1A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 12 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15136 Hoy por hoy Cada vez más dinero público engorda las arcas de los partidos políticos, pero la calidad de nuestra democracia no refleja esa inversión. Desde 1997 hasta 2024, el subsidio electoral aumentó 625%, de $15 millones a $109 millones, mientras el padrón apenas creció 33%. En paralelo, varios dirigentes han enfrentado investigaciones y condenas, y los partidos bloquean propuestas que buscan reducir gastos o reforzar controles. La sociedad civil, representada en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, advierte que el financiamiento es necesario, pero requiere ajustes. Proponen reducirlo a la mitad y blindarlo de abusos, para que el dinero público responda al bien común y no a intereses particulares. El contraste es evidente: mientras escuelas, hospitales y comunidades reclaman servicios básicos, la política consume cada vez más recursos con resultados cuestionables. La Comisión Nacional de Reformas Electorales debe ser un espacio de cambio real. De lo contrario, el mensaje es claro: los partidos protegen su bolsillo, no la democracia. Deportes Panamá enfrentará a El Salvador 8A Los 67 años de las voluntarias del Hospital del Niño 5B Ellas. pa Subsidio electoral creció 625%; plantean recortarlo Eliana Morales Gil [email protected] La reducción del subsidio electoral ha sido uno de los principales planteamientos de la sociedad civil durante los debates de la Comisión Nacional de ReforFONDOS PÚBLICOS El financiamiento público pasó de $15 millones en 1997 a $109 millones en 2024, mientras el padrón apenas aumentó. Sociedad civil advierte que más dinero no ha mejorado la democracia ni la participación. mas Electorales (CNRE). Olga de Obaldía y Carlos Gasnell, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtieron que el financiamiento público electoral se ha disparado sin que exista una correlación con mejoras en la calidad democrática. Desde que en 1997 se incorporó la figura del financiamiento público al Código Electoral, los montos crecieron en 625%: de unos $15 millones distribuidos entonces a $109 millones en las elecciones de 2024. En el mismo período, el padrón electoral solo aumentó 33%. “No parece haber una relación entre el incremento de recursos y la democracia que queremos”, sostuvo De Obaldía, quien recordó que la norma vigente obliga a destinar el 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a las elecciones. VEA 2A Brasil Celebraciones y protestas por condena a Bolsonaro Ciudadanos celebran en Brasilia la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de prisión por conspirar contra el orden democrático. El veredicto final fue 4 votos a favor de la condena vs 1 voto en contra. También seguidores del expresidente salieron a las calles a expresar su rechazo a la decisión judicial. EFE Omar Spiegel. Luis Reyes La molestia de los productores de arroz no se centra únicamente en la negativa presidencial de reactivar subsidios, sino en las importaciones realizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario en plena cosecha, que deprimieron el precio del grano y dejaron pérdidas al sector. Omar Spiegel advierte que la competencia desleal golpea la producción nacional y cuestiona la falta de sanciones: “Si el presidente dice que hubo bribones que se robaron plata, me gustaría saber dónde están las denuncias y dónde están presos”. Ayer, el presidente José Raúl Mulino anunció que no habrá subsidio al arroz este año y reiteró que a los productores les corresponde ser más eficientes. VEA 3A IMPORTACIONES Así operaba la red que desvió millones de dólares en la DGI Productores de arroz piden reglas claras: no más barcos en plena cosecha La Dirección General de Ingresos (DGI) se encuentra en el centro de un nuevo escándalo que involucra a exservidores públicos, un funcionario activo y particulares vinculados a ellos, todos presuntamente relacionados con un esquema de fraude que habría geneFRAUDE TRIBUTARIO rado un perjuicio superior a los $11 millones. Esta semana, el Ministerio Público confirmó la aprehensión de seis personas por delitos de blanqueo de capitales y delitos informáticos, en una investigación que golpea directamente la credibilidad de la administración tributaria. VEA 1B Panamá entra en la fase final de la transición demográfica Con una fecundidad de 1.9 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo, Panamá encara su última etapa demográfica: menos nacimientos, más adultos mayores y un futuro de retos sociales. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama En Panamá hay 9 partidos políticos constituidos. Archivo Plantean recortar a la mitad el financiamiento público electoral Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS El subsidio electoral pasó de $15 millones en 1997 a $109 millones en 2024. La sociedad civil reclama integridad y transparencia. La discusión sobre el financiamiento de la política es uno de los ejes de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Representantes de la sociedad civil advierten que los partidos han cerrado filas frente a propuestas que buscan reducir el subsidio electoral, el costo de las campañas y fortalecer los mecanismos de fiscalización, en un escenario donde el subsidio electoral se disparó en 625% desde 1997 a 2024. En 1997 se incorporó la figura del financiamiento público al Código Electoral. Mientras que en 2024 se celebraron las elecciones generales de 2024. Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, recordó que la norma vigente obliga a destinar el 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a los comicios, al financiamiento público electoral. Esa fórmula, dijo, produjo que en 1997 se repartieran cerca de $15 millones, mientras que en 2024, año en que se celebraron las últimas elecciones generales, la cifra alcanzó los $109 millones. “Representa un crecimiento del 625%, pero el padrón electoral de 1997 a la fecha ha crecido en un 33%. No parece haber una correlación entre la cantidad de dinero y la calidad de nuestra democracia y el acceso a la participación a través de los partidos políticos”, manifestó De Obaldía en entrevista con La Prensa. Es decir, se incrementó en $94 millones. De Obaldía insistió en que el financiamiento público cumple un rol democratizador, pero requiere ajustes en un país con crecientes demandas sociales. “Dado que hay tantas necesidades en el país, que la ciudadanía está reclamando tantos servicios de parte del Estado (…) hemos propuesto que esa cantidad se baje”, afirmó. Carlos Gasnell, también de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, añadió que la propuesta de la sociedad civil en este tema es la de reducir el subsidio a la mitad. “Estamos pensando que $60 millones es suficiente para ese financiamiento pre y post electoral de la política (…) si realmente nos concentramos en lo importante, puede ser reducido a la mitad