1A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 14 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15138 Hoy por hoy La corrupción en Panamá no es un fenómeno aislado ni exclusivo de ciertas instituciones; es un mal estructural que atraviesa al Estado y a la sociedad. Lo confirman los recientes casos en la Caja de Seguro Social y en la Dirección General de Ingresos. Funcionarios han sido procesados y hasta condenados por manipular sistemas, borrar deudas o vender favores. Sin embargo, lo que aún falta es transparencia plena: se señala a los funcionarios, pero rara vez se divulga quiénes son los particulares o empresas que se beneficiaron de estos actos. Y allí está la raíz del problema: la corrupción siempre necesita dos partes, el que ofrece y el que acepta. Mientras existan compañías y ciudadanos dispuestos a pagar por acciones ilegales, el ciclo continuará. Combatir la corrupción exige una estrategia que castigue con igual rigor a corruptos y corruptores, de lo contrario, solo se atacará la mitad del problema. Ellas.pa La ‘nonna’ panameña que cocina en Nueva York 5B Karla Navas clasifica a final de la Copa del Mundo 1B Deportes Panorama Fracasa plan de regular consulados marítimos 4A ADEMÁS ITSE, en riesgo por recorte presupuestario de $47.2 millones 2A Grandes empresas evadían impuestos Reyna Katiuska Hernández [email protected] Grandes empresas en Panamá declaraban apenas la mitad de sus ventas para evadir impuestos, usando el facturador gratuito de la Dirección General de Ingresos (DGI), mientras algunos comercios ofrecían descuentos a quienes pagaban en efectivo o por plataformas digitales para no emitir facturas. CORRUPCIÓN Se encontró que las grandes compañías en el país declaraban solo la mitad de sus ventas para pagar menos impuestos, aprovechando el facturador gratuito. “Estamos tratando de combatir todo esto que forma parte de una cultura en el país. Debemos mejorar esa cultura tributaria y cambiar de mentalidad, por eso la lotería fiscal está convirtiendo a cada ciudadano en un inspector, para pedir la factura”, señaló Camilo Valdés, director de la DGI, en entrevista con La Prensa. En el primer semestre, la DGI recaudó $4,020 millones, superando los $3,700 millones anteriores, aunque aún por debajo de la meta de $4,251 millones; los ingresos tributarios específicos llegaron a $3,255 millones frente a $3,534 millones, con avances pese a la evasión. Para contrarrestar esta mala práctica, la DGI ha implementado operativos junto con Acodeco, la CSS y Migración, reduciendo el incumplimiento en facturación del 82% al 56%. Valdés aseguró que están implementando medidas para recaudar más, pero aún no logran alcanzar lo presupuestado. Además, a partir de enero de 2026, el facturador gratuito se limitará a microempresas con ingresos anuales de hasta 36,000 dólares, para que los grandes contribuyentes se vean obligados a utilizar el sistema PAC. Este enfoque busca cambiar la cultura tributaria y garantizar que la recaudación refleje más fielmente la actividad económica del país. VEA 7A Explosión de colores Parada de las flores de Tierras Altas Al menos un millón de flores de distintos colores le dieron vida a animales y figuras deslumbrantes en la Parada de las Flores 2025 en Tierras Altas, un espectáculo que deslumbra por su colorido y creatividad. Hoy es el desfile de carrozas y bandas musicales. El evento, que se desarrolla en Volcán, Chiriquí, genera una derrama económica de miles de dólares y potencia significativamente el turismo en la región. Cortesía/Johann Element El caso involucra a una red que manipulaba cuentas. Archivo Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) de Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión por falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, además de una multa de 11,100 dólares. La investigación, iniciada en 2018, reveló que junto a otro funcionario alteraban datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe) para borrar deudas y generar créditos, afectando a los trabajadores y causando un perjuicio al Estado de al menos 184,451 dólares. El caso involucra a una red que manipulaba cuentas de empleadores y planillas para evadir obligaciones, generando beneficios indebidos. Tras ser detectadas las irregularidades, las autoridades procedieron a la detención y suspensión de los funcionarios implicados. VEA 3A AUDIENCIA Vida y riesgo en las faldas del vertedero de cerro Patacón 48 meses de condena para funcionaria de la CSS por corrupción en caso Sipe El aumento de los asentamientos informales en las faldas del cerro Patacón, en Ancón, ha despertado preocupación social y ambiental, pues alrededor de 18 mil personas habitan en unas 30 hectáreas que forman parte del relleno sanitario. La cercanía con los desechos y lixiviados pone en riesgo la salud de los moradores, muchos de los cuales dependen de la recolección de materiales reciclables para subsistir. Desde 2017, la población ha aumentado significativamente debido a la reducción de la distancia mínima entre áreas pobladas y el vertedero, pasando de 75 familias a unas 300 viviendas en 2025. VEA 5A DESECHOS
2A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Luis Duke, diputado de Vamos. Archivo Corrupción en la mira: Vamos exige la discusión de 43 proyectos pendientes ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional se prepara para su sesión del martes, mientras diputados del partido Vamos presionan para que se discutan los proyectos anticorrupción que permanecen pendientes. Según miembros de la coalición, entre 2024 y 2025 se acumularon 43 iniciativas que buscan robustecer las penas, eliminar la prescripción de los delitos y recuperar los bienes sustraídos, pero hasta ahora no han recibido la atención debida. El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, hizo un llamado urgente a su colega de Realizando Metas y presidente de la misma comisión, Luis Eduardo Camacho, para que los proyectos de lucha contra la corrupción avancen sin dilaciones. Duke enfatizó que es necesario reforzar las penas, eliminar la prescripción de los delitos y garantizar la recuperación de los recursos públicos desviados. El diputado insistió en la importancia de que estas iniciativas sean discutidas de manera prioritaria, recordando que el país cuenta con 43 proyectos relacionados con la lucha anticorrupción que aún no han recibido atención. “Son leyes cuyo espíritu busca proteger los fondos del Estado y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, señaló. Además, pidió que algunos de estos proyectos se incorporen al orden del día de la próxima sesión, con el objetivo de avanzar en su análisis y eventual aprobación. Duke advirtió que postergar la discusión equivale a abrir la puerta a la impunidad y debilitar los mecanismos de control sobre los recursos públicos, un asunto que calificó de urgente y prioritario para la agenda legislativa. Otros proyectos Por otra parte, el procurador Luis Carlos Gómez presentó el 24 de julio los proyectos de ley 291 y 292, destinados a fortalecer la lucha contra la corrupción en Panamá. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo plantea modificaciones al Código Penal para tipificar con mayor claridad los delitos contra la administración pública. Según Gómez, estas iniciativas buscan alinear la legislación panameña con los estándares internacionales en materia de prevención y sanción de actos corruptos. A pesar de su presentación, aún se desconoce cuándo se discutirán en primer debate. Ante la demora, el procurador envió el 18 de agosto una nota al diputado Camacho, solicitando que los proyectos se incluyan en el orden del día de la Comisión de Gobierno. En la comunicación, destacó la urgencia de debatirlos, dado que Panamá obtuvo apenas 33 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, cifra inferior al promedio regional, lo que evidencia la necesidad de medidas legislativas concretas. Sobre este tema, Camacho afirmó desde el pleno de la Asamblea: “Cuando se me pone presión, ya sea en el pleno de la Asamblea o por parte de un diputado o funcionario que comienza a filtrar documentos que envían a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario; como presidente, con la discrecionalidad que tengo, decido sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando de manera casi de extorsión”. Entidades como el ITSE son claves para la formación de nuevos profesionales. Archivo ITSE en riesgo por recorte presupuestario para 2026 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN TÉCNICA La entidad pasará de administrar $69 millones en 2025 a solo $21.8 millones en 2026. Entre los recortes al presupuesto general del Estado para 2026, uno de los más llamativos por su severidad es el aplicado al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). La drástica reducción de sus recursos amenaza con frenar proyectos académicos, limitar la matrícula y afectar directamente a cientos de estudiantes que ven en esta institución una oportunidad real de formación y empleo digno. La entidad pasará de administrar $69 millones en 2025 a solo $21.8 millones en 2026, según lo recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que representa una disminución de $47.2 millones, equivalente al 68.4% de sus recursos. De hecho, el ministro de Economía, Felipe Chapman, se refirió esta semana al drástico recorte que enfrentan las universidades y centros de formación técnica. “Nos gustaría otorgarles más recursos a las universidades y a institutos como el ITSE, por supuesto que sí”, afirmó. Sin embargo, advirtió que las limitaciones presupuestarias responden a compromisos financieros ineludibles, como el pago de la deuda pública, lo que ha obligado a reducir de forma sustancial los recursos asignados a estas entidades. El impacto Este año, al ITSE se le destinaron $17.8 millones para funcionamiento, y en 2026 solo contará con $13.8 millones, lo que significa $4 millones menos. En inversión, la reducción es aún más marcada, al pasar de $51.1 millones en 2025 a apenas $7.9 millones para el próximo año, una situación que amenaza con impactar directamente a unos 5,000 estudiantes. Consultado al respecto, se informó a través de la oficina de relaciones públicas de la entidad que esta decisión responde a una confusión sobre su verdadera naturaleza. “El ITSE no es un centro de educación vocacional, sino una institución de educación superior en ciclo corto”, recordaron, amparados en la Ley 71 de 2017, que les otorga autonomía académica bajo el mismo marco legal de las universidades oficiales del país. Con poco más de 5,000 estudiantes y un modelo basado en ciencia, tecnología e innovación, el ITSE asegura que su misión es formar profesionales técnicos de alto nivel, con un 80% de inserción laboral. “Estamos preparando jóvenes para responder a las necesidades del desarrollo del país y abrirles mayores oportunidades de empleabilidad”, recalcan, subrayando su rol como motor de movilidad social y como un referente al que llaman “el 10 de 10 de Panamá”. La defensa del ITSE tendrá un capítulo crucial el próximo 22 de septiembre, cuando sus autoridades comparezcan en la vista presupuestaria de la Asamblea Nacional. Allí, según anunciaron, presentarán con transparencia sus argumentos y la justificación financiera, en un ejercicio de rendición de cuentas que busca convencer a los diputados de que invertir en el ITSE es apostar por el futuro de Panamá. La formación En solo dos o tres años, los estudiantes del ITSE pueden obtener un título técnico de nivel superior con enfoque práctico, lo que les permite incorporarse rápidamente al mercado laboral. La nueva carrera de Técnico en Mantenimiento de big data, inteligencia artificial, desarrollo de software y transformación digital. Según un estudio de la CAF, Panamá necesita 6,000 profesionales al año en estas áreas, y solo se forman 3,500. Desde el ITSE señalan que este déficit es una oportunidad estratégica y que “el 40% de nuestras competencias deberán actualizarse en menos de cuatro años”, destacando la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad como habilidades esenciales para los empleos del futuro, que, según el Foro Económico Mundial, podrían generar 170 millones de nuevos puestos en los próximos cinco años. La importancia René Quevedo, especialista en temas laborales, advierte que el recorte presupuestario al ITSE refleja la gravedad de las finanzas públicas del país. Según señaló, la deuda externa panameña ya alcanza los $57,000 millones, y el servicio de la deuda, proyectado en $3,600 millones para 2026, superará incluso los aportes del Canal, estimados en $3,245 millones. El especialista subraya que el sistema educativo tradicional ha estado desconectado de la realidad laboral, lo que hace que el ITSE cumpla un rol clave en la formación de jóvenes con conocimientos y habilidades alineadas a las necesidades del sector productivo. “Esta institución no solo capacita, sino que prepara profesionales listos para integrarse al mercado laboral de manera inmediata”, apunta Quevedo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo respaldan la urgencia de este enfoque: solo uno de cada tres profesionales graduados en universidades tradicionales logra encontrar empleo. En este contexto, la formación técnica de ciclo corto que ofrece el ITSE se presenta como una alternativa eficiente y rápida para mejorar la empleabilidad de los jóvenes panameños y responder a las demandas del mercado. Aeronaves, respaldada por empresas como Copa Airlines, DHL y Grupo Azuero, refleja la estrategia de la institución de formar profesionales alineados con las necesidades del sector productivo. El ITSE aplica un modelo de formación dual inspirado en Alemania, que combina teoría y práctica en empresas reales. La metodología busca preparar a los jóvenes para los empleos actuales y los que surgirán en un mercado laboral en constante cambio, marcado por la automatización y la innovación tecnológica. Con más de 800 estudiantes en su Escuela de Innovación Digital, el instituto apuesta por carreras en
3A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Panorama Como se observa en la imagen, las afiliaciones irregulares de extranjeros en la CSS se hacían en masa. Las agencias de San Miguelito y El Dorado eran las más frecuentadas por esta red, integrada por funcionarios, extranjeros y particulares panameños. LP/Archivo Condenan a funcionaria a prisión por corrupción José González Pinilla [email protected] CASO SIPE La condenada laboraba en la agencia de la Caja de Seguro Social ubicada en Los Pueblos y había sido aprehendida recientemente. Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue condenada a 48 meses de prisión por los delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales. La condenada laboraba en la agencia de la CSS de Los Pueblos y había sido aprehendida recientemente. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la mujer fue acusada de falsificar documentos mediante la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe) del Seguro Social. También enfrentó cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos, y por blanqueo de capitales. Además, se le impuso una multa de 11,100 dólares. En este caso, otro funcioFallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento SAN FRANCISCO Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Cecilio Cedalise falleció ayer en un apartamento ubicado en calle 66, corrregimiento de San Francisco. La víctima, identificada como Cristian Antonio Cedalise, de 38 años, fue encontrada en circunstancias que causaron conmoción entre familiares y residentes del sector. Al lugar se presentaron funcionarios del Ministerio Público para adelantar las investigaciones. De acuerdo con los primeros informes, no se observaron signos de violencia en el cuerpo ni evidencias de que nario de los Juzgados Ejecutores de la CSS fue detenido provisionalmente tras una la seguridad del inmueble hubiera sido vulnerada. Las diligencias forenses buscan precisar las causas del deceso. Fuentes oficiales informaron que Cristian Cedalise padecía complicaciones renales y respiratorias. Según se conoció, cuando su madre llegó al sitio aún presentaba signos vitales e intentó auxiliarlo, pero finalmente falleció en el lugar. El caso se mantiene bajo investigación del Ministerio Público. En 2019, el nombre de Cristian Antonio Cedalise ocupó los titulares tras un incidente en Arraiján, cuando las autoridades le encontraron un arma de fuego dentro de su vehículo luego de una acalorada discusión con un agente de seguridad de una oficina municipal. No era la primera vez que se veía envuelto en una controversia: cuatro años antes, en 2015, ya había provocado reacciones en redes sociales al difundir fotografías en las que posaba junto a otro joven portando pistolas calibre nueve milímetros. Había salido del sistema penitenciario tras una detención en 2020 y, mientras intentaba retomar su vida, enfrentaba un reto adicional: la espera de un trasplante de riñón que necesitaba para mejorar su salud, lo cual nunca se concretó. Al cierre de esta nota, las autoridades confirmaron que el deceso de Cristian Antonio Cedalise obedeció a causas naturales, de acuerdo con los primeros informes oficiales emitidos tras las diligencias en el lugar. audiencia y suspendido del ejercicio de sus funciones públicas. Según las autoridades, ambos estarían vinculados a una red de corrupción que alteraba los datos del Sipe, desde donde se intervenían cuentas de empleadores y planillas para borrar deudas por miles de dólares, generando incluso créditos a favor. La CSS informó que, debido a “estos actos de corrupción”, los trabajadores resultaron gravemente afectados porque no se les acreditaba el pago de sus cuotas. El Ministerio Público inició esta investigación en 2018, tras una alerta de la CSS sobre irregularidades en el manejo del sistema, que registra los pagos realizados por las empresas al descontar las cuotas obrero–patronales de los trabajadores. Hasta la fecha, la investigación vinculada al Sipe ha determinado una lesión patrimonial al Estado por un monto de 184,451 dólares.
4A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Panorama La flota mercante panameña está compuesta por unos 8, 600 buques abanderados. Cortesía Fracasa propuesta para regular consulados de marina mercante Mario De Gracia [email protected] SERVICIO EXTERIOR El proyecto de ley buscaba que se estableciera una participación de los cónsules no mayor al 5% de las sumas totales anuales de recaudación de cada uno de los consulados; hoy es de 70%. Del dinero que recaudan los 53 consulados privativos de marina mercante de Panamá en todo el mundo, una buena parte termina en los bolsillos de los cónsules; figuras a cargo de estas estructuras diplomáticas. La norma que los regenta es tan diversa como los servicios que prestan, y el proyecto de ley 251, que pretendía reglamentar los honorarios fue rechazado el pasado 10 de septiembre en la Asamblea Nacional. Los cónsules se pueden quedar hasta con el 70% de los ingresos que recaudan los consulados privativos de marina mercante, de acuerdo con el Decreto de Gabinete N°.26 del 14 de agosto de 2017; pero la disposición ha pasado inadvertida un decreto sobre otro, que se extiende, al menos, hasta el año 1990. El proyecto de ley pretendía, entre otras cosas, derogar el decreto de gabinete que le otorgaba esa prerrogativa a los cónsules, pero no obtuvo los votos suficientes en la Comisión de Economía y Finanzas. “Nos presentaremos a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para tener claridad de cosas que hoy no supieron responder. Necesitamos una tabla de los salarios de cada uno de estos cónsules, de los ingresos brutos de cada uno de los consulados y necesitamos una tabla de los viáticos y todas las dietas que reciben estos cónsules” apuntó el diputado presidente de la Comisión, Eduardo Gaitán. La propia exposición de motivos del proyecto de ley que intentaba la regulación de los honorarios hacia referencia a un estimado de $84 millones recaudados en 2023 por los consulados de marina mercante, según estimaciones de la AMP. Encontrar la información precisa, sin embargo, no es tarea fácil. La recaudación puede se mayor en algunos consulados dependiendo de los servicios que presta. Abanderamiento de naves, registro o emisión de documentos, para cada uno hay tarifas. “Esos cuatro votos [los únicos que recibió el proyecto] significan cambiar algo que solo se rige por un decreto”, apuntó el diputado José Pérez Barboni, proponente de la regulación. Pérez Barboni sugería en el proyecto que se estableciera una participación no mayor al 5% de las sumas totales anuales de recaudación, para cónsules y el personal de la oficina consular, una vez que se hubieran pagado los gastos de funcionamiento del consulado. Asimismo, se proponía que los consulados reportaran mensualmente a Contraloría, Cancillería y la AMP los montos recaudados. Hoy dicha información solo la registra la AMP. ¿Quiénes son los cónsules? Designados por la Cancillería, los cónsules de marina mercante tienen la peculiaridad de ser altos funcionarios del servicio exterior y también del sector marítimo. Algunos cónsules son conocidos por sus vínculos políticos. Actualmente, Ramón Martínez-Acha, sobrino del canciller Javier Maríntez-Acha, es cónsul general en Shanghái, China, encargado también de la marina mercante, por el tipo de misión que describe el sitio web de Cancillería. También Jan Woolford Carles, nieto de la gobernadora Mayin Correa y cónsul de Panamá en Toronto, Canadá, o personas afines a la familia del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), como Álvaro Linares Clarke, cónsul general en Barcelona, España. Fotografía del 19 de junio de 2025 de una zona del pueblo indígena de Bajo Chiquito, cerca a la selva de Darién. EFE Regiones olvidadas y exclusión educativa INFORME DE UNFPA Mario De Gracia [email protected] Mientras la urbe metropolitana crece entre plazas, cocina de autor, lujos y excentricidades, un espejo hacia las provincias y comarcas expone el tamaño de la desigualdad en Panamá, donde también cerca de 120 mil niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar. El retrato de los ignorados por el desarrollo económico lo expuso el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en el lanzamiento de su Informe de Análisis sobre la Población, donde apunta que a pesar de la reducción en la pobreza monetaria del 26.3% en 2013 al 21.7% en 2023, las brechas entre provincias, áreas urbanas y rurales o grupos étnicos y etarios, siguen siendo marcadas. La realidad paralela al ajetreo entre los altos rascacielos de la urbe se vive con mayor incidencia en Darién, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan, donde el porcentaje de personas cuyos ingresos monetarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza general es mayor. A pesar de que los datos del Censo de Población de 2023 —en el que se basó Unfpa— reflejan que hubo una reducción en los niveles de pobreza en provincias y comarcas desde 2013, ocurre que se han ampliado las brechas entre las provincias con mayor y menor pobreza. La comarca Ngäbe Buglé, región del país con mayor población por debajo de la línea de pobreza (87.2%), tuvo una proporción que superó en 9 veces a la provincia con menor condición de pobreza monetaria: Los Santos (9.7%), una brecha que aumentó 3.5 puntos entre 2013 y 2023, revela el informe. También irrumpen con la media de pobreza en el país las provincias de Bocas del Toro y Darién, a los extremos oeste y este del país y fronterizos con Costa Rica y Colombia. Muy de cerca le acechan las provincias de Veraguas y Coclé, en el corazón del país. En estas provincias y comarcas también hay menor acceso a los servicios públicos. Son las que más sufren de múltiples problemas a la vez en sus viviendas: falta de agua potable, luz eléctrica y servicio sanitario. En ellas es más habitual encontrar casas con piso de tierra y que cocinan a leña que en el resto del país (con le excepción de Emberá-Wounaan), según el informe de Unfpa. El informe señala que justo en Darién y Bocas del Toro hay mayor porcentaje de población que se identifica como indígena. Educación Particularmente, los niños y niñas indígenas entre 6 y 11 años son quienes más problemas tienen para acceder a la educación. Sus pares no indígenas superan en una proporción de 7 puntos la asistencia a establecimientos educativos. En todo el país, cerca de 120 mil niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no asisten a ningún centro educativo, según el Censo de 2023. Casi 8 de cada 10 nunca han asistido a una escuela y, de ellos, la gran mayoría corresponde a la etapa preescolar. Sobre las razones del abandono de la escuela, 30% lo hace por no contar con una oferta educativa cercana. El análisis efectuado por Unfpa señala que el gasto en educación, comparado al gasto total del gobierno estuvo por debajo del promedio regional calculado por la Unesco. Asimismo, se señaló que a pesar de que la ley mandata destinar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, y de este, el 5.5% al Ministerio de Educación (Meduca), en 2021 y 2022 estuvo por debajo del mínimo establecido por ley. En la actualidad, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ha señalado que pensar en destinar el 7% del PIB a la educación es algo lejano a la “realidad”. De la data a la realidad Los reflejos de las vidrieras de los rascacielos a veces dan crueles ejemplos de la data a la realidad. Es el caso de una joven indígena oriunda de la comarca Ngäbe Buglé que fue abandonada en una estación de autobuses, luego de llegar a la capital con la esperanza de un empleo. Trabajó por 15 días, pero no recibió remuneración alguna y fue abandonada a su suerte, según recogió su testimonio el medio de la Iglesia Católica panameña, Panorama Católico; tan próximo como el recién pasado 12 de septiembre. Una historia de vulnerabilidad que sustenta la data; una realidad paralela a la capitalina en la que los ritmos de vida quedaron hace tiempo separados y que solo la brecha de la desigualdad ata. Aida Jaafar Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Alejandro De León Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Álvaro Dutari Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,460.00 Álvaro Hernán Linares Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Ana Altamirano Duque Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,140.00 Carlos Emilio Castillo Cónsul General de 2DA. (Marina Mercante) 1,500.00 Eduardo Bolívar Márquez Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Félix Ernesto Estripeaut Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Georgia Athanasopulos Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 600.00 Gilda IsabelGarcía Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Gregorio Antonio Miró Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Jaime Andrés Campuzano Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Jan Edward Woolford Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Jannan Nicole Mejdoub Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 José Ramón Varela Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Juan JaimeDelvalle Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Karin Cristina De Nusser Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Manuel Salerno Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Manuel De Jesús Balbastro Cónsul General de 2DA. (Marina Mercante) 1,000.00 MaríaDe Quintero Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 María Del Carmen Harris Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Olimpo Sáez Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,150.00 Ramón Martínez Acha Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Roger Manuel Alvarado Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Roosevelt Thayer Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 Rubén Arguelles Cónsul General de 1RA. (Marina Mercante) 1,500.00 0.00 4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,753.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 Extracto de planilla del Gobierno central Ministerio de Relaciones Exteriores Fuente: Contraloría General NOMBRE APELLIDO CARGO SALARIO GASTOS
5A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Panorama Residentes de la comunidad de Clayton, en el corregimiento de Ancón, protestaron ayer porque ya cumplían poco más de 24 horas sin tener agua potable, debido a la rotura de una tubería principal que, según denuncian, fue ocasionada por las labores de construcción de un proyecto cercano. La presidenta de la Asociación de Residentes de Clayton (Aprecla), Ada Garúz, denunció que un proyecto en construcción, ubicado en un terreno de baja densidad en Clayton, ha provocado al menos ocho interrupciones del suministro de agua en los últimos tres meses. Esta situación ha afectado a unas 2,600 personas, quienes piden la intervención de las autoridades, entre ellas las del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Garúz explicó que por el terreno pasa la tubería principal —que abastece a toda la comunidad—, infraestructura heredada de la antigua administración del Canal de Panamá. Sin embargo, a pesar de que esta situación fue advertida en la demanda presentada por Aprecla, las Obras en Clayton dejan sin agua a la comunidad: residentes responsabilizan a autoridades SERVICIO PÚBLICO autoridades municipales otorgaron el permiso para la construcción. “Cada vez que excavan, rompen la tubería madre y dejan sin agua a todo Clayton. Lo más grave es que no nos avisan y el Idaan tampoco notifica de inmediato; solo publican en redes que están trabajando, pero no vemos personal en el área”, aseguró Garúz. Según la dirigente, ayer se registró la octava rotura en tres meses, lo que dejó la comunidad sin agua por más de 12 horas. La situación llevó a los residentes a manifestarse frente al proyecto para exigir que las autoridades y los desarrolladores se responsabilicen por los daños. “Pedimos que saquen la tubería de la zona de construcción y la reubiquen, porque si el edificio se levanta sobre la servidumbre y la línea se rompe, los residentes no podríamos acceder para repararla”, advirtió. Garúz adelantó que, de no encontrar una solución, a partir del próximo lunes los vecinos intensificarán las protestas y cerrarán el acceso al proyecto hasta que se garantice la protección del suministro de agua. Por