Panamá Oeste y Bocas del Toro, donde una ambulancia requiere alrededor de 15 personas para operar 24/7, considerando ausencias y rotaciones. ¿Existen estadísticas oficiales sobre muertes en ambulancias durante traslados del Complejo a la Ciudad de la Salud? Actualmente no se cuenta con estadísticas precisas sobre pacientes que fallecen durante el traslado en ambulancia. Sin embargo, la reorganización de los traslados y la incorporación de más unidades buscan minimizar riesgos y garantizar una atención oportuna. Cabe destacar que no todos los traslados a la Ciudad de la Salud son casos cardiológicos; también incluyen urgencias respiratorias y pacientes oncológicos. La demanda seguirá siendo alta mientras no haya mejoras de infraestructura que faciliten el acceso. Sin la Ciudad de la Salud, estos pacientes habrían tenido que ser atendidos por centros que no cuentan con capacidad para absorber 300 o 400 casos críticos diarios. ¿Por qué ha sido tan difícil conseguir que los profesionales de salud realicen las cirugías de cataratas y cómo están solucionando este retraso? Las cirugías de cataratas han sido históricamente una “deuda” por problemas en la distribución de recursos humanos y la dificultad para conseguir que los profesionales se comprometan con estas áreas, lo que no fue fácil. Ahora, el programa especial para reducir la mora permite operar pacientes en plazos más aceptables (3 meses, cuando internacionalmente se aceptan 6 a 9 meses) y ha incrementado la cirugía electiva en un 11%. Se están pagando incentivos a los profesionales que trabajan fuera de su horario regular para cubrir diferentes áreas, aunque el proceso enfrenta limitaciones por mantenimiento de instalaciones y disponibilidad de quirófanos. Hasta ahora, más de 2 mil pacientes han sido operados y el objetivo es lograr “mora cero” en 18 meses, garantizando que los pacientes sean atendidos dentro de un tiempo razonable según estándares internacionales. Además, se reconoce que el entusiasmo y los incentivos económicos han ayudado a superar resistencias iniciales del personal. Doctor, usted calificó la atención de la CSS con un 4.5 sobre 5, pero muchas personas perciben todo lo contrario. ¿Qué mensaje les da a quienes dicen que el servicio es malo? Yo entiendo perfectamente esa percepción y la decepción que sienten muchas personas. Venimos de años con problemas históricos y de cambios legislativos que buscaban proteger la sostenibilidad económica del país, pero que no resolvían inmediatamente la experiencia diaria de los pacientes. Mi mensaje es doble: primero, pido paciencia a la población mientras seguimos implementando cambios; y segundo, reconozco el compromiso de nuestro personal de la Caja de Seguro Social. Si nosotros, que trabajamos aquí, no damos lo mejor cada día por los pacientes, nadie más lo hará. El cambio más profundo siempre empieza dentro de la institución. Si tuviera que describir el servicio de salud en una sola frase, diría: dignidad. En resumen, a pesar de los progresos en consultas, cirugías y traslados, la CSS sigue bajo la lupa de los pacientes, que reclaman soluciones inmediatas mientras la institución intenta equilibrar avances y expectativas.
6A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Residentes de Quarry Heights temen el regreso del bullicio. A la izquierda (arriba), una reciente vista aérea del lugar. Cortesía Villa diplomática: del olvido al millonario lujo en el cerro Ancón Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El Gobierno destinará más de $7.1 millones para restaurar la villa diplomática en el cerro Ancón, con salones presidenciales, cancha de tenis y piscina, pese a su discurso de austeridad. Abandonada en las faldas del cerro Ancón, la villa diplomática pasaría del olvido al lujo. El Ministerio de la Presidencia planea gastar $7.1 millones en la restauración de este antiguo caserón que, en el siglo pasado, sirvió como residencia de los jefes del Comando Sur estadounidense. En ese afán, se convocó a una licitación para adjudicar los trabajos de recuperación y construcción de nuevas estancias. Quince empresas atendieron el llamado y participaron en el acto de homologación, pero solo dos presentaron propuesta: Constructora Pacífico Atlántico, que ofertó $6.5 millones, y Construction Management Group Inc. (CMG), que cotizó poco más de $7.1 millones, una cifra muy cercana al precio de referencia establecido por la