1A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Sábado 13 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15137 Hoy por hoy Hoy se cumplen 40 años del asesinato de Hugo Spadafora, crimen que simboliza la brutalidad de la dictadura militar. Su desaparición truncó la vida de un médico y opositor valiente, pero también abrió un capítulo de indignación que, dos años después, encendió la chispa de la Cruzada Civilista. El estreno del documental La Cruzada Civilista por la Justicia, Libertad y Democracia llega en un momento oportuno. Nos recuerda que la democracia panameña no fue un regalo ni un accidente, sino la conquista de una sociedad organizada que supo enfrentar la represión con camisetas blancas, periódicos clandestinos y la voz colectiva de quienes decidieron no callar más. Los valores que animaron la cruzada –unidad, valentía, consenso y resistencia pacífica– siguen siendo actuales. Hoy, como entonces, la democracia se sostiene en la memoria y en la participación ciudadana. Recordar a Spadafora es evocar que el grito de “prohibido olvidar” aún nos interpela. Así fue la gala de los Effie Awards Panamá 5B Ellas.pa Reforma tiene nombre y apellido, dice Troitiño Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] LEGISLATIVO Un proyecto de ley permitiría revisar sentencia de Martinelli, alerta exmagistrada Esmeralda de Troitiño. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional sorprendió al país al acoger un proyecto de ley que permitiría revisar sentencias firmes alegando violaciones a derechos fundamentales, lo que abriría nuevas opciones para el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. La propuesta, impulsada por el diputado Jamis Acosta de Realizando Metas, generó fuertes críticas entre juristas, quienes advierten riesgos para la estabilidad del sistema judicial. “Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli. Está para eso, tiene nombre y apellido”, dijo la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez fue más directa: “No me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”. Por su parte, Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Ciudadana, cuestionó que se presente sin estudios técnicos ni consultas públicas: “Podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales y generar precedentes peligrosos”. De Troitiño, añadió que la norma podría liberar a otros condenados y afectar la institucionalidad: “Muchas personas quedarían libres. Eso es falta de Estado de Derecho”. Recalcaron que la propuesta compromete la confianza en la justicia y llamaron a los diputados a actuar con responsabilidad y apego a la legalidad. VEA 6A Inauguran centro de innovación en vacunas INVESTIGACIÓN Aleida Samaniego C. [email protected] Panamá avanzó en innovación en salud con la inauguración del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP) en la Ciudad del Saber. Con una inversión inicial de $10 millones, el centro busca fortalecer la investigación científica, formar especialistas y, en su segunda fase, construir una planta piloto de vacunas por $50 millones, reforzando la capacidad nacional para responder a emergencias sanitarias. En su segunda fase, el Crivb prevé la construcción de una planta piloto para la producción de vacunas, con una inversión estimada de $50 millones. VEA 3A El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos está ubicado en el edificio 219 de la Ciudad del Saber, en Clayton. Aleida Samaniego Red de corrupción desviaba hasta $17 millones Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y validó penas de 60 y 48 meses contra otras dos personas, por blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos. La investigación reveló que manipulaban la plataforma e-Tax para desviar fondos públicos, realizando pagos ilegales, reuniones en hoteles y compras de bienes. Se ha logrado detectar hasta ahora irregularidades por $17 millones, aunque el monto podría alcanzar $80 millones. El caso se descubrió tras una denuncia anónima en Los Santos. VEA 6A DGI Irregularidades en UAPI: rector gana hasta $8 mil sin elecciones Irregularidades en la gestión de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) salieron a la luz durante la comparecencia del rector Demetrio Santamaría ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, incluyendo salarios elevados, falta de pago a docentes, baja ejecución presupuestaria y ausencia de elecciones internas. La matrícula cayó de 244 a 123 estudiantes, mientras los gastos de representación y seguros generaron cuestionamientos. El rector cobra $8,000. La diputada Janine Prado y otros legisladores exigieron transparencia, planificación y supervisión del presupuesto. VEA 2A EDUCACIÓN SUPERIOR Hace 40 años ocurrió el asesinato de Hugo Spadafora. Su muerte y las denuncias de Roberto Díaz Herrera contra Noriega dieron origen a la Cruzada Civilista, un movimiento cívico que desafió la dictadura con pañuelos blancos y desobediencia civil, dejando un legado de valentía y resistencia. El documental La Cruzada Civilista por la Justicia, Libertad y Democracia revive testimonios de quienes protagonizaron aquel movimiento cívico. VEA 4A y 5A
2A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Momento en que Demetrio Santamaría fue nombrado por el Ejecutivo, durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Archivo Universidad de los Pueblos Indígenas tiene 123 alumnos; el rector cobra $8 mil Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 El rector de la Universidad de los Pueblos Indígenas, Demetrio Santamaría, devenga $6,000 más $2,000 por gastos de representación, mientras su periodo y el de toda la directiva están vencidos desde noviembre de 2024. La comparecencia del rector de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI), Demetrio Santamaría, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional,reveló disparidades e irregularidades en la gestión de la institución: salarios elevados, docentes que no han recibido pagos y la ausencia de elecciones para renovar autoridades. Desde el inicio, la diputada Janine Prado, de Vamos, cuestionó los altos salarios y gastos de representación, señalando que el rector devenga $6,000 mensuales, más $2,000 en concepto de representación, mientras su periodo y el de toda la junta directiva están vencidos desde noviembre de 2024. Prado criticó que estos pagos se mantuvieran a pesar de la falta de elecciones y de transparencia en la contratación del personal. El derroche continuaría en los planes de 2026. Los gastos de representación solicitados ascienden a $103,200, destinados a 11 funcionarios, incluidos el rector, los vicerrectores y los directores de escuela. Para la diputada, estos montos resultan injustificados frente a la baja ejecución presupuestaria y la población estudiantil, en caída. La estructura administrativa también generó cuestionamientos. Se enumeraron cargos y salarios, señalando la existencia de un abogado con $1,800 y planificadores con $1,650, mientras los docentes carecen de contratos