7A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Panorama Así era Listo Wallet, el app utilizada para que los comercios afiliados redimieran los vales digitales del plan Panamá Solidario. Foto tomada de @aigesinnovacion Pagoz Corp.: la pieza clave en el negocio oculto detrás del vale digital Mónica Palm [email protected] Pagoz apareció para ofrecer una solución rápida, desembolsando por adelantado los fondos adeudados por el Gobierno. En otras palabras, compraba la cuenta por cobrar. Aunque la atención se ha centrado en Fintek, S.A. y su “acuerdo” con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), un actor menos visible —pero fundamental en la operación financiera del vale digital— es Pagoz Corp., sociedad que ofrecía servicios de factoring a los comercios afiliados al programa, cobrando comisiones del 4.95% por adelantar los pagos que el Estado no reembolsaba a tiempo. ¿De dónde salió Pagoz? ¿Cómo quedó ligada al vale digital? ¿Qué beneficios obtuvo y por qué? Para entender su rol en esta trama, primero hay que recordar el de Fintek. Como ya se sabe, la AIG le delegó a Fintek la ejecución técnica del vale digital —diseñado en marzo de 2020 como una ayuda económica durante la pandemia respiratoria— a partir de diciembre de 2022. Sin avisar a nadie, sin acto público y sin contrato formal. Lo que existía era un “acuerdo” entre las partes, firmado el 2 de diciembre de 2022 (que la Contraloría tardó casi 15 meses en refrendar), en el que la AIG “certificó” que Fintek era el “gestor” de los programas y autorizó el uso de la marca “Listo”. Fintek no cobraría un real a la AIG (como sí ocurría con el proveedor anterior, la empresa Cable & Wireless). El pago lo harían directamente los comercios que redimieran los vales. Por esa razón, Fintek empezó a hacer un cargo del 0.5% por transacción, aunque en el acuerdo con la AIG no hay una sola mención a la existencia de esa comisión. Se empezó a cobrar y ya está. Pero, además de asumir el costo por el uso de la plataforma de pago, los comercios afiliados tenían que financiar los vales redimidos. Y como el Gobierno nunca se ha caracterizado por su puntualidad al pagar, pronto se vieron agobiados por esa morosidad. Ahí surgió Pagoz: apareció para ofrecer una solución rápida, desembolsando por adelantado los fondos adeudados por el Gobierno. En otras palabras, compraba la cuenta por cobrar. A cambio, cuando el Estado finalmente pagaba, se quedaba con el 4.95%. Lo que inicialmente parecía un servicio más se fue revelando como parte de un sistema articulado, a la sombra de la anterior administración de la AIG. El vínculo con los Attie Pagoz Corp. fue inscrita en el Registro Público el 18 de mayo de 2021. Su agente residente es D&K Legal, el mismo de Fintek. Sus directivos y dignatarios eran Luis Alberto Vélez (presidente y secretario), Alberto Muño Misselis (tesorero) y Paola Vanessa Quijano García (directora). Posteriormente, el 31 de julio pasado, se firmó ante notario el acta “extraordinaria” de una junta de accionistas en la que se decidió la conformación de una nueva junta directiva, esta vez presidida por Yamileth Castro Pimentel (quien también asumió como secretaria). Luis Alberto Veliz quedó como tesorero. Quijano es una abogada cercana a los hermanos Attie D’Jamous. Aparece como tesorera de Durex Property Group, S.A., empresa que preside Budy Attie. Como secretario de esa sociedad figuró Ralph Attie hasta su renuncia, el 16 de noviembre de 2023. La Prensa llamó a las oficinas de Durex para contactar a Quijano y conocer su versión. También se le envió un correo electrónico. En ambas ocasiones no hubo respuesta. Aunque la renuncia de Quijano a Pagoz fue notariada a finales de julio, finalmente se inscribió en el Registro Público el 21 de agosto pasado. Seis días después, agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público organizaron un operativo para aprehender a los hermanos Attie; al exdirector de la AIG, Luis Oliva, y a la abogada Janice Becerra de Reynardus, una antigua asesora de Oliva, por irregularidades en el manejo de la plataforma Listo. Oliva y los Attie están ahora imputados por la presunta comisión de tres delitos: corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir. A Becerra se le imputaron los dos últimos cargos. Esta investigación surgió a partir de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2023 por el entonces subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute. Stoute, además de advertir sobre el acuerdo con Fintek, mencionó a Pagoz, cuya operación había empezado a generar cuestionamientos ante el inusual escenario que se había