Presidencia. La comisión evaluadora de la licitación otorgó la mejor puntuación a CMG, tras considerar que cumplió con los requisitos mínimos obligatorios. De momento, no se ha dado la adjudicación formal. El contrato tendría vigencia de un año, con dos meses adicionales para el proceso de liquidación. La historia de la residencia La hoy conocida como villa diplomática fue originalmente la “Casa 1” en Quarry Heights, en las faldas del cerro Ancón, una residencia construida en 1906, durante la presencia estadounidense en la antigua Zona del Canal. Inicialmente, estuvo ubicada en el poblado de Culebra, cerca de las obras del Corte Culebra, pero fue desmontada y reconstruida en Quarry Heights en 1915. Sirvió como residencia oficial de altos mandos militares estadounidenses —su último inquilino fue el general Wesley Clark— y, cuando fue traspasada al gobierno panameño, la Presidencia la utilizó para hospedar a jefes de Estado y delegaciones diplomáticas. Actualmente, la villa refleja el paso del tiempo y del deterioro. Hay estancias sucias y deterioradas, principalmente aquellas cuya materia prima es la madera. Tampoco hay mobiliario, el techo se cae en algunas habitaciones y todas las paredes necesitan una mano de pintura. Todo eso lo pudo apreciar la ministra de Cultura, Maruja Herrera, que en julio de 2024 realizó un recorrido por la villa diplomática junto a Monique y Alexandra Mulino, hijas del presidente José Raúl Mulino. Las hermanas Mulino son diseñadoras de interiores; Alexandra también es arquitecta. Sin escatimar costos Los trabajos contemplados en la remodelación no escatiman en exigencias ni en costos. Según el pliego de cargos, se pretende construir dos “salones presidenciales” de 180 metros cada uno, con un costo que suma más de $834 mil. También se prevé levantar un “pabellón de tenis” de 77.49 metros cuadrados que costará $60,120 y una cancha de tenis en la azotea a un costo de $554,894, así como un mirador de 82.36 metros cuadrados ($38,895). Estas estructuras proyecto se ubicaría en el área donde ya existe una cancha de tenis y un jardín con árboles. La propuesta incluye, además, una fuente y un “espejo de agua” a un costo de $103,220; un estacionamiento de 607 metros cuadrados en la planta baja ($792,513), y 280 m2 de oficinas para “programas laborales” ($693,621). Actualmente, en los predios hay una casa de huéspedes de dos plantas (cada una con una superficie de 72.22 m2). Se calcula que su restauración costará poco más de $215 mil. También se harán trabajos para recuperar la piscina de 56.88 metros cuadrados. La piscina fue construida en 2009, en el gobierno de Ricardo Martinelli (20092014), junto a una oficina de reuniones y una cerca perimetral, por un monto cercano al millón de dólares. En su momento, la cerca causó malestar en la comunidad; los vecinos no entendían por qué había que poner esas estructuras, que no eran acordes con el concepto de ciudad jardín. Como ejemplo utilizaban la casa asignada al administrador del Canal, que en aquel momento tampoco estaba cercada. Se calcula que el tamaño de la piscina equivale a la mitad de una cancha de baloncesto profesional o al espacio edificado de una casa pequeña de interés social. En 2022, durante la pasada administración de Laurentino Cortizo (20192024), se contrató a la empresa Construcciones ArquitectónicasM&M(creada en 2019) por $33,000, para que se encargara del mantenimiento preventivo de la piscina, de junio de 2022 a mayo de 2024. La oferta que ahora presentó CMG también contempla el uso de $1.1 millones para la restauración de las dos plantas de la villa, de 378.84 y 344.31 metros cuadrados, aunque no se detallan los trabajos específicos que se realizarán en cada nivel. Lo más cercano que se menciona es la rehabilitación de la entrada principal, a un costo de casi $141 mil, y de la puerta de una cochera por $64,237, así como trabajos en un baño en la planta baja, los que incluyen cambio de piso, reparación del cielo raso, sustitución de extractores de aire e instalación de nuevos lavamanos y sanitarios. Adicionalmente, se incluye el interiorismo de un mirador existente de 171.55 metros cuadrados, por $115,736. Opacidad La Prensa intentó obtener respuesta del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a varias interrogantes planteadas, entre ellas cómo se justifica un gasto superior a $7.1 millones en la remodelación de la villa diplomática, pese a que