vigentes. Ante esto, y peor aún, el planificador de la universidad, Benito Pineda, explicó que la formalización de los docentes no se había completado, aunque la Contraloría sí había desembolsado pagos. La matrícula Otro tema central en la discusión fue la reducción de la matrícula. En 2024, la universidad contaba con 244 estudiantes, cifra que cayó a 123 en 2025. La diputada destacó esta disminución como otra evidencia de deficiencia en la gestión académica, subrayando que los números no coinciden con los planteamientos de continuidad y crecimiento de la universidad. Sobre la oferta académica, Santamaría detalló dos licenciaturas vigentes: Educación Bilingüe e Intercultural, además de Endoturismo Histórico y Territorial. Sin embargo, los datos de distribución por semestre no coincidían, lo que generó más dudas sobre la planificación y la capacidad de seguimiento del personal administrativo. Prado también interrogó sobre la autogestión de matrícula, a lo que el rector respondió que cobraban 35 dólares por estudiante. El Ministerio de Economía aclaró que no existe registro formal de estos ingresos, revelando un vacío en la rendición de cuentas y evidenciando la falta de control sobre los recursos propios de la universidad. Las elecciones El principio democrático fue otro foco de cuestionamiento. Las elecciones internas debieron realizarse en noviembre de 2024, pero no se concretaron. Santamaría explicó que la mayoría de los estudiantes y docentes no había cumplido con los requisitos para participar, lo que retrasó la organización del proceso electoral y mantiene a la junta directiva en funciones vencidas. Prado exigió una fecha concreta para las elecciones y destacó que la falta de cumplimiento de los estatutos refleja un déficit en la gobernanza universitaria. El rector solo indicó que se conformaría una comisión electoral especial en 2025 para organizar el cronograma y reglamento, sin precisar plazos. En materia presupuestaria, la diputada cuestionó la solicitud de aumento de $2.8 millones a $4.1 millones de dólares para 2026, motivada por la apertura de dos nuevas licenciaturas: Educación para la Salud y Tecnología Agropecuaria. La ejecución presupuestaria fue otro punto crítico. Hasta septiembre de 2025, solo se había certificado un 3.2% de ejecución, lo que Prado calificó como evidencia de incapacidad o falta de voluntad para cumplir con los compromisos financieros de la universidad, incluyendo la digitalización y la mejora tecnológica prometidas. Seguro El gasto en seguros también generó polémica. Prado preguntó sobre los $40,000 solicitados, que incluirían cobertura de vida, salud y accidentes para el personal administrativo y los docentes. La coordinadora Jennifer Reyes indicó que actualmente solo los estudiantes cuentan con un seguro colectivo, mientras se proyectaba cobertura para los empleados debido a la difícil ubicación de la universidad. A lo largo de la sesión, varios diputados insistieron en la necesidad de intervención del Ministerio de Educación para garantizar elecciones legales, planificación y supervisión del presupuesto. En la El Partido Revolucionario Democrático (PRD) abrió el periodo de postulaciones para la elección de cinco miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual será de solo tres días. De acuerdo con la Comisión Nacional de Elecciones del partido, las postulaciones se recibirán del 30 de septiembre al 2 de octubre próximo. Durante ese tiempo, los interesados deberán presentar sus documentos. El periodo de impugnaciones a dichas postulaciones será del 8 al 10 de octubre. En tanto, la propaganda política para los candidatos al CEN se permitirá del 15 al 20 de noviembre. El Directorio Nacional, integrado por poco más de 300 miembros, será el encargado de escoger a los reemplazos tras la renuncia de cinco integrantes del CEN. Los cargos a elegir son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario. Algunas figuras ya han manifestado sus aspiraciones, como el exdiputado Pedro Miguel González, quien anunció su postulación para la Secretaría general. En las elecciones generales de 2024, el PRD enfrentó una dura derrota electoral. Su candidato presidencial, El PRD arranca el proceso para renovar parte de la estructura del CEN PARTIDOS POLÍTICOS José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos (José Raúl Mulino ganó la presidencia con 34.2%.). Luego de ese descalabro renunciaron Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente; Rubén De León, secretario general; Doris Zapata, primera subsecretaria, y Edgar Zurdo, sexto subsecretario. No renunciaron Benicio Robinson, actual presidente del PRD; Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario; Raúl Pineda, tercer subsecretario; Ricardo Torres, cuarto subsecretario, y Julio Mendoza, quinto subsecretario. José González Pinilla [email protected] Sede del PRD en la avenida México, ciudad de Panamá. Archivo Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Comisión de Presupuesto se dejó claro que los estudiantes indígenas tienen derecho a recibir educación de calidad y que los fondos públicos no deben destinarse a cubrir deficiencias administrativas. La sesión evidenció un patrón de opacidad, falta de planificación y deficiencias en la ejecución presupuestaria. Prado concluyó que, sin elecciones, contratos claros y transparencia en la rendición de cuentas, la universidad no puede justificar la solicitud de 4.1 millones de dólares para 2026, y que es urgente establecer medidas correctivas antes de que la situación afecte a los estudiantes. Datos de interés Algunos hechos sobre la creación de este centro • La UAPI fue creada mediante la Ley 288 del 10 de marzo de 2022, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). • Su sede central está en Llano Tugrí, pero dicta sus carreras en instalaciones de varios colegios de la comarca Ngäbe Buglé. • Mediante Decreto Ejecutivo 50 del 21 de noviembre de 2022, Cortizo y la ministra de Educación, Maruja Villalobos, designaron al rector de forma transitoria y por un período no mayor de dos años, con el propósito de que este, junto a los vicerrectores y el secretario general, fueran los responsables de organizar la UAPI. • ¿Era necesaria la UAPI? En 1998, la Universidad Autónoma de Chiriquí creó la Extensión Universitaria de Chiriquí Oriente para acercar la educación superior a esa región. En 2007, se convirtió en Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente, regulada por la Ley 4 de enero de 2006 y el Estatuto Universitario. En su sede, ubicada en Remedios, se dictan ocho licenciaturas, dos profesorados y dos carreras técnicas. Sede del área administrativa de la UAPI. Cortesía