su parte, el Idaan informó que desde tempranas horas de la mañana su personal comenzó a trabajar en la reparación de una tubería de ocho pulgadas de asbesto-cemento, ubicada en la calle Arnoldo Cano, en el sector de Clayton, con el fin de restablecer el servicio de agua a los moradores. La entidad precisó que la rotura de la línea de 8 pulgadas fue ocasionada por el paso continuo de equipo pesado que realiza labores privadas para la construcción de un edificio. El crecimiento de los asentamientos informales en las cercanías del cerro Patacón, ubicado en el corregimiento de Ancón, se ha convertido en un fenómeno social y ambiental que preocupa a las autoridades. Elysée Fernández Riesgos ambientales y sociales crecen en comunidades cercanas a cerro Patacón Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] VIVIENDAS INFORMALES Miles de personas viven en asentamientos informales en las faldas del cerro Patacón, enfrentando riesgos para su salud y seguridad, mientras la falta de un plan formal de reubicación y los vertederos cercanos generan graves impactos ambientales y sociales. El crecimiento de los asentamientos informales en las cercanías del cerro Patacón, ubicado en el corregimiento de Ancón, a 15 minutos de la ciudad capital, se ha convertido en un fenómeno social y ambiental que preocupa a las autoridades y organizaciones ambientales. Se estima que en las comunidades aledañas a la zona habitan al menos 18 mil personas en asentamientos informales como Guna Nega, Calle 50, El Cuipo 1 y 2, Valle de San Francisco, La Isla, entre otros barrios. De las 162 hectáreas que comprende el relleno sanitario, 80 han sido utilizadas como vertedero. El resto está destinado para futuras ampliaciones del centro de disposición de desechos; sin embargo, 30 hectáreas están ocupadas por asentamientos informales. Según el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), desde 2023 se identificó, a través de mesas de trabajo, que estas comunidades deben ser reubicadas. La razón es que las familias se encuentran en riesgo por la contaminación ambiental que afecta su salud, debido a la cercanía con los desechos, lixiviados, malos olores y plagas. En los últimos años, el número de familias establecidas en esta zona ha aumentado de manera significativa, muchas de ellas atraídas por la posibilidad de generar ingresos mediante actividades relacionadas con el vertedero. A este relleno llegan entre 2,500 y 3,000 toneladas de desechos entre los distritos de Panamá y San Miguelito. Informalidad en aumento En 2017, las autoridades del Miviot reportaban 75 familias que vivían en las faldas del cerro Patacón, a unos 2 kilómetros del sitio donde se manejan los desechos tóxicos. Esta ubicación cumplía con la norma establecida en el Decreto Ejecutivo 275 del 21 de julio de 2004 del Ministerio de Salud (Minsa), que regulaba la distancia sanitaria para los rellenos sanitarios. Con el paso de los años, la cifra fue aumentando. En 2023 se reportaron 200 viviendas, a unos 500 metros del relleno sanitario. Este cambio se debe a que en 2016 el Decreto Ejecutivo 275 fue modificado, reduciendo la distancia mínima entre áreas pobladas y rellenos sanitarios de 2 kilómetros a 300 metros. Para 2025, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), actual administradora del relleno, reporta la existencia de 300 viviendas informales en las faldas del cerro. Entre los moradores se encuentra Catalina Sánchez, madre soltera que, ante la necesidad de vivienda, construyó su casa en la comunidad de La Esperanza, en Guna Nega. “Soy madre soltera y debo sacar adelante a mis hijos”, expresó. Relató que primero levantó su casa con hojas de zinc y luego con bloques, aunque aún no la ha repellado. Ahora solicita a las autoridades agua potable, puentes y una cancha para los niños. Para estas comunidades, el cerro Patacón no es solo un lugar de desechos, sino también la base de su sustento. Numerosos hogares dependen de la recolección de materiales reciclables —plásticos, metales, cartón— que luego venden a intermediarios o empresas de reciclaje. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2023, unas 8,988 personas residen a un kilómetro del vertedero, muchas de ellas trabajando como recicladores o pepenadores en el lugar. En Guna Nega viven 1,444 personas; en La Isla, 226; en Calle 50, la población pasó de 16 a 532 habitantes; y en San Francisco viven 3,933 personas. Además, existe la barriada Génesis, construida en 2017, ubicada a tan solo 500 metros del borde del vertedero. El administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, abordó el tema de los asentamientos informales el pasado 5 de septiembre, durante un recorrido con diputados de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional por el relleno sanitario. Moreno explicó que hay personas que han ido ingresando poco a poco al perímetro del relleno. “El Ministerio de Vivienda ya tiene conocimiento de esta situación. Estas son personas que han ido entrando paulatinamente al área, y es la entidad encargada de atender este tema”, señaló. El administrador agregó que en una de las áreas donde actualmente hay viviendas informales se proyecta la construcción de la próxima tina de vertido de Cerro Patacón. Desde 2023, la Dirección de Asentamientos Informales del Miviot propuso la reubicación a largo plazo de estas familias y la construcción de un muro perimetral para evitar futuras ocupaciones. Hay que recordar que este vertedero entre 2023 y 2024 se han dado múltiples incendios en la zonas de llantas y otras áreas que han provocado gran contaminación en la ciudad, siendo los mayores afectados los vecinos de cerro Patacón. Reubicación incierta Pese a estas propuestas, han pasado varias administraciones y aún no existe un plan formal de reubicación. Un informe del investigador Francisco Yearwood, para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señala que existe una “falta de transparencia para conocer de manera detallada la existencia y avance del plan del Gobierno Nacional para reubicar a las familias en situación vulnerable en cerro Patacón”. Yearwood realizó una investigación con el objetivo de analizar la transparencia y el acceso a la información sobre el plan del Gobierno Nacional para la reubicación de estas comunidades, mediante solicitudes de información con el propósito de evaluar el cumplimiento de la Ley 6 de 2002 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el informe —que se encuentra en el sitio web de Libertad Ciudadana— se señala que desde enero de este año se enviaron cartas a varias instituciones involucradas en el tema, como el Miviot, la AAUD, la Defensoría del Pueblo, entre otras, para conocer la existencia y el estatus de este plan de reubicación de estas comunidades informales, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta a esta solicitud. Riesgos a la salud y calidad de vida Por su parte, Susana Serracín, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), advirtió que el aumento de los asentamientos informales en la ciudad es un problema complejo que afecta la salud y calidad de vida de los habitantes. Señaló que la pobreza extrema, la falta de oportunidades y la exposición a riesgos ambientales, como gases tóxicos y patógenos, incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cáncer. Agregó que esta situación se ve agravada por la violencia y la delincuencia, lo que evidencia deficiencias en la gobernanza y en la gestión de residuos sólidos. Serracín subrayó la necesidad de soluciones sostenibles, como el reciclaje avanzado, la economía circular y la transformación de desechos en recursos útiles. “El gobierno actual enfrenta el desafío de diseñar e implementar una hoja de ruta interinstitucional que convierta la teoría en acción, garantizando la planificación y la gestión integrada de residuos, con el objetivo de lograr comunidades más sostenibles, sanas e inclusivas”, concluyó. Algunas comunidades ubicadas en las faldas del relleno sanitario de cerro Patacón. Elysée Fernández