el Gobierno ha insistido en la austeridad del gasto. También se quiso conocer cuáles son los planes para la villa: será destinada como lugar de trabajo, hospedaje o recreo. Es importante resaltar que Mulino y su familia no viven en el Palacio de las Garzas ni en ningún inmueble del Estado. Por su parte, el presidente y representante legal de CMG, Eduardo Villalaz, indicó que su propuesta se basó en las especificaciones solicitadas en el pliego de cargos del acto público. Maruja Herrera (de negro, a la derecha), acompañada por Monique y Alexandra Mulino (a la izquierda), hijas del presidente José Raúl Mulino. Tomada de la web del Ministerio de Cultura. Vacuna contra el dengue no resolverá el problema, dice el ministro de Salud SANIDAD Aleida Samaniego C. [email protected] En Panamá, la vacuna contra el dengue no será incorporada al esquema oficial del Ministerio de Salud (Minsa), pues no representa una solución definitiva frente a la enfermedad. Así lo afirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien recordó que el dengue está causado por cuatro serotipos distintos del virus y que la vacuna solo ofrece inmunidad temporal, lo que no impide futuras infecciones. Recalcó que la verdadera clave está en la prevención mediante la eliminación de criaderos de mosquitos en patios, calles y comunidades, un esfuerzo que requiere la participación activa de la ciudadanía. Aunque existen avances científicos, Boyd Galindo advirtió que no hay soluciones mágicas y reiteró la necesidad de reforzar las campañas de limpieza, educación y fumigación. Hasta la semana epidemiológica 32 de 2025, Panamá había registrado 9,791 casos acumulados y 15 defunciones relacionadas. Las declaraciones del ministro se dieron en la inauguración del Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos en la Ciudad del Saber. El contraste con Brasil es significativo. Ese país se convirtió en pionero al ofrecer la vacuna Qdenga de manera gratuita a través de su red pública. La primera campaña se dirigió a niños y adolescentes de 10 a 14 años, grupo con mayor riesgo de hospitalización. En su primer año se distribuyeron más de 750,000 dosis en 521 municipios con alta circulación del serotipo 2 del virus. Qdenga, aplicada en dos dosis con un intervalo de tres meses, mostró una eficacia del 83.6% contra hospitalizaciones y del 62% contra infecciones sintomáticas. Estos resultados llevaron a las autoridades brasileñas a integrarla como complemento a las medidas tradicionales de control. En 2024, Brasil enfrentó un repunte con más de 120,000 casos en tres semanas. Tras el inicio de la vacunación, la curva epidemiológica se redujo drásticamente. Para marzo de 2025 ya se habían aplicado 2.2 millones de primeras dosis Un estacionamiento soterrado, dos salones presidenciales, un pabellón y una cancha en la azotea forman parte de las obras que la empresa Construction Management Group Inc. contempla realizar. Diseño presentado por CMG a la Presidencia. UI UNIDAD INVESTIGATIVA y 930,000 segundas, cubriendo a más de 1,900 municipios. La caída de casos graves y muertes fue atribuida tanto a la inmunización como a la coordinación intergubernamental y la movilización comunitaria. El caso brasileño abre un debate regional sobre la viabilidad de adoptar Qdenga en otros sistemas de salud pública, especialmente en países con alta incidencia del virus como Panamá, Honduras o República Dominicana. Sin embargo, las diferencias en recursos presupuestarios, capacidad logística y prioridades de salud hacen que la experiencia brasileña sea difícil de replicar sin un análisis exhaustivo de costos y beneficios. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que la vacunación debe entenderse como una herramienta complementaria, nunca sustitutiva, de las medidas de control vectorial. En ese sentido, el éxito sostenido dependerá de la capacidad de los países para integrar innovación científica, participación comunitaria y voluntad política en una estrategia integral contra el dengue. Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. Archivo Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Panorama Estudiantes de Centro Educativo Básico General Río Caña Abajo en el distrito de Kusapín, comarca Ngäbe Buglé. Alexander Arosemena Una iniciativa para cortar un nudo gordiano de la educación pública Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El anteproyecto 178 propone un año fiscal diferenciado para el Meduca, alineado al clima y al ciclo escolar. Pretende mejorar infraestructura, contrataciones y alimentación estudiantil. La principal política pública del Estado panameño es su presupuesto general. Usualmente, el presupuesto se aprueba meses o semanas antes del inicio del nuevo año calendario, con la intención de que el año fiscal coincida con él. Esta ha sido una práctica de las finanzas públicas panameñas que no está determinada por la Constitución Política del país. Sin embargo, dicha práctica ha tenido un costo importante: la falta de alineación entre la construcción y mantenimiento de obras del Estado con la temporada seca, la más apta para este tipo de labores. Aunque el presupuesto general del Estado entra en vigencia el 1 de enero de cada año, las instituciones deben esperar semanas o meses para que “entre en línea”. Como resultado, durante los cuatro primeros meses del año —cuando el clima es más favorable para la construcción de obras e infraestructuras— el presupuesto no está realmente activo para este tipo de inversiones. Esto produce una enorme ineficiencia por el rezago en la acción del Estado. El anteproyecto de ley 178 El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, presentó el anteproyecto de ley 178, “Por el cual se adiciona un artículo a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y se dictan medidas para el nuevo período de vigencia fiscal”, que esencialmente establecería un año fiscal diferenciado para el Ministerio de Educación: iniciaría el 1 de octubre y concluiría el 30 de septiembre del año siguiente. Este año fiscal educativo sería idéntico al que utiliza la Autoridad del Canal de Panamá. El anteproyecto fue prohijado el pasado 10 de septiembre por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. La propuesta del diputado Bloise se justifica en tres motivos fundamentales. El primero es el clima, que favorece las reparaciones y tareas de infraestructura educativa. El segundo, que este ciclo presupuestario facilitaría la realización de concursos y contrataciones de educadores y personal administrativo, garantizando el buen funcionamiento del sistema desde el primer día del año escolar. Finalmente, una tercera razón de gran peso es la necesidad de asegurar a los estudiantes de escuelas oficiales una adecuada alimentación, indispensable para su nutrición y rendimiento académico. En la actualidad, los retrasos en las contrataciones para este servicio condenan a muchos a rendimientos mediocres y a problemas de salud. Una improvisación El economista Felipe Argote considera que: “... puede ser una idea, pero en el marco de una estrategia, de un plan, y si dentro de ese plan aparece que hay que cambiar el período del ministerio...” Desde esta perspectiva, Argote apunta: “... no hay ninguna razón para que me digan que se ha ejecutado el 7% del presupuesto de inversiones [del Ministerio de Educación] solo porque empieza tarde, porque en el mismo período otro ministerio o la Asamblea va por encima del 50% a mitad del año de inversiones”. Otro ejemplo señalado por el economista es el de las pensiones de la Caja de Seguro Social: “... ahora mira, hay un diputado, una diputada que quiere mandar la plata a la fibra óptica para ayudar a los jubilados que ganan muy poco; el director del Seguro dice que en dos años se acaba la plata del programa de Enfermedad y Maternidad y nunca lo dijeron. Y, por otro lado, otro diputado propone eliminar las jubilaciones especiales. Todo esto debió discutirse en el marco de una estrategia de seguro social, de un plan de seguro social, pero todo se improvisa. Esto sería una improvisación más.” El experimento El contenido del anteproyecto 178 puede verse bajo otra luz. Aunque es probable que genere cierta complejidad en el manejo presupuestario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, también ofrece un experimento interesante para aumentar la eficiencia y la eficacia del gasto público, lo que a su vez se traduciría en mayor crecimiento económico y en un aumento de la legitimidad de las políticas del Estado. Este anteproyecto abre la puerta a una iniciativa cuya consecuencia lógica debería ser articular el presupuesto general del Estado con una programación distinta a la del año calendario. Un presupuesto estructurado de esta forma estaría más alineado con los ciclos sociales y los ritmos climáticos del país. Aunque es cierto que existe un problema de ineficiencia en la gestión estatal, también es claro que se están perdiendo los mejores meses para realizar obras y desarrollar el mantenimiento de la infraestructura pública. a.v./1246377