creado: por un lado, el Gobierno tardaba en pagar a los comercios y, por el otro, la plataforma oficial ofrecía el servicio de factoring. El negocio de Pagoz sería hasta más lucrativo que el de Fintek. Los números En su denuncia, Stoute adjuntó extractos de pagos a proveedores del vale digital correspondientes a los años 2020–2021, en los que figuran desembolsos por más de $8 millones a nombre de Pagoz Corp. La cifra debe ser exponencialmente superior, ya que, aunque inicialmente solo gestionó los pagos del vale, Listo acabó convertido en la “billetera digital” de otros programas sociales, como la Beca Universal o el Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el bono sindical y hasta el subsidio aplicado al combustible. Solo en lo que respecta al vale digital, se registraron compras por $2,081 millones entre el 6 de agosto de 2020 y el 31 de mayo de 2024. La AIG, que había asumido el rol de “certificar” que las transacciones y la información dentro de la plataforma fuesen verídicas, seguras e inalterables, no siguió ejerciendo esa función cuando ocurrió el cambio de gobierno, en julio de 2024. Adolfo Fábrega, el actual director de la AIG, recalcó a La Prensa que no ha encontrado un fundamento legal que indique que la institución tiene la competencia para certificar los saldos adeudados a los proveedores. “No es parte de las responsabilidades de nuestra entidad dar respuesta a los reclamos que se hubieren presentado ni certificar saldos adeudados. Si bien es cierto que las empresas que se han sentido afectadas ante la no cancelación de los canjes realizados en sus comercios han acudido a nuestra entidad, remitiéndonos documentación en la que fundamentan sus reclamos de pagos pendientes”, señaló Fábrega. Agregó que la responsabilidad recae directamente sobre las entidades a las que se les autorizó administrar los distintos beneficios (Mides, Ifarhu, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre) y hacer efectivos los pagos con cargo a sus respectivos presupuestos. Esa misma respuesta recibió Paola Quijano cuando, en nombre de Pagoz Corp., dirigió una nota a Fábrega y a Michael Lindo, director de Transformación Digital de la AIG, en la que solicita “la validación de los comercios registrados en la plataforma Listo, indispensable para proceder con el desembolso de los fondos pendientes”. En aquella nota, fechada el 20 de enero de 2025, Quijano manifestó que requería la “confirmación” para el pago de $3.1 millones, correspondiente a los reembolsos de 71 comercios desde el último trimestre de 2023. Fábrega se negó, alegando falta de control sobre la información generada en la plataforma Listo, ausencia de documentos legales e imposibilidad técnica para validar el reclamo. La base de datos El administrador Fábrega también advirtió que la base de datos donde se registraron, almacenaron y gestionaron las transacciones comerciales del vale digital no estuvo bajo la custodia de la AIG durante la etapa en la que estuvo vigente el acuerdo con Fintek. Este “repositorio de transacciones” contiene información confidencia de los ciudadanos, recalcó Fábrega, situación fue comunicada al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, el 2 de enero de 2025. En el acuerdo entre Fintek y la AIG no se pacto nada en relación a las responsabilidades por el traspaso y cesión de la base de datos. El pasado 5 de febrero, Fintek envió una nota a Fábrega para solicitar una reunión con el equipo de la AIG, con el fin de dar inicio al proceso de migración de la base de datos. Fábrega declinó la solicitud, ya que el Ministerio Público se encuentra investigando el manejo de la plataforma. Sin embargo, en Fintek no acataron su decisión: la empresa envió documentación a la entidad, junto con una “caja sellada” que fue dejada en la recepción, “sin ningún tipo de coordinación formal”. Olmaris Lezcano, secretaria general de la AIG, puso en conocimiento de este incidente a la fiscal Thalia Palacios, el 28 de febrero. Listo ya no opera. Lo mismo parece haber ocurrido con Pagoz: en sus redes sociales (en las que se promovía ampliamente el uso de la plataforma) no divulgan información desde hace más de un año y nadie atiende los números telefónicos que aparecen listados. Además, el dominio pagoz.net ha “expirado” y, por tanto, no se encuentra activo. El número celular para atenciones al público tampoco está operativo. Budy Attie, Luis Oliva y Janice Becerra acudieron a una audiencia ante un juez de garantías el pasado 28 de agosto. Isaac Ortega UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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