6A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Panorama Bolsonaro es condenado: el fin de la impunidad y el desafío de la democracia Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Bolsonaro fue responsabilizado, junto con tres exgenerales, un almirante y un teniente coronel, de cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático y pertenencia a organización criminal, entre otros. La política brasileña acaba de entrar en un terreno inexplorado: el pasado 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó al expresidente Jair Messias Bolsonaro, junto a altos mandos militares, por planear un golpe de Estado, en un fallo histórico, una sentencia ejemplar que marca un parteaguas en los 135 años de la República y coincide simbólicamente con la conmemoración de los 40 años de la redemocratización de Brasil. Fin de la impunidad La condena impuesta a Bolsonaro es tan contundente como inédita: 27 años y tres meses de prisión. La decisión fue adoptada por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (equivalente a la Corte Suprema), con una votación de 4 a 1 en su contra. Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin respaldaron la condena, mientras que Luiz Fux se inclinó por la absolución al considerar que el Supremo carecía de competencia para juzgar al expresidente. Este voto en minoría, no obstante, podría ser invocado más adelante por sectores bolsonaristas como sustento para impulsar una eventual amnistía o indulto. La defensa, a su vez, podría apoyarse en algunos de esos argumentos y sumar consideraciones relativas a su edad y estado de salud, con el fin de evitar el ingreso de Bolsonaro en prisión y lograr que cumpla la condena en su domicilio. El juez Moraes tiene la última palabra. Este fallo rompe con una tradición de impunidad hacia militares y exmandatarios involucrados en complots golpistas. Envía, al mismo tiempo, una señal de que en Brasil nadie está por encima de la Constitución. La sentencia responsabiliza a Bolsonaro de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático y pertenencia a organización criminal, en conjunto con tres exgenerales, un almirante y un teniente coronel. Las pruebas presentadas durante el proceso resultaron concluyentes. La magnitud de la conspiración demuestra que no se trató de excesos aislados, sino de un intento coordinado y deliberado de quebrar el Estado de derecho e instaurar una dictadura. La jueza Cármen Lúcia Antunes, cuyo voto fue decisivo, subrayó la existencia de un “plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas” orientado a impedir la alternancia pacífica en el poder tras los comicios de 2022. Bolsonaro condenado pero aún influyente Pese a la dureza de la condena impuesta a Bolsonaro, esta no implica necesariamente ni un debilitamiento inmediato de su capital político ni mucho menos el fin de su trayectoria. Para millones de sus seguidores, la condena lo eleva a la categoría de mártir frente a lo que llaman una “dictadura judicial”. En este clima de victimización, la polarización se mantiene intacta e incluso podría intensificarse de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2026. En efecto, las encuestas reflejan una sociedad profundamente dividida: si bien la mayoría (52%) de los brasileños cree que el expresidente participó en la conspiración golpista, un importante 36% niega su responsabilidad en el intento de golpe y un 42% lo percibe como víctima de persecución política, según una encuesta de Quaest publicada recientemente. Conviene recordar que el expresidente ya acumulaba inhabilitaciones anteriores dictadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): en junio de 2023 fue sancionado por desacreditar el sistema electrónico de votación ante embajadores, y en octubre de ese mismo año, junto a su excompañero de fórmula el general Braga Netto, fue condenado a ocho años de inelegibilidad por el uso electoral de las celebraciones del 7 de septiembre de 2022. Como resultado de ambas sentencias, Bolsonaro no podrá competir en elecciones hasta 2030. Los partidarios de Bolsonaro buscan revertir su actual situación judicial, y la opción más discutida es la aprobación de una amnistía en el Congreso. No obstante, el camino es incierto, pues un eventual veto del presidente Lula o una declaración de inconstitucionalidad por parte del Supremo podrían frustrar la iniciativa. Otra alternativa -no viable políticamente en este momento- es un indulto, pero para ello debería darse el triunfo de un candidato de derecha o extrema derecha en 2026. Resiliencia democrática La condena de BolsonaEl expresidente de Brasil Jair Bolsonaro cuando salía del hospital DF Star, en Brasilia, el 16 de agosto de 2025. EFE ro es un hito judicial de alcance histórico en defensa de la democracia y sus instituciones, pero no resuelve por sí sola la fractura política del país. Al contrario, puede profundizarla. Brasil enfrenta ahora la prueba de poner a sus instituciones a la altura de una democracia acosada por la polarización: la justicia ha trazado un límite claro contra la impunidad, pero será la política la que deba transformar esa rendición de cuentas en confianza ciudadana, reconstruyendo consensos y evitando que los fallos judiciales se conviertan en un nuevo combustible para la confrontación. Conclusión La decisión del Supremo marca un antes y un después en Brasil. Envía un mensaje contundente: los intentos de subvertir el orden democrático tendrán serias consecuencias y no quedarán impunes. Al mismo tiempo, este fallo histórico abre una nueva etapa en la lucha por consolidar una democracia de calidad y resiliente, con capacidad para poder enfrentar con fortaleza tanto las amenazas internas como las presiones externas. En efecto, el desafío actual es doble: por un lado, contener la reacción de los grupos de derecha y extrema derecha que ya difunden narrativas de persecución y buscan mecanismos para evitar que su líder cumpla la sentencia impuesta; por otro, anticipar la respuesta de la administración Trump, cuya afinidad y cercanía con Bolsonaro podría traducirse en nuevas sanciones contra Brasil y en una peligrosa escalada de la tensión existente. Inmediatamente después de conocida la sentencia, tanto Trump como su secretario de Estado Marco Rubio criticaron el fallo calificándolo de injusto y añadiendo que “Washington responderá en consecuencia a esta caza de brujas”. En síntesis, la democracia brasileña tiene aún un largo camino por recorrer, plagado de desafíos, obstáculos y riesgos. Pero indudablemente, con este juicio del siglo y esta sentencia ejemplar, el país ha dado un paso histórico en la dirección correcta. Un acontecimiento que reviste un enorme valor no solo para Brasil, sino también para todas las democracias de América Latina. Una reflexión final: hace cuatro años, Jair Bolsonaro, entonces presidente de Brasil, lanzó una promesa desafiante: aseguró que su campaña de reelección solo podía terminar en la cárcel, la muerte o la victoria. “Y pueden estar seguros de que la primera opción no existe”, sentenció. Se equivocó. Una justicia independiente y valiente, que actuó con pleno respeto al debido proceso, acaba de condenarlo a 27 años y tres meses de prisión por intentar destruir