3A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber; doctora Paulina Franceschi, directora interina del Crivb; Akira Homma, exdirector y asesor de Biomanguinhos de Brasil; Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia; Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud; Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Isaac Ortega Abre el centro regional de vacunas Aleida Samaniego C. [email protected] CIENCIA EN PANAMÁ El Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP) busca fortalecer la capacidad de Panamá para investigar, desarrollar y producir vacunas y biofármacos propios. Panamá dio un paso estratégico hacia la innovación en salud y biotecnología con la inauguración, ayer, del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP), ubicado en la Ciudad del Saber. El proyecto, impulsado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), busca posicionar al país como un referente regional en investigación científica y seguridad sanitaria, y es considerado un hito en la historia de la ciencia panameña. La primera fase del Crivb requirió una inversión de $10 millones, destinados a diseño, construcción, laboratorios, equipos y mobiliario. Esta etapa marca el inicio de un plan ambicioso que en su segunda fase contempla la construcción de una planta piloto para la producción de vacunas, con una inversión estimada en $50 millones. El centro nació como respuesta a los desafíos planteados por la pandemia de covid-19. En ese momento, la dependencia a vacunas extranjeras y la escasez de suministros a nivel global dejaron en evidencia la vulnerabilidad de los países sin capacidades propias de investigación y producción. A partir de allí, Panamá se propuso crear un espacio que pudiera formar científicos y técnicos, desarrollar productos con potencial terapéutico y vacunal, y dar respuestas rápidas ante patógenos con riesgo epidémico. Durante la inauguración, el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que este centro representa un cambio estructural en la forma en que el país enfrenta las emergencias sanitarias. “La creación del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos es un hito para Panamá y para toda la región. Este centro refleja nuestro compromiso de proteger la salud pública mediante la investigación, el diseño y el desarrollo acelerado de vacunas candidatas, desde el laboratorio hasta la fase clínica, con un foco en enfermedades emergentes, reemergentes y de alta relevancia sanitaria”, expresó. Ortega Barría recalcó que esta inversión no solo es estratégica para la salud, sino que generará réditos a largo plazo. Entre los beneficios se cuentan el ahorro en la compra de vacunas extranjeras, la creación de empleos en investigación, producción y logística, y la posibilidad de que Panamá se convierta en un exportador de nuevos productos científicos. La ejecución del proyecto inició en el tercer trimestre de 2021, con un camino lleno de retos financieros. De hecho, para arrancar formalmente, el Crivb requirió un crédito extraordinario de $2.5 millones aprobado en junio de ese año. Un paso hacia la soberanía sanitaria La directora interina del Crivb, Paulina Franceschi, subrayó que contar con capacidades propias de investigación y producción de vacunas es clave para la soberanía y seguridad sanitaria del país. “Esperamos que, en cinco años, el Crivb sea un referente regional para el desarrollo de vacunas y biofármacos”, aseguró. Franceschi explicó que los objetivos del centro son claros: garantizar un suministro sostenible de vacunas y biofármacos, desarrollar capacidades locales de investigación e innovación, y posicionar a Panamá como un hub en biotecnología sanitaria. Entre los proyectos que ya se perfilan, mencionó la producción de antisuero contra el veneno de escorpión, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Universidad de Panamá y el equipo de la doctora Ildaura Patiño. “Estamos en un punto en el que ya se puede pensar en la manufactura de un suero que evite muertes por picaduras de escorpiones y mordeduras de serpientes, algo que ocurre con frecuencia en Panamá”, afirmó. Además, Franceschi explicó que el centro cuenta con laboratorios especializados como un laboratorio de aguas arriba, donde se realiza la fase inicial, se siembra y cultiva todo lo necesario para crear una vacuna. Hay tanques especiales, bioreactores, donde las células crecen y se producen en volumen las proteínas recombinantes. También contamos con un laboratorio aguas abajo, donde se cosecha y refina el material de las aguas arriba para la formulación final de los productos. Alianzas nacionales e internacionales El Crivb es el resultado de una amplia red de colaboración que une instituciones nacionales e internacionales. Entre sus aliados están la Ciudad del Saber, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, la Universidad de Panamá, el Baylor College of Medicine, el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital en Houston y la Embajada de Corea del Sur. Durante el acto inaugural, se anunció además la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Crivb-AIP y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, institución reconocida mundialmente en el ámbito de la salud pública. Este acuerdo busca impulsar la cooperación científica y tecnológica en inmunobiológicos, con el propósito de convertir a Panamá en un centro afiliado a Fiocruz en áreas como investigación, formación, regulación y potencial producción regional de vacunas y antivenenos. Un impacto más allá de Panamá Ricardo de Godoi, subdirector de innovación de Bio-Manguinhos, división de Fiocruz, subrayó la importancia de esta alianza. “Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad, que representa ampliar el acceso a vacunas esenciales en Centroamérica y el Caribe, reforzar la investigación, el desarrollo y la producción regional, y fortalecer la resiliencia frente a emergencias sanitarias”, señaló. Con la inauguración del Crivb, Panamá no solo busca atender sus propias necesidades, sino también proyectarse como proveedor regional de soluciones en salud. La apuesta es que este centro sea capaz de responder de manera ágil a enfermedades emergentes, como ya ocurrió con el covid-19, y a otras que podrían convertirse en futuras amenazas. El establecimiento de este centro marca un antes y un después en la historia de la ciencia panameña. Con sus laboratorios, alianzas estratégicas y planes de producción a gran escala, Panamá se suma a un reducido grupo de países latinoamericanos que apuestan por crear y producir sus propias vacunas. El camino no está exento de retos: se requiere inversión sostenida, formación de talento humano y el fortalecimiento de regulaciones sanitarias. Sin embargo, las autoridades y la comunidad científica coinciden en que este es un paso firme hacia un futuro de mayor autonomía, preparación y liderazgo regional en biotecnología y salud pública. La inauguración del Crivb-AIP, en el marco de los 33 años de la Senacyt, consolida a Panamá como referente regional en innovación científica y soberanía sanitaria. Este proyecto refuerza la capacidad del país para producir vacunas y biofármacos propios y fortalecer la cooperación científica internacional. Vista parcial de las instalaciones del centro inaugurado ayer. Aleida Samaniego La Corte Suprema de Justicia