6A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y validó dos acuerdos de pena de 60 y 48 meses de prisión contra otras dos personas, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos. Todos formaban parte de una red que manipulaba la plataforma e-Tax, utilizada para la tramitación de impuestos y gestiones tributarias, entre ellas el manejo de créditos fiscales. Durante una audiencia que culminó la noche de este jueves, la jueza América Vergara decretó la detención provisional de los tres exfuncionarios de la DGI y de una mujer, señalados por la Fiscalía Anticorrupción de alterar la plataforma e-Tax para desviar fuertes sumas de dinero en beneficio propio. La jueza fundamentó la medida en el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos cometidos en perjuicio del Estado y el peligro de destrucción de pruebas. Asimismo, validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para una exfuncionaria y de 48 meses de cárcel para un particular, quienes aceptaron los cargos imputados por la fiscalía. De acuerdo con la investigación, este grupo alteraba la información electrónica de los registros sobre pagos de créditos fiscales y desviaba el dinero hacia terceras personas. Las diligencias revelaron, además, que la red sostenía reuniones frecuentes en reconocidos hoteles de Chitré y Los Santos, donde se realizaba la repartición del dinero, casi siempre en efectivo, para no dejar rastros. La fiscalía también determinó que con los fondos obtenidos ilegalmente se compraron viviendas y automóviles valorados en varios miles de dólares. En algunos casos, el dinero era entregado a familiares que actuaban como testaferros. Hasta ahora, las autoridades han detectado irregularidades por unos 17 millones de dólares, aunque estiman que el monto podría alcanzar los 80 millones, en perjuicio del Estado. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada en la provincia de Los Santos, la cual permitió abrir las pesquisas sobre el manejo de la plataforma e-Tax. Dictan detención provisional para exfuncionarios de la DGI DESFALCO EN E-TAX Juan Manuel Díaz [email protected] La auditoría integral de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), ya dio inicio. Así lo anunció el Ministerio de Ambiente (Miambiente) en un comunicado difundido ayer. Como se había adelantado, la auditoría integral estaría en manos de la empresa SGS Panama Control Services, filial de la multinacional suiza Société Générale de Surveillance (SGS), y la contratación ascendería a 539 mil 791 dólares. A pesar de que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, detallaron a medios de comunicación que la contratación de la firma sería anunciada, dicha comunicación llegó a la par de la noticia del arranque de la auditoría. Aunque Miambiente anunció su arranque, no consta en el portal web de Panamá Compra que ya haya sido refrendado el contrato con la empresa auditora. Según los últimos registros, la contratación de SGS Panama Control Services seguiría un procedimiento excepcional. El ministro Navarro lo solicitó al Consejo Económico Nacional (Cena) y fue aprobado el 27 de agosto de 2025, como consta en una carta dirigida al ministro por parte de la viceministra de Economía Eida Gabriela Sáiz. Previo a que se solicitara el procedimiento excepcional, solo dos empresas presentaron cotizaciones tras la apertura de la convocatoria el 14 de agosto de 2025, según registra Panamá Compra: SGS Panama Control Services ($539 mil) y la estadounidense Behre, Dolbear & Company ($597 mil). El periodo para que las empresas presentaran las cotizaciones fue del 15 de agosto al 19 de agosto de 2025, según registra Panamá Compra; solo tres días hábiles, puesto que 16 y 17 de agosto fue fin de semana. La empresa Anteriormente, SGS también fue seleccionada para realizar una auditoría de 132.000 toneladas de concentrado de cobre que quedaron en la mina luego de que se declarara inconstitucional el contrato que suscribió la filial de FQM con el Estado panameño en 2023. Dicho concentrado consecuentemente fue exportado por el gobierno panameño. SGS aparece en el Registro Público de Panamá con dos apoderados legales: Ilka Cedeño Anguizola y la firma de abogados López, Villanueva y Hertumeatte (Lovill). El futuro de la mina La auditoría integral de la mina abarcaría un diagnóstico detallado de su situación actual en términos ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados, así como la verificación del cumplimiento de Miambiente anuncia inicio de auditoría integral de la mina Cobre Panamá FIRST QUANTUM estos aspectos, según se especifica en los Términos de Referencia (TDR) de la auditoría. Asimismo, los TDR de la auditoría especifican revisiones ambientales como la calidad del agua superficial y subterránea, el suelo, la vegetación terrestre, la calidad del aire, los relaves mineros, entre otros aspectos. Tras las masivas movilizaciones que conllevaron a la declaración de inconstitucional del contrato para la extracción de cobre en el proyecto ubicado en Donoso, Colón; la mina entró en un plan de administración y gestión segura. A pesar del rechazo popular de entonces, o de la auditoría por la que ahora tiene que pasar, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado sus deseos de explorar una reapertura. Lo hizo en su reciente viaje a Japón, destacando que el ministro Moltó es quien lidera la misión del Estado