sin ningún problema”, sostuvo. Partidos políticos no quieren cambios El abogado cuestionó el poco entusiasmo de los representantes de los partidos políticos a discutir cambios de fondo. “Se han opuesto en bloques, en otros casos ha habido abstenciones que para efecto de la contabilización de los votos tiene el mismo efecto. Lo que hemos sentido es que no ha habido suficiente debate sobre las ideas (…) esa reducción de los excesos de dinero justamente para evitar que el crimen organizado penetre las campañas políticas”, advirtió. La Comisión Nacional de Reformas Electorales se reúne cada jueves a las 4:00 p.m. en la sede principal del Tribunal Electoral. Otro punto neurálgico en este debate es la falta de control sobre las donaciones privadas. Gasnell explicó que los informes presentados por partidos y candidatos revelan gastos muy por debajo de los topes permitidos, lo que genera sospechas de subregistros. “Fue muy llamativo que (en la CNRE) se manejara ese concepto de subregistro de información que debía estar y no estaba y desde luego que tiene que otorgársele más herramientas a la dirección de fiscalipar en condiciones de equidad (…) esas iniciativas que llevamos tampoco fueron aprobadas”, lamentó De Obaldía. Ambos entrevistados coincidieron en que la CNRE no debe convertirse en un trámite formal, sino en un verdadero espacio de reflexión. Gasnell lo resumió así: “Nos interesa mucho que la gente lo entienda de esta manera, la ciudadanía. (…) Lo que está haciendo [el Tribunal Electoral] es compartir esa iniciativa con diferentes sectores de la realidad nacional para que ese documento ya sea consensuado, sea un documento enriquecido con esa discusión de todos estos sectores”. De Obaldía, por su parte, insistió en el principio que debería guiar la discusión: “Cuando uno habla de dinero público, debe obedecer a principios del bien común precisamente porque es dinero público y que el dinero público que llega a los partidos si bien ellos lo manejan no es un dinero de ellos, es un dinero de la ciudadanía o del Estado en este contrato social”. Destino final: la Asamblea Cuando la CNRE termine sus debates, el Tribunal Electoral llevará su propuesta de ley a la Asamblea Nacional, que tiene la última palabra sobre las reformas al Código Electoral, el conjunto de reglas que define cómo se organizan las elecciones generales. La primera prueba de fuego de este proceso será en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho. zación para que realice su trabajo”, dijo. Las propuestas de crear listas de donantes estatales, de personas condenadas o impedidas legalmente, y de fortalecer la capacidad de cruce de información en la Dirección de Financiamiento Político fueron rechazadas. La participación política de las mujeres Desde la sociedad civil también se impulsaron incentivos para garantizar mayor participación de las mujeres en las campañas. Sin embargo, esas iniciativas tampoco prosperaron. “El tema del financiamiento político es una de las mayores barreras para que las mujeres puedan particiMario De Gracia [email protected] Canal de Panamá Archivo Brasil y Japón: ¿cómo se adhieren al Tratado de Neutralidad? CANAL DE PANAMÁ El último viaje del presidente de la República, José Rául Mulino, trajo consigo noticias importantes en lo relativo al Canal de Panamá: Brasil anunció su intención de adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad y autoridades de Japón dijeron que estudiarían hacer lo mismo. En su regreso a suelo panameño, Mulino resaltó en su conferencia de prensa del jueves 11 de septiembre el avance con los gobiernos de Brasil y Japón para completar su adhesión al protocolo del Tratado de Neutralidad, depositado en la Organización de Estados Americanos (OEA). “Como en todos los países, es un proceso de índole más parlamentario que Ejecutivo. El [Órgano] Ejecutivo toma la decisión, pero al final del camino hay que hacer el trabajo a nivel de parlamento”, explicó el mandatario al referirse al análisis que llevaría a cabo Japón. En el caso de Japón, Mulino explicó que tanto miembros de la Liga Parlamentaria de ese país, como el ahora exprimer ministro, Shigeru Ishiba —quien renunció a su cargo días después de la visita de Mulino—, manifestaron que estudiarían la adhesión. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, anunció la intención del Ejecutivo brasileño de aherirse al protocolo. La resolución 324 de 1978 de la OEA explica en sus líneas parte del procedimiento para unirse al protocolo, tras la firma de los tratados Torrijos-Carter — incluido en ellos el de Neutralidad— en 1977. Allí indica que la invitación a los Estados del mundo a unirse al protocolo, se efectúa “de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”. Dicha resolución fue usada como base por el parlamento de Costa Rica para adherirse al tratado en 1981. Para el internacionalista y catedrático universitario, Euclides Tapia, el proceso es sencillo: “es ante la OEA que deben presentar la solicitud para adherirse al protocolo”, señaló. En el caso de Brasil, por ejemplo, su Congreso [parlamento] podría tomar decisiones definitivas [finales] sobre acuerdos o tratados internacionales, según dispone su constitución. No obstante, Tapia considera que el trámite en la OEA puede efectuarse al ser este ente regional el depositario del protocolo del tratado para todas las naciones. A pesar de que el Tratado de Neutralidad fue convenido por Estados Unidos y Panamá, su artículo séptimo invita al resto de los países del mundo a compartir sus objetivos, incluido el respeto irrestricto a la neutralidad del Canal en tiempo de guerra y tiempo de paz; así como para que permanezca seguro y abierto al tránsito de naves de todas las naciones. El último país en adherirse al protocolo, fue Francia en 1999, sin ser miembro de la OEA; un camino que podría seguir Japón si así lo definieran sus parlamentarios —que ahora enfrentan una suerte de crisis política por la dimisión del primer ministro—. El excanciller y negociador de los tratados, Jorge Eduardo Ritter, pondera la expresa intención del presidente brasileño de adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad. “En 20 años se adhirieron 40 países [entre los 70´s y 90´s]. En los últimos 25 años no se ha adherido ningún país, excepto Brasil, ahora, a raíz de la visita del presidente Mulino”, detalló. Tapia, por su parte, pondera sobre todo el mensaje que envía el anuncio de Brasil, acotando que fue una jugada diplomática que “aprovechó” las tensiones entre Da Silva y el presidente estadounidense, Donald Trump, particularmente en el conflicto por aranceles entre ambas naciones. Ambos expertos plantearon la importancia de la neutralidad como la única defensa de la vía interoceánica y la importancia de las adhesiones al tratado. Tanto Brasil como Japón forman parte del G-20, el grupo de las 20 más grandes economías a nivel global. Foro económico Lula visitará Panamá el 28 de enero de 2026 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará Panamá a finales de enero de 2026. La informaciónj la confirmó ayer el mandatario José Raúl Mulino, quien precisó que Lula llegará el 28 de enero, cuando inaugurará el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Mulino resaltó que su homólogo brasileño expresó un marcado interés en sumarse al encuentro, lo que, a su juicio, dará mayor relevancia a este foro como espacio de debate y concertación regional.