cerró otro caso de alto perfil, quedando así en la más obscena impunidad. El Estado pierde cerca de $10 millones en la construcción de facilidades deportivas en la provincia de Chiriquí y no pasa nada. Un juzgado absuelve a cientos de acusados, caso en el que se perdieron otros $24 millones en compensaciones para retirar los “diablos rojos” del transporte colectivo. Y todos para sus casitas. Empiezo a preguntarme si Panamá necesita un Ministerio Público o un Órgano Judicial o si son necesarios los diputados, porque es que aquí la Ley es solo una de las formalidades de la República, pero inaplicable en la inmensa mayoría a los amigos del poder. El Estado pierde pagando inversiones que no se hacen y altos salarios a autoridades indolentes, preocupadas por complacer a sus amos escondidos en las sobras del poder. Son la nueva versión de una botella: Trabajan, sí, pero no para nosotros, sino para delincuentes. Y, por favor, no me digan que esta es una crítica injusta, porque es lo más justo que les dicen por el reiterado y evidente desapego a sus deberes ciudadanos, profesionales e institucionales. No se diferencian mucho de los que están del otro lado de la acera, viendo qué se llevan del Estado, ya no en los bolsillos, sino en un diablo rojo. Todos son las elegantes versiones de la ineficacia, y sus sentencias, el burdo maquillaje a la traición. Cuando buscamos el resultado de sus deberes, hay que contratar un aguerrido rastreador, porque cuando deciden hacer fallos justos, estos son como agujas arrojadas en el pajar de la impunidad. Lo único que siempre vemos es un escandaloso desfile de impresentables burlándose de todos, mientras nos roban las medias sin quitarnos los zapatos. Unos por hacer, otros por no hacer. Así desde siempre, porque sentenciar a favor de la impunidad da más créditos –y réditos– en una sociedad proclive a la corrupción. ¿Qué haría falta para que nuestros jueces vean lo que nosotros vemos? ¿Honestidad’ ¿Salario? ¿Neuronas? ¿Pasión? ¿Patriotismo? ¿Capacidad? ¿Severidad? ¿O simplemente abrir los ojos? Latrocinio e impunidad es una perversa mancuerna, en la que los ciudadanos somos la dócil fuente del financiamiento de la riqueza indebida de unos y de la lavada de cara que le dan otros. Convierten Panamá en una caricatura patética, donde los poderes económico y político avasallan el Estado con el eslogan: ‘el robo al erario está legal y judicialmente permitido y protegido’. Así, bajo este manto, los delincuentes actúan a sus anchas. Por ello insisto: ¿por qué pagar millones en salarios a jueces que en sus sentencias nos cuentan historias de ficción para justificar su inequívoco final, un final que conocemos antes de que empiecen a pensarlo. Se la pasan citando a Dios en todo, pero a nuestras espaldas, son los que se llevan en sus bolsillos nuestro dinero… pero también los clavos y el martillo para crucificar al que se ponga en su camino. Son de insaciable codicia, rapaces ladrones carentes de valores y principios, comerciantes de sus propias conciencias por trapos, piedras y metales para jactarse de una riqueza grotesca e injustificable, y que deja tras de sí una estela de miseria y corrupción. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected]
4A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama La cruzada que rompió el miedo Eliana Morales Gil [email protected] DEMOCRACIA Y LIBERTAD El movimiento nació en el salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, un lugar que hasta entonces simbolizaba negocios y gremios. Era el 8 de junio de 1987. Ese día, empresarios, médicos y maestros se sentaron a debatir y decidieron actuar. Ese sábado 6 de junio de 1987 algo se rompió en Panamá. Una grieta inesperada se abrió en el muro que sostenía la dictadura. Roberto Díaz Herrera, hombre duro del régimen y número dos de las Fuerzas de Defensa, lo contó todo. Denunció el fraude electoral de 1984 y señaló directamente a Manuel Antonio Noriega por el asesinato del médico opositor Hugo Spadafora. Ese asesinato ocurrió el 13 de septiembre de 1985, hace exactamente 40 años este sábado. Las palabras de Díaz Herrera remecieron la columna vertebral de la dictadura y encendieron una chispa que rápido se convirtió en fuego: le dieron vida a un nuevo actor en la vida política del país, la Cruzada Civilista. El principio “Esa madrugada me llama Astrid Wolff, una súper sediciosa, para decirme que fuéramos a la casa de Díaz Herrera, que después de esas declaraciones había que ir a hacer una vigilia a su casa. Mi marido, por supuesto, estaba dormido y yo tenía que ver cómo me las arreglaba para salir de ahí sin que él se diera cuenta. Así que fue toda una odisea: salí caminando, la casa me quedaba cerquita hasta que llegamos allá y había otro grupo de personas esperando”, narra Mery Alfaro, una de las mujeres claves del movimiento en el documental titulado La Cruzada Civilista por la Justicia, Libertad y Democracia, que sale a luz a propósito de otro aniversario del asesinato de Spadafora. Aurelio Barría, entonces presidente de la Cámara de Comercio y uno de los fundadores, recuerda que el domingo 7 de junio de 1987 parecía no tener fin. “El coronel Díaz Herrera no podía quedarse callado”, relata. Las declaraciones se sucedían una tras otra: de día, de noche, hasta la madrugada. Entonces sonó el teléfono. Era Gilbert Mallol, su antecesor en el cargo, quien le pedía que fuera a su casa de inmediato: había temor de que Díaz Herrera fuera secuestrado por las Fuerzas de Defensa o detenido de un momento a otro. Tripartita El movimiento nació en el salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, un lugar que hasta entonces simbolizaba negocios y gremios. Era el 8 de junio de 1987. Ese día, empresarios, médicos y maestros se sentaron a discutir el impacto de las revelaciones y coincidieron en que ya no podían callar. Había que actuar. “Cruzada, lo digo por el efecto de que en mi interior estaba lo que representaban las cruzadas de la Edad Media, que eran movimientos reivindicativos, grandes idealistas fundamentalmente y moralistas”, recordó Mallol en el documental. Civilista definía la intención: integrar a toda la sociedad civil, sin armas, sin uniformes, con la voz y la protesta como recursos. El documental reúne a protagonistas del movimiento. Viaja con ellos al pasado, remueve memorias y entrelaza testimonios con imágenes del Panamá de la época. Y, sobre todo, pone en contexto las bases de la organización. La intención Las reglas quedaron claras desde el inicio. Lo explica el médico Fernando Boyd Galindo, hoy ministro de Salud del gobierno de José Raúl Mulino, otro que también fue un civilista. Se constituyeron tres bloques: el magisterial, el empresarial y el médico, para tomar las decisiones en consenso. Cada acción debía aprobarse por unanimidad y la coordinación rotaba para evitar protagonismos. De ese esquema salió un documento escrito a mano en la oficina de la Cámara de Comercio. En él se convocaba a toda la ciudadanía “a la formación de una cruzada civilista