8A La Prensa Panamá, lunes 15 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. inteligencia artificial se acerca a un nivel de perfección en el que, incluso con conocimientos técnicos especializados, será casi imposible distinguir entre lo auténtico y lo fabricado. Si el Estado no robustece sus sistemas y toma medidas prioritarias y conscientes, no importará que después intente implementar estrategias para contrarrestar la desinformación, los hackeos o el “ransomware”. Las armas estarán desequilibradas y la capacidad de los atacantes sobrepasará con creces las posibilidades estatales. Esto significa que la implementación tecnológica en las instituciones públicas va más allá de sistematizar procesos, tener una página web funcional o “chatbots” de atención al cliente. Implica un reforzamiento especializado y técnico en seguridad cibernética, con actualización continua y adecuada a la dimensión de la información que se protege. Resulta inadmisible que sistemas estatales utilicen aplicaciones de “Word” sin licencia o dependan de antivirus gratuitos. Nos guste o no, la realidad actual no se mantendrá mucho tiempo más. Las nuevas generaciones dependerán cada vez más de la inteligencia artificial, y a medida que ingresen nuevos administradores públicos, los sistemas y procesos serán completamente digitalizados. No es cuestión de voluntad, es Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Cobardes del anonimato: héroes invisibles del teclado Libertad de expresión Ah, los cobardes del anonimato. Esa especie que habita nuestras redes y comentarios, segura de sí misma… siempre que nadie sepa quién es. Son expertos en lanzar críticas sin sustento, opacar ideas valiosas y convertir cualquier conversación seria en un espectáculo de banalidades. Mientras Panamá intenta que la palabra tenga peso, ellos se dedican a sembrar ruido y confusión. El anonimato, cuando se usa con responsabilidad, protege la libertad de expresión. Ellos lo han transformado en un escudo de cobardía. Señalan, descalifican y atacan, pero desaparecen ante la mínima exigencia de sustentar su opinión. Proponer requiere pensamiento y valentía; eso les resulta insoportable. Su estrategia consiste en la evasión y, aun así, se consideran héroes del debate. Llegan, lanzan su comentario hiriente y se esfuman. Sus ataques son previsibles: intentan opacar, entretenerse a costa del otro, pero nada de eso deja marca. Mientras ellos se creen estratégicos, yo sigo escribiendo, disfrutando del espectáculo que generan, sin que logren moverme un milímetro. Criticar desde la sombra es cómodo, pero no convierte en expertos a quienes carecen de argumentos. Favorecen la mediocridad, celebran la superficialidad y refuerzan la idea de que cuestionar es peligroso. Su supuesto poder es, en realidad, hilarante: creen que opacar una idea es ganar un debate. Cada comentario vacío que lanzan es un recordatorio de su creatividad limitada. Sus palabras tienen la profundidad de un charco y la consistencia de su valentía es igual de débil. Mientras ellos juegan a esconderse detrás de seudónimos, yo escribo con claridad y sin necesidad de máscaras. Cada intento de provocarme solo confirma que su verdadera habilidad es desaparecer cuando las cosas se ponen serias. Su rutina es predecible: criticar, desaparecer, reaparecer. Se creen estrategas del diálogo, cuando en realidad son caricaturas de lo que podría ser un debate. Intentan mostrar fuerza con insultos o banalidades, pero solo logran entretener y, de paso, reforzar mi propia posición. Cada vez que atacan, se exponen más que a mí; su cobardía es tan evidente que resulta cómica. Por eso, queridos héroes del teclado invisible: sigan lanzando sus críticas desde la comodidad de la sombra. Yo seguiré escribiendo, reflexionando y demostrando que el debate serio no necesita máscaras ni excusas. Sus intentos de intimidar son previsibles y risibles; sus palabras, ligeras como el aire que las sostiene. Pero aquí viene la reflexión ética: la libertad de expresión es un derecho, pero también un deber. La posibilidad de opinar desde el anonimato no nos exime de responsabilidad. Cada palabra que lanzamos, aunque no tenga nuestro nombre, tiene consecuencias. Criticar, insultar