9A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, afirmó desconocer los motivos detrás de la sesión extraordinaria convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) para este lunes 8 de septiembre. En dicha reunión, se pretende anunciar una investigación en su contra y su separación temporal del cargo. Terrientes de Benavides subrayó que no fue notificada formalmente sobre ninguna acusación y calificó la convocatoria como “sorpresiva”. Resaltó que, según la ley, su remoción solo sería procedente si acumula dos evaluaciones negativas de desempeño, cosa que no es su caso. Manifestó también su preocupación por el momento en que ocurre la medida: mañana martes 9 de septiembre debe llegar a Panamá un grupo de pares académicos internacionaUniversidades privadas cuestionan legalidad de la convocatoria del Meduca TENSIÓN les que evaluará 43 carreras en áreas como derecho, administración, contabilidad, lenguaje de señas y criminalística. Señaló que dichos evaluadores ya trabajaron en evaluaciones preliminares y provienen de diez países, por lo que cualquier interrupción podría perjudicar la imagen del país y la credibilidad del sistema de acreditación universitaria panameño. Por su parte, representantes de universidades particulares expresaron preocupación por la convocatoria. La Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) afirmó que la convocatoria carece de sustento procedural, pues incumple la Ley 52 de junio de 2015 y el reglamento interno del Coneaupa (actualizado en septiembre de 2020), que exige convocatoria a través de la secretaria ejecutiva y con al menos cinco días hábiles de anticipación De Bunau Varilla a Arias-Roosevelt: Panamá frente a los tratados del Canal José Alejandro Rodríguez [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] PONLE LA FIRMA La historia de la Zona del Canal muestra cómo Panamá convivió como “dos países en uno”, entre privilegios y tensiones, desde el Convenio Taft hasta los tratados Alfaro-Kellogg y Arias-Roosevelt. Tras la separación de Colombia, Philippe Bunau Varilla impulsó el tratado del canal, o como lo conocemos, el Tratado Hay-Bunau Varilla. Este tratado creaba la Zona del Canal, una franja de 8 km a cada lado del canal, desde Colón hasta Panamá: un país dentro de otro. Pero igual los estadounidenses vinieron y empezaron a reclamar su territorio en la Zona del Canal. Tenían lema, bandera y reglas especiales. Los residentes estadounidenses trabajaban para la compañía del canal, los militares o el gobierno de Estados Unidos, y les daban prácticamente todo. Aunque nadie era dueño de nada, todo lo manejaba y controlaba el gobierno estadounidense. Incluso se quisieron adueñar de los puertos de Panamá y Colón, cosa que no les cayó nada bien a muchos panameños, y las tensiones crecieron cada vez más. Preocupado por la situación, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió a su secretario de Guerra, William Taft, a Panamá para esclarecer los malentendidos. De las reuniones entre las autoridades panameñas y Taft, salió el Convenio Taft, que establecía las reglas del juego de la Zona del Canal: quién mandaba, en dónde, bajo qué parámetros… y la devolución de los puertos a Panamá. Ricardo J. Alfaro escribió un artículo acusando a los comisariatos (que eran como los supermercados) de causar contrabando. Como eran tan baratos y no pagaban impuestos, algunos estadounidenses compraban para venderlo fuera de la Zona, lo cual arruinaba a los locales panameños. Otra que se sumaba a este sentir era una poeta panameña de 70 años, que desde Guatemala escribió: “Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón…” al enterarse de que el Cerro Ancón quedó dentro de la Zona. Se llamaba Amelia Denis de Icaza. En 1914 se inauguró el canal. Poco después, Estados Unidos eliminó el Convenio Taft y reforzó los privilegios que tenían en el Hay-Bunau Varilla. Ricardo J. Alfaro trató de negociar otro tratado con EE.UU., pero pusieron la condición de que querían el control militar y el de las estaciones de radio. Este era el Tratado Alfaro-Kellogg, pero apenas llegaron las noticias a Panamá, fue rechazado por varios sectores. Años después, con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, vendría la “política del buen vecino” para lograr mejores relaciones con los países de Latinoamérica. Así que el presidente de Panamá, Harmodio Arias, llamó a Ricardo J. Alfaro para que lo apoyara en la negociación de un nuevo tratado del canal. Después de tres años de conversaciones, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, conocido como “Arias-Roosevelt”, que mejoró significativamente las condiciones para Panamá. Entre los cambios más importantes: Estados Unidos dejó de tener la obligación de “garantizar” la independencia del país; si necesitaba tierras o agua, debía comprarlas a Panamá; ya no podía intervenir en el territorio para “mantener el orden”; además, aumentó el monto del dinero que recibía Panamá, entre otros beneficios. La Asamblea Nacional lo ratificó el mismo año en que fueron enterrados los restos de Amelia Denis de Icaza en el cementerio de Amador (con vista al Cerro Ancón). El Congreso de Estados Unidos aún no lo aprobaba, así que se hicieron adecuaciones para permitir maniobras militares en Panamá y para que pudieran tomar decisiones en cuanto a defensa ellos solos si no había tiempo suficiente para consultar con Panamá. Y con esas concesiones, fue aprobado en Estados Unidos. El Arias-Roosevelt no nos dio la victoria completa, pero sembró algo más fuerte: la certeza de que ningún tratado es eterno ante la perseverancia. Esa certeza se guarda entre poemas, estrategias y memorias, que aunque éramos un territorio partido, éramos (y somos) un país despierto. La rendición de cuentas en Panamá enfrentará un duro golpe en 2026, luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) recibiera un presupuesto inferior al de este año. Es el presupuesto más bajo en los últimos tres años, y pone en riesgo la continuidad de programas clave de capacitación, monitoreo y fortalecimiento institucional de la entidad. Para 2026, la institución solicitó $3.8 millones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $2.8 millones. El presupuesto de la Antai en 2025 fue de $3.5 millones y en 2024 de $4.7 millones. Durante la sustentación del presupuesto para el próximo año ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la directora de la Antai, Sheyla Castillo, advirtió sobre un recorte significativo entre lo solicitado y lo recomendado, de $1 millón 157 mil 446. Castillo detalló que esta reducción representa más de un 25% en el presupuesto de funcionamiento y, aún más crítico, la eliminación total del renglón destinado a inversión. “Recalco mucho: tenemos cero presupuesto de inversión asignado. Esto nos deja sin la posibilidad de renovar equipos, robustecer plataformas y mejorar los programas de la academia virtual”, subrayó. Programas afectados La funcionaria recordó que el proyecto formativo de la Antai ha permitido ofrecer tres diplomados a funcionarios y a la ciudadanía en general, sobre ética, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos. Castillo advirtió: “El preAjuste presupuestario a la Antai amenaza programas clave TRANSPARENCIA supuesto puede disminuir la presencia de la Antai a nivel nacional”. Otro punto de preocupación señalado fue la exclusión de fondos en el renglón de transferencias corrientes. Según la directora, este ajuste deja a la institución sin recursos para cumplir con pagos a organismos internacionales, lo que —advirtió— podría afectar la imagen del país y su compromiso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Las contribuciones de Panamá a estos organismos, explicó, permiten la participación en redes globales, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de estándares internacionales. “Si no se hacen los aportes, se corre el riesgo de afectar la reputación del país en las listas internacionales”, alertó. Entre los organismos mencionados están la Organización de Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Open Government Partnership (OGP), conocida en español como la Alianza para el Gobierno Abierto. Se trata de una iniciativa internacional lanzada en 2011 que busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los gobiernos. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] María del Carmen Terrientes Archivo Sheyla Castillo, directora de la Antai Archivo
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