en la que participen empresarios, trabajadores, médicos, profesionales, maestros y estudiantes”. La cruzada escogió símbolos que pronto se hicieron inconfundibles. Eligió el blanco como uniforme y las calles como escenario. Redactó y repartió un periódico clandestino, El Cruzado, e improvisó una señal de radio llamada La Voz de la Libertad. Con los medios amordazados, La Prensa clausurada, Canal 13 y KW Continente atacados, estos canales informales se convirtieron en el corazón del movimiento. El logo del movimiento, diseñado por Alberto Conte antes de ser encarcelado y torturado en Coiba, acompañó las primeras ediciones. Y nacieron las consignas Las primeras marchas fueron espontáneas y riesgosas. Alicia Franco, educadora y dirigente magisterial de aquella época, recuerda que su gremio votó a favor de unirse al grupo: “Aprobamos participar y apoyar la marcha por la democracia del país”, narra. Una de las tareas que más disfrutaba este gremio era la de armar las consignas. “Todos querían participar y cada uno traía su idea (...)”, recuerda Franco. El documental muestra a Mery Alfaro vestida de blanco caminando en el asfalto. Se detiene frente a la iglesia del Carmen y, con megáfono en mano, vocifera algunas de las consignas que fueron más populares: “Votos para qué… se los roba el PRD”, “Y las áreas revertidas se las dan a las queridas”, “Millones para qué, se los chupa el PRD”, “Tuturo Del Valle, la gente está en la calle”. Nostalgia, sentimiento, país. Gente valiente. Ese viernes negro El viernes 10 de julio de 1987 la cruzada convocó a una gran concentración en la vía Argentina. La gente salió con pañuelos y camisas blancas. De pronto, la policía irrumpió a disparos. “Huyan, huyan que vienen las chotas”, gritaba la multitud. Un manifestante recibió más de 150 perdigones disparados a seis pies de distancia. El médico que lo atendió descubrió que los proyectiles venían mezclados con sal, para intensificar el dolor. La represión era incesante, pero las calles seguían llenas. A este episodio de la historia reciente de Panamá se le conoce como el viernes negro. Asalto a la Cámara de Comercio, el refugio y la partida Aurelio Barría recuerda que la dictadura respondió con redadas y allanamientos. La guardia penetró en la sede del gremio, incautó archivos y colocó pruebas falsas para acusar a sus dirigentes de conspiración armada. Barría incluso fue arrestado el 11 de julio de 1987. Cuando recobró la libertad, él y otros de sus compañeros se refugiaron como invitados temporales en la nunciatura apostólica. En agosto, un grupo de líderes, entre ellos Barría, logró salir exiliado a Venezuela y después a Washington, donde instalaron una oficina de la Cruzada para denunciar internacionalmente al régimen. En el país, los organizadores convocaron a la desobediencia civil: dejar de pagar impuestos, tasas y servicios públicos hasta que Noriega abandonara el poder. El país se unió La cruzada creció y logró unir a sectores que rara vez coincidían. Los sindicatos, los colegios de educadores, los médicos, las asociaciones profesionales y hasta parroquias se sumaron. Reunió a sectores antagonistas, que nunca habían marchado juntos, y vistió a todo un país de blanco para recordarle a la dictadura que la democracia no se rinde. En 1989, la cruzada respaldó la terna de oposición encabezada por Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. La madrugada del 8 de mayo, los activistas organizaron un conteo paralelo en un apartamento. Los resultados arrojaron una ventaja abrumadora de la oposición. Esas cifras llegaron a los observadores internacionales y dejaron en evidencia el fraude. La dictadura reaccionó con violencia. El 10 de mayo, en el Parque de Santa Ana, el vicepresidente electo Guillermo Ford fue brutalmente agredido. Su verdugo lo interceptó frente al cine El Dorado. Las fotos de la golpiza dieron la vuelta al mundo. Una deslumbró: la que apareció en la portada de la revista estadounidense Time. Su guardaespaldas, Manuel Alexis Guerra, fue asesinado. El 20 de diciembre de 1989 la historia dio un vuelco. Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Noriega. Dos horas después, en la base de Fort Clayton, Guillermo Endara juró como presidente. Los líderes de la cruzada insisten hasta hoy en que no solicitaron la invasión y que solo supieron de ella poco antes de que ocurriera. “Solo supimos de ella dos horas antes”. La frase es de Arias Calderón, quien explicó que les tocó tomar una gran decisión: asumir el mandato popular expresado en las urnas del 7 de mayo o dejar que el país quedara sin autoridad civil. Eligieron lo primero. La frase que cerró aquella etapa salió de las calles, de las lágrimas derramadas, del dolor de patria y de los testimonios grabados: “prohibido olvidar”. Hoy, sus volantes clandestinos reposan en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Amador. Ahí están el periódico Cruzado, el logo del movimiento y los testimonios de los encarcelados. En las vitrinas de este museo no cabe la memoria de los que marcharon con pañuelos blancos, de los que sostuvieron el movimiento pese a la represión y que enseñaron una lección: prohibido olvidar. Conmemoración del 37 aniversario de la Cruzada Civilista. Tomado de @Cciap Las manifestaciones de la Cruzada Civilista Nacional contra la corrupción y a favor de la justicia, democracia y la libertad eran multitudinarias. LP/Archivo
5A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama Desde todo el país, la gente marchó para clamar justicia por el asesinato de Hugo Spadafora. Archivo Hugo Spadafora, una piedra en el zapato del régimen Manuel Guardia ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] PERFIL 40 años de un homicidio que sacudió una dictadura. Fue un médico guerrillero oriundo de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, que aprovechó oportunidades académicas. Su vocación de servicio le permitió ocupar cargos públicos como jefe de salud en las regiones de Darién, San Miguelito y Colón. También se desempeñó como viceministro de Salud, desde 1973 hasta su renuncia en 1976. Cabe destacar que contó con la simpatía y admiración Omar Torrijos Herrera. Este personaje de la historia trazó su camino en defensa de los pueblos y en buscadelibertad,oportunidades y crecimiento social. Se unió al movimiento de liberación liderado por Amílcar Cabral contra el colonialismo portugués en África Occidental. Asimismo, organizó grupos de apoyo para combatir la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Luego de sus aportes internacionales, Hugo Spadafora regresó a suelo patrio para convertirse en la piedra en el zapato de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, al denunciar la violencia, las actividades de lavado de dinero y los vínculos con el narcotráfico en América Latina. El viernes 13 de septiembre de 1985 se trasladaba desde Costa Rica con destino a Panamá. Al llegar a La Concepción, provincia de Chiriquí, fue interceptado por agentes de las mal llamadas Fuerzas de Defensa. A