1A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 9 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15133 Hoy por hoy La presidencia de la Comisión de Gobierno, en manos del diputado Luis Eduardo Camacho, se ha convertido en un muro de contención frente a las propuestas anticorrupción. El contraste es evidente: mientras la “amnistía exprés” a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela recibió su respaldo mediante un informe de minoría, iniciativas clave —como la ley antibotellas, la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la protección de denunciantes— duermen en los cajones de su comisión. El procurador Luis Carlos Manuel Gómez ha advertido la urgencia de debatir los proyectos 291 y 292, que buscan adecuar el marco penal panameño a estándares internacionales. La respuesta de Camacho fue sarcasmo y una confesión inquietante: “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”. Con sus acciones, el diputado Camacho demuestra que no comparte ni representa los valores democráticos, sino que solo sigue su propia agenda, ajena al interés ciudadano. La lucha contra la corrupción no admite caprichos personales: es un mandato ciudadano y una obligación del Estado. Brillos, encajes y ‘rock’: premios VMAs 5B Ellas.pa Panorama Así quedó la ley de intereses preferenciales aprobada ayer 2A Economía Lo que posteas pesa; lo dicen las empresas 2B ‘Mientras más me ponen presión, más me pongo lento’; el desafío del diputado Camacho La Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, acumula proyectos clave contra la corrupción. En lugar de avanzar, se estancan, alimentando sospechas sobre una agenda política que evita cualquier transformación democrática. VEA 2A De Fintek a Pagoz: los actores del vale digital Mónica Palm [email protected] La gestión del vale digital, creado en 2020 como una respuesta de emergencia durante la pandemia, terminó convertida en una compleja trama de intereses privados. Cómo la AIG delegó sin contrato la plataforma Listo y permitió que, con comisiones y ‘factoring’, empresas privadas convirtieran la ayuda social en negocio. La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) delegó en Fintek, S.A. la operación de la plataforma Listo, sin contrato formal, mediante un “acuerdo” firmado en diciembre de 2022 y refrendado más de un año después. Bajo esa figura, Fintek cobró comisiones de 0.5% por cada transacción, aunque dicho cargo no aparecía en el documento oficial. En medio de la morosidad estatal para reembolsar a los comercios, surgió Pagoz Corp., sociedad que ofrecía servicios de factoring: adelantaba los pagos a los negocios a cambio de quedarse con 4.95% cuando el Estado finalmente honraba las cuentas. Este mecanismo, que al principio parecía una solución, terminó siendo un negocio paralelo y mucho más lucrativo. La pesquisas del Ministerio Público revelan cómo ambas compañías, Fintek y Pagoz, operaron como engranajes de un mismo sistema que trasladó los costos de la ayuda social a los comercios y abrió dudas sobre legalidad y transparencia. VEA 7A Maniobras militares en Puerto Rico El fantasma de Vieques vuelve al Caribe El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visita la Base Aérea Muñiz en Puerto Rico para respaldar a las tropas durante ejercicios militares en la isla. El despliegue incluye cazas F-35 y una unidad anfibia, parte de operaciones antinarcóticos en el Caribe, que generan críticas locales por el recuerdo de Vieques —isla usada durante décadas como campo de tiro por la Marina estadounidense— y tensiones diplomáticas con Venezuela. EFE Elysée Fernández El hospital Nicolás A. Solano, diseñado en 2000 para atender a 306 mil personas, enfrenta hoy la presión de más de 650 mil habitantes en Panamá Oeste. La falta de especialistas, infraestructura insuficiente y urgencias saturadas evidencian una crisis sanitaria que exige soluciones inmediatas y sostenibles para garantizar atención digna a la población creciente. VEA 6A Neutralidad : laslecciones de Suiza y la Cruz Roja Avicultura creció 4.9%; reto: el pollo importado Salud pública desbordada; el caso del Nicolás A. Solano La neutralidad del Canal vuelve al centro del debate: Panamá busca apoyo internacional mientras Washington insiste en presiones que ponen a prueba un principio firmado en 1977. VEA 6A En lo que va de 2025 la avicultura panameña creció 4.9%, pero enfrenta el reto de importaciones de pollo estadounidense a bajo costo que afectan producción y empleo. VEA 1B GEOPOLÍTICA SECTOR AGROPECUARIO UI UNIDAD INVESTIGATIVA ‘Una cosa es que la muerte en México se represente en toda una serie de aspectos y otra es pensar que el mexicano es muy macho y reta a la muerte’ www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Capac advierte que se han perdido 12 mil empleos en el sector. Alexander Arosemena Aprueban en tercer debate ley de intereses preferenciales LEGISLATIVO La Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate las modificaciones a la Ley 468, que estableció un nuevo régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios. Entre las principales modificaciones está la derogación del artículo 12 de la norma, que exigía a los bancos hacer evaluaciones de la capacidad de pago de los deudores antes de que venza la vigencia de los intereses preferenciales en préstamos hipotecarios. Anteriormente, el ahora derogado artículo provocó la paralización del otorgamiento de préstamos por parte del sector bancario, así como la suspensión de la Ley 468 hasta el 31 de diciembre de 2025. Las modificaciones a la suspendida norma también abarcan la inclusión de la figura de “intermediarios financieros”, que serán personas jurídicas, públicas o privadas capaces de otorgar préstamos hipotecarios preferenciales. En cuanto a los tramos y tasas de intereses preferenciales, básicamente quedaron los mismos que ya estaban en la Ley 468, con una modificación en los años. Así, quedan de la siguiente manera: Para la región 1, de Panamá y Panamá Oeste: Tramo 1: tasa subsidiada máxima de descuento del 5% por un plazo de ocho años no renovable, para préstamos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta $50,000. Tramo 2: tasa subsidiada máxima de descuento del 4.5% por un plazo de siete años no renovable, para viviendas nuevas de hasta $80,000. Tramo 3 (modificado): tasa subsidiada máxima de descuento del 4% por un plazo de siete años (antes eran cinco) no renovable, para viviendas nuevas de hasta $120,000. Para la región 2, que es Colón y el resto del país: Tramo 1: tasa subsidiada máxima de descuento del 