8A La Prensa Panamá, miércoles 10 de septiembre de 2025 Panorama La metodología para analizar los 16 proyectos de ley que buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional fue aprobada a la puesta de sol del lunes 9 de septiembre. Ganó por mayoría de votos una propuesta de metodología presentada por el diputado Benicio Robinson Jr., del Partido Revolucionario Democrático (PRD), apoyada por la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM); Linda Pérez, suplente de José Luis ‘Popi’ Varela, del Partido Panameñista; Ariel Vallarino, de RM; Arquesio Arias, del PRD y Jona Guevara, del Partido Alianza. La metodología incluye un periodo de hasta ‘tres semanas hábiles’ —según leyó el diputado Arias en la Comisión—, para analizar, los días lunes y los miércoles a la 1:00 p.m., los 16 proyectos con propuestas de modificación al RORI en conjunto con una mesa técnica de asesores legislativos. En contraposición, los diputados de la coalición Vamos, Augusto Tuto Palacios, Yamireliz Chong, y el diputado de ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, pedían que se pasara directamente al primer debate del proyecto sin pasar por una mesa técnica, pero estableciendo una subcomisión de diputados, como la que preparó un informe de hasta 11 proyectos analizados en el anterior periodo legislativo (enero-abril de 2025). La disyuntiva provocó intercambios entre diputados. El diputado Robinson Jr., quien también fue miembro de Credenciales en la primera mitad del año, señaló que “no recibió el informe” con el análisis realizado por la subcomisión en el periodo enero-abril. Sin embargo, el diputado Palacios rápidamente le reAsamblea hará reformas al reglamento con aportes de RM, PRD y Panameñista LEGISLATIVO cordó a Robinson Jr. un acta en la que aparecía el acusado de entrega del informe a todos los miembros de la entonces comisión presidida por la diputada Shirley Castañeda. El acta luego fue difundida en redes sociales por la diputada de Vamos, A pesar de los avances logrados por la anterior subcomisión, que encabezó el diputado Luis Duke, de Vamos, con el análisis de 11 proyectos de ley, estos tendrían que pasar otra vez por revisión en la Comisión de Credenciales. Por otro lado, el diputado Cedeño criticó en la Comisión de Credenciales la aprobación de la metodología impulsada por Robinson y los otros diputados, señalando que “es violatoria del propio RORI al limitar el tiempo de intervención de diputados a 5 minutos”. Chong, por su parte, argumentó que “llevar el análisis a una mesa técnica, que no está en el RORI, no es lo mas conveniente para avanzar discusión”, y defendió la instalación de una nueva subcomisión para que se encargue de revisar el informe ya hecho de 11 proyectos, y avanzar con los cinco nuevos presentados este periodo (julio-octubre). La diputada Castañeda defendió la metodología que apoyaron la mayoría de diputados y argumentó que se tomará como base el informe de la subcomisión del periodo enero-abril. Los diputados Luis Eduardo Camacho y José Pérez Barboni, ambos de la Comisión de Gobierno. Isaac Ortega ¿Gol en la Asamblea? Impulsan reforma que beneficiaría a Martinelli Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Mario De Gracia [email protected] COMISIÓN DE GOBIERNO La Comisión de Gobierno analiza una reforma que permitiría a condenados del sistema inquisitivo recurrir en casación por violaciones de derechos, abriendo una vía procesal que podría favorecer a Ricardo Martinelli. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de Realizando Metas (RM) Luis Eduardo Camacho, tiene en sus manos un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña y, de paso, abrir nuevas posibilidades procesales al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales. Se trata de la iniciativa presentada por el diputado de RM Jamis Acosta Guerra, que busca modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal para equiparar las vías de impugnación entre el antiguo sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio. El corazón de la propuesta radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo puedan alegar violaciones a derechos fundamentales, a la Constitución y a tratados internacionales mediante el recurso de casación. Además, se plantea que las sentencias firmes también puedan revisarse bajo esa misma causal, lo que ampliaría los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales. El beneficiado Para los expertos en la práctica, este cambio abriría una puerta para Martinelli, cuyos procesos fueron tramitados bajo el sistema inquisitivo. Hasta ahora, los condenados bajo ese modelo no podían invocar la revisión por violación de derechos humanos, mientras que quienes enfrentan juicios bajo el sistema acusatorio sí contaban con esa herramienta. La reforma, de aprobarse, nivelaría el terreno y le daría al exmandatario una nueva vía de impugnación. Los críticos de la propuesta sostienen que, aunque se presenta como una medida de “igualdad ante la ley”, en realidad podría convertirse en un salvavidas judicial para figuras de alto perfil. No solo Martinelli, sino también otros exfuncionarios y políticos con sentencias firmes podrían recurrir a este mecanismo para intentar revertir condenas, lo que desataría un aluvión de solicitudes de revisión en los tribunales. Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, la propuesta de ley, en principio, luce positiva, pero advirtió que el riesgo surge cuando las reformas son impulsadas por personas sin formación en derecho internacional ni conocimiento del sistema interamericano. “Se corre el peligro de legislar para casos particulares, y así no se legisla”, afirmó, al recomendar que el texto sea revisado por expertos que determinen si realmente existe el vacío legal que se pretende subsanar. Caso Martinelli Al ser consultada sobre el trasfondo político del proyecto, presentado por el diputado de Realizando Metas y acogido por la Comisión de Gobierno, no dudó en vincularlo con el expresidente Ricardo Martinelli. Recordó que una propuesta similar de Camacho contemplaba como causal de revisión las decisiones internacionales sobre violaciones al debido proceso. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, señaló, aludiendo a la cercanía de ambos diputados con el exmandatario condenado por corrupción. La propuesta a la que hacía referencia Gómez es aquella que proponía amnistía a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Partido Panameñista. Ese proyecto, impulsado en el pasado periodo por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue rechazado por la Comisión de Gobierno en abril pasado, con cinco votos en contra. No obstante, Camacho intentó darle oxígeno a la propuesta mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, el tema no fue debatido. De hecho, la exprocuradora también lamentó la forma en que la Comisión de Gobierno prioriza sus debates legislativos. Según dijo, existen proyectos técnicamente sustentados, como los presentados por el procurador Luis Carlos Gómez, que ameritan discusión profunda, pero quedan relegados. “Por el capricho del presidente de la comisión no se debaten los temas de fondo, pero estos sí encuentran espacio inmediato”, cuestionó. Se trata de los proyectos de ley 291 y 292. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Ambos fueron presentados por el procurador, quien señaló que buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Otras opiniones Sobre este tema, el analista y abogado Rodrigo Noriega indicó que esta iniciativa de ley tiene nombre y apellido, ya que amplía el término del recurso de revisión y puede dar la oportunidad de invocar el recurso de especialidad. Recordó que existe un principio de constitucionalidad: la ley más favorable al reo es la que se aplica, con lo cual no es necesario garantizar que esta normativa tenga efecto retroactivo. Los cuatro diputados de Vamos y Moca —Janine Prado, Roberto Zúñiga, Luis Duke y José Pérez Barboni— se pronunciaron a favor del prohijamiento, al igual que los representantes de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas. También respaldaron la iniciativa Raphael Buchanan y Sara Magallón, esta última en reemplazo de Jairo Salazar, ambos del PRD, así como Ana María Poveda, quien ocupó la curul de Didiano Pinilla en Cambio Democrático. Llama la atención que los diputados de Vamos y Moca hayan decidido respaldar la iniciativa, pese a que en otras ocasiones han cuestionado con dureza a Martinelli. Roberto Zúñiga, presidente de la bancada de Vamos, señaló que la iniciativa se ha prohijado para debatirla y escuchar distintas posiciones, con un enfoque de interés general y no en casos puntuales. Advirtió que modificar el Libro III, que fue derogado, no es procedente y requeriría adicionar nuevos artículos. Aseguró que, hasta ahora, no hay alertas que impidan avanzar, pero su bancada se opondrá si perciben que la medida beneficia al expresidente Ricardo Martinelli. También solicitaron un concepto de la Procuraduría de la Administración para el primer debate. La metodología limita la participación a cinco minutos por diputado en la comisión. Cortesía Camacho ataca a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional tuvo ayer una jornada marcada por tensiones. Su presidente,LuisEduardoCamacho,cuestionóalapresidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por no emitir opiniones jurídicas sobre proyectos de ley, señalando un supuesto cambio de postura respecto a prácticas anteriores. La comisión también rechazó prohijar el anteproyecto del diputado Neftalí Zamora que proponía un plebiscito para decidir la permanencia de Panamá en el Parlacen, con una votación dividida entre oficialismo y oposición. Además, han quedado quedaron relegados los proyectos anticorrupción impulsados por el procurador Luis Carlos Gómez.
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