pesar de identificarse como médico y explicar su situación, lo detuvieron por la fuerza y lo sometieron a agresiones físicas. Días después apareció un cuerpo decapitado en el río Vaquita, cerca de la frontera con Costa Rica. Era el suyo. Este crimen estremeció a los ciudadanos, quienes salieron a protestar en todo el país exigiendo justicia. A partir de entonces comenzó la decadencia de la dictadura y el surgimiento de movimientos sociales que clamaban por democracia. El asesinato de Spadafora ha sido considerado un acto imperdonable, trágico y perverso contra un héroe que, sin importar su trinchera, luchó contra el autoritarismo y la desigualdad social. Tenía la aspiración de ver un Panamá con desarrollo y esperanza para todos. En los últimos años, sus familiares han exigido justicia, pero el misterio persiste entre quienes aún guardan silencio sobre este crimen. Es lamentable que nuestras autoridades no prioricen honores a este defensor, ni promuevan su enseñanza en el sistema educativo. Su nombre sigue siendo sinónimo de integridad, coraje y compromiso con los derechos humanos. Para muchos, su asesinato marcó el inicio de la caída del régimen de Noriega. En los foros internacionales, el caso fue ampliamente señalado, y defensores de la justicia y la democracia exigieron claridad y responsabilidades. Dos años después, las declaraciones de Roberto Díaz Herrera encendieron aún más la indignación social. Relató cómo se asesinó a Spadafora, cómo se robaron las elecciones de 1984 y los negocios turbios de los altos mandos militares. Sus confesiones, por venir de alguien que había formado parte del régimen, tuvieron un peso definitivo. El 9 de junio de 1987, tres días después de sus declaraciones, surgió la Cruzada Civilista Nacional, que aglutinó a diversos sectores de la vida política, económica y social. Su arma simbólica era el color blanco. Los militares temían a esas manifestaciones y las reprimieron con violencia. Dos episodios marcaron la historia: la masacre del 10 de julio de 1987, conocida como el Viernes Negro, y la brutal golpiza contra los candidatos opositores Guillermo Endara, Ricardo Arias y Guillermo Ford, el 10 de mayo de 1989. La supuesta “unidad monolítica” del régimen se resquebrajó con dos intentos de golpe contra Noriega: el 16 de marzo de 1988 y el 3 de octubre de 1989. Cuentan que, en sus últimos días en el poder, Noriega estaba más bajo los efectos del alcohol que lúcido. El 19 de diciembre de 1989 llegó la invasión estadounidense, y los ganadores de las elecciones del 7 de mayo reclamaron el triunfo que el pueblo ya les había dado en las urnas. No cabe duda: Hugo Spadafora Franco fue el nervio motor que provocó el retorno a la democracia. En este ejercicio periodístico también reconocemos el valor y la temeridaddeRobertoDíazHerrera. Es justo mencionar que la población, en su gran mayoría, se volcó a las calles para exigir respeto y dignidad, y en esa iniciativa destaca la Cruzada Civilista Nacional y figuras como Aurelio Barría, de la Cámara de Comercio. Recordar a Spadafora no es solo honrar el pasado: es exigir un presente más justo. A.V/0000000 Hugo Spadafora (centro). Cortesía
6A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama Un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y validó dos acuerdos de pena de 60 y 48 meses de prisión contra otras dos personas, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y falsificación de documentos. Todos formaban parte de una red que manipulaba la plataforma e-Tax, utilizada para la tramitación de impuestos y gestiones tributarias, entre ellas el manejo de créditos fiscales. Durante una audiencia que culminó la noche de este jueves, la jueza América Vergara decretó la detención provisional de los tres exfuncionarios de la DGI y de una mujer, señalados por la Fiscalía Anticorrupción de alterar la plataforma e-Tax para desviar fuertes sumas de dinero en beneficio propio. La jueza fundamentó la medida en el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos cometidos en perjuicio del Estado y el peligro de destrucción de pruebas. Asimismo, validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para una exfuncionaria y de 48 meses de cárcel para un particular, quienes aceptaron los cargos imputados por la fiscalía. De acuerdo con la investigación, este grupo alteraba la información electrónica de los registros sobre pagos de créditos fiscales y desviaba el dinero hacia terceras personas. Las diligencias revelaron, además, que la red sostenía reuniones frecuentes en reconocidos hoteles de Chitré y Los Santos, donde se realizaba la repartición del dinero, casi siempre en efectivo, para no dejar rastros. La fiscalía también determinó que con los fondos obtenidos ilegalmente se compraron viviendas y automóviles valorados en varios miles de dólares. En algunos casos, el dinero era entregado a familiares que actuaban como testaferros. Hasta ahora, las autoridades han detectado irregularidades por unos 17 millones de dólares, aunque estiman que el monto podría alcanzar los 80 millones, en perjuicio del Estado. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada en la provincia de Los Santos, la cual permitió abrir las pesquisas sobre el manejo de la plataforma e-Tax. Dictan detención provisional para exfuncionarios de la DGI DESFALCO EN E-TAX Juan Manuel Díaz [email protected] La auditoría integral de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), ya dio inicio. Así lo anunció el Ministerio de Ambiente (Miambiente) en un comunicado difundido ayer. Como se había adelantado, la auditoría integral estaría en manos de la empresa SGS Panama Control Services, filial de la multinacional suiza Société Générale de Surveillance (SGS), y la contratación ascendería a 539 mil 791 dólares. A pesar de que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, detallaron a medios de comunicación que la contratación de la firma sería anunciada, dicha comunicación llegó a la par de la noticia del arranque de la auditoría. Aunque Miambiente anunció su arranque, no consta en el portal web de Panamá Compra que ya haya sido refrendado el contrato con la empresa auditora. Según los últimos registros, la contratación de SGS Panama Control Services seguiría un procedimiento excepcional. El ministro Navarro lo solicitó al Consejo Económico Nacional (Cena) y fue aprobado el 27 de agosto de 2025, como consta en una carta dirigida al ministro por parte de la viceministra de Economía Eida Gabriela Sáiz. Previo a que se solicitara el procedimiento excepcional, solo dos empresas presentaron cotizaciones tras la apertura de la convocatoria el 14 de agosto de 2025, según registra Panamá Compra: SGS Panama Control Services ($539 mil) y la estadounidense Behre, Dolbear & Company ($597 mil). El periodo para que las empresas presentaran las cotizaciones fue del 15 de agosto al 19 de agosto de 2025, según registra Panamá Compra; solo tres días hábiles, puesto que 16 y 17 de agosto fue fin de semana. La empresa Anteriormente, SGS