o descalificar debería ser un acto consciente, no un juego de invisibles. La ética digital nos invita a preguntarnos: ¿qué aporta nuestro comentario al diálogo? ¿Estamos construyendo o destruyendo? En definitiva, Panamá, los “valientes invisibles” son cómicos por accidente: intentan opacar y solo muestran su falta de coraje. Mientras ellos juegan en la penumbra, yo sigo en la cancha, con ironía, claridad y la certeza de que sus palabras no me afectan. Y mientras reímos de su absurdo, queda la pregunta ética abierta: ¿cómo usamos nuestra libertad sin traicionar la responsabilidad de nuestras palabras? Habrá una vez… Corrupción Y qué decir del reciente escándalo de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) vinculados al blanqueo de capitales y delitos informáticos en perjuicio del Estado para evadir impuestos, por cerca de $11 millones. A ello se suma el no menos escandaloso y también millonario caso de rampante corrupción en la AIG, denunciado en diciembre de 2023 por el entonces subadministrador Luis Carlos Stoute. El caso involucra al exdirector Luis Oliva y a varios empresarios, entre ellos Budy Attie, quienes en plena pandemia se asociaron para obtener beneficios ilícitos en el manejo de operaciones financieras del Estado vinculadas al “vale digital”. Hoy, todos ellos se mantienen libres y solo deben reportarse para firmar una vez al mes mientras dure el proceso de investigación por los graves delitos imputados. Cortados con la misma tijera, la tapa del coco parece concentrarse una vez más en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la Asamblea Nacional. En el caso de la CSJ, amparados en el vergonzoso y corrupto privilegio de la denominada falta de “prueba idónea”, los magistrados blindaron recientemente a varios diputados con el archivo de denuncias en su contra. Los beneficiarios no podían ser otros que Benicio Robinson, Jairo Salazar, Ariana Coba y Jessica Romero. Imagino que, en el caso particular de la denuncia por agresión física presentada por el diputado Betserai Richard contra Jairo Salazar, hizo falta —a juicio de la CSJ— que la agresión de la cual Salazar se ufanó a los Joaquín González J. De la indiferencia ciudadana a las campañas de desinformación Instituciones A inicios de 2022 publiqué un artículo en esta misma columna, basándome en los datos del Latinobarómetro 2021, donde señalaba algo preocupante: al 39% de los panameños les daba igual el tipo de gobierno que tuviéramos. La democracia simplemente no estaba entre sus prioridades. En ese momento, el riesgo que abordé era el desconocimiento o descontento con la democracia, y cómo la falta de interés, especialmente en las nuevas generaciones, podía abrir paso a regímenes antidemocráticos. Hoy, pasada ya la mitad de 2025, reflexiono sobre un riesgo distinto: las campañas sistemáticas y altamente sofisticadas de desinformación que erosionan la confianza en los medios y en las instituciones gubernamentales. Esto ocurre en un contexto donde el ritmo del cambio tecnológico se ha acelerado exponencialmente: antes los avances se medían en años o lustros; ahora se cuentan en días. Durante la pandemia, las noticias falsas eran, sobre todo, textos manipulados o páginas web fraudulentas que —aunque peligrosas— podían identificarse con cierto análisis. Hoy enfrentamos otra realidad: videos que podrían mostrarnos a nosotros mismos haciendo cosas que jamás hicimos, transmisiones “en vivo” de bombardeos o actos terroristas que nunca ocurrieron. La cuestión de tiempo. El papel dará paso a lo digital, y lo que ya estaba expuesto a fraudes lo estará ahora en un nivel técnico y científico que requerirá verdaderos expertos y esfuerzos constantes para contenerlo. Las elecciones, por ejemplo, estarán cada vez más expuestas a estas amenazas. Para que la democracia sobreviva a la era digital, resulta imperativo profesionalizar y elevar el nivel técnico de las instituciones del Estado en materia digital. Solo una capacidad institucional robusta podrá garantizar derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión, aplicando medidas de gobernanza basadas en derechos humanos para la inteligencia artificial. Quienes defendemos la democracia enfrentamos una doble amenaza: no solo gobiernos represores y persecuciones tradicionales, sino también campañas sistemáticas y tecnológicamente sofisticadas destinadas a desestabilizar gobiernos enteros. Reconozco