5.5% por un plazo de ocho años no renovable, para préstamos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta $50,000. Tramo 2: tasa subsidiada máxima de descuento del 5.5% por un plazo de ocho años no renovable, para préstamos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta $80,000. Tramo 3 (modificado): tasa subsidiada máxima de descuento del 4% por un plazo de siete años (antes eran cinco) no renovable, para préstamos hipotecarios de viviendas nuevas de hasta $120,000. Luis Eduardo Camacho, diputado del partido Realizando Metas. Isaac Ortega Camacho desafía al procurador; frena proyectos anticorrupción Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL En la Comisión de Presupuesto hay unas 45 iniciativas de ley, algunas relacionadas con temas de transparencia y lucha contra la corrupción, que no avanzan. La presencia del diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, en la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, por segunda ocasión consecutiva, parece marcar, según diversas voces, una agenda: frenar los proyectos de ley relacionados con el combate a la corrupción. En la Comisión de Presupuesto hay unas 45 iniciativas de ley, algunas relacionadas con temas de transparencia y lucha contra la corrupción, las cuales no avanzan; sin embargo, en ninguna de ellas se ha visto tanto entusiasmo y diligencia de Camacho como en aquella que proponía amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli (20092014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Partido Panameñista. Ese proyecto, impulsado en el pasado periodo por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue rechazado por la Comisión de Gobierno en abril pasado con cinco votos en contra. No obstante, Camacho intentó darle oxígeno a la propuesta mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, el tema no fue debatido. Propuestas ignoradas Del lado opuesto, hay iniciativas de ley recordadas por la diputada de Vamos, Janine Prado, que no avanzan. Entre ellas se encuentra la propuesta conocida como Ley antibotellas, cuyo objetivo es evitar que personas cobren en el Estado sin trabajar, como ha ocurrido en las últimas décadas. Prado, quien también integra la Comisión de Gobierno, también hizo referencia a propuestas de ley que buscan la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, así como la protección de denunciantes en las entidades estatales. El caso más reciente tiene que ver con los proyectos de ley 291 y 292. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Ambos fueron presentados por el procurador Luis Carlos Manuel Gómez, quien señaló que buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Estas iniciativas fueron presentadas el 24 de julio pasado y se desconoce cuándo serán discutidas en primer debate. Por esta razón, el procurador Gómez envió una nota al diputado Camacho el 18 de agosto, solicitando la inclusión de ambos proyectos en el orden del día. “La urgencia de debatir estas iniciativas legislativas cuenta con amplio respaldo, ante la crítica posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional”, escribió el procurador en su nota. El malestar El hecho de que varios medios de comunicación tuvieran acceso a la nota parece haber generado cierto malestar entre el diputado de extorsión”. Las propuestas Entre otras novedades, el proyecto 291 busca que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de actos de corrupción puedan ser practicados por funcionarios que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, en entes policiales y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Actualmente, para acreditar el delito, es necesario contar con auditoría previa de la Contraloría General de la República. El proyecto también propone que el Ministerio Público pueda investigar de oficio los delitos de enriquecimiento injustificado y duplicar el término de prescripción “para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”. En tanto, el proyecto 292 pretende aumentar las penas para los delitos relacionados con la administración pública, como soborno, enriquecimiento injustificado y fraude en contrataciones estatales. En la Comisión de Gobierno se deciden los destinos de reformas constitucionales, electorales y proyectos de alto impacto institucional. El presidente de la comisión no solo preside reuniones: tiene la llave del ritmo legislativo. Según el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, su responsabilidad incluye convocar y dirigir las sesiones, coordinar a los miembros y representar a la comisión ante el pleno, lo que lo convierte en un actor decisivo, capaz de acelerar o frenar iniciativas. En otras palabras, Camacho tiene la llave de la Comisión de Gobierno y de todo lo que se discute allí. RM. Por ejemplo, este lunes 8, en el pleno de la Asamblea, Camacho recurrió al sarcasmo al afirmar que “no voy a poder dormir” por quienes insisten, de manera absurda, en presionarlo para dar un tratamiento acelerado a los proyectos presentados por el procurador. El diputado explicó que los proyectos en cuestión llegaron a su comisión apenas el 26 de agosto y que actualmente se encuentran en proceso de análisis para la emisión de los conceptos correspondientes. Señaló, además, que la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que no emitirá pronunciamientos adicionales sobre estos proyectos, lo que, en su opinión, ralentiza inevitablemente su tratamiento. “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, admitió, evidenciando la tensión entre la urgencia política y los tiempos administrativos de la Asamblea Nacional. También la semana pasada, desde el pleno de la Asamblea, el diputado se pronunció al respecto señalando: “Cuando se me pone presión, ya sea en el pleno de la Asamblea o por parte de un diputado o funcionario que comienza a filtrar documentos que envían a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario; lo que provoca es que, como presidente, que tengo la discrecionalidad, decida sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando de manera casi de