la democracia e instaurar una dictadura. El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. El gobernador Spencer Cox confirmó su detención en el condado de Utah. La Fiscalía lo acusará el martes de homicidio agravado, obstrucción de la justicia y uso de arma de fuego. Según CBS, el padre de Robinson lo reconoció en imágenes del FBI, recibió su confesión y lo instó a entregarse; luego informó a un pastor amigo que contactó a las autoridades. Robinson fue arrestado el jueves por la noche y vestía la misma ropa vista en cámaras de seguridad el día del crimen. El comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, indicó que se ejecutan registros para esclarecer sus movimientos entre la universidad y su casa, cuyos resultados se darán a conocer el martes. Subrayó que, aunque el sospechoso está detenido, la investigación continúa. El gobernador de Utah afirmó que, según un familiar que habló con los investigadores, Tyler Robinson se volvió más político en los últimos años. El familiar relató que Robinson mencionó durante una cena que Charlie Kirk iba a visitar la Universidad del Valle de Utah y explicó por qué no le agradaba el activista. Según el mismo familiar, Tyler tenía un Dodge Challenger gris, que es el modelo de auto en el que se vio llegar al sospechoso en las grabaciones de seguridad. De acuerdo con el gobernador Cox, se sabe que Robinson condujo desde el campus, donde estaba estacionado su auto, hasta Washington, en el sur de Utah, donde vivía con su familia desde hace un tiempo. Los investigadores también lograron identificar al compañero de cuarto de Robinson, que les mostró mensajes que supuestamente envió el sospechoso a través de la aplicación de mensajería Discord. En los mensajes, un usuario de nombre Tyler decía Qué se sabe de Tyler Robinson, el joven sospechoso del asesinato de Charlie Kirk que tenía que recoger un rifle en un punto de entrega y dejarlo en un arbusto. En mensajes posteriores, afirmaba haber visto el lugar donde estaba el rifle y haberlo dejado envuelto en una toalla. También hacía referencia a inscripciones en las balas y a una mira telescópica que tenía instalada el arma. Todo eso coincidía con información que los investigadores recabaron en relación al asesinato de Kirk. Un portavoz de Discord confirmó que la compañía identificó una cuenta asociada a Tyler Robinson, pero dijo que no se encontró evidencia de que el sospechoso hubiera planeado el incidente o promovido la violencia en la plataforma. Las autoridades hallaron un rifle de cerrojo con mira telescópica envuelto en una toalla y casquillos con inscripciones como “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!” y “Bella ciao”. El gobernador Cox indicó que no hay indicios de otros arrestos. BBC Verify revisó redes sociales vinculadas a la familia de Robinson, originaria de Cedar City. El perfil de su madre muestra viajes y visitas a campos de tiro, además de fotos del sospechoso de niño con armas. Robinson estudió en la Pineview High School, luego en 2021 se mudó a Logan para asistir un semestre a la Universidad Estatal de Utah. Actualmente era estudiante de tercer año de electricidad en el Dixie Technical College. Cox aclaró que no era alumno de la UVU ni hay datos de enfermedad mental. Tyler Robinson. Cortesía/FBI
7A La Prensa Panamá, domingo 14 de septiembre de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Empresas subdeclaraban ventas para evadir impuestos En los ingresos tributarios específicamente, que son responsabilidad directa de la DGI, recaudamos 3,255 millones de dólares, frente a una meta de 3,534 millones. Camilo Valdés, director general de Ingresos. Luis Reyes Reyna Katiuska Hernández [email protected] Panamá es uno de los países con el más bajo porcentaje de recaudación de impuestos en comparación con el tamaño de la economía. Apenas se recaudael7%delProductoInterno Bruto (PIB), frente al promedio regional de 14%, e incluso de países que alcanzan hasta 16%. La responsabilidad de revertir esta brecha recae en la Dirección General de Ingresos (DGI), entidad encargada de fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal. En entrevista con La Prensa, el director general de Ingresos, Camilo Valdés, afirmó que se han logrado avances en la recaudación, aunque reconoció que todavía no se alcanza la meta presupuestaria establecida. Precisa que han encontrado grandes empresas que facturan la mitad de sus ventas para evadir impuestos y se aprovechaban del facturador gratuito. Al igual que comercios que abiertamente ofrecen descuentos a las personas si pagan en efectivo o por plataformas digitales, con tal de no emitir facturas. “Estamos tratando de combatir todo esto que forma parte de una cultura en el país. Debemosmejoraresacultura tributaria y cambiar de mentalidad, por eso la lotería fiscal está convirtiendo a cada ciudadano en un inspector, para pedir la factura”, dijo. ¿Cuál es la situación de los ingresos tributarios actualmente? En el primer semestre de este año recaudamos 4,020 millones de dólares en ingresos corrientes. Nunca, desde 2019 hasta 2024, se había superado la cifra de 3,700 millones en ese mismo semestre. Si bien no llegamos a la meta presupuestaria de 4,251 millones de dólares que se había fijado, sí hubo una mejora significativa. En los ingresos tributarios específicamente, que son responsabilidad directa de la DGI, recaudamos 3,255 millones de dólares, frente a una meta de 3,534 millones. Ha sido un trabajo en equipo con todo el Ministerio, y aunque trabajamos casi con las uñas, estamos optimistas de acercarnos a la meta en el resto del año. ¿Qué factores han incidido en la mejora de la recaudación, pero también en que no se alcance el presupuesto? Son varios. Primero, la cultura tributaria en Panamá no es fuerte. El consumidor rara vez pide su factura fiscal, las empresas a veces no las emiten, y en muchos casos ofrecen descuentos por pagos en efectivo o por Yappy para no facturar.Esofomentalaevasión. Además, enfrentamos una gran evasión en impuestos al consumo. Para contrarrestarlo, trabajamos en un plan de choque con el FMI, junto con proyectos con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo, para tener más control sobre la emisión de facturas. ¿Qué medidas han tomado contra estos incumplimientos? Hemos hecho operativos junto con la Acodeco, la Caja de Seguro Social, Migración y otras instituciones para verificar que los negocios emitan facturas. Encontramos de todo: comercios que no cumplen, otros que preguntan al cliente si quiere factura. Al inicio de los operativos, entre agosto y septiembre del año pasado, el 82% de los comercios visitados no cumplía con la facturación. Hoy hemos reducido esa cifra al 56%, aunque sigue siendo alto ese incumplimiento, vamos en la dirección correcta. Estos cambios no se logran de la noche a la mañana, pero somos optimistas de que la recaudación será mejor que en años anteriores. El gobierno ha dicho que no subirá impuestos, sino que será más eficiente en la recaudación. ¿Qué resultados ha tenido la factura fiscal y la lotería fiscal? Muy positivos. En el primer sorteo de la lotería fiscal recibimos más de 42 mil sobres con facturas. El próximo sorteo será el 30 de octubre y esperamos superar esa cifra. Lo interesante es que hemos convertido a cada ciudadano en un “inspector” de la DGI, porque ahora hay más interés en pedir facturas. ¿Qué impacto esperan de estasmedidasydelalotería fiscal? Calculamos que la lotería fiscal puede generar 50 millones de dólares adicionales en recaudación, y los ajustes al facturador gratuito un monto similar de 50 millones de dólares. Todo esto forma