3A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Panorama El arroz es el producto estrella de las agroferias porque los panameños lo encuentran más barato allí. Cortesía Productores culpan al IMA de distorsionar mercado del arroz Yolanda Sandoval [email protected] ENTREVISTA Arroz nacional vs. importaciones: productores denuncian competencia desleal. Hablan de arroz importado, barato y subsidiado en el país de origen, y que habría estado almacenado por hasta 10 años. Las distorsiones en el mercado del arroz parecen estar en el centro de la tormenta. ¿El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tenía razón al justificar la importación de grano para garantizar el abastecimiento, o los productores aciertan al decir que el arroz nacional era suficiente y que fueron las decisiones del IMA las que quebraron el equilibrio? Hoy, las importaciones, medidas que habrían golpeado la cadena productiva, serían las que estarían detrás de la solicitud de revivir los subsidios a los que el Gobierno se niega. El presidente José Raúl Mulino dijo ayer que no hay fondos para tal subvención y que a los arroceros les toca ser eficientes. “En mi Gobierno no se vuelve a pagar”. Omar Spiegel, vocero de los productores de arroz, cuenta a La Prensa su versión de lo que está pasando en la industria. Aquí el resumen de sus respuestas. El presidente de la República reiteró que no habrá subsidio al arroz este año. ¿Desde cuándo se sabía y cuál es el efecto? Este año no había subsidio, y los productores no queríamos subsidio. Entendemos que el país enfrenta una crisis económica y el Gobierno tiene las finanzas apretadas. Entramos a un mercado diseñado sin subsidio este año, pero en el camino hubo alteraciones que no proyectamos. El abastecimiento debía cubrirse con la cosecha nacional y un complemento de importaciones mínimas, pero este año se sobrepasaron los requerimientos. Una de esas importaciones llegó en plena cosecha, deprimiendo el mercado y dejando a los productores con precios por debajo del costo. ¿Qué pasa cuando ingresan importaciones en plena cosecha? La ley 17 de 2018 establece que, dos meses antes de la cosecha y durante la cosecha, no debe entrar arroz importado. Cuando el IMA trae arroz y lo entrega a la industria, ésta —que debería comprarle al productor— no tiene necesidad de salir al campo y ofrece precios por debajo del costo de producción. Hoy, producir un quintal cuesta alrededor de $26.40, pero el productor recibe $24 o $25. Eso genera pérdidas y un impacto negativo. Hay un daño hecho y parte de este daño fue causado por el IMA. Necesitamos salvaguardar la economía de los productores y que paguen sus deudas. ¿La importación fue consultada con la cadena agroalimentaria del arroz? Importar en plena cosecha no tiene ningún sentido... Fue una decisión unilateral... El director del IMA fue a la Asamblea Nacional a pedir un traslado de partida por más de $10 millones para pagar arroz importado. Allí dijo que el arroz nacional no era suficiente para abastecer las ferias... El país está abastecido de arroz. Esto se sabe bajo un análisis de Acodeco, un inventario nacional, el consumo nacional y lo que tenemos en las estanterías. En base a eso, se arrojó que hacían falta 450 mil quintales para abastecer el mercado nacional. Entró un barco al país en julio, que aunque no entró por los debidos procedimientos, llegó con 462 mil quintales, es decir, por encima del requerimiento para poder llegar hasta enero-febrero del otro año. La cifra que trae el IMA, que son 577 mil quintales, que fue lo que importó, está por encima de los requerimientos nacionales. Decir que no había arroz no coincide con el historial y el manejo que se ha estado llevando en el país. ¿En este momento están pidiendo el subsidio de $7.50 por quintal? La Ley 17 de 2018 establece ese incentivo, pero el presidente ya dijo que por esa vía no va. Lo entendemos, pero necesitamos buscar un mecanismo que permita a los productores pagar sus deudas y no salir por la “puerta trasera”. Creemos en la posición del presidente de transformar al sector, pero el Estado debe invertir en el sector, tal como se pactó en el tratado comercial con Estados Unidos. ¿Para qué se usaba el subsidio? Se creó para mantener el costo del arroz bajo para el consumidor. Durante años, el arroz de primera costaba 40 centavos y el especial unos 60 centavos. Cuando se eliminó el subsidio el año pasado, el precio subió: hoy el especial está en 78-80 centavos y el de primera entre 58 y 65 centavos. ¿Ha habido productores “juega vivo” con los subsidios? En todo sector los hay. Pero hemos denunciado que se investigue y se castigue a quienes metieron mano en fondos públicos. Los productores serios siempre hemos buscado transformar el sector. ¿Qué es más grave: la competencia desleal por importaciones o los subsidios mal manejados? Por supuesto que el que mete la mano en los fondos públicos tiene que ir preso automáticamente. Si el presidente está diciendo que hay un poco de bribones, que se robaron un poco de plata, a mí me gustaría también saber dónde están las denuncias, dónde están las investigaciones y dónde está presa esa gente. La competencia desleal ocasiona un bache gigantesco en el país, que desplaza el producto nacional, desempleando un pocotón de gente. ¿Qué le diría al director del IMA si lo tuviera de frente? Que organicemos la casa y que el próximo año planifiquemos las importaciones, que no lleguen en plena cosecha. Traer producto importado no es comprar el de mejor calidad. Apostemos a la producción nacional. Si pudiera describir en una palabra la relación entre productores y molineros. No hay molineros sin productores ni productores sin molinos. Pero si los molinos creen que pueden reemplazar la producción local con importaciones baratas, se equivocan. Al final, todos dependemos de la misma cadena que genera más de mil millones de dólares anuales y 120 mil empleos. ¿Cómo imagina el futuro del arroz en Panamá en 10 años? A corto plazo habrá una contracción. Hoy estamos en 99 mil hectáreas, pero proyecto una disminución grande de la producción por los altos costos, falta de financiamiento y herramientas para enfrentar el cambio climático. Algunos productores se podrán mantener en la actividad, pero habrá una buena parte que tendrá que migrar a otra actividad. ¿Es cierto que el sector llegó a recibir más de $100 millones en subsidios al año? Cuando se dio la crisis de la pandemia, que se dispararon los costos de los insumos, llegó a costar