3A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] APERTURA. La primera señal de cambio es que, finalmente, la comisión legislativa de Credenciales inició la discusión de 16 proyectos que proponen modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. Ayer tardaron dos horas decidiendo cuál será la metodología. También acordaron que, durante tres semanas, cada lunes y miércoles analizarán las reformas propuestas. Ojalá no se queden solo en el método y que los verdaderos cambios lleguen al tercer debate. LÍMITE. El primer escollo dentro de la Comisión de Credenciales surgió cuando seis diputados aprobaron que cada uno podrá intervenir por un tiempo máximo de cinco minutos. Ernesto Cedeño, uno de los tres comisionados que votó en contra (junto con Yamireliz Chong y Augusto Palacios), advirtió que esa decisión no tiene ningún sustento legal, ya que el reglamento les otorga hasta 30 minutos a cada uno. A comprar ‘pop corn’, porque esto apenas empieza. FIESTO. A la Asamblea ha llegado una propuesta ciudadana para que el feriado del 15 de agosto, correspondiente a la fundación de la ciudad de Panamá, sea extendido a todo el territorio nacional, de forma “obligatoria”. Lo que menos necesita el país es otro día libre. ¿A nadie se le ha ocurrido instaurar el día del aumento de la productividad? NECEDAD. Aquí quisiéramos no escribir más de Camacho. Pero el señor volvió a despreciar los proyectos anticorrupción que presentó el procurador Luis Carlos Gómez Rudy y a reivindicar su decisión de no incluirlos en el orden del día de la Comisión de Gobierno (que él preside). “Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, dijo ayer en el pleno La mina operó en Donoso, Colón. Archivo Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS Reabrir Donoso enfrenta un muro jurídico: moratoria minera indefinida, fallos de la Corte Suprema y límites constitucionales que priorizan salud, ambiente y Estado de derecho. El pasado 3 de septiembre, durante su visita a Japón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dictó un discurso ante empresarios e inversionistas en la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro). En su intervención, reconoció su intención de reabrir la mina de Donoso y declaró: “El ministro Moltó encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum…” La declaración en un foro empresarial de prestigio internacional choca con una realidad ineludible: la minería metálica se encuentra prohibida en Panamá por una moratoria indefinida establecida en la Ley 407 del 3 de noviembre de 2023. El artículo 1 de dicha norma dispone: “En concordancia con el principio precautorio, que implica el deber del Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, se declara una moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones para la realización de actividades de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional”. Esto significa que, aún si el Estado pretendiera operar directamente la mina, seguiría requiriendo una concesión, la cual está legalmente prohibida. El estatus jurídico de la mina de Donoso La Ley 406 del 20 de octubre de 2023 aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. En su cláusula primera se otorgaba a la concesionaria derechos exclusivos para explorar, extraer y comercializar cobre y minerales asociados en un área de 12,955 hectáreas en Donoso y Omar Torrijos Herrera. La Ley 406, por tanto, fue a la vez concesión y contrato. El Código de Recursos Minerales no fue la fuente de ese derecho: lo fue el contrato mismo. Sin embargo, en su fallo del 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa ley y precisó (pág. 233): “Esto quiere decir que, para el Pleno, el efecto de esta decisión de inconstitucionalidad debe ser interpretado en el sentido que no existe concesión”. La concesión, en consecuencia, quedó extinguida. Escenarios de reapertura Si hipotéticamente se permitiera otorgar una nueva concesión, existirían dos rutas posibles: 1. Negociar con Minera Panamá S.A. y su matriz, First Quantum Minerals (FQM). Esto enfrenta serios obstáculos: • La Corte ha reiterado que debe existir licitación pública (fallos de 2017 y 2023). • FQM tiene como accionistas a KOMIR (Corea del Sur, 10%), que inició un arbitraje por $747 millones, y a Jiangxi Copper Co. (China, 19.5%), lo que plantea un problema constitucional (art. 290 prohíbe que gobiernos extranjeros adquieran dominio sobre territorio nacional). 2. Crear una empresa estatal minera. Pero esta opción también requeriría concesión, licitaciones y procesos sujetos a las restricciones legales vigentes. La vía de la asociación público-privada El presidente Mulino ha mencionado la posibilidad de una Asociación Público-Privada (APP). Sin embargo, la Ley 93 de 2019 excluye expresamente las concesiones de minerales metálicos de este régimen (art. 2). En consecuencia, ni la legislación de APP, ni la de contrataciones públicas, ni la moratoria vigente permiten que el Ejecutivo reabra la mina sin reformar las leyes. Estado de derecho y límites Cualquier intento de reapertura requeriría cambios legislativos aprobados por la Asamblea Nacional. Pero aún con una reforma, la jurisprudencia reciente de la Corte coloca un límite claro. El fallo del 27 de noviembre de 2023 estableció: “…la protección del derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho a la inversión.” Ese pronunciamiento, respaldado por nueve magistrados, sigue vigente y no puede ignorarse en aras de concretar un negocio minero. El valor de la mina de Donoso nunca podrá ser mayor que el valor de la democracia y del Estado de derecho panameño. Getzalette Reyes [email protected] Sede de la Contraloría. Archivo Contraloría: instituciones deberán entregar informes completos y puntuales FONDOS PÚBLICOS El contralor general de la República, Anel Flores, dio a conocer que instruyó a las direcciones de auditoría interna de todas las entidades públicas a garantizar la verificación “estricta” de los informes de rendición de cuentas. Estos informes —recordó la entidad a través de un comunicado— deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente. Mediante la Circular N.° 43, la Contraloría General reiteró la obligación “ineludible” de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. Esta responsabilidad recae directamente en quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos. “Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó el contralor Flores. La circular fue dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, fiscal de cuentas, procurador general de la Nación, procurador de la Administración, magistrado presidente del Tribunal Electoral, fiscal electoral, rectores de universidades oficiales, defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, directores, gerentes y administradores generales de instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y cualquier persona que reciba, invierta, custodie o administre bienes y fondos públicos. legislativo. ¿Es periodo de incidencias o de indecencias? MAREA. Los residentes de San Francisco no van a dejar que les metan goles, y ayer llenaron el salón donde se realizó la consulta ciudadana sobre los cambios de zonificación en el corregimiento. Varios se quedaron fuera. Y eso que, a la misma hora, jugaba la Sele. Ahora solo falta que se respete la voluntad mayoritaria de los residentes. Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Regional de Salud de San Miguelito, confirmó el primer caso de tosferina en este distrito. La persona afectada es un hombre de 44 años, residente en el corregimiento de Belisario Porras. Según las autoridades de salud, el paciente presenta múltiples comorbilidades y no tiene registro de vacunación contra esta enfermedad. Cabe destacar que la tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite por gotas de saliva al toser, estornudar o hablar. Entre sus principales síntomas se incluyen tos intensa y persistente, dificultad para respirar, fiebre leve y fatiga general. Esta enfermedad puede ser especialmente grave en niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas. La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación, recordando que la vacuna contra la tosferina está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud. “La vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la tosferina. Invitamos a toda la población a acudir a los centros de salud para mantenerse protegida, especialmente los grupos más vulnerables”, subrayó Centella. SALUD Yaritza Mojica [email protected]
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6A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Panorama De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano, atiende en promedio más de 67,000 pacientes al año y, solo en lo que va de 2025, ya ha recibido más de 38,000 personas. Elysée Fernández El hospital que no creció al ritmo de la población: Nicolás A. Solano al límite Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El hospital de La Chorrera enfrenta el reto de atender a más del doble de la población para la que fue diseñado, con escasez de especialistas y alta demanda de emergencias. El Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fue inaugurado en el año 2000 para atender a una población de aproximadamente 306,000 personas. Veinticinco años después, la región supera los 650,000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), lo que ha convertido al hospital en el principal centro de atención de toda la provincia, incluyendo casos de emergencias derivadas de accidentes en rutas hacia el interior del país. La institución cuenta actualmente con 395 camas, y el año pasado se registraban 193 médicos en toda Panamá Oeste, según datos de la Contraloría General de la República, cifras que evidencian la presión sobre la infraestructura y el personal sanitario. Como hospital de segundo nivel, Nicolás A. Solano comenzó ofreciendo servicios básicos de pediatría, ginecología, cirugía, medicina general y medicina familiar. Sin embargo, estos servicios resultan insuficientes frente al crecimiento poblacional y a la complejidad de las emergencias que se presentan diariamente. La demanda excede con frecuencia la capacidad instalada, y muchas familias llegan con angustia y miedo, buscando atención inmediata para sus seres queridos. La médico salubrista y directora ejecutiva nacional de Servicios y Prestaciones en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Yelkis Gill, señaló que la institución carece actualmente de especialistas clave, entre ellos cardiólogos, gastroenterólogos y neonatólogos. Esta última subespecialidad es especialmente crítica, pues requiere años de formación y es vital para la atención de recién nacidos en situaciones de riesgo. La falta de profesionales ha tenido consecuencias trágicas. Recientemente, una madre y sus dos bebés debieron ser trasladados al Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, debido a la ausencia de neonatólogos en Nicolás A. Solano. Los tres pacientes fallecieron. Este caso, que ha conmocionado a la comunidad, se encuentra bajo investigación del Minsa y del Ministerio Público, y evidencia la vulnerabilidad del hospital ante la combinación de infraestructura limitada y escasez de especialistas. Gill explicó que la situación refleja las limitaciones de la planificación inicial del hospital, que no previó el rápido crecimiento poblacional de Panamá Oeste hasta equipararse con la región metropolitana. “Pese a su ubicación estratégica, la consolidación del hospital como centro de referencia se ha visto dificultada por las renuncias de especialistas y la negativa de algunos médicos a aceptar nombramientos, incluso cuando existen compromisos de formación”, indicó la funcionaria, resaltando que estos desafíos afectan la capacidad de la institución para responder de manera eficiente a la población local. Panamá Oeste exige soluciones Ante esta situación, el Minsa inició una intervención con un equipo nacional multidisciplinario para revisar procesos, optimizar funciones y reforzar recursos humanos. Además, se están realizando mejoras en el área de urgencias, que incluyen la ampliación de espacios, la implementación de un triage —proceso de clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición— diferenciado para pacientes pediátricos, adultos y embarazadas, así como la coordinación más eficiente con policlínicas y centros de salud para agilizar la referencia de pacientes graves. Actualmente, el servicio de urgencias cuenta con entre 30 y 40 médicos distribuidos en turnos, con 10 médicos en horario matutino, un coordinador de traslados, un médico de triage y personal asignado a trauma y atención general. Aun así, las tardes y noches siguen siendo los horarios de mayor presión debido a la alta incidencia de emergencias. La sobrecarga de pacientes, sumada a la falta de especialistas, genera un escenario complejo que requiere atención inmediata y planificación a largo plazo, comentó Gill. Mortalidad bajo control pero presión constante Aunque sectores de la comunidad han catalogado al Nicolás A. Solano como “hospital de la muerte”, las estadísticas oficiales indican que mantiene un índice de mortalidad hospitalaria inferior al 6% anual, por debajo del promedio esperado. Según Gill, la mayoría de las muertes se relacionan con la gravedad de los pacientes y no con deficiencias en la atención médica. Más allá de la atención inmediata, las autoridades coinciden en que es urgente ampliar los servicios especializados, incluyendo la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, fortalecer la gestión hospitalaria y garantizar la formación