parte de un plan asesorado por el FMI. Se modificó el uso del facturador gratuito de la DGI. ¿Qué cambios se hicieron y cuáles fueron los motivos para reducir el límite? Detectamos que algunas empresas abusaban del facturador gratuito. Ejemplo: de Nuestro papel administrativo es auditar y, cuando corresponde, informar a las autoridades competentes sobre posibles actuaciones ilegales. Panamá aún enfrenta cuestionamientos internacionales por listas de paraisos fiscales. ¿Qué acciones se están tomando? Hemos trabajado fuerte en el intercambio de información tributaria. Recientemente estuvieron aquí en Panamá funcionarios de la OCDE haciendo una inspección y en el mes de noviembre de este año van a emitir un informe sobre nuestros avances en el intercambio automático de información tributaria, considero que los resultados serán bastante positivos, aunque aún tenemos aspectos que debemos mejorar en materiadeintercambiodeinformación a requerimiento. El próximo año tendremos una auditoría in situ de la OCDE, que debemos solicitar para que sus representantes vengan al país y realicen el análisis y diagnóstico correspondiente sobre el trabajo y los avances alcanzados. Posteriormente, emitirán un informe que reflejará —o no— las prioridades y progresos obtenidos en este campo. ¿Qué medidas están tomando para implementar la modernización de la DGI? Estamos trabajando con tres organismos internacionales: • CIAT, para robustecer el e-Tax y desarrollar un detector de anomalías en facturas electrónicas. • FMI, con el plan de choque contra la evasión, sobre todo en ITBMS e impuestos selectivos al consumo. • BID, con un plan de transformación digital para mejorar eficiencia y trazabilidad. Se extendió el plazo para que los contribuyentes actualicen sus datos en el RUC. ¿Qué deben hacer? Tienen hasta el 31 de diciembre para ingresar al e-Tax, verificar su perfil y actualizar correos, direcciones u otros datos. Esto es vital porque hemos detectado imprecisiones, incluso RUC duplicados. Limpiar esa información nos permitirá luchar mejor contra la evasión. INVESTIGACIÓN 20 transacciones en un día, solo facturaban 10 y las otras las omitían. Eso es evasión. Por eso restringimos a partir de enero de 2026, el uso del facturador electrónico gratuito, solo lo podrán usar microempresas que generen ingresos anuales de hasta 36,000 dólares. El facturador gratuito es para microempresas, pero encontramos que el 78% de los contribuyentes lo usaban, incluyendo empresas grandes. De un total de 131 mil contribuyetes que facturan de manera electronica, 102 mil usan el facturador gratuito. Queremos revertir esa proporción: que los grandes contribuyentes pasen al sistema PAC, con los Proveedores Autorizados Calificados de facturador y el facturador grautito sea realmente para microempresas. ¿Qué otras informaciones tienen del caso que se investiga en el Ministerio Público sobre presunta desfraudación con créditos fiscales? De las seis personas que fueron aprehendidas tres son exfuncionarios, un funcionario activo y dos particulares con vínculos familiares. Están siendo investigados por delitos que podrían representar un perjuicio de 11 millones de dólares al patrimonio público. Supuestamente manipulaban el sistema e-Tax con fines ilegales. La investigación comenzó con una denuncia anónima y lleva meses en manos del Ministerio Público. ¿Tiene la DGI estimaciones del impacto económico de esas irregularidades? Desde el inicio notamos distorsiones con los créditos fiscales: montos solicitados que no correspondían al desarrollo de las empresas. Emitimos comunicados alertando y procedimos a auditar cada crédito fiscal, verificando si eran legítimosono. Los grandes contribuyentes Ventana fiscal Adolfo Campos Barranco economí[email protected] Al señalar la categoría de grandes contribuyentes, quizás surjan muchas interrogantes, tales como su alcance, significado, tratamiento y si esta categoría implica algún beneficio o responsabilidad adicional. Fue mediante la Gaceta Oficial n.º 29633-B, de 29 de septiembre de 2022, que se promulgó la Resolución n.º 201-6990 de 23 de septiembre de 2022, por la cual se crea la categoría de gran contribuyente para la Dirección General de Ingresos (DGI) y se establecen sus criterios de clasificación y actualización. Con esta resolución, cuyo fundamento legal son los artículos 5 y 6 del Decreto de Gabinete 109/1970, se determinó la necesidad de crear y cubrir una categoría de contribuyente que, por el volumen y montos de sus operaciones o tamaño de los mismos, mereciera canales de atención, asistencia, control y supervisión con particulares características de acción. Fue entonces que, a través de diferentes resoluciones, se han ido ajustando los criterios de clasificación, las facultades, áreas y funciones que esta oficina de grandes contribuyentes atiende. Dichas facultades, responsabilidades y funciones, dependientes administrativamente del despacho del director general de la DGI, se encuentran detalladas en la Resolución n.º 201-3346 de 13 de abril de 2023. Resulta nada fácil definir y desarrollar las áreas de atención, control, fiscalización y asistencia que requiere esta categoría de contribuyentes, especiales por la complejidad de sus negocios, el tamaño de sus operaciones y lo que representan para la economía nacional. De allí la gran atención, cuidado, métodos y controles de fiscalización que se implementan periódicamente, y que significan muchísimo para los que allí se clasifican, pues el administrado confía en la justa y oportuna atención y en la actuación legal de la administración. A medida que el tiempo avanzaba, también se expidió la Resolución n.º 2013485 de 2 de mayo de 2023, la cual modificó el artículo quinto de la Resolución n.º 201-3346 de 13 de abril de 2023, que establece precisamente los criterios de clasificación para entrar a la categoría de gran contribuyente. Dichos criterios ya habían sido modificados por la Resolución n.º 201-3346 de 14 de abril de 2023 respecto de la primera Resolución n.º 201-6990 de 23 de septiembre de 2022. En otras palabras, el tema de los criterios de clasificación ha sido dinámico. Finalmente, en esta línea del tiempo, surgió la Resolución n.º 201-3486 de 17 de abril de 2025, la cual establece el criterio actual y vigente para clasificar a un contribuyente dentro de esta categoría, quedando que son grandes contribuyentes aquellos con ingresos iguales o superiores a 20 millones de balboas y que, a su vez, posean activos iguales o superiores a 60 millones de balboas. La Resolución n.º 2013486 de 17 de abril de 2025 mantuvo el resto de lo establecido en las Resoluciones n.º 201-6990 de EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.70 pies 242.57 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal 23 de septiembre de 2022 y n.º 201-3346 de 13 de abril de 2023, dejando sin efecto solamente lo estipulado en la Resolución n.º 201-3485 de2demayode2023. Cápsula fiscal: La Resolución n.º 201-3486 de 17 de abril de 2025 señala que los criterios de selección de la categoría de gran contribuyente serán revisados, ajustados y actualizados por la DGI respecto a la fiscalización, recaudación y controldelcumplimientotributario. Con dicha resolución, también se actualizó el listado de los contribuyentes bajo esta categoría respecto al período 2023, el cual se encuentra disponible en la página de internet de la DGI. El autor es abogado especializado en materia tributaria. CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y acceda a la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.
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