entre $72 o $80 un quintal de urea. El precio se disparó y el subsidio pasó de $7.50 a $16 dólares para compensar este costo en una época de emergencia nacional; nos fuimos hasta $132 millones. Ese ha sido el monto máximo que se ha pagado el subsidio anual. Consideramos que, para salvaguardar este año la producción nacional, se necesitarían entre $25 y $30 millones, porque las reglas del juego se cambiaron en plena cosecha. La licitación es para el servicio de limpieza en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Archivo Sicarelle y Hombres de Blanco, entre las 23 empresas interesadas en la licitación de Tocumen ACTO PÚBLICO José González Pinilla [email protected] Un total de 23 empresas mostraron interés en la licitación pública por mejor valor para la contratación del servicio de limpieza del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por $19.5 millones. Entre las que asistieron al acto de homologación figuran Sicarelle Holding y Hombres de Blanco Corp., dos compañías que estuvieron bajo la lupa pública en el gobierno pasado por sus contratos con el Estado. Por ejemplo, Hombres de Blanco había logrado en la pasada administración obtener el contrato de limpieza y aseo del aeropuerto, por un monto de $11 millones 87 mil. Pero Tocumen decidió, en noviembre de 2024, terminar unilateralmente el contrato, basado en más de 10 causales de incumplimiento. El nuevo acto Tocumen informó que este nueva convocatoria contempla el servicio integral de aseo, limpieza en todas sus instalaciones y mantenimiento de los baños. La cobertura abarcará las terminales 1 y 2, el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario. Las compañías aspirantes, indicó Tocumen, deberán acreditar experiencia comprobada en la gestión de espacios de alto tráfico, como aeropuertos, centros comerciales o terminales de transporte. “El nuevo modelo de contratación no se limitará únicamente a la limpieza general de instalaciones”, advirtió la administración. El contrato incluirá además los servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisionesyluminarias. Se pondrá en marcha un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales. “Queremos elevar de manera sustancial los estándares de limpieza y mantenimiento en todas nuestras instalaciones. Este nuevo contrato estará diseñado para garantizar un servicio eficiente, constante y adaptado a la dinámica de un aeropuerto internacional que mueve millones de pasajeros al año”, señaló André Mendoza, vicepresidente de Mantenimiento de Tocumen S.A. Omar Spiegel, vocero de los productores de arroz.Luis Reyes Cciap: río Indio, una ‘solución estratégica para el agua’ RECURSO HÍDRICO José González Pinilla [email protected] La construcción del Lago de río Indio tendrá un impacto crucial en el desarrollo económico de más de dos millones de panameños, así como en sectores clave como el comercio, el turismo y la logística, destacó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). Durante la Junta Directiva Ampliada de la Cciap, presidida por Aurelio Barría, la subadministradora del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, presentó los avances del proyecto, que contempla una presa y un túnel de nueve kilómetros para trasvasar agua por gravedad hacia el Lago Gatún, aportando entre 605 y 825 millones de galones diarios para consumo humano y operación del Canal. Prevista para iniciar en 2027, se estima que la obra generará unos 2,700 empleos directos y miles de puestos indirectos. El gremio empresarial resaltó que el proyecto refuerza la seguridad hídrica y alimentaria, garantiza la competitividad de las industrias y representa una solución estratégica para enfrentar la crisis de agua que amenaza al país. Espino de Marotta destacó que Río Indio es un proyecto con visión de país, sostenible y con estándares internacionales de desarrollo comunitario y ambiental.
4A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] ATENCIÓN. El abogado Carlos Villalobos, a quien el Gabinete designó esta semana como magistrado de la Sala Civil, trabajó en la firma Fábrega, Molino y Mulino en los años 1990. Esto no tiene que ser necesariamente negativo, pero el hecho de que el presidente tenga a su abogado como procurador y a un excompañero como magistrado podría dar motivos justificados a quienes deseen cuestionarlo. PARLA. El diputado Luis Duke preguntó qué ha aportado el Parlacen a Panamá, y el parlamentario Rubén Campos le respondió que, para entender el impacto real de ese organismo regional, hay que leer su tratado constitutivo. Esta es la mejor prueba de que no ha hecho nada tangible: el resultado de su trabajo debería ser evidente incluso para el panameño más humilde. QUEJOSA. Ayer, en la conferencia de prensa en la Presidencia, se le preguntó a Mulino sobre el recorte presupuestario a la Unachi y los reclamos de la rectora Etelvina de Bonagas. Sin embargo, a la Unachi se le ha recomendado un presupuesto de 72 millones de dólares para 2026, la misma cantidad asignada para 2025. Si Bonagas todavía cree que sirve para rectora de una universidad, debería entender estos números sin que lo tenga que explicar el ministro Chapman. VACAS. Ana Raquel Santamaría ejercerá como fiscal general electoral hasta el 1 de noviembre de 2024, dado que el titular del cargo, Dilio Arcia, se fue de vacaciones. No se puede decir que será extrañado: la mayor parte del tiempo parece que ya no hay nadie ocupando ese puesto. INDIFERENCIA. La proPanamá tiene hasta 2038 para aprovechar bono demográfico Yaritza Mojica [email protected] INFORME La advertencia hecha por el Fondo de Población de Naciones Unidas se basa en un análisis de los resultados del Censo de Población hecho en 2023, según el cual el país avanza hacia la fase final de la primera transición , con niveles de fecundidad por debajo del reemplazo. Panamá ha entrado en la última fase de la transición demográfica, con una tasa global de fecundidad de 1.9 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional. Así lo revela el informe Análisis sobre la Población en Panamá (ASP), elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ofrece un panorama demográfico desafiante. El estudio, basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2023, muestra que el país enfrenta simultáneamente las oportunidades del bono demográfico y las consecuencias de profundas desigualdades territoriales y étnicas. El informe advierte que Panamá cuenta con una ventana de oportunidad hasta 2038 para aprovechar su bono demográfico —el período en que la población económicamente activa supera a la dependiente— antes de iniciar un proceso de envejecimiento acelerado. Esta etapa se caracteriza por una mayor proporción de adultos y una menor presión de la población infantil, resultado de la reducción en la fecundidad y la mortalidad. El censo 2023 confirma que el país avanza hacia la fase final de la primera transición demográfica, con niveles de fecundidad por debajo del