también fue seleccionada para realizar una auditoría de 132.000 toneladas de concentrado de cobre que quedaron en la mina luego de que se declarara inconstitucional el contrato que suscribió la filial de FQM con el Estado panameño en 2023. Dicho concentrado consecuentemente fue exportado por el gobierno panameño. SGS aparece en el Registro Público de Panamá con dos apoderados legales: Ilka Cedeño Anguizola y la firma de abogados López, Villanueva y Hertumeatte (Lovill). El futuro de la mina La auditoría integral de la mina abarcaría un diagnóstico detallado de su situación actual en términos ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados, así como la verificación del cumplimiento de Miambiente anuncia inicio de auditoría integral de la mina Cobre Panamá FIRST QUANTUM estos aspectos, según se especifica en los Términos de Referencia (TDR) de la auditoría. Asimismo, los TDR de la auditoría especifican revisiones ambientales como la calidad del agua superficial y subterránea, el suelo, la vegetación terrestre, la calidad del aire, los relaves mineros, entre otros aspectos. Tras las masivas movilizaciones que conllevaron a la declaración de inconstitucional del contrato para la extracción de cobre en el proyecto ubicado en Donoso, Colón; la mina entró en un plan de administración y gestión segura. A pesar del rechazo popular de entonces, o de la auditoría por la que ahora tiene que pasar, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado sus deseos de explorar una reapertura. Lo hizo en su reciente viaje a Japón, destacando que el ministro Moltó es quien lidera la misión del Estado en este proceso. “El ministro Moltó encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum, una empresa que, por razones que no vienen al caso, pagó las consecuencias de una crisis política muy profunda”, dijo Mulino. El plazo aproximado para que la auditoría concluya es de 6 a 5 meses, según se informó desde el Ejecutivo; en ese plano, la auditoría podría finalizar entre febrero y marzo de 2026. Mario De Gracia [email protected] Vista de un sector del área de producción de la mina, en Donoso. EFE/Archivo ‘Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli’ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La iniciativa del diputado Jamis Acosta busca modificar artículos del Código Judicial y del Código Procesal Penal, permitiendo que condenados aleguen violaciones a derechos fundamentales y que se revisen sentencias que están en firme. El El país se vio sorprendido por la decisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, de acoger un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña. La medida abriría además nuevas posibilidades procesales para el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. La iniciativa fue presentada por el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta, y busca modificar los artículos 2030 del Código Judicial y 191 del Código Procesal Penal. En esencia, la propuesta permitiría que los condenados aleguen violaciones a derechos fundamentales y que sentencias firmes sean revisadas. Esto ampliaría los márgenes de defensa y generó preocupación entre juristas sobre su posible impacto en la estabilidad judicial del país. La exmagistrada Esmeralda de Troitiño se pronunció de manera categórica sobre la propuesta. “Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli. Está para eso. Esa es una modificación que tiene nombre y apellido”, afirmó, dejando en claro su percepción sobre la intención detrás del proyecto. Sistema político En entrevista con La Prensa, De Troitiño cuestionó el papel de la Asamblea Nacional en este tipo de medidas. “Tenemos un sistema político descuadernado, por decirlo en panameño. No hay Estado de derecho, y la impunidad parece prevalecer”, señaló, advirtiendo que el desconocimiento de las normas institucionales puede generar un efecto cascada que afecte a toda la sociedad. Consultada sobre las posibles repercusiones del proyecto, la exmagistrada enfatizó que no se trata solo de Martinelli. “Muchas personas quedarían libres. Eso es falta de Estado de derecho”, alertó, subrayando la erosión de la institucionalidad democrática y los riesgos para la confianza pública en las instituciones. De Troitiño hizo un llamado directo a los diputados para que ejerzan responsabilidad durante los debates de la ley. “En el primer debate deben tener claridad sobre su posición, alineada con lo que significa el Estado de derecho. En el segundo, la misma precisión, y en el tercero, toda la sociedad estará mirando”, indicó, insistiendo en la necesidad de ética y transparencia legislativa. La exmagistrada concluyó recordando que la propuesta no solo afecta la reputación de los órganos judiciales, sino también la confianza de la población en Esmeralda Arosemena de Troitiño. Archivo la justicia. “Una ley que destruya el Estado de derecho es intolerable. La sociedad debe observar y exigir que los diputados actúen con responsabilidad y en defensa de la legalidad”, afirmó. La consulta La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, añadió otra capa de alerta. Subrayó que cualquier modificación a los Códigos de Derecho debe estar precedida de estudios técnicos, consultas públicas y la participación de expertos, universidades, gremios y organismos como la Corte Suprema, el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Público y la Procuraduría de la Administración. “Normas de este tipo no pueden aprobarse sin un análisis profundo. Podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales y generar precedentes peligrosos. No es conveniente que sean propuestas con posible desconocimiento del sistema y del derecho”, dijo, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la elaboración de leyes. Obaldía recordó que los efectos de la propuesta no se limitan a un individuo. “Se requiere un análisis exhaustivo de penalistas y constitucionalistas porque impactará no solo a una persona, sino a todo el país y a todo el sistema penal”, advirtió, llamando a la ciudadanía y a los legisladores a evaluar las implicaciones legales y sociales antes de aprobar la norma. El conflicto Otras figuras, como la exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez, también manifestaron su posición. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, sostuvo, señalando la cercanía de Acosta y Camacho con el expresidente condenado. El historial de los protagonistas refuerza la percepción de conflicto de intereses: Acosta fue abogado de Martinelli y Camacho uno de sus voceros durante su mandato. Esta conexión alimenta la desconfianza sobre la verdadera intención detrás del proyecto de ley. Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. La Corte Suprema confirmó la sentencia en 2024, convirtiéndolo en el primer expresidente panameño con una condena en firme por corrupción. Actualmente, se encuentra asilado en Colombia, mientras la propuesta legislativa amenaza con abrir nuevas vías procesales que podrían modificar su situación.