las maravillas de la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida, pero desconocer sus riesgos sería un grave error estratégico. Por ello, en este Día Internacional de la Democracia, la agenda es clara: adecuar marcos normativos oportunos, reforzar la protección constitucional de los derechos digitales y fortalecer la capacidad institucional con equipamiento técnico especializado. La reactividad ya no es viable; necesitamos un enfoque proactivo para asegurar que en los próximos 15 de septiembre estemos celebrando —y no lamentando— la democracia. Opinión LA AUTORA es profesora de filosofía. LA AUTORA es integrante de la Fundación Libertad. EL AUTOR es pintor y escritor. Indhira Londoño cuatro vientos estuviera acompañada de una radiografía con fractura de mandíbula o de cráneo, o en su defecto, el decomiso de la “magnum” de Pedro Navaja, para que así valiera la pena admitir las pruebas por parte de los inescrupulosos magistrados. Por los lados de la Asamblea, al presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Luis Eduardo Camacho, al parecer no le da ni frío ni calor lo acontecido recientemente en Nepal, donde ciudadanos hastiados de la corrupción decidieron prender fuego al parlamento. Digo esto porque es tal la desvergüenza que exhibe el diputado Camacho, cuando hace apenas un par de días lo escuchamos decir, a todo pulmón, que se vanagloria de mantener engavetados por el tiempo que le venga en gana los proyectos anticorrupción presentados por el procurador Luis Carlos Gómez. En su lugar, le parece mejor promover la ley “robó, pero hizo”, que el diputado chiricano Jamis Acosta se sintió muy honrado en sustentar, y mediante la cual se permitiría revisar la condena de Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales en el caso New Business, invocando argumentos que ni siquiera están contemplados en el Código Judicial. En ese sentido, la cereza en el pastel la pusieron, inexplicablemente, los cuatro diputados de Vamos y Moca que integran dicha Comisión de Gobierno, quienes votaron a favor de prohijar esta nefasta ley presentada por Acosta con el beneplácito de Camacho, quien entre risas y mal disimulado asombro culminó la sesión que da alas a este nuevo mamotreto. Si bien la esperanza es un buen desayuno, constituye no obstante una mala cena. Pese a ello, aún conservo la fe en que las cosas cambiarán para bien en este país. Habrá una vez… El zoólogo y escritor británico Desmond Morris, en su libro Comportamiento íntimo, afirma que el hombre es el único animal que se ríe, además de las hienas, que lo hacen por instinto. Siguiendo la misma lógica sobre el curioso y especial comportamiento humano, tal vez sea válido agregar a lo planteado por Morris que probablemente seamos también la única especie animal con una marcada tendencia natural hacia la corrupción, si consideramos, por ejemplo, la abrumadora evidencia que en este aspecto encontramos en Panamá. Hagamos un recuento aleatorio sobre el tema. El financiamiento público de los partidos políticos —entiéndase subsidio electoral— pasó de 15 millones en 1997 a 109 millones en 2024, sin que en todo este tiempo se haya percibido siquiera un ápice de mejoramiento en favor de la democracia, tanto en los procesos y reglas electorales como en el funcionamiento de los partidos políticos en general. Por otro lado, la fiesta en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con su flamante rectora Etelvina de Bonagas, continúa imperturbable: recibirá en 2026 un presupuesto de $72 millones, ni un centavo menos de lo otorgado en 2025. Al parecer, ello ocurre al margen de las auditorías supuestamente realizadas por la Contraloría General de la República y de las fuertes denuncias presentadas, incluso por el propio presidente de la República, sobre el evidente manejo antojadizo y desordenado de los recursos del Estado por parte de esta universidad. Hoy enfrentamos otra realidad: videos que podrían mostrarnos a nosotros mismos haciendo cosas que jamás hicimos, transmisiones “en vivo” de bombardeos o actos terroristas que nunca ocurrieron. Alexis Martínez Scigliani Probablemente seamos también la única especie animal con una marcada tendencia natural hacia la corrupción, si consideramos, por ejemplo, la abrumadora evidencia que en este aspecto encontramos en Panamá. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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