6A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Panorama El Tribunal Superior de Apelaciones revocó ayer la decisión de un juez de garantías que había sustituido la pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario para Katerine Carvallo Hidalgo, propietaria de la cadena de salones de belleza ‘La Parce’. Los magistrados Yiles Pitti, Gustavo De Gracia y Frank Torres determinaron que conceder trabajo comunitario a una persona condenada por el delito de blanqueo de capitales equivale a otorgar un privilegio procesal indebido, dado que se trata de un delito grave. Además, señalaron que en estos casos de uso del sistema financiero para lavado de dinero, el trabajo comunitario no cumple con los fines de resocialización que la justicia busca perseguir. La fiscalía contra la Delincuencia Organizada, representada por Eduardo Rodríguez, fue la que solicitó la revocación del beneficio. Durante la audiencia que se llevó a cabo alrededor de las 11:30 a.m., el fiscal aclaró que no se negoció con Carvallo ningún acuerdo que contemplara previamente el reemplazo de la pena. En cambio, la defensa, encabezada por la abogada Ivone Peña, argumentó que su clienta sí cumplía con los requisitos para optar al trabajo comunitario, y que ella había regresado al país pa- ‘La Parce’ tendrá que cumplir condena; tribunal le revoca trabajo comunitario JUSTICIA ra formalizar el acuerdo correspondiente. Carvallo Hidalgo, de nacionalidad colombiana, había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la semana pasada tras ser requerida por la fiscalía especializada por su supuesta participación en una red de lavado de dinero que involucraba unos 7.1 millones de dólares. En la operación se decomisaron propiedades de alto valor, incluyendo apartamentos en distintos edificios de la Ciudad de Panamá, residencias de lujo, una casa de playa en Chame, una mansión en Costa del Este, además de efectivo. Con esta resolución, el Tribunal de Apelaciones reafirma el criterio de que los delitos graves como el lavado de dinero no deben ser usados para otorgar beneficios procesales que mermen la justicia, y deja sin efecto el trabajo comunitario propuesto originalmente. La CTDA es presidida por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin. Archivo Universidades particulares alertan retrasos en aprobación de carreras Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Las demoras prolongadas en la aprobación de programas y la falta de respuestas oportunas de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico generan incertidumbre en el sector superior e impactan la competitividad educativa nacional. La gestión de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) de la Universidad de Panamá (UP) se encuentra en el centro de cuestionamientos. El catedrático y asesor presidencial Miguel Antonio Bernal solicitó al contralor Anel Flores una auditoría exhaustiva a los fondos administrados por esta entidad, debido a las demoras y prácticas que afectan el sistema educativo del país. La solicitud surge en medio de crecientes preocupaciones sobre las demoras injustificadas en la tramitación de solicitudes para la aprobación de nuevas carreras y la actualización de planes de estudio en las universidades privadas, lo que está afectando directamente el desarrollo académico y la competitividad de Panamá. La CTDA es responsable de fiscalizar, aprobar y revisar los programas académicos y planes de estudio de las universidades privadas del país, ya que la UP ejerce la facultad constitucional de supervisar las instituciones de educación superior privadas que operan en el país, con el objetivo de garantizar tanto la calidad y pertinencia de la enseñanza superior como el reconocimiento de los títulos y grados otorgados. Según la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), la CTDA no ha cumplido con el plazo legal de 30 días para responder a las universidades, mientras cobra un 50% de la tarifa de tramitación por adelantado. Para Bernal, estas irregularidades requieren una investigación exhaustiva, que debería involucrar no solo a la Contraloría, sino también al Ministerio de Educación (Meduca) y, en su caso, al Ministerio Público. El catedrático señaló que la CTDA, presidida por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin, está limitando “con premeditación” las acreditaciones de nuevas carreras, lo que afecta gravemente el desarrollo académico del país. Por su parte, el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, elevó un llamado de atención al presidente de la República, José Raúl Mulino, señalando que el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 52 de 2015 y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado un retraso en la aprobación de programas académicos de entre 1 y 3 años. Este estancamiento no solo genera incertidumbre en el sector educativo, sino que pone a Panamá en una posición de desventaja en comparación con otros países de América Latina. A