y permanencia de especialistas en la región. Actualmente, el hospital atiende entre 60,000 y 70,000 pacientes al año, tanto asegurados como no asegurados, lo que evidencia la necesidad de una visión estratégica que contemple nuevas infraestructuras, unidades críticas y un incremento sostenido de profesionales. Durante un recorrido por el cuarto de urgencias, la unidad de cuidados intensivos, las salas de medicina general, maternidad y otras áreas del hospital, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, conversó con pacientes que esperaban atención médica. Anunció un proceso de intervención en la infraestructura del hospital, que incluye pintura de la fachada, instalación de aires acondicionados tipo split, ampliación del Cuarto de Urgencias y la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil, con lo que se pretende aumentar la disponibilidad de camas y mejorar la atención. No obstante, no se especificó el equipamiento de insumos médicos, medicamentos o asignación de personal, un problema que persiste desde hace varios años. La institución aseguró que, ante los múltiples casos de presunta negligencia médica, se mantienen reuniones con el personal para elevar la calidad de los servicios y prevenir situaciones que puedan afectar a los pacientes. De acuerdo con cifras oficiales, el cuarto de urgencias atiende en promedio más de 67,000 pacientes al año y, solo en lo que va de 2025, ya ha recibido más de 38,000 personas. Boyd Galindo destacó la importancia de mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud pública y aseguró a los pacientes: “Si los están tratando mal, van para afuera”, refiriéndose al personal que no brinde la atención debida a quienes buscan asistencia médica. El Hospital Nicolás A. Solano es un reflejo del desafío que enfrenta Panamá Oeste: garantizar atención médica de calidad en medio de un crecimiento poblacional acelerado. La infraestructura, la escasez de especialistas y la alta demanda de pacientes requieren soluciones inmediatas y sostenibles. Mientras para la comunidad, cada hora de espera y cada especialista disponible son la diferencia entre la vida y la muerte, y solo con planificación, inversión y compromiso humano podrá el hospital cumplir plenamente su misión de cuidar a quienes más lo necesitan. Acusaciones de injerencia china, mayor cooperación en seguridad y hasta la presión para permitir el tránsito gratuito de buques por el Canal de Panamá. En ese tablero, la neutralidad panameña navega en un escenario desafiante, particularmente tras las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde finales de 2024. Con ese panorama, diplomáticos, académicos y expertos participaron ayer en el foro “La Neutralidad: una perspectiva desde Panamá, Suiza y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja”, organizado por la Cancillería panameña. Suiza, reconocida por haber sobrevivido como país neutral en las dos guerras mundiales del siglo XX y por mantener esa condición hasta hoy, expuso su experiencia en el Palacio Bolívar. El jefe de misión adjunto de Suiza en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, Vincent Laurent Guigner, explicó que la neutralidad helvética no es sinónimo de pasividad. “Ser neutral para Suiza no significa ser indiferente a lo que pasa en el mundo”, subrayó. Recordó que su país cuenta con un ejército para la defensa de su soberanía y, a la vez, ha tomado posiciones frente a violaciones flagrantes del derecho internacional, como las sanciones económicas que impuso contra Rusia tras su invasión a Ucrania. Desde la academia, el catedrático de derecho internacional público, Enrique Illueca, explicó los alacances de las violaciones al derecho internacional. “El uso de la fuerza, y la amenaza de usarla, constituyen un ilícito internacional”, no obstante, hizo la salvedad de su uso en cuestiones de defensa de las naciones o como prerrogativa del Consejo de Seguridad de la ONU para el mantenimiento de la paz. Asimismo, resaltó la Carta de las Naciones Unidas como el “pacto constitutivo del género humano”, y en consecuencia, la necesidad de garantizar su cumplimiento. El catedrático ha sido crítico del memorándum de entendimiento firmado entre el ministro de Seguridad Tablero de riesgos: cómo aplicar la neutralidad en un juego de perder-perder FORO panameño, Frank Ábrego y el secretario de defensa — ahora ‘secretario de guerra’— de Estados Unidos, Pete Hegseth, que amplió la cooperación de seguridad entre ambos estados, tras fuertes presiones de la Casa Blanca por retomar el control del Canal de Panamá. Presión y amistad En una breve aparición ante los medios de comunicación, el vicecanciller Carlos Hoyos Boyd, quien recién regresaba de una gira por Asia con el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la neutralidad panameña luego del evento. Hoyos Boyd señaló que la búsqueda de la adhesión de Brasil y Japón al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá es parte de la estrategia de Cancillería, en la que está incluida Estados Unidos “que es parte importante de esa neutralidad”, detalló. Sobre una posible amenaza al principio de neutralidad que ha caracterizado a la nación panameña desde 1977, Hoyos dijo: “vivimos tiempos impredecibles, nosotros no podemos controlar lo que terceros puedan decir; simple y sencillamente nos mantenemos firmes en nuestra convicción de apoyo al derecho internacional, y esa es nuestra línea”. En el radar de Estados Unidos; las autoridades panameñas sortean el tema de la neutralidad con cautela. A pesar de la búsqueda del apoyo internacional recientemente, este medio reveló que las presiones desde Washington para el tránsito gratuito de sus buques han continuado, mientras oficialmente, ni la cancillería ni el ministros de asuntos del Canal han respondido un cuestionario enviado para dar respuestas claras del panorama. Mario De Gracia [email protected] El evento fue moderado por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann. Cortesía ¿Qué son los niveles de atención en salud? Infografía: LP - Fuente: OPS Es el nivel de primer contacto,y es al que la mayoría de población tiene más acceso, permite atender las necesidades más básicas y da una atención más rápida y eficaz,se trata de la prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Cuenta con establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Ofrecen una atención más oportuna en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. En este nivel se ubican los hospitales. Atienden problemas escasamente presentados en la sociedad,atienden patologías difíciles que necesitan procedimientos especializados y de una tecnología muy elevada. PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL
7A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Panorama Así era Listo Wallet, el app utilizada para que los comercios afiliados redimieran los vales digitales del plan Panamá Solidario. Foto tomada de @aigesinnovacion Pagoz Corp.: la pieza clave en el negocio oculto detrás del vale digital Mónica Palm [email protected] Pagoz apareció para ofrecer una solución rápida, desembolsando por adelantado los fondos adeudados por el Gobierno. En otras palabras, compraba la cuenta por cobrar. Aunque la atención se ha centrado en Fintek, S.A. y su “acuerdo” con la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), un actor menos visible —pero fundamental en la operación financiera del vale digital— es Pagoz Corp., sociedad que ofrecía servicios de factoring a los comercios afiliados al programa, cobrando comisiones del 4.95% por adelantar los pagos que el Estado no reembolsaba a tiempo. ¿De dónde salió Pagoz? ¿Cómo quedó ligada al vale digital? ¿Qué beneficios obtuvo y por qué? Para entender su rol en esta trama, primero hay que recordar el de Fintek. Como ya se sabe, la AIG le delegó a Fintek la ejecución técnica del vale digital —diseñado en marzo de 2020 como una ayuda económica durante la pandemia respiratoria— a partir de diciembre de 2022. Sin avisar a nadie, sin acto público y sin contrato formal. Lo que existía era un “acuerdo” entre las partes, firmado el 2 de diciembre de 2022 (que la Contraloría tardó casi 15 meses en refrendar), en el que la AIG “certificó” que Fintek era el “gestor” de los programas y autorizó el uso de la marca “Listo”. Fintek no cobraría un real a la AIG (como sí ocurría con el proveedor anterior, la empresa Cable & Wireless). El pago lo harían directamente los comercios que redimieran los vales. Por esa razón, Fintek empezó a hacer un cargo del 0.5% por transacción, aunque en el acuerdo con la AIG no hay una sola mención a la existencia de esa comisión. Se empezó a cobrar y ya está. Pero, además de asumir el costo por el uso de la plataforma de pago, los comercios afiliados tenían que financiar los vales redimidos. Y como el Gobierno nunca se ha caracterizado por su puntualidad al pagar, pronto se vieron agobiados por esa morosidad. Ahí surgió Pagoz: apareció para ofrecer una solución rápida, desembolsando por adelantado los fondos adeudados por el Gobierno. En otras palabras, compraba la cuenta por cobrar. A cambio, cuando el Estado finalmente pagaba, se quedaba con el 4.95%. Lo que inicialmente parecía un servicio más se fue revelando como parte de un sistema articulado, a la sombra de la anterior administración de la AIG. El vínculo con los Attie Pagoz Corp. fue inscrita en el Registro Público el 18 de mayo de 2021. Su agente residente es D&K Legal, el mismo de Fintek. Sus directivos y dignatarios eran Luis Alberto Vélez (presidente y secretario), Alberto Muño Misselis (tesorero) y Paola Vanessa Quijano García (directora). Posteriormente, el 31 de julio pasado, se firmó ante notario el acta “extraordinaria” de una junta de accionistas en la que se decidió la conformación de una nueva junta directiva, esta vez presidida por Yamileth Castro Pimentel (quien también asumió como secretaria). Luis Alberto Veliz quedó como tesorero. Quijano es una abogada cercana a los hermanos Attie D’Jamous. Aparece como tesorera de Durex Property Group, S.A., empresa que preside Budy Attie. Como secretario de esa sociedad figuró Ralph Attie hasta su renuncia, el 16 de noviembre de 2023. La Prensa llamó a las oficinas de Durex para contactar a Quijano y conocer su versión. También se le envió un correo electrónico. En ambas ocasiones no hubo respuesta. Aunque la renuncia de Quijano a Pagoz fue notariada a finales de julio, finalmente se inscribió en el Registro Público el 21 de agosto pasado. Seis días después, agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público organizaron un operativo para aprehender a los hermanos Attie; al exdirector de la AIG, Luis Oliva, y a la abogada Janice Becerra de Reynardus, una antigua asesora de Oliva, por irregularidades en el manejo de la plataforma Listo. Oliva y los Attie están ahora imputados por la presunta comisión de tres delitos: corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir. A Becerra se le imputaron los dos últimos cargos. Esta investigación surgió a partir de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2023 por el entonces subadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute. Stoute, además de advertir sobre el acuerdo con Fintek, mencionó a Pagoz, cuya operación había empezado a generar cuestionamientos ante el inusual escenario que se había creado: por un lado, el Gobierno tardaba en pagar a los comercios y, por el otro, la plataforma oficial ofrecía el servicio de factoring. El negocio de Pagoz sería hasta más lucrativo que el de Fintek. Los números En su denuncia, Stoute adjuntó extractos de pagos a proveedores del vale digital correspondientes a los años 2020–2021, en los que figuran desembolsos por más de $8 millones a nombre de Pagoz Corp. La cifra debe ser exponencialmente superior, ya que, aunque inicialmente solo gestionó los pagos del vale, Listo acabó convertido en la “billetera digital” de otros programas sociales, como la Beca Universal o el Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el bono sindical y hasta el subsidio aplicado al combustible. Solo en lo que respecta al vale digital, se registraron compras por $2,081 millones entre el 6 de agosto de 2020 y el 31 de mayo de 2024. La AIG, que había asumido el rol de “certificar” que las transacciones y la información dentro de la plataforma fuesen verídicas, seguras e inalterables, no siguió ejerciendo esa función cuando ocurrió el cambio de gobierno, en julio de 2024. Adolfo Fábrega, el actual director de la AIG, recalcó a La Prensa que no ha encontrado un fundamento legal que indique que la institución tiene la competencia para certificar los saldos adeudados a los proveedores. “No es parte de las responsabilidades de nuestra entidad dar respuesta a los reclamos que se hubieren presentado ni certificar saldos adeudados. Si bien es cierto que las empresas que se han sentido afectadas ante la no cancelación de los canjes realizados en sus comercios han acudido a nuestra entidad, remitiéndonos documentación en la que fundamentan sus reclamos de pagos pendientes”, señaló Fábrega. Agregó que la responsabilidad recae directamente sobre