2A La Prensa Panamá, miércoles 10 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Juez absuelve a 185 imputados en caso de ‘diablos rojos’, incluido asesor presidencial JUSTICIA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales absolvió a los 185 imputados en el proceso conocido como el caso de los “diablos rojos”, relacionado con el programa de compensación de buses implementado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). El fallo favoreció a exdirectores de la institución, entre ellos Jorge Ricardo “Ricky” Fábrega, actual asesor del presidente José Raúl Mulino; Ventura Vega, secretario general de la Contraloría; así como Roberto Moreno Olivares y Juan Pablo Mora. Todos ocuparon cargos directivos en la ATTT entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la absolución de los exdirectores al no encontrar pruebas que sustentaran su vinculación con una estructura criminal orientada a defraudar al Estado. Basándose en esa solicitud, la jueza Águeda Rentería concluyó que si no se pudo demostrar responsabilidad en los principales responsables, tampoco era posible atribuir culpa a subalternos, transportistas o particulares. Destacó que no hubo pruebas de dolo y que las irregularidades detectadas respondían más a deficiencias administrativas y fallas en la supervisión que a un plan deliberado de fraude. La sentencia subrayó que los jueces no pueden suplir la inacción del Ministerio Público ni construir acusaciones donde no existen, pues ello atentaría contra los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso. Enfatizó que la extensión de responsabilidades sin pruebas vulneraría la imparcialidad judicial y convertiría las sospechas en condenas, lo cual no es aceptable en un Estado de derecho. El juicio se prolongó por unos tres meses y generó un voluminoso expediente compuesto por 717 tomos. En él participaron dos abogados querellantes, 88 defensores particulares, seis defensores públicos y el equipo del Ministerio Público. El fallo también reflejó que las compensaciones de los “diablos rojos” fueron un proceso administrativo complejo, con debilidades de control interno, pero sin evidencia suficiente para configurar un delito de peculado. Cabe recordar que previamente, el Tribunal de Cuentas había archivado un proceso administrativo sobre estas mismas compensaciones, al concluir que no existía prueba de lesión patrimonial al Estado. En conjunto, ambas decisiones judiciales cierran un capítulo que durante años estuvo bajo la lupa de la opinión pública y de los órganos de control. A Budy Attie se le condujo a una audiencia de imputación de cargos, el 28 de agosto de 2025. Archivo Budy Attie y su red empresarial: préstamos con la CA, licitaciones y polémicas Rolando Rodríguez B. [email protected] El empreario con trayectoria política enfrenta cuestionamientos por contratos millonarios y préstamos otorgados por la Caja de Ahorros a sociedades vinculadas a su grupo familiar. El empresario Budy Attie ha estado en el ojo público desde hace años. Tuvo incursiones en la política cuando formó parte del equipo de finanzas de la candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, en la contienda electoral de mayo de 2009. Ese año, su nombre también adquirió notoriedad cuando admitió haberse reunido con el comerciante colombiano David Murcia Guzmán —en octubre de 2008, cuando era buscado por captación ilegal de fondos— para escuchar una oferta para donar $6 millones a la campaña de Herrera, la cual rechazó. Si bien Murcia Guzmán fue condenado a 9 años de prisión en Estados Unidos, 30 años en Colombia y otros 10 en Panamá, Attie tuvo una suerte distinta: prosperó como empresario tanto en el sector público como en el privado, con emprendimientos inmobiliarios e incluso digitales, como se ha conocido recientemente tras desatarse el escándalo judicial en el que él y su hermano se han visto involucrados. En los últimos 10 años — aunque especialmente durante el gobierno de Laurentino Cortizo (PRD)—, Attie parece haber expandido dramáticamente sus negocios. Incluso ha logrado obtener financiamiento para sus empresas privadas con fondos provenientes de la estatal Caja de Ahorros (CA), sin contar las ventas realizadas al Ministerio de Educación (Meduca) ni los negocios con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG). Uno de los ejemplos más controvertidos fue una adjudicación directa del Meduca, a finales de 2019, que posteriormente fue anulada tras hacerse público que no hubo convocatoria a acto público. Poco después, a inicios de 2020, se llamó a una licitación para la compra de útiles escolares y fueron favorecidas empresas del grupo Attie. Por ejemplo, a la empresa Tejidos y Confecciones, S.A., el Meduca le adjudicó tres contratos: dos para el suministro de zapatos escolares, que sumaron $2.2 millones, y un tercero para uniformes escolares por $7.1 millones, lo que totalizó $9.3 millones. El secretario de esta empresa era —y continúa siendo— Budy Attie. Otra empresa beneficiada fueMultimodaImport,Inc., que obtuvo dos contratos para la venta de zapatillas por poco más de $2 millones. En ese entonces, la empresa no tenía entre sus dignatarios a ningún miembro de apellido Attie, pero esto cambió entre 2022 y 2024, cuando ingresaron a su junta directiva Emmanuel Attie y Jonathan Attie como secretario y presidente, respectivamente. Además, esta última empresa tuvo entre sus dignatarios a abogadas vinculadas al grupo empresarial de los Attie, como Paola Vanessa Quijano, quien fue su presidenta en 2016, y Jessica De León, quien fungió como secretaria en 2019. Quijano