pesar de las críticas, la CTDA parece haber detenido indefinidamente los procesos de evaluación bajo el argumento de la falta de recursos o expertos, algo que, según Nieto, no justifica los prolongados retrasos que limitan la expansión educativa del país. En este contexto, la auditoría propuesta por Bernal se presenta como una medida urgente para esclarecer la gestión de la CTDA y garantizar la transparencia en los fondos que maneja. Las universidades privadas de Panamá han manifestado su preocupación por la incertidumbre que genera este panorama, el cual frena su capacidad de ofrecer nuevas carreras y mejorar su oferta académica, afectando directamente a miles de estudiantes. Mientras Bernal solicita una auditoría a la CTDA de la UP, el Ministerio de Educación (Meduca) está considerando separar e investigar a la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). Esta decisión podría representar un paso adicional en la búsqueda de soluciones para las deficiencias detectadas en la gestión de las instituciones encargadas de la evaluación y acreditación universitaria. La situación plantea un desafío para las autoridades educativas, quienes deberán tomar decisiones clave para asegurar que el sistema universitario del país siga siendo competitivo y de calidad, sin caer en las prácticas de dilación que hoy están siendo cuestionadas. Eduardo Rodríguez, fiscal de delincuencia organizada. EFE La rana en la olla de la justicia Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] En Panamá la selectividad de la justicia se ha vuelto tan frecuente que ya casi pasa desapercibida. Lo que antes indignaba hoy se asume como parte de la rutina, como la fábula de la rana en la olla: el agua se calienta poco a poco y, sin darse cuenta, el animal se queda quieto hasta que es demasiado tarde. El arzobispo José Domingo Ulloa lo resumió con contundencia: “Para la justicia hay panameños de primera y de segunda: unos llevan ocho años de cárcel por robar una iguana y otros están libres tras tomar millones del erario”. Monseñor se refería a cómo la desigualdad socioeconómica termina convirtiéndose en desigualdad ante la ley. En el sentir popular, la justicia alcanza solo al “hijo de la cocinera”. Pero hay otra disparidad igualmente corrosiva: la selectividad política. No es casual que se acumulen absoluciones, rebajas de penas y procesos congelados para los cercanos al Ejecutivo. Es como si algunos funcionarios del Órgano Judicial hubieran tomado nota del discurso inaugural de Mulino sobre “abrir los candados” de la justicia. La duda es si tienen todas las llaves, o solo las que le convienen al presidente. Esta semana se desplomaron dos procesos judiciales emblemáticos beneficiando a allegados al mandatario. En el caso diablos rojos se absolvió a 185 imputados, entre ellos Jorge “Ricky” Fábrega y Ventura Vega, asesores de Mulino y enlaces con la Asamblea y este último también Secretario General de la Contraloría. Se cerró el caso de la Ciudad Deportiva de David, por peculado en Pandeportes durante el gobierno de Martinelli. Noticias que pasaron casi inadvertidas, como si favorecer a los cercanos al poder fuese un desenlace esperado. Hay otros ejemplos: Valentín Martínez, hermano del canciller, fue absuelto en el caso New Business. Los exministros Pepe Suárez y Frank De Lima siguen libres pese a condenas en dos instancias; la esposa de De Lima trabaja hoy en la Presidencia. Y en la lista de beneficiados por rebajas de penas destacan exfuncionarios del gobierno 2009-2014 y hasta subalternos de Mulino cuando era ministro de Seguridad: Alberto Maggiori, Patria Portugal y los policías condenados por el asesinato de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. El caso más burdo no necesita recordarse porque se exhibe solo: Ricardo Martinelli evadiendo su condena por lavado de activos en Colombia gracias a un salvoconducto expedido por la Cancillería. Es en este contexto que Mulino nombró a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema: Gisela Agurto y Carlos Villalobos, sin atender recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia. La ratificación dependerá de la Comisión de Credenciales, presidida por su aliada Dana Castañeda, gracias al matraqueo del recién absuelto “Ricky” Fábrega. Todo esto mientras la Corte atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad tras el escándalo de las jubilaciones especiales. La maquinaria de la justicia selectiva está más aceitada que nunca: se multiplican las llaves que abren la puerta a la impunidad, ya sea por dinero o cercanía política. Y mientras esas llaves sigan en las mismas manos, la justicia en Panamá no será un pilar de la democracia, sino una colección de privilegios. Como la rana que no reacciona hasta que hierve el agua, nos estamos resignando a una justicia que beneficia descaradamente al poder. Y cuando despertemos, si es que lo hacemos, puede ser demasiado tarde.
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