reemplazo, lo que anticipa un envejecimiento progresivo y un menor crecimiento poblacional. Este escenario plantea desafíos y oportunidades: familias más pequeñas permiten mayor inversión en educación y mejor inserción laboral, mientras que el aumento de la población adulta mayor exigirá más servicios de salud e infraestructura inclusiva. Paralelamente, se registra un mayor acceso a derechos: las mujeres controlan mejor su fecundidad, alcanzan mayores niveles educativos y participan activamente en el mercado laboral, mientras que las personas mayores tienen un rol más activo en la sociedad. Edith Castillo, representante de UNFPA en Panamá, destacó que el estudio no es “un informe más”, sino “un espejo de nuestro país y, al mismo tiempo, un mapa que nos orienta del presente hacia el futuro”. Enfatizó que contar con información precisa y actualizada es clave para comprender las necesidades de la población y mejorar la respuesta de las políticas públicas: “Las estadísticas no son números fríos: son vidas, derechos y realidades sociales que deben servir para transformar la política”. Tasa Global de Fecundidad El ASP señala que Panamá ha experimentado en las últimas décadas un notable descenso de la fecundidad, siguiendo la tendencia de América Latina y el Caribe. La tasa global de fecundidad pasó de 5.1 hijos por mujer en 1950 a 2.05 en 2015 y a 1.9 en 2022. Este descenso estuvo acompañado por una menor fecundidad adolescente y por el aumento de la edad promedio de las madres. El país registró su mayor número de nacimientos en 2018, con 76,863, pero esta cifra cayó a 63,920 en 2022. La tasa bruta de natalidad pasó de 22.7 por mil habitantes en 2000 a 14.5 en 2022. Entre las comarcas indígenas destaca la tasa de fecundidad de Kuna Yala (1.9 hijos por mujer), significativamente menor que la de Emberá (2.7) y Ngäbe Buglé (3.1). Según el INEC, la fecundidad en áreas urbanas es de 1.6 hijos por mujer, mientras que en las rurales alcanza 2.8, es decir, más de un hijo adicional en promedio. Respecto a la evolución de las tasas globales de fecundidad por provincias y comarcas entre 2015 y 2022, la mayoría mostró una tendencia a la baja entre 2015 y 2019, mientras que Herrera, Los Santos y Ngäbe Buglé mantuvieron tasas estables. Sin embargo, a partir de 2019, y especialmente tras el inicio de la pandemia en 2020, el descenso se acentuó y se ha mantenido. Más Hallazgos del ASP El informe identifica tres desafíos prioritarios que requieren intervención gubernamental urgente: •Crisis de salud reproductiva en territorios vulnerables: en las comarcas indígenas, la fecundidad adolescente es hasta 2.5 veces mayor que el promedio nacional, y la mortalidad materna triplica o cuadruplica la media del país. •Exclusión educativa masiva: al menos 120,000 niños y adolescentes están fuera del sistema escolar, comprometiendo el aprovechamiento del bono demográfico. Esta “deuda silenciosa” pone en riesgo el desarrollo económico futuro. •Impacto demográfico del cambio climático: la reubicación de comunidades, como Cartí Sugdub, evidencia que los efectos del cambio climático ya tienen consecuencias poblacionales y requieren planificación territorial y sistemas de protección social adaptativos. El análisis también revela que el 51% de la población vive en Panamá y Panamá Oeste, lo que plantea grandes retos de urbanización, movilidad y servicios básicos. Además, el 17.2% de la población es indígena y el 31.7%, afrodescendiente, lo que exige políticas inclusivas que respeten la diversidad cultural y garanticen igualdad de acceso a salud, educación y oportunidades económicas. Para Edith Castillo, el gran desafío es convertir esta ventana de oportunidad en una “plataforma de resiliencia demográfica”, lo que implica invertir hoy en el desarrollo de capacidades, en empleos de calidad, en el fortalecimiento del sistema de salud, en la prevención del embarazo adolescente, en el sistema de cuidados y en el equilibrio intergeneracional. Según el UNFPA, el ASP es una herramienta clave para la administración 2024-2029, ya que proporciona evidencia científica para definir prioridades en población y desarrollo. El informe fue presentado el 9 de septiembre por Sabrina Juran, asesora regional de Datos y Dinámicas de Población del UNFPA para América Latina y el Caribe, y por Enrique Peláez, demógrafo, con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Betríz Carles. Carles destacó que el documento ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en materia de desarrollo social, inclusión y equidad, y orienta la formulación de políticas públicas. Subrayó que esta información permitirá diseñar estrategias bien fundamentadas e impulsar la colaboración entre autoridades locales, sector privado y sociedad civil para responder a las necesidades de la población. puesta para que el 80% de los cargos en el servicio diplomático sean ocupados por funcionarios de carrera sigue estancada, porque el personal de Cancillería no asiste a las reuniones de una subcomisión que estudia el proyecto. Ayer fue el último plantón. Un vistazo rápido a la lista de cónsules y embajadores designados permite entender por qué hay tan poco interés en adecentar el servicio exterior. Datos de interés Cifras que muestran el panorama Población total 2023: 4,064,780 habitantes. Crecimiento histórico: La población ha crecido de forma continua desde 1911. Mayor ritmo de crecimiento: Entre 1950 y 1970. Tasa anual de crecimiento más alta: Entre 1960 y 1970, con 31 mil por cada mil habitantes. Tasa actual de crecimiento: Entre 2010 y 2023, descendió a 14 por mil.
5A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Panorama El Tribunal Superior de Apelaciones revocó ayer la decisión de un juez de garantías que había sustituido la pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario para Katerine Carvallo Hidalgo, propietaria de la cadena de salones de belleza ‘La Parce’. Los magistrados Yiles Pitti, Gustavo De Gracia y Frank Torres determinaron que conceder trabajo comunitario a una persona condenada por el delito de blanqueo de capitales equivale a otorgar un privilegio procesal indebido, dado que se trata de un delito grave. Además, señalaron que en estos casos de uso del sistema financiero para lavado de dinero, el trabajo comunitario no cumple con los fines de resocialización que la justicia busca perseguir. La fiscalía contra la Delincuencia Organizada, representada por Eduardo Rodríguez, fue la que solicitó la revocación del beneficio. Durante la audiencia que se llevó a cabo alrededor de las 11:30 a.m., el fiscal aclaró que no se negoció con Carvallo ningún acuerdo que contemplara previamente el reemplazo de la pena. En cambio, la defensa, encabezada por la abogada Ivone Peña, argumentó que su clienta sí cumplía con los requisitos para optar al trabajo comunitario, y que ella había regresado al país pa- ‘La Parce’ tendrá que cumplir condena; tribunal le revoca trabajo comunitario JUSTICIA ra