las entidades a las que se les autorizó administrar los distintos beneficios (Mides, Ifarhu, Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre) y hacer efectivos los pagos con cargo a sus respectivos presupuestos. Esa misma respuesta recibió Paola Quijano cuando, en nombre de Pagoz Corp., dirigió una nota a Fábrega y a Michael Lindo, director de Transformación Digital de la AIG, en la que solicita “la validación de los comercios registrados en la plataforma Listo, indispensable para proceder con el desembolso de los fondos pendientes”. En aquella nota, fechada el 20 de enero de 2025, Quijano manifestó que requería la “confirmación” para el pago de $3.1 millones, correspondiente a los reembolsos de 71 comercios desde el último trimestre de 2023. Fábrega se negó, alegando falta de control sobre la información generada en la plataforma Listo, ausencia de documentos legales e imposibilidad técnica para validar el reclamo. La base de datos El administrador Fábrega también advirtió que la base de datos donde se registraron, almacenaron y gestionaron las transacciones comerciales del vale digital no estuvo bajo la custodia de la AIG durante la etapa en la que estuvo vigente el acuerdo con Fintek. Este “repositorio de transacciones” contiene información confidencia de los ciudadanos, recalcó Fábrega, situación fue comunicada al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, el 2 de enero de 2025. En el acuerdo entre Fintek y la AIG no se pacto nada en relación a las responsabilidades por el traspaso y cesión de la base de datos. El pasado 5 de febrero, Fintek envió una nota a Fábrega para solicitar una reunión con el equipo de la AIG, con el fin de dar inicio al proceso de migración de la base de datos. Fábrega declinó la solicitud, ya que el Ministerio Público se encuentra investigando el manejo de la plataforma. Sin embargo, en Fintek no acataron su decisión: la empresa envió documentación a la entidad, junto con una “caja sellada” que fue dejada en la recepción, “sin ningún tipo de coordinación formal”. Olmaris Lezcano, secretaria general de la AIG, puso en conocimiento de este incidente a la fiscal Thalia Palacios, el 28 de febrero. Listo ya no opera. Lo mismo parece haber ocurrido con Pagoz: en sus redes sociales (en las que se promovía ampliamente el uso de la plataforma) no divulgan información desde hace más de un año y nadie atiende los números telefónicos que aparecen listados. Además, el dominio pagoz.net ha “expirado” y, por tanto, no se encuentra activo. El número celular para atenciones al público tampoco está operativo. Budy Attie, Luis Oliva y Janice Becerra acudieron a una audiencia ante un juez de garantías el pasado 28 de agosto. Isaac Ortega UI UNIDAD INVESTIGATIVA
8A La Prensa Panamá, martes 9 de septiembre de 2025 Quienes viajan al interior del país dan fe del mantenimiento de la vía Panamericana, pero quienes deben usar la Boyd-Roosevelt sufren de su deterioro, causado por el tránsito constante de autobuses, autos, motos, camiones y otros vehículos. El asfalto, que alguna vez cubrió la vía, está tan dañado que obliga a los conductores a “chifear” los huecos producidos por el uso y el abandono, o por las lluvias de los últimos meses. Esto convierte a la arteria en una amenaza para quienes se ven forzados a usarla. A ello se suma un tramo en “ampliación/reparación” que no muestra avances considerables. Algunos sospechan que la lentitud de la obra favorece a los pocos agentes de tránsito presentes, que en vez de regular el tráfico se enfocan en multar a quienes intentan esquivar los huecos. Si terminaran pronto esa obra, habría tiempo y recursos para atender las reparaciones urgentes, lo que aliviaría Bandas: la rebusca ‘cultural’ Tomadura de pelo Vivimos en un país de ficción, en un delirium tremens por abstinencia de criterio y de lecturas. Una de sus manifestaciones más extremas es la aceptación del anteproyecto de ley que propone la creación de un Patronato de Bandas Independientes, al que se destinaría el 0.001% del PIB nominal, con un crecimiento proyectado del 6% anual. Le llaman «movimiento cultural» y «economía creativa». Un disparate. Los de siempre —RM, PRD, CD, Alianza— le dieron su sí; y los de ahora —MOCA, Vamos— se abstuvieron, ese voto tibio de quienes nadan y guardan la ropa. La comisión de Educación morirá de cobardía por discutir frivolidades. A ver si nos organizamos los escritores panameños, que llevamos desarrollando nuestro «movimiento cultural» desde antes de la fundación de la República. El que quiera «género bandero», que se lo pague. El que quiera desfilar disfrazado y derrochar su dinero en «patriotismo» cada noviembre, que lo financie: nadie está obligado a honrar a la patria con gastos innecesarios. Los que venden toda esa parafernalia —los de siempre— nos han hecho creer que, si no gastas así, no eres «panameño». ¡Basta ya de manipulaciones «culturales»! Ojalá practicáramos la cultura del respeto y la honestidad. ¿Qué tal la buena costumbre de inaugurar una escuela cada «mes de la patria», con todo lo que necesita? Pero no hay plata para eso, claro: qué locura. En cambio, sí tenemos, como poco, 863 mil dólares para financiar bandas. Puro delirio corrupto que demuestra que, como sociedad, estamos «fuera de la cama de los perros». ¿Por qué poner dinero público primero y luego levantar fondos privados? Hágalo al revés, Beni Jr., y cuando lo tenga organizado, veremos si conviene beneficiar a más de 25 mil personas —pobres— que integran unas 60 bandas independientes y que, según se dice, no tienen dinero para expresar su cultura. Hay que ser muy caradura para proponer semejante engaño, y tener pocas luces para abstenerse ante esta tomadura de pelo «cultural». El despertar de la medicina: un nuevo paradigma para el cuerpo y el alma Neurociencias ponsables de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, digestivas e incluso oncológicas. El psiquiatra Bessel van der Kolk, en su obra El cuerpo lleva la cuenta, demuestra cómo los traumas emocionales, especialmente en la infancia, reconfiguran la estructura cerebral, generan disociaciones crónicas y se somatizan como dolor físico, enfermedades gastrointestinales o afecciones respiratorias. Estudios de neuroimagen del Hospital McLean revelan que el trauma temprano reduce el volumen del hipocampo y altera la conectividad entre regiones cerebrales críticas para la regulación emocional. Bruce Lipton, pionero en epigenética, sostiene que nuestras percepciones — no solo nuestros genes— regulan la expresión genética. Investigaciones publicadas en Nature