7A La Prensa Panamá, sábado 13 de septiembre de 2025 Panorama Panamá debería contar con cerca de 4,000 bomberos operativos. Archivo Desafíos en personal, uniformes y seguros afectan a los bomberos Yaritza Mojica [email protected] ATENCIÓN DE SINIESTROS Las condiciones de trabajo han desmotivado la llegada de bomberos voluntarios; y la falta de presupuesto, el nombramiento de los permanentes. Panamá debería tener 4,000 y solo dispone de 1,102 bomberos remunerados. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) afronta una realidad: la escasez de personal operativo, tanto permanente como voluntario, y la necesidad urgente de un mayor presupuesto para fortalecer la institución. Actualmente, el BCBP cuenta con 1,102 bomberos remunerados distribuidos en 11 zonas regionales, incluyendo dos en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para cubrir la demanda de emergencias en el país. Panamá se basa en la norma NFPA (National Fire Protection Association), establecida también en la Ley 10 de 2010, que regula la dotación de recursos humanos para el Cuerpo de Bomberos. Esta normativa utiliza dos parámetros principales: densidad demográfica y superficie territorial, para definir el número adecuado de bomberos. Según esa fórmula, Panamá debería contar con cerca de 4,000 bomberos operativos. Sin embargo, la realidad es que actualmente existen aproximadamente 139 bomberos en la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), 109 bomberos prehospitalarios, 82 bomberos con funciones administrativas y los 1,102 remunerados. El total suma aproximadamente 1,432 bomberos. Recientemente el director general del BCBP, Víctor Raúl Álvarez, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló que la institución necesita nombrar entre 120 y 125 bomberos remunerados por año para cubrir al menos el 40% del déficit durante el presente quinquenio. “Consideramos que, de lograrlo, habremos avanzado significativamente”, afirmó. Esta situación también afecta a las compañías de bomberos voluntarios, que actualmente suman 3,359 hombre y mujeres en todo el país. La más grande se encuentra en Panamá, con 658 integrantes, de los cuales 148 son mujeres y 510, hombres activos. Ricardo De León, comandante primer jefe de la zona regional de Panamá y bombero voluntario, explicó: “Hace unos años, una compañía podía contar con hasta 55 voluntarios; hoy, el promedio es de apenas 25 por compañía”. Según De León, la falta de uniformes, el retraso en la entrega de seguros de vida y el bajo presupuesto han desmotivado a los aspirantes a voluntarios. El jefe regional señaló que los bomberos no han recibido uniformes nuevos en más de cinco años, lo que genera desmotivación. Para muchos, portar el uniforme de bombero es un acto de orgullo, que se utiliza no solo en desfiles, sino también en procesiones, fiestas patronales, carnavales, eventos oficiales y actividades comunitarias. Otro factor que afecta el voluntariado es el menor interés de los jóvenes, influido por factores sociales y tecnológicos. De León destacó que la escasez de personal también limita el nombramiento de bomberos remunerados, que depende del presupuesto, las vacantes y la capacidad de capacitación de la institución. Mencionó que los equipos de extinción y las herramientas son obsoletos. “Tenemos carros de extinción con hasta 40 años de uso. No pedimos reemplazo cada cinco años, como sucede en países como Costa Rica, pero sí necesitamos nuevas unidades y equipos modernos para atender incendios en edificios cada vez más altos y emergencias más complejas”, enfatizó. A pesar de las dificultades, el jefe regional dijo que los bomberos, incluyendo los voluntarios, se mantienen firme en dar respuesta a las comunidades, enfrentando riesgos constantes: colapsos de estructuras, inhalación de humo, accidentes químicos y lesiones físicas graves, lo que refuerza la urgencia de contar con equipos de protección adecuados y una cobertura de seguros. MEF recomienda un recorte del 32% en presupuesto para 2026 El Cuerpo de Bomberos de Panamá presentó su presupuesto para 2026 el miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde se proyectaron recortes de casi el 32% de lo solicitado. La institución sustentó $112.4 millones para la vigencia de 2026, pero la reLos seguros de vida y salud cubren actualmente a 1,302 bomberos voluntarios y 1,410 permanentes. Cortesía El BCBP está urgido de fondos para cubrir el seguro de vida y el médico Yaritza Mojica [email protected] La directora administrativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Yesenia Rosario, confirmó que uno de los principales impedimentos para garantizar seguros, de vida y de salud, para los bomberos es la falta de presupuesto. Al asumir en octubre de 2024, precisó, encontraron deudas acumuladas desde junio de 2023 y de todo 2024, que rondaban los 5 millones de dólares. “Logramos cancelar 2023 y 2024, pero aún no hay fondos para cubrir 2025”, manifestó Rosario. La deuda con la compañía de seguros, de enero a agosto de 2025, es de Cómo ser bombero voluntario en Panamá Yaritza Mojica [email protected] Ricardo De León, jefe de la zona regional de Panamá, explicó los pasos que deben seguir las personas interesadas en formar parte del voluntariado. Los aspirantes deben acudir a la estación de bomberos más cercana a su residencia, conversar con el capitán de la compañía, manifestar su interés y llenar su perfil de aspirante. Entre los requisitos básicos se encuentran ser mayor de 18 años, mantener buena presencia — sin exceso de tatuajes ni uso de aretes— y presentar certificaciones de salud, médica y psicológica, que pueden ser solicitadas por la institución. El proceso de formación contempla un periodo de instrucción de seis meses, con prácticas e instrucciones semanales, además de la asistencia un domingo al mes para reforzar conocimientos. Al concluir esta etapa, el aspirante pasa a la Academia de Bomberos para completar su formación y, tras aprobar el curso, recibe el alta oficial como bombero voluntario. $2,084,308.56. Para hacer frente a estos compromisos, la funcionaria informó que recientemente se aprobó un presupuesto de $3.5 millones en el Consejo de Gabinete, que cubriría hasta fin de año. Sin embargo, advirtió que para el próximo año no existe partida para pagar el seguro de vida y el seguro médico de ningún bombero, por lo que desde ya están solicitando fondos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Con respecto al tipo de cobertura que se da a los integrantes del Cuerpo de Bomberos, Ana Cisneros, encargada del Departamento de Seguros del BCBP, informó que actualmente la Compañía de Seguro Assa mantiene la cobertura activa, a pesar de la deuda. Estos seguros cubren vida y salud para 1,302 bomberos voluntarios (los que pueden salir a emergencias) y 1,410 bomberos remunerados de todo el país. Cisneros indicó que el seguro de vida cubre hasta $25,000 por muerte natural o accidental durante todo el año, mientras que el seguro de salud incluye accidentes, hospitalizaciones y traslados, incluso cuando el bombero va de su casa al cuartel o viceversa. Aclaró que los voluntarios tienen los mismos beneficios que el personal permanente, aunque el personal administrativo no está incluido en estas coberturas. comendación del Ministerio de Economía y Finanzas fue de solo $76.5 millones. Con respecto a las vacantes, el director general, Víctor Raúl Álvarez, explicó que el proceso de reclutamiento se realiza en función de las vacantes disponibles. “Actualmente, estamos nombrando al personal de manera progresiva, conforme se producen jubilaciones o ascensos, para que los aspirantes puedan acceder a una plaza laboral. Hemos dialogado directamente con ellos para explicarles que, por el momento, no es posible nombrarlos a todos debido a la falta de vacantes y la situación económica del país”, dijo. Los voceros del Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a las autoridades para asignar los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la población y la de los propios bomberos. Los bomberos en cifras La fuerza y los voluntarios Son 1,102 los bomberos que están en las zonas regionales. Son ellos los que tienen la fuerza, los que van por delante a la hora de hacer la extinción o de trabajar en búsqueda y rescate. Estos también son los remunerados. Sin embargo, también se cuentan 139 que laboran en la Dirección Nacional de Segurida, Prevención e Investigación de Incendios; 109 que hacen tareas prehospitalarias y 89 bomberos que son administrativos. Estos también cobran. Los voluntarios suman 3,359.
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