formalizar el acuerdo correspondiente. Carvallo Hidalgo, de nacionalidad colombiana, había sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen la semana pasada tras ser requerida por la fiscalía especializada por su supuesta participación en una red de lavado de dinero que involucraba unos 7.1 millones de dólares. En la operación se decomisaron propiedades de alto valor, incluyendo apartamentos en distintos edificios de la Ciudad de Panamá, residencias de lujo, una casa de playa en Chame, una mansión en Costa del Este, además de efectivo. Con esta resolución, el Tribunal de Apelaciones reafirma el criterio de que los delitos graves como el lavado de dinero no deben ser usados para otorgar beneficios procesales que mermen la justicia, y deja sin efecto el trabajo comunitario propuesto originalmente. La CTDA es presidida por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin. Archivo Universidades particulares alertan retrasos en aprobación de carreras Aleida Samaniego C. [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Las demoras prolongadas en la aprobación de programas y la falta de respuestas oportunas de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico generan incertidumbre en el sector superior e impactan la competitividad educativa nacional. La gestión de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) de la Universidad de Panamá (UP) se encuentra en el centro de cuestionamientos. El catedrático y asesor presidencial Miguel Antonio Bernal solicitó al contralor Anel Flores una auditoría exhaustiva a los fondos administrados por esta entidad, debido a las demoras y prácticas que afectan el sistema educativo del país. La solicitud surge en medio de crecientes preocupaciones sobre las demoras injustificadas en la tramitación de solicitudes para la aprobación de nuevas carreras y la actualización de planes de estudio en las universidades privadas, lo que está afectando directamente el desarrollo académico y la competitividad de Panamá. La CTDA es responsable de fiscalizar, aprobar y revisar los programas académicos y planes de estudio de las universidades privadas del país, ya que la UP ejerce la facultad constitucional de supervisar las instituciones de educación superior privadas que operan en el país, con el objetivo de garantizar tanto la calidad y pertinencia de la enseñanza superior como el reconocimiento de los títulos y grados otorgados. Según la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), la CTDA no ha cumplido con el plazo legal de 30 días para responder a las universidades, mientras cobra un 50% de la tarifa de tramitación por adelantado. Para Bernal, estas irregularidades requieren una investigación exhaustiva, que debería involucrar no solo a la Contraloría, sino también al Ministerio de Educación (Meduca) y, en su caso, al Ministerio Público. El catedrático señaló que la CTDA, presidida por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin, está limitando “con premeditación” las acreditaciones de nuevas carreras, lo que afecta gravemente el desarrollo académico del país. Por su parte, el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, elevó un llamado de atención al presidente de la República, José Raúl Mulino, señalando que el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 52 de 2015 y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado un retraso en la aprobación de programas académicos de entre 1 y 3 años. Este estancamiento no solo genera incertidumbre en el sector educativo, sino que pone a Panamá en una posición de desventaja en comparación con otros países de América Latina. A pesar de las críticas, la CTDA parece haber detenido indefinidamente los procesos de evaluación bajo el argumento de la falta de recursos o expertos, algo que, según Nieto, no justifica los prolongados retrasos que limitan la expansión educativa del país. En este contexto, la auditoría propuesta por Bernal se presenta como una medida urgente para esclarecer la gestión de la CTDA y garantizar la transparencia en los fondos que maneja. Las universidades privadas de Panamá han manifestado su preocupación por la incertidumbre que genera este panorama, el cual frena su capacidad de ofrecer nuevas carreras y mejorar su oferta académica, afectando directamente a miles de estudiantes. Mientras Bernal solicita una auditoría a la CTDA de la UP, el Ministerio de Educación (Meduca) está considerando separar e investigar a la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). Esta decisión podría representar un paso adicional en la búsqueda de soluciones para las deficiencias detectadas en la gestión de las instituciones encargadas de la evaluación y acreditación universitaria. La situación plantea un desafío para las autoridades educativas, quienes deberán tomar decisiones clave para asegurar que el sistema universitario del país siga siendo competitivo y de calidad, sin caer en las prácticas de dilación que hoy están siendo cuestionadas. Eduardo Rodríguez, fiscal de delincuencia organizada. EFE La rana en la olla de la justicia Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] En Panamá la selectividad de la justicia se ha vuelto tan frecuente que ya casi pasa desapercibida. Lo que antes indignaba hoy se asume como parte de la rutina, como la fábula de la rana en la olla: el agua se calienta poco a poco y, sin darse cuenta, el animal se queda quieto hasta que es demasiado tarde. El arzobispo José Domingo Ulloa lo resumió con contundencia: “Para la justicia hay panameños de primera y de segunda: unos llevan ocho años de cárcel por robar una iguana y otros están libres tras tomar millones del erario”. Monseñor se refería a cómo la desigualdad socioeconómica termina convirtiéndose en desigualdad ante la ley. En el sentir popular, la justicia alcanza solo al “hijo de la cocinera”. Pero hay otra disparidad igualmente corrosiva: la selectividad política. No es casual que se acumulen absoluciones, rebajas de penas y procesos congelados para los cercanos al Ejecutivo. Es como si algunos funcionarios del Órgano Judicial hubieran tomado nota del discurso inaugural de Mulino sobre “abrir los candados” de la justicia. La duda es si tienen todas las llaves, o solo las que le convienen al presidente. Esta semana se desplomaron dos procesos judiciales emblemáticos beneficiando a allegados al mandatario. En el caso diablos rojos se absolvió a 185 imputados, entre ellos Jorge “Ricky” Fábrega y Ventura Vega, asesores de Mulino y enlaces con la Asamblea y este último también Secretario General de la Contraloría. Se cerró el caso de la Ciudad Deportiva de David, por peculado en Pandeportes durante el gobierno de Martinelli. Noticias que pasaron casi inadvertidas, como si favorecer a los cercanos al poder fuese un desenlace esperado. Hay otros ejemplos: Valentín Martínez, hermano del canciller, fue absuelto en el caso New Business. Los exministros Pepe Suárez y Frank De Lima siguen libres pese a