en este proceso. “El ministro Moltó encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum, una empresa que, por razones que no vienen al caso, pagó las consecuencias de una crisis política muy profunda”, dijo Mulino. El plazo aproximado para que la auditoría concluya es de 6 a 5 meses, según se informó desde el Ejecutivo; en ese plano, la auditoría podría finalizar entre febrero y marzo de 2026. Mario De Gracia [email protected] Vista de un sector del área de producción de la mina, en Donoso. EFE/Archivo ‘Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La iniciativa del diputado Jamis Acosta busca modificar artículos del Código Judicial y del Código Procesal Penal, permitiendo que condenados aleguen violaciones a derechos fundamentales y que se revisen sentencias que están en firme. El El país se vio sorprendido por la decisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, de acoger un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña. La medida abriría además nuevas posibilidades procesales para el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. La iniciativa fue presentada por el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta, y busca modificar los artículos 2030 del Código Judicial y 191 del Código Procesal Penal. En esencia, la propuesta permitiría que los condenados aleguen violaciones a derechos fundamentales y que sentencias firmes sean revisadas. Esto ampliaría los márgenes de defensa y generó preocupación entre juristas sobre su posible impacto en la estabilidad judicial del país. La exmagistrada Esmeralda de Troitiño se pronunció de manera categórica sobre la propuesta. “Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli. Está para eso. Esa es una modificación que tiene nombre y apellido”, afirmó, dejando en claro su percepción sobre la intención detrás del proyecto. Sistema político En entrevista con La Prensa, De Troitiño cuestionó el papel de la Asamblea Nacional en este tipo de medidas. “Tenemos un sistema político descuadernado, por decirlo en panameño. No hay Estado de derecho, y la impunidad parece prevalecer”, señaló, advirtiendo que el desconocimiento de las normas institucionales puede generar un efecto cascada que afecte a toda la sociedad. Consultada sobre las posibles repercusiones del proyecto, la exmagistrada enfatizó que no se trata solo de Martinelli. “Muchas personas quedarían libres. Eso es falta de Estado de derecho”, alertó, subrayando la erosión de la institucionalidad democrática y los riesgos para la confianza pública en las instituciones. De Troitiño hizo un llamado directo a los diputados para que ejerzan responsabilidad durante los debates de la ley. “En el primer debate deben tener claridad sobre su posición, alineada con lo que significa el Estado de derecho. En el segundo, la misma precisión, y en el tercero, toda la sociedad estará mirando”, indicó, insistiendo en la necesidad de ética y transparencia legislativa. La exmagistrada concluyó recordando que la propuesta no solo afecta la reputación de los órganos judiciales, sino también la confianza de la población en Esmeralda Arosemena de Troitiño. Archivo la justicia. “Una ley que destruya el Estado de derecho es intolerable. La sociedad debe observar y exigir que los diputados actúen con responsabilidad y en defensa de la legalidad”, afirmó. La consulta La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, añadió otra capa de alerta. Subrayó que cualquier modificación a los Códigos de Derecho debe estar precedida de estudios técnicos, consultas públicas y la participación de expertos, universidades, gremios y organismos como la Corte Suprema, el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Público y la Procuraduría de la Administración. “Normas de este tipo no pueden aprobarse sin un análisis profundo. Podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales y generar precedentes peligrosos. No es conveniente que sean propuestas con posible desconocimiento del sistema y del derecho”, dijo, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la elaboración de leyes. Obaldía recordó que los efectos de la propuesta no se limitan a un individuo. “Se requiere un análisis exhaustivo de penalistas y constitucionalistas porque impactará no solo a una persona, sino a todo el país y a todo el sistema penal”, advirtió, llamando a la ciudadanía y a los legisladores a evaluar las implicaciones legales y sociales antes de aprobar la norma. El conflicto Otras figuras, como la exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez, también manifestaron su posición. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, sostuvo, señalando la cercanía de Acosta y Camacho con el expresidente condenado. El historial de los protagonistas refuerza la percepción de conflicto de intereses: Acosta fue abogado de Martinelli y Camacho uno de sus voceros durante su mandato. Esta conexión alimenta la desconfianza sobre la verdadera intención detrás del proyecto de ley. Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. La Corte Suprema confirmó la sentencia en 2024, convirtiéndolo en el primer expresidente panameño con una condena en firme por corrupción. Actualmente, se encuentra asilado en Colombia, mientras la propuesta legislativa amenaza con abrir nuevas vías procesales que podrían modificar su situación.
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