Reviews Genetics (2019) confirman que factores ambientales y psicológicos pueden activar o silenciar genes específicos, impactando directamente en nuestra biología. Sanar ya no puede definirse como la simple desaparición de un síntoma. Sanar es un proceso multidimensional: recuperar la conexión con uno mismo, resignificar el dolor, restaurar relaciones y encontrar sentido incluso en la enfermedad. No todos los cuerpos se curan, pero todos los seres humanos pueden sanar algo en su historia. El nuevo paradigma reconoce que el síntoma puede ser un lenguaje. El insomnio puede hablar del miedo a lo no resuelto; la migraña crónica, de la autoexigencia internalizada; el colon irritable, de la respuesta corporal al control, Julio César Barría Manejando en la Transístmica Mantenimiento El pasado domingo manejé por la vía Boyd-Roosevelt (Transístmica) hacia Las Cumbres, como lo hago regularmente desde hace casi seis meses, y quiero compartir esta experiencia que, día a día, viven miles de panameños: no solo padecen una vía severamente deteriorada, sino también la imprudencia en la conducción de vehículos. La Transístmica, como popularmente se le conoce, fue en su momento la principal vía de comunicación entre las ciudades de Panamá y Colón, beneficiadas por su posición estratégica en la entrada y salida del Canal de Panamá. Hoy, aunque sigue siendo importante para el comercio mundial, ha tenido que compartir protagonismo con rutas más modernas y expeditas. Sin embargo, para quienes residen o estudian en Panamá Norte, San Miguelito y áreas vecinas, continúa siendo una de las pocas alternativas básicas para movilizarse hacia y desde el centro financiero y comercial de la capital. el dolor de cabeza de quienes transitan diariamente. Es un consejo al oído de quienes tienen la responsabilidad. Aprovecho para señalar que no solo en esta vía, sino en todo el país, pareciera que las licencias de conducir se reparten como en “cajitas felices”. Falta respeto, solidaridad y valores básicos al volante. A veces da la impresión de que los niños en “carritos locos” de feria manejan mejor que muchos conductores. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre también tiene su cuota de responsabilidad, pero de allí a pensar que se puede hacer lo que se quiera, mientras no nos atrapen, es inaceptable. Y cuidado si el auto es grande y caro: muchos de sus dueños creen tener privilegios y estar por encima de la ley, alardeando de sus “padrinos”. Ojalá quienes deben construir o reparar la Transístmica lo hagan de una vez por todas, y quienes la utilizamos lo hagamos con más responsabilidad y sentido común. Asimismo, que los agentes de tránsito entiendan que su función principal es ayudar a que la circulación sea más fluida, en lugar de enfocarse únicamente en imponer multas que ni corrigen ni previenen, pero sí alimentan la corrupción que tantos hemos sufrido. EL AUTOR es escritor. EL AUTOR es dirigente cívico y analista político. EL AUTOR es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y estudiante de Medicina. Pedro Crenes Castro la ansiedad o la represión emocional. No se trata de culpar, sino de comprender. Se habla mucho de “humanizar la medicina”, pero esta frase suele quedarse en buenas intenciones estéticas. El verdadero desafío no es humanizar lo existente, sino construir una medicina verdaderamente humana desde sus cimientos. Esto implica cambiar las preguntas. En lugar de preguntar únicamente “¿qué tienes?”, comenzar a preguntar: “¿qué te ha pasado?”, “¿qué necesitas expresar?”, “¿qué parte de tu historia aún no ha sido escuchada?”. Implica formar médicos que no teman mirar el dolor de frente, que no se escondan tras tecnicismos y que comprendan que escuchar también es una intervención clínica. La medicina del alma no niega la ciencia: la amplifica. Un médico que puede recetar un antibiótico y, al mismo tiempo, sostener el llanto de su paciente sin interrumpirlo, está practicando la medicina del siglo XXI. Un clínico que integra cuerpo, mente y espiritualidad no hace magia: devuelve al ser humano su totalidad. Este nuevo paradigma exige también una ética distinta: la ética de la presencia, de la compasión y de la humildad. Una ética que reconozca que el médico no es un dios ni el paciente una máquina rota. Ambos son seres humanos en un encuentro, y en ese encuentro puede surgir algo profundamente curativo. La enfermedad deja de ser enemiga para volverse maestra; el dolor se convierte en guía, y la consulta en un acto sagrado para el cuerpo, el alma y la vida de ambos. No basta con salvar vidas. Necesitamos devolver vida a las vidas. Y para eso, la medicina debe despertar. Durante más de un siglo, la medicina moderna ha construido su poder sobre una lógica profundamente mecanicista: el cuerpo como una máquina que debe ser reparada, la mente como una función secundaria y el alma como un residuo poético, irrelevante en el laboratorio. Sin embargo, una corriente silenciosa, pero imparable, está despertando dentro de hospitales, laboratorios, consultas y aulas de medicina. No es una moda ni una pseudociencia: es una revolución epistemológica que está reconfigurando lo que entendemos por salud, enfermedad y sanación. Este despertar nos invita a mirar más allá de los biomarcadores y protocolos estandarizados. Nos recuerda una verdad que incluso las civilizaciones antiguas comprendían sin tecnología: el cuerpo y el alma no pueden tratarse por separado porque nunca estuvieron separados. Las neurociencias, la epigenética, la psiconeuroinmunología y la biología del trauma han comenzado a tejer una narrativa distinta, más profunda. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (2012) demostró que el estrés psicológico crónico acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Investigaciones del Instituto Nacional del Cáncer confirman que el estrés emocional sostenido modifica el sistema inmune, altera el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y desencadena procesos inflamatorios crónicos resQuienes viajan al interior del país dan fe del mantenimiento de la vía Panamericana, pero quienes deben usar la Boyd-Roosevelt sufren de su deterioro, causado por el tránsito constante de autobuses, autos, motos, camiones y otros vehículos. Juan B. McKay Estudios de neuroimagen del Hospital McLean revelan que el trauma temprano reduce el volumen del hipocampo y altera la conectividad entre regiones cerebrales críticas para la regulación emocional. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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