condenas en dos instancias; la esposa de De Lima trabaja hoy en la Presidencia. Y en la lista de beneficiados por rebajas de penas destacan exfuncionarios del gobierno 2009-2014 y hasta subalternos de Mulino cuando era ministro de Seguridad: Alberto Maggiori, Patria Portugal y los policías condenados por el asesinato de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. El caso más burdo no necesita recordarse porque se exhibe solo: Ricardo Martinelli evadiendo su condena por lavado de activos en Colombia gracias a un salvoconducto expedido por la Cancillería. Es en este contexto que Mulino nombró a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema: Gisela Agurto y Carlos Villalobos, sin atender recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia. La ratificación dependerá de la Comisión de Credenciales, presidida por su aliada Dana Castañeda, gracias al matraqueo del recién absuelto “Ricky” Fábrega. Todo esto mientras la Corte atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad tras el escándalo de las jubilaciones especiales. La maquinaria de la justicia selectiva está más aceitada que nunca: se multiplican las llaves que abren la puerta a la impunidad, ya sea por dinero o cercanía política. Y mientras esas llaves sigan en las mismas manos, la justicia en Panamá no será un pilar de la democracia, sino una colección de privilegios. Como la rana que no reacciona hasta que hierve el agua, nos estamos resignando a una justicia que beneficia descaradamente al poder. Y cuando despertemos, si es que lo hacemos, puede ser demasiado tarde.
7A La Prensa Panamá, viernes 12 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. dad de ingresos para la comuna colonense, estas actividades han quedado blindadas frente a los tributos locales. El resultado es un municipio que, por ley, debería beneficiarse de la riqueza generada en su propio territorio, pero que permanece incapacitado para percibir recursos que le permitan atender las necesidades básicas de la población: infraestructura, servicios públicos, programas sociales y recuperación de espacios comunitarios. El panorama se agrava con la postura de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La entidad, que goza de autonomía constitucional y cuyo aporte al Estado panameño es incuestionable, ha comenzado a incluir en sus licitaciones una exigencia preocupante: que las empresas contratistas también sean exoneradas de permisos de construcción municipales. En otras palabras, no solo las operaciones propias del Canal quedan fuera del alcance tributario del municipio, sino que además se pretende que terceros privados que ejecuten proyectos en la zona canalera también estén liberados de cualquier obligación local. Este precedente amenaza con convertirse en una condena aún más severa para Colón. Al no poder cobrar ni siquiera por los permisos de construcción, el municipio se Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Del ambiente y nuestros dilemas Desarrollo Cada cierto tiempo, fulgura nuevamente el debate entre conservación y desarrollo. Esto es positivo, porque resulta necesario atender a las formas de relacionamiento con nuestro entorno natural para avanzar hacia la sustentabilidad del desarrollo humano. Sin embargo, el debate termina girando sobre sí mismo cuando confundimos el desarrollo con el crecimiento económico sostenido. En realidad, la confusión nace de la apropiación, por parte de la economía, de un término proveniente de la biología. Allí, el desarrollo designa el proceso de formación, maduración y muerte de un organismo, desde una especie hasta un ecosistema o un sistema ambiental. Acá, designa una modalidad de interacción de la especie humana con la biosfera, forjada a partir del siglo XVI, que se da por natural para legitimarla, cuando en realidad es histórica y, por tanto, perecedera. Lo que en verdad se debate aquí son las consecuencias que resultan de que —como dijera José Martí hacia 1880— , “la intervención humana en la naturaleza acelera, cambia o detiene la obra de ésta”, y que “toda la historia es solamente la narración del trabajo de ajuste, y los combates, entre la naturaleza extrahumana y la naturaleza humana”. En esa perspectiva, podemos afirmar que el desarrollo que conocemos trabaja contra la naturaleza, no con ella, y ha tenido y tiene consecuencias que conspiran contra la sustentabilidad de nuestro propio desarrollo. Los problemas ambientales de nuestro tiempo demandan ir a la raíz de nuestras relaciones con el entorno natural. Mientras esas relaciones estén al servicio de la acumulación infinita de ganancias, lo estará también la organización de los procesos de trabajo mediante los cuales interactuamos con la naturaleza. Ha llegado el momento de comprender que, si deseamos un ambiente distinto, tendremos que construir sociedades radicalmente diferentes. Y esa diferencia surgirá del tránsito del trabajo contra la naturaleza al trabajo con ella, dentro de una estrategia de decrecimiento programado para prevenir, al mismo tiempo, la inequidad en nuestro propio desarrollo y en nuestras relaciones con los sistemas ambientales que sostienen todas las formas de vida en la Tierra. En torno a este dilema fundamental se definen hoy todas las corrientes del ambientalismo contemporáneo. ‘Cría cuervos y te sacarán los ojos’ Violencia política el 21 de enero de 2025, para indultar y liberar a centenares de los asaltantes declarados culpables por aquel cruento hecho del 6 de enero de 2021, que resultó de todo ese proceso de negar resultados, señalar delitos electorales inexistentes y animar airadamente a sus seguidores a ir al Capitolio para tomar de rehenes a políticos, incluso al vicepresidente Mike Pence, en caso de certificar los resultados electorales que confirmaran el triunfo electoral del candidato demócrata Joe Biden? Es sorprendente la rigidez facial de Trump para sortear su responsabilidad en el vendaval anunciado de una posible guerra civil en los Estados Unidos. Guerra surtida, entre otros actos, por las situaciones callejeras de violencia sin límites contra los inmigrantes -ilegales o legales- que las cámaras de televisión nos han permitido atestiguar rabiosos e impotentes. Hoy, las calles de múltiples ciudades de ese país son escenario de cobardes ataques corporales, puñetazos y patadas, torceduras de brazos, encadenamientos de manos y piernas, respuestas vulgares o silencios burlescos a la pregunta de “¿por qué se me arresta?”, de batallones de cobardes con sus rostros cubiertos, sus pechos protegidos contra sus propias municiones, sus armas al cinto amenazantes, y la seguridad de que jamás serán castigados por tanta barbarie y violencia, que ruboriza a los más salvajes militares y policías de las tiranías de Asia, África y Latinoamérica. Entonces, ¿no es que la violencia engendra violencia? ¿No es que la violencia política tiene su origen en el comportamiento de los políticos? El 28 de octubre de 2022, la casa de Nancy