también está relacionada con la empresa Tejidos y Confecciones, S.A., y participó en un acto de fusión de sociedades en las que figuraba Budy Attie. Préstamos de ‘Zambo’ Como se mencionó, la familia Attie ha obtenido financiamiento de la estatal Caja de Ahorros para sus negocios privados. Según el abogado de Budy Attie, buscaron financiamiento en un banco estatal porque “hemos trabajado anteriormente con bancos estatales y también privados”. Por ejemplo, a principios de 2023 —bajo la gerencia de Juan Melillo— se suscribió un préstamo comercial entre la llamada “Caja de la familia panameña” y la sociedad Santa María Premium Residences, S.A., según consta en un contrato digitalizado en el Registro Público. Esta sociedad es propietaria de uno de los edificios residenciales más lujosos en el área más exclusiva de la capital: PH La Maison by Fendi Casa, en Santa María, cuyos apartamentos se venden —según su página web— desde $1.5 millones en adelante. La CA, junto con Banistmo, financia esta torre de 61 pisos, que cuenta con 97 apartamentos y ocho niveles de estacionamientos y amenidades. El contrato de préstamo está firmado por Budy Attie en representación de Santa María Premium Residences, S.A., sociedad que preside. Como secretaria figura Paola Quijano —abogada del grupo Attie y su agente residente— y como tesorera, la también abogada del grupo, Yatzury Vergara. El préstamo asciende a $6 millones, con una tasa del 6.5% anual, y está garantizado por una finca propiedad de la sociedad Sea Cliff New Home, S.A., así como por Ralph, Jonathan y Budy Attie, además de los ciudadanos canadienses Daniel y Oxana Altshoul, residentes en Panamá, quienes figuran como “fiadores mancomunados”. El dinero sería utilizado para “otros propósitos acordes al giro del negocio e inversión en proyectos”. De acuerdo con el abogado de Attie, la razón por la que no acudieron al banco con el que tenían el préstamo principal para la construcción del edificio fue porque “hacía falta más dinero para acabar [la] obra, ya que pasó por pandemia y hubo costos adicionales enormes y buscó otro banco y dio garantías adicionales”. González añadió que el crédito “se encuentra al día en sus pagos de capital e intereses”. El préstamo con la Caja de Ahorros fue pactado a cinco años, con un cómodo período de gracia de 12 meses durante el cual solo se pagarían intereses y el 1% destinado al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). El contrato contempla la posibilidad de refinanciamiento por otros Las deudas de Pagoz, Corp. La sociedad Pagoz, Corp., mencionada en el caso revelado recientemente por el Ministerio Público —en el que se investiga a los hermanos Ralph y Budy Attie, en relación con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG)—, también obtuvo créditos de la CA para sus negocios digitales. Aunque en Pagoz, Corp. —creada en mayo de 2021— no figura nadie con el apellido Attie, Ralph actuó en representación de la sociedad para solicitar un préstamo, mientras que sus hermanos Budy y Jonathan Attie, junto con él mismo, se convirtieron en fiadores del crédito. En octubre de 2021, pocos meses después de la creación de la sociedad, David Alberto Davarro fue nombrado secretario de Pagoz, Corp., y su firma, D&K Legal, quedó como agente residente. Sin embargo, renunció al mes siguiente tras ser designado miembro de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos por un período de ocho años. Fue reemplazado por la abogada Paola Quijano, del grupo Attie. La CA concedió a Pagoz, Corp. una línea de crédito rotativa, con vigencia de un año renovable y un tope de $5 millones. El dinero se destinaría como capital de trabajo para cubrir activos de varios programas gubernamentales, como el vale digital y la beca digital. La tasa de interés pactada fue del 5.75% anual. González no respondió las preguntas de La Prensa dirigidas a Budy Attie sobre este préstamo. Las preguntas eran las siguientes: ¿Tiene Ud. alguna participación accionaria en la empresa Pagoz, Corp.?; ¿Esta empresa –Pagoz, Corp.– ha solicitado dinero prestado a alguna entidad bancaria del Estado? Si es así, ¿cuánto ha solicitado en y cuántas veces y de dónde prevenía o proviene el dinero para pagar esos créditos, si es que recibió algún empréstito de la banca estatal? Las tres preguntas fueron respondidas de la misma forma: “Como hay investigación en curso, no podemos hablar de este tema”. cinco años, “bajo la misma letra mensual”. La finca que garantiza el préstamo de $6 millones con la Caja de Ahorros está, como se mencionó, a nombre de Sea Cliff New Home, S.A., cuyos directivos son Paola Quijano (presidenta), Jessica De León (secretaria) y Yatzury Vergara (tesorera). Se trata de una propiedad de 1.5 hectáreas en Río Hato, distrito de Antón. Según la escritura de compraventa, esta sociedad pagó $850 mil por el terreno en agosto de 2012. La anterior propietaria lo había adquirido en 2007 por $775 mil, obteniendo así una ganancia de $75 mil en cinco años con la venta a Sea Cliff New Home, S.A. Respondiendo a la pregunta de La Prensa, ¿qué garantías otorgó a la Caja de Ahorros para garantizar el pago del préstamo y en cuánto están valoradas?, González respondió que la garantía –es decir, la finca a nombre de Sea Cliff New Home, S.A–, es “un terreno por mayor valor”. Sea Cliff New Home, S.A. autorizó a Budy Attie para suscribir el préstamo en representación de la sociedad como garante hipotecario a favor de la Caja de Ahorros. Pero este préstamo con la CA no es el único vinculado a la familia Attie. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==