Pelosi en San Francisco, California, expresidente de la Cámara de Representantes, y prominente figura política del Partido Demócrata de Estados Unidos, fue violentada para encontrarla y lastimarla o matarPedro Ernesto Vargas Exoneraciones fiscales: la condena silenciosa del Municipio de Colón Gobierno local El distrito de Colón ha sido escenario de megaproyectos de interés nacional e internacional: el ferrocarril transístmico, los puertos, la Zona Libre de Colón y, más recientemente, la ampliación y gestión del Canal de Panamá. Todos estos proyectos se han presentado como motores de desarrollo, generadores de empleo y oportunidades. Sin embargo, la realidad contrasta con esa narrativa: mientras el país entero se beneficia de los ingresos multimillonarios que producen estos sectores, Colón permanece atrapado en la pobreza estructural, sin capacidad de inversión ni de saldar las deudas heredadas de administraciones anteriores. La raíz de esta contradicción está en la política de exoneraciones fiscales otorgadas a las grandes empresas y consorcios que operan en la provincia. Desde sus inicios, tanto los puertos como el ferrocarril gozan de regímenes especiales que los liberan del pago de impuestos municipales. La Zona Libre de Colón, que concentra el mayor volumen de importaciones y reexportaciones de la región, también ha estado amparada bajo un esquema similar, con el argumento de fomentar la competitividad y atraer inversionistas. En lugar de convertirse en una oportunive despojado de una de sus pocas fuentes seguras de ingresos. Esto impide financiar proyectos urbanos, saldar deudas pasadas y construir un horizonte financiero sostenible. Se perpetúa así un círculo de dependencia y pobreza, donde la riqueza generada en Colón no se refleja en el bienestar de sus habitantes. Y lo más contradictorio es que el propio pliego de cargos de la ACP, en su punto 4.28.2, establece la obligación de los proponentes de incluir en el precio de licitación el costo de todo tributo, impuesto, tasa o cargo, ya sea nacional, estatal o municipal. Más grave aún: esta situación persiste a pesar de la existencia de una ley de compensación fiscal destinada específicamente al Municipio de Colón. Dicha normativa, concebida como un mecanismo de justicia redistributiva, obliga al Estado central a transferir recursos que compensen la falta de recaudación municipal producto de las exoneraciones. Sin embargo, ningún gobierno —de ningún signo político— ha cumplido cabalmente con esa obligación. En la práctica, la ley ha quedado reducida a letra muerta. Colón merece un trato distinto. No se puede seguir condenando a su municipio a la asfixia financiera mientras su territorio sostiene buena parte de la economía nacional. Revertir esta situación no es un favor: es un acto de justicia histórica. La prosperidad del país no puede seguir construyéndose sobre la pobreza permanente de una de sus provincias más estratégicas. Opinión EL AUTOR es humanista e integrante de Ciencia en Panamá. LA AUTORA es abogada. EL AUTOR es médico. Guillermo Castro H. la. En su defecto, los martillazos fueron al cráneo de su esposo, Paul Pelosi, quien estuvo cerca de morir. El acusado, David DePape, defendía al presidente Trump y ponía en duda los resultados de las elecciones de 2022. Para entonces, el presidente Trump se burló de Nancy y de Paul y la acusó de arruinar San Francisco. El 14 de junio de este año, fue asesinada en su casa cerca de la ciudad de Minneapolis, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, muerta junto a su esposo, por Vance Boelter, cristiano evangélico, sin preferencia política pero votante republicano en algún momento y partidario de Trump. Pocas horas antes, el senador estatal demócrata, también de Minnesota, John Hoªman, era tiroteados junto a su esposa. Para entonces, el presidente Trump dijo que no tenía la intención de dar el pésame al gobernador del estado, Tim Waltz. La tragedia nacional no lo conmovió porque la violencia política se le mira para otro lado cuando las diferencias políticas siguen siendo bastión de odio y venganza. Con qué autoridad puede entonces pedir reflexión. Hoy, el asesinado es un joven comentarista conservador, Charlie Kirk, aliado de Trump y para quien el presidente ha declarado duelo nacional y ha recurrido a limpiarse las manos como Pilatos, frente a un hecho de la misma violencia que él ha suscitado, a la misma persecución que él lidera, a los mismos odios viscerales que lo maniatan. Charlie Kirk traía y llevaba a Jesús en sus discursos, y en sus actos, misógino, homófobo, racista y muy peligroso. A él pertenecen: “Nosotros tenemos ya el derecho al cuidado de la salud, se llama ser propietario de un arma”, y “Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo completamente alternativo”. Quien cría cuervos perderá los ojos. Esta noche del 10 de septiembre, la rasgadura de vestiduras de algunos políticos estadounidenses, protagonistas de primer orden y en primera fila, de la violencia moral, verbal y física, alcanza las playas del cinismo, a raíz del asesinato de un ceñido seguidor de Donald Trump. ¿O es acaso que la arenga para tomarse el Capitolio el 6 de enero de 2021, la destrucción de sus propiedades, que le siguió, los heridos y los muertos que produjo, no los engendró una campaña política conservadora vociferante, feroz y amenazadora que, previendo su derrota, anunció fraude desde mucho antes de depositarse los votos, se trató de no contarlos y hasta desde la majestad del cargo, mediante una llamada telefónica de una hora de duración, el 2 de enero de 2021, presionar al secretario de Estado de Georgia, Brad Raªensperger, para “encontrar 11,780 votos a su favor entre las urnas, que aún hoy mantienen -sin vergüenza ni porte de dignidad- sus secretarios, partidarios y seguidores, para aceptar su derrota? ¿Acaso no es violencia de parte de Donald Trump mostrar ningún cansancio, desde el ejercicio de su presidencia entonces, para una y otra vez, repetidamente, presentar numerosas impugnaciones legales contra los resultados electorales del 3 de noviembre de 2020 y, a pesar de que una y otra vez, sus intentos fracasaban a la luz de las investigaciones, que no revelaron ninguna evidencia de tales acusaciones de fraude e irregularidades, particularmente en tres estados: Michigan, Pensilvania y Georgia, y a pesar de sus altisonantes amenazas de represalias políticas? ¿O acaso no es violencia el contubernio con aquellos delitos y asalto de 2021, rubricar con orgullo, altanería y prepotencia, una orden ejecutiva, 4 años más tarde, Desde sus inicios, tanto los puertos como el ferrocarril gozan de regímenes especiales que los liberan del pago de impuestos municipales. Rosela Nasta Entonces, ¿no es que la violencia engendra violencia? ¿No es que la